VIOLENCIA HOMICIDA EN COLOMBIA 1960 - 2006 LIDERAZGO POLÍTICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS1

Hugo Acero Velásquez*

* Asesor Dirección General Policía Nacional, Programa Depar tamentos y Municipios Seguros / DMS.

Resumen

El artículo resalta la importancia actual del tema de la seguridad ciudadana y el papel protagónico de los gobiernos locales en América Latina, especialmente en Colombia. Con base en lo anterior, realiza un análisis de la violencia homicida en Colombia entre los años 1960 y 2006, identificando cuatro períodos que marcaron el comportamiento de la violencia y la importancia dada a la seguridad ciudadana en cada momento: el Frente Nacional; el incremento de los conflictos protagonizados por las guerrillas, el narcotráfico y los paramilitares; el fortalecimiento de la Policía Nacional que coincide con el nacimiento de las primeras iniciativas de seguridad ciudadana, y el período de la Política de Seguridad Democrática. Finalmente, el artículo identifica la alta concentración de la violencia en muy pocos municipios.

Abstract

This article underlines the current importance of the issue of citizen security and the starring role in it of local governments in Latin America, especially Colombia. Based on this, it analyzes homicidal violence in Colombia between 1960 and 2006, identifying four periods that defined the behavior of violence and the importance assigned to citizen security in each of them: the Frente Nacional (National Front); the increase in conflict among guerrillas, drug traffickers and paramilitary groups; the strengthening of the National Police coinciding with the emergence of the first citizen security initiatives; and the period of the Democratic Security Policy. Lastly, the article identifies the high concentration of violence in a very few municipalities.

1 El presente trabajo recoge algunos apartes de distintos artículos que he escrito en los últimos años.

Introducción

Durante los últimos años los temas de seguridad y convivencia comenzaron a ser vistos por los ciudadanos de América Latina como importantes problemas que debían ser solucionados por los estados nacionales y locales, llámense, países, estados, gobernaciones, alcaldías o prefecturas. Hay que reconocer que uno de los obstáculos más serios para el desarrollo social y económico de cualquier país, región, departamento o municipio está constituido por la violencia y por la delincuencia, las cuales presentan todavía, tasas muy elevadas a nivel internacional, si se comparan con los países más desarrollados. Los niveles de inseguridad causados por esta situación son un lastre muy pesado en materia de productividad, competitividad y desarrollo. Cabe anotar que el cumplimiento cabal de las funciones del Estado que garantiza el bienestar de los ciudadanos, depende de la existencia de un orden social seguro. Así mismo, el desarrollo social y económico tiene como condición, la posibilidad de que los asociados puedan desenvolver sus vidas en un ambiente previsible de seguridad y convivencia, en el cual estén garantizados sus derechos fundamentales y sus bienes. En este sentido, para que cualquier país tenga adecuados niveles de desarrollo humano, es necesario que el Estado garantice la convivencia y la seguridad de los ciudadanos, fortaleciendo los sistemas de justicia y seguridad ciudadana, de tal forma que los ciudadanos puedan gozar de sus derechos y puedan cumplir con sus deberes.

El presente documento pretende dar una panorámica general de Colombia sobre el comportamiento de la violencia homicida en las últimas décadas, en términos analíticos y estadísticos, teniendo como marco de referencia el contexto departamental y municipal. Para darle un marco coherente a este análisis, en primera instancia, se resaltará la importancia municipal de la gestión de la seguridad ciudadana; luego se desarrollará un marco conceptual; y por último, se indicará la concentración local de los homicidios, lo que permitirá definir una serie de recomendaciones y también concentrar los esfuerzos institucionales para seguir disminuyéndolos.

Importancia municipal del tema de la seguridad ciudadana

Cuando se analiza el tema de la seguridad ciudadana en América Latina, se comprueba que la mayoría de los países tienen una organización estatal que responde más a la seguridad nacional (a la seguridad del Estado), que a la seguridad ciudadana. Es decir que a pesar de haberse acabado hace más de 10 años la Guerra Fría2, todavía se entiende la seguridad en términos de enemigos internos y externos que atentan contra la estabilidad de los Estados, y persisten las estructuras y los conceptos que sustentan esta doctrina, los cuales se vuelven a retroalimentar con la visión de seguridad que se centró en el terrorismo después del 11 de septiembre de 2001.

En América latina todavía pretenden dar respuesta a los problemas actuales que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana, a par tir de los principios y supuestos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, mediante una centralización excesiva en manos del ejecutivo nacional, desconociendo que las manifestaciones de inseguridad tienen características locales. De esta manera, se conser va en las instituciones, como la Policía, estructuras aisladas de la comunidad y se atienden los problemas de seguridad y convivencia con ópticas eminentemente policiales y en algunos casos militares. No se reconoce la multicausalidad de los mismos y la necesidad de dar respuestas integrales, las cuales deben contar con la par ticipación activa de las autoridades locales.

Si se mira la organización vigente en materia de seguridad de los países latinoamericanos, en muy pocos de ellos las autoridades locales –llámense alcaldes, gobernadores e intendentes– tienen responsabilidades constitucionales y legales en materia de seguridad ciudadana. En la gran mayoría de los países la responsabilidad de la seguridad ciudadana recae sobre el ejecutivo nacional, como es el caso de El Salvador, Ecuador, Venezuela, Chile, entre otros. En Brasil, Argentina y México, las autonomías territoriales (Estados, Federaciones, Gobernaciones, etc.) han permitido que este tema se maneje a nivel local, llegando incluso a tener cuerpos policiales propios, con la dificultad manifiesta de que no existe o existe muy poca coordinación entre estas autoridades locales, las autoridades de policía y los cuerpos armados nacionales. En estos últimos países, suele suceder que el manejo de las problemáticas de seguridad se encuentra fraccionado: mientras las autoridades nacionales combaten delitos trasnacionales como el narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando, el comercio ilegal de armas y la trata de personas entre otros, los gobiernos locales enfrentan delitos que afectan la vida, integridad y bienes de los ciudadanos, como son los hechos de violencia y de delincuencia cotidianos.

2 A partir de 1945 se construye una noción de seguridad completamente ajena a la vida de los seres humanos y las necesidades de los ciudadanos comunes. La estrechez del concepto logra “dejar de lado las preocupaciones legítimas de la gente común que procuraba tener seguridad en su vida cotidiana” (Organización de Naciones Unidas, 1994) dando prioridad a las preocupaciones e intenciones que cada estado-nación tenía según el bloque al que pertenecía.

En el caso colombiano, aunque la Constitución Nacional y las leyes les han entregado responsabilidades en materia de seguridad a los gobernadores y a los alcaldes, todavía algunos mandatarios y autoridades militares y policiales insisten en un manejo centralizado de este tema, a pesar de los esfuerzos y avances que desde hace tres años realiza la Policía Nacional, con el concurso de los Ministerios de Defensa y del Interior y de Justicia, a través del Programa Departamentos y Municipios Seguros (DMS).

Un ejercicio riguroso orientado a reflexionar sobre los diversos recorridos y manifestaciones de la violencia homicida en Colombia, permitirá comprender por qué el país por largos períodos ha permanecido sumido en altos niveles de violencia y sólo en cor tas etapas retoma la senda de la seguridad y la paz. Quizás, en esos largos períodos ha faltado liderazgo político de los presidentes y de las autoridades locales para asumir la responsabilidad en materia de seguridad y enfrentar los problemas de violencia y delincuencia con liderazgo, pero también han faltado políticas públicas de Estado para transformar esa realidad, sostener los resultados alcanzados e institucionalizar estos temas en cabeza de las autoridades legítimamente constituidas3.

3 En algunos períodos y circunstancias se ha dejado, sin ser una política de Estado aunque auspiciada por unos pocos funcionarios, que actúen grupos al margen de la ley, como paramilitares y los mal llamados “grupos de limpieza social”.

Comportamiento de la violencia homicida 1960 – 2006

A lo largo de las cuatro últimas décadas, Colombia registró un crecimiento desmesurado de la violencia homicida, pasando, en números absolutos, de 4.667 homicidios comunes en 1960 a 28.837 en 2002. En términos de tasas se pasó de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1960 a 66 en 2002. Afortunadamente esta tendencia creciente del homicidio se comenzó a revertir a partir de 2003 y ya en 2006 la tasa se situó en 37.

Si se mira el compor tamiento de este delito a lo largo del período analizado, se observa que diferentes hechos y actores generadores de violencia han contribuido al aumento de la violencia homicida, y en cortos períodos se han registrado disminuciones importantes, como se reseña a continuación:

• Después de la renombrada “época de la violencia”, durante el Frente Nacional, el país registró una importante disminución de la violencia homicida, como se puede ver durante la década de los 60 y mediados de los 70. En 1969 se registró la tasa más baja con 21 homicidios por cada 100 mil habitantes.

• Con el desgaste de las instituciones y del régimen democrático, heredado del Frente Nacional, comienza, a partir de 1975, un aumento progresivo del homicidio común hasta el año de 1981, cuando la tasa llegó a 39 por cada 100 mil habitantes.

Este período coincide con el nacimiento de las primeras organizaciones del narcotráfico, el accionar de distintos grupos guerrilleros, entre los que se destacan las FARC, el ELN, el EPL y el M-19, y el incremento de la protesta social, así como la represión indiscriminada por parte del Estado a las manifestaciones sociales. Se podría caracterizar esta época como la expresión más clara de la “Guerra Fría” en Colombia, cuando prevalecía la defensa del Estado bajo la concepción de la seguridad nacional y por ningún lado aparecía, ni en el concepto ni el la práctica, la seguridad ciudadana.

Con la llegada del Presidente Belisario Betancur, la violencia bajó en los años 1982 y 1983, en medio de las expectativas de paz que generó ese gobierno. Pero a partir de 1984 la violencia homicida creció hasta el año 1991, cuando la tasa fue la más alta, con 79 homicidios por cada 100 mil habitantes. Durante estos años las acciones terroristas del narcotráfico en contra de la extradición se incrementaron.

Este lapso, que va de 1985 a 1991, se caracterizó por el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones ligadas al narcotráfico, el nacimiento de los primeros grupos paramilitares financiados por los carteles de la droga, como el MAS (Muerte a Secuestradores) y un accionar fuer te de las guerrillas, en especial de las FARC y del M-19. Fue éste un período conflictivo en medio del cual se deterioró la seguridad de los ciudadanos, el narcotráfico diezmó de manera violenta la justicia colombiana, las autoridades siguieron concentradas en el conflicto armado y defendiéndose de las amenazas del narcotráfico, y en el que las actividades delincuenciales, en especial de la delincuencia común, no merecieron la debida atención.

• Durante gran parte de los años 90 se registró una importante disminución de la violencia homicida, al pasar de una tasa de 79 en 1991 a 56 en 1998. Este período se caracterizó por:

A lo largo de las cuatro últimas décadas, Colombia registró un crecimiento desmesurado de la violencia homicida, pasando, en números absolutos, de 4.667 homicidios comunes en 1960 a 28.837 en 2002. En términos de tasas se pasó de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1960 a 66 en 2002. Afortunadamente esta tendencia creciente del homicidio se comenzó a revertir a partir de 2003 y ya en 2006 la tasa se situó en 37.

- La atención impor tante que le prestó el gobierno del Presidente Cesar Gaviria (1990–1994) a los temas de violencia y delincuencia, con la elaboración y puesta en ejecución de la Estrategia Nacional contra la Violencia, considerada como la primera política de Estado del país en toda su historia. Durante este período se for talecieron los organismos de seguridad y justicia, en especial se reformó la Policía Nacional, se aumentaron de manera impor tante sus miembros y se inició una transformación cultural de la institución, medidas que contribuyeron a que fuera más eficiente en materia de seguridad ciudadana y que ganase mayor confianza entre la ciudadanía.

- La lucha en contra del car tel de Medellín, que le había declarado la guerra al Estado Colombiano a través de los atentados terroristas que buscaban impedir la extradición. Con la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993 las acciones violentas de este grupo disminuyeron considerablemente.

- La ejecución de políticas municipales de seguridad ciudadana, lideradas por los Alcaldes, como fue el caso de Medellín durante los períodos de Omar Flores y Luís Alfredo Ramos, gobiernos que contaron con el concurso importante de la Consejería Presidencial para Medellín; Cali de 1993-1995, durante la alcaldía de Rodrigo Guerrero y Bogotá, durante las administraciones de Antanas Mockus y Paul Bromberg. Cabe anotar que esta última ciudad ha sido la única que ha logrado sostener los resultados alcanzados durante los gobiernos subsiguientes de Enrique Peñalosa, Antanas Mockus y Luis Eduardo Garzón.

En lo que tiene que ver con el compor tamiento de la violencia en las tres principales ciudades, se puede asegurar que sus resultados impidieron que la violencia homicida en el país superase los 30.000 casos. En el año 1992, estas tres ciudades con 9.005 homicidios comunes representaban el 32% de los casos que registraba el país y en el año 2006 sólo representaban el 21% con 3,621 homicidios. Sin embargo, desde el punto de vista de las tendencias homicidas en estas ciudades, sólo Bogotá sostuvo una tendencia decreciente desde el año 1994, mientras que Cali y Medellín se compor taron como el resto del país, como se puede ver en las siguientes gráficas.

• Entre los años 1999 y 2002 la violencia homicida volvió a incrementarse en el país, al pasar de 56 en 1998 a 66 en el 2002, año en el cual se registró el número más alto de homicidios con 28.837 casos registrados4.

• A par tir de 2003 y hasta la fecha, la violencia homicida ha disminuido, pasando de una tasa de 66 en 2002 a 37 en 2006, producto de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, de los esfuerzos locales sostenidos de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali y de la progresiva vinculación de los Gobernadores y los Alcaldes en la gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana, a través del Programa Depar tamentos y Municipios Seguros.

4 Este compor tamiento de la violencia homicida en el país pone en evidencia la mala interpretación que algunos analistas han tenido a la hora de analizar los resultados de la ciudad de Bogotá, como es el caso de Pablo Casas quien considera que el compor tamientos de la violencia homicida en Bogotá fue similar al compor tamiento que registró el país y que sus resultados se debieron a los esfuerzos nacionales. Situación que no es cier ta, si se comparan las dos tendencias; mientras Bogotá disminuyó de manera permanente los homicidios desde el año 1994, en el país esta tendencia que venía desde el año 1992 se quebró en 1999 y la violencia homicida volvió a incrementarse hasta el año 2002, como puede verse en las graficas, en par ticular la que tiene que ver con las tasas de violencia homicida.

Lo que muestra hasta ahora el análisis es que se han obtenido resultados positivos de reducción de la violencia cuando ha existido liderazgo político por par te de los funcionarios responsables de la seguridad, llámense presidentes, alcaldes o gobernadores, cuando la Policía Nacional tomó la iniciativa de concentrarse en la seguridad ciudadana y cuando se han formulado y aplicado políticas públicas integrales en esta materia a nivel local.

Concentración de los homicidios por municipios

Cuando se analiza la concentración del homicidio en Colombia se puede constatar que este delito se sitúa en unos pocos municipios, en par ticular en unas pocas ciudades capitales. También se puede asegurar que la violencia homicida es predominantemente urbana y que las tres principales ciudades del país (Bogotá, Cali y Medellín) siguen concentrando el mayor número de homicidios. En el año 1992 estas tres ciudades concentraban el 45%; hoy las treinta y dos ciudades capitales de departamento concentran el 41% del total de homicidios comunes del país, es decir que se ha avanzado en materia de seguridad urbana, en especial en aquellas ciudades donde los mandatarios locales se han involucrado.

Ahora, si se obser va la situación de concentración en la totalidad de los municipios en los años donde el país registró los índices más altos de violencia (1991, 2002), se puede constatar la alta concentración de los homicidios. En el año 1991 en apenas 14 municipios se concentraban el 49,3% de los hechos (de 28.284 casos), es decir que solo en el 1,36% de los municipios se registraba casi el 50% de los homicidios (Tabla 1).

En ese mismo año, el 80% de los homicidios se concentró en 188 municipios, es decir que en solo el 17% de los municipios se registró el 80% de los homicidios.

En el caso del año 2002, a medida que las principales ciudades han disminuido la violencia homicida, este delito ha tendido a desconcentrarse en más municipios. Para el año citado, del total de los homicidios (28.837) el 50% se concentró en 28 municipios (Tabla 2).

De acuerdo con los datos siguientes, en el 2,5% de los municipios se concentra el 50% de los homicidios y el 80% de los casos se concentran en el 16,4% de los municipios.

La Política de Defensa y Seguridad Democrática y los municipios

Las anteriores reflexiones son más evidentes cuando se miran los resultados de los últimos tres años, cuando la violencia homicida se redujo en un 38,5%, al pasar de 28.837 homicidios en el año 2002 a 17.479 en 2006. Es decir pasó de una tasa de 66 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2002 a 39 en 2005. Con estos resultados se constata cómo el liderazgo del Presidente de la República y la Política de Defensa y Seguridad Democrática han contribuido en este importante logro, pero también hay que destacar la labor de muchos alcaldes y gobernadores que han desarrollado y ejecutado políticas públicas en esta materia, en coordinación con las instituciones de seguridad y justicia, en particular de la Policía Nacional, a través del Programa Departamentos y Municipios Seguros (DMS).

Hay que destacar que los mayores logros en esta materia se han concentrado en las ciudades, y en especial en Medellín, donde la violencia homicida se redujo sustancialmente, al pasar de una tasa de 177 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2002 a 34 en 2006 (Gráfica 3).

Si se quiere seguir disminuyendo la violencia homicida, como ocurrió en los últimos tres años, hay que optimizar los recursos concentrando los esfuerzos en los municipios donde existe mayor incidencia de este delito. Para el caso del año 2006, el 50% de los homicidios se concentró en 34 municipios, es decir que en sólo el 2,6% de los municipios ocurren el 50,4% de los homicidios (Tabla 3).

En 2006, la violencia homicida se redujo, a pesar de que la tendencia ya no es tan pronunciada. El resultado de este año, que no es tan alto como en los últimos tres años, comienza a mostrar que cada vez va a ser más difícil reducir este delito, situación que tiende a agravarse por algunos hechos impor tantes que pueden afectar este comportamiento negativo, como es el caso del involucramiento progresivo de algunos desmovilizados de las AUC en actividades delictivas, la amenaza y acción directa de retoma de las FARC de los territorios dejados por los grupos paramilitares desmovilizados, la presencia y actividad del narcotráfico en algunas ciudades capitales y el problema del desplazamiento masivo.

Se podría asegurar, que algunos de estos problemas están incidiendo en los resultados negativos que registraron, en 2006, ciudades como Cartagena, Buenaventura, Bucaramanga, Pasto y Neiva.

Sin desconocer la importancia de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, que ha centrado fundamentalmente su atención en el conflicto armado, el narcotráfico, el terrorismo y la reducción del homicidio, es necesario, hacia el futuro, que estos nuevos esfuerzos se enmarquen en una política pública nacional e integral de convivencia y seguridad ciudadana que involucre a todos los alcaldes y gobernadores en el manejo de estos temas, no sólo para seguir avanzando, sino para sostener y consolidar los logros hasta ahora alcanzados. No basta con el liderazgo que el Presidente de la República tiene en esta materia, sino que es necesario institucionalizar la política en cabeza de las autoridades locales y de las instituciones que tienen responsabilidades en convivencia y seguridad ciudadana. Es decir, hay que fortalecer el Programa Departamentos y Municipios Seguros que tan buenos resultados ha dado en los últimos tres años.

Conclusiones

El país ha avanzado en materia de reducción de la violencia. Hoy se reconocen a nivel nacional e internacional algunas experiencias exitosas a nivel municipal, como es el caso de Bogotá y Medellín. Sin embargo, autono se puede asegurar que estas políticas sean perdurables o que el país comenzó un proceso sostenido y permanente de reducción de la violencia. Frente a los logros alcanzados aparecen una serie de amenazas y se imponen algunos retos como son:

• La falta de una política pública nacional de convivencia y seguridad ciudadana.

• La falta de recursos para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y para adelantar programas y proyectos que promuevan la convivencia entre los ciudadanos. En este aspecto es notoria la precariedad con que operan los organismos de seguridad y justicia en algunas zonas.

• Hay que seguir fortaleciendo a las administraciones departamentales y municipales en la gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana, a través del Programa Departamentos y Municipios Seguros, DMS.

• Hay que enfrentar los fenómenos propios del postconflicto, que están vinculados a las prácticas de violencia que se repiten, y el involucramiento de los desmovilizados y reinser tados en acciones de delincuencia. En este campo, no sólo se han reactivado grupos delincuenciales en las zonas dejadas por los paramilitares, de los cuales hacen parte algunos desmovilizados, sino que además algunos de ellos realizan actividades delincuenciales de manera individual, engrosando los grupos de delincuencia común.

• La indefinición de un proceso de paz con las guerrillas que permanecen activas, para avanzar en un proceso de paz.

• La retoma de los territorios dejados por las AUC por parte de las guerrillas, en especial de las FARC.

• La existencia de una fuerte cultura de la ilegalidad en los territorios donde antes tenían presencia las autodefensas.

• La proliferación de carteles y cartelitos de la droga que luchan por lograr el dominio de este negocio en los territorios dejados por las AUC.

• La utilización de algunas ciudades capitales como epicentro de las actividades del narcotráfico y el enfrentamiento abierto entre distintos grupos por dominar el negocio (delincuentes, guerrillas y desmovilizados vinculados a esta actividad).

• Y finalmente, la posibilidad de extradición y la extradición real de algunos miembros de las AUC desmovilizados que no quieran acogerse a la Ley de Justicia y Paz, lo que posiblemente provocaría una reacción violenta de algunos de ellos.

Por último, para sostener y ampliar los buenos resultados hasta ahora alcanzados en materia de reducción de la violencia por parte de algunas administraciones municipales y en los últimos años por la Política de Defensa y Seguridad Democrática, es importante destacar las siguientes características que los han hecho posibles:

• Manejo institucional del tema por la autoridad administrativa más alta (responsable político del tema). Cuando los Alcaldes, los Gobernadores o el Presidente han asumido los temas de seguridad como parte de las políticas públicas que tienen que desarrollar y lo hacen con liderazgo y autoridad, se ven los resultados. Este tema no se puede dejar sólo en manos de las autoridades de seguridad y justicia.

• Información confiable. Se trabajó con información confiable de los hechos de violencia y delincuencia para el análisis, la toma de decisiones y el seguimiento y evaluación de las acciones.

• Trabajo interinstitucional. Las instituciones responsables de la seguridad (Policía Nacional, Fuerzas Militares y Departamento administrativo de Seguridad), la justicia (Fiscalía, Jueces y demás instituciones) y la convivencia (bienestar social, desarrollo social y comunitario, servicios públicos, etc) trabajaron de manera coordinada, bajo el liderazgo de las autoridades responsables (presidente, gobernadores, alcaldes). En este punto ha sido muy importante el funcionamiento mensual, en algunos casos quincenal y semanal, de los Consejos de Seguridad, presidido por los mandatarios nacionales y locales, con la participación del Comandante de la Policía, las Fuerzas Militares, el fiscal, el DAS, el Ministerio Público y otras autoridades administrativas que pueden mejorar la seguridad, la justicia y la convivencia.

• Plan de seguridad y convivencia. Se diseñaron y se pusieron en ejecución planes integrales de seguridad y convivencia, con proyectos y programas orientados a mejorar la acción de las autoridades de policía y justicia y a prevenir los hechos de violencia y delincuencia que afectaban la seguridad y la convivencia. Planes que, sin descuidar las acciones coercitivas y de acción de la justicia, se orientaron a fortalecer la convivencia ciudadana.

• Creación de infraestructura administrativa y asignación de recursos humanos, técnicos y financieros. Para el manejo y gestión de la seguridad ciudadana y la convivencia, desde los ámbitos coercitivos y preventivos, se ha contado con estructuras administrativas de manejo civil que lideran los planes, programas y proyectos. Así mismo se ha dispuesto de recursos que asignan las administraciones correspondientes.

• Rendición de cuentas, evaluación y seguimiento. Con base en los análisis de la información y de investigaciones y las reuniones periódicas interinstitucionales, las administraciones hacen seguimiento y evaluación permanente. De igual manera rinden informes a los ciudadanos de manera periódica.

• Evaluación externa. En algunos casos se ha recibido el apoyo de sectores externos que, desde la academia o el sector privado, hacen seguimiento y veeduría a las políticas de seguridad y convivencia. Es importante que desde esos ámbitos se realicen las encuestas de victimización y percepción de seguridad.

• Participación y capacitación ciudadana en temas de seguridad y convivencia. Con la concepción de que los ciudadanos son parte de la solución de los problemas que afectan la seguridad y la convivencia, las administraciones nacionales y locales, a su manera, han desarrollado veedurías ciudadanas y organizan a las comunidades en los barrios, capacitando a los líderes comunitarios en temas de convivencia y seguridad ciudadana.