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ORIGEN LEGAL DE LOS PLANES INTEGRALES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

 

El legislador en Colombia, desde principios de la década de los 90, en el marco de la Ley 62 de 1993, que determinó la organización de la Policía Nacional, dio origen a la figura de los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad. Figura que, con el paso de los años y en cumplimiento de los principios de complementariedad, eficiencia, subsidiaridad, eficacia y sostenibilidad que rigen al Estado colombiano, tiene como origen y como razón de ser el trabajo interinstitucional por parte de las autoridades encargadas de atender de manera directa o indirecta las problemáticas de violencia, delincuencia e inseguridad a fin de que las acciones que se desarrollen sean integrales y permitan garantizar el derecho a la seguridad y a la convivencia pacífica por parte de los ciudadanos.

 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo como marco de referencia lo dispuesto por la Ley 62 de 1993, a continuación se presentan las disposiciones más importantes en concordancia con el papel de los Gobernadores, Alcaldes y Comandantes de Policía en relación con la gestión territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana; y de manera específica en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los Planes Integrales:

 

Artículo 12. “De las autoridades políticas”. El Gobernador y el Alcalde son las primeras autoridades de Policía en el departamento y el municipio, respectivamente. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que estas le impartan por conducto del respectivo comandante o quien haga sus veces. Los gobernadores y alcaldes deberán diseñar y desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad con la Policía Nacional, atendiendo las necesidades y circunstancias de las comunidades bajo su jurisdicción.

 

Artículo 16. “Atribuciones y obligaciones de los gobernadores y alcaldes en relación con los comandantes de policía”. 4. Promover en coordinación con el Comandante de la Policía programas y actividades encaminados a fortalecer el respeto por los derechos humanos y los valores cívicos. 5. Solicitar al comandante de la policía informes sobre las actividades cumplidas por la Institución en su jurisdicción. 7. Convocar y presidir el Consejo de Seguridad

Departamental o Municipal y desarrollar los Planes de seguridad ciudadana y orden público que apruebe el respectivo Consejo. 11. Analizar las necesidades de la Policía Nacional y promover ante la Asamblea Departamental o ante el Concejo Municipal, según el caso, la destinación de partidas presupuestales para el efecto.

 

Parágrafo 1o. Se autoriza la creación de comités, a nivel departamental, presididos por el Gobernador e integrados, además, por el comandante de departamento de Policía y metropolitana en su caso, el alcalde de la ciudad capital, otros dos alcaldes y el secretario de hacienda del departamento, con la finalidad de analizar el presupuesto nacional asignado a la unidad y con base en ello solicitar, a través de las autoridades competentes, a la Asamblea y a los Concejos Municipales, los apoyos presupuestales necesarios.

 

Artículo 17. “Deberes y obligaciones de los Comandantes de Policía en relación con las autoridades político-administrativas del Departamento y del Municipio”. 1. Reconocer al Gobernador o al Alcalde, una vez elegidos y posesionados. 2. Asumir su función ante el Gobernador o el Alcalde, una vez sea destinado a la jurisdicción correspondiente. 3. Presentar a consideración del gobernador o del alcalde el Plan de Seguridad de la Policía en la respectiva jurisdicción, así como los resultados de las operaciones destinadas a combatir la criminalidad en el departamento o municipio. 4. Informar diariamente al Gobernador o al Alcalde sobre las situaciones de alteración del orden público en la jurisdicción y asesorarlo en la solución de los mismos. 6. Asistir al Consejo de Seguridad Departamental o Municipal y ejecutar los planes que en materia de Policía disponga el respectivo Consejo a través del Gobernador y el Alcalde. Esta asistencia es indelegable. 7. Prestar el apoyo y asesoramiento al Gobernador o Alcalde en la aplicación de las medidas contempladas en los Códigos de Policía. 9. Por razones excepcionales de seguridad recomendar al Gobernador o al Alcalde, para su aprobación, las restricciones temporales en la circulación por vías y espacios públicos. 10. Presentar informes al alcalde sobre deficiencias en servicios públicos.

 

No lo olvide, los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana deben ser elaborados con la participación de todas las autoridades que tienen competencias en la materia. Estas deben establecer claramente estrategias, objetivos, actividades por desarrollar, así como el tiempo y los resultados esperados. Todos los departamentos y municipios, de acuerdo con la Ley 62 de 1993, deben tener un Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

 



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