Educar en las cárceles: Unidad
Terapéutica y Educativa de Villabona
(Asturias, España)

Francisco Javier Rodríguez-Díaz
Doctor en psicología,
Profesor Titular de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos,
Facultad de Psicología, Universidad de Oviedo,
Oviedo, España.
gallego@uniovi.es

Esteban Álvarez-Fresno
Psicólogo de la UTE del Centro Penitenciario Villabona,
Asturias, España.
esalfres@telecable.es

Faustino García-Zapico
Diplomado en Criminología.
Educador de la UTE del Centro Penitenciario Villabona,
Asturias, España.
tino.zapico@gmail.com

Begoña Longoria-González
Licenciada en Trabajo Social.
Trabajadora social de la UTE del Centro Penitenciario Villabona,
Asturias, España.
begonalongoria@hotmail.com

Manuel I. Noriega-Carro
Diplomado en Magisterio.
Maestro de la UTE del Centro Penitenciario Villabona,
Asturias, España.
nacho.noriega@hotmail.com

Resumen

Aquí se pretende aproximar a la sociedad a la prisión para que comparta procesos educativos desde espacios de normalidad y, desde ahí, desarrollar principios para una acción “reeducadora”, de acuerdo con la legislación actual del Estado español. El objetivo será dar forma a las principales líneas teóricas de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE), sobre las cuales reconocer y valorar sus acciones terapéuticas y educativas, fundamentadas sobre la noción de conducta –hechos, acciones observables–, basándola en su continuidad y consistencia para poder presentar y explicar la propuesta de cambio establecida en los procesos para su comprensión: corresponsabilidad y cogestión, a la vez que su mecanismo para la adaptación: confrontamiento. El análisis de las características organizacionales dará paso a presentar los principales instrumentos de intervención de la UTE: la escuela y el grupo, identifi cando los distintos tipos de cambio posibles en la intervención desarrollada y derivada del tipo de paso por diferentes contextos penitenciarios. Finalmente, se refl exiona sobre las necesidades que se deben desarrollar para dar paso al modelo alternativo de prisión en el sistema jurídico del Estado español.

Palabras clave

Prisión, delincuente, sustitutos de la prisión, readaptación social del delincuente, intervención (fuente: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD).

Abstract

The purpose here is get society closer to prison in order for it to share educational processes from normality spaces and, from there, develop principles for a “reeducative” action according to the present legislation of the Spanish state. The objective consists of giving shape to the main theoretical lines of the “UTE” on which its therapeutical and educational actions can be recognized and valued as grounded on the notion of conduct –observable facts, actions– on the base of their continuity and consistency, in order to be able to submit and explain the change proposal established in the processes used for their comprehension: co-responsibility and co-management, as well as their mechanism for adaptation.

The analysis of the organizational features will pave the way for the presentation of the main UTE’s intervention instruments: the school and the group, by identifying the diff erent types of changes feasible in an intervention developed and deriving from the kind of stages seen through the diff erent penitentiary contexts. Finally, a refl ection is made with respect to the needs that should be developed in order to give way to an alternative prison model in the Spanish state’s legal system.

Key words

Prison, criminal/off ender, prison substitutes, the criminal’s social readaptation, intervention (Source: Tesauro de Política Criminal Latinoamericana - ILANUD).

Resumo

Aqui pretende-se aproximar a sociedade à prisão de modo que compartilhe processos educativos dos espaços de normalidade e, de lá, desenvolver princípios para uma ação de “reeducadora”, segundo a legislação atual do Estado espanhol. O objetivo será materializar as linhas teóricas principais do UTE, sobre as quais seja possível reconhecer e avaliar suas ações terapêuticas e educativas, baseadas na noção de conduta –fatos, ações observáveis–, baseando-a nas sua continuidade e consistência para poder apresentar e explicar a proposta da mudança estabelecida nos processos para sua compreensão: coresponsabilidade e co-gerenciamento, assim como seu mecanismo para a adaptação: confrontação. A análise das características dos organizativas abrirá o espaço para apresentar os instrumentos principais de intervenção da UTE: a escola e o grupo, identifi cando os diferentes tipos de mudança possíveis na intervenção desenvolvida e derivada do tipo de passo pelos diferentes contextos do penitenciários. Finalmente, refl ete-se sobre as necessidades que devem-se desenvolver para abrir os espaços para o modelo alternativo da prisão no sistema legal do Estado espanhol.

Palavras-chave

Prisão, delinquente, substitutos da prisão, readaptação social do delinquente, intervenção (fonte: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD).

Introducción

La publicación del artículo pretende aproximar a la sociedad a la prisión para que comparta procesos educativos desde espacios de normalidad y, desde ahí, desarrollar principios para una acción “reeducadora”, de acuerdo con la legislación y la documentación ofi cial al respecto en materia penitenciaria en el Estado español (Reglamento 1996 y la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) 1/1979, de 26 de septiembre, y LOGP 6/2003, de 30 de junio). Entre las intervenciones derivadas y posibilitadas por este desarrollo legislativo, es de resaltar la UTE (Unidad Terapéutica y Educativa) como un nuevo modelo de tratamiento penitenciario; es una prisión, pero un modelo alternativo a la prisión tradicional; es una alternativa de intervención penitenciaria que se forja con elementos exclusivos del medio penitenciario y que pone de manifi esto que otra prisión es posible, al confi gurar espacios sobre los que construir y reconstruir formas más éticas, humanizadoras y facilitadoras de generar cambios sociales cívicamente competentes (Vila & Martín, 2013).

Esta propuesta desarrolla aquí la fundamentación teórica y metodológica de las medidas implementadas, buscando comprender y replicar una explicación al qué, cómo y para qué se postula la actividad educativa en el medio penitenciario (art. 25.2 de la Constitución Española).

1. Pinceladas de historia y realidad hacia una nueva visión

La prisión, tal como refi ere cualquier perspectiva histórica (Rodríguez, Álvarez, García, Longoria & Noriega, 2013a), a fi nales del siglo XVIII se consolida como sistema de control social penal, sobre la base del aislamiento y la separación social para evitar el contagio –aparecen ya las primeras voces pidiendo una penalidad más justa y una ejecución más humana (Howard, Bentham, Beccaria, …)–, y da paso a la reforma penitenciaria del siglo XIX, donde se identifi carán como básicos tres sistemas de origen americano (fi ladélfi co o pensilvánico, auburniano y reformatorio) y uno europeo (progresivo). En la actualidad aún se remarca el rigor punitivo, manteniendo una imagen de tolerancia ante la ausencia de control social externo sobre su funcionamiento y los diferentes modos de vida en el interior de los establecimientos penitenciarios se entiende que facilita su gobernabilidad.

A su vez estos centros, durante los dos últimos siglos, han sido el eje sobre el que gira el sistema represivo del Estado –alrededor del 50% de las penas impuestas en las sentencias judiciales actuales en España son de prisión– (Díez, 2006), ofreciendo en la actualidad unos resultados desalentadores (Arroyo-Cobo, 2011; Caride & Gradaille, 2013; Haro et ál., 2006; Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2011; Vicens et ál., 2011): alrededor de 70.000 internos en las cárceles españolas, a enero del 2013 –incremento en la última década superior al 80% en la población recluida–, de los cuales no llegan a ser el 10% mujeres; casi el 35% son extranjeros y más del 55% se encuentran en el rango de edad que va de 26 a 40 años; cuatro de cada cinco están condenados a penas de prisión, siendo los delitos mayoritarios el robo y prácticas contra la salud pública; el 80% de los internos tienen antecedentes de trastorno mental común y cerca del 80% por abuso de sustancias –se multiplica por 15 con respecto a la población general y por 100 en sustancias como la cocaína y la heroína–; además, más del 40% presentan algún tipo de trastorno mental, en el que resaltan el trastorno de ansiedad con más del 20%, trastorno afectivo –generalmente depresivo– cerca del 15% y psicótico alrededor del 5%.

La historia y esta realidad, acompañada de una inadecuada gestión del tratamiento penitenciario, refi ere un nivel de reincidencia que sitúa la redención del preso por encima de su reinserción, lo que incide en la necesidad de reescribir a la inversa esta inversión: ver a las prisiones como un mal necesario, alejándonos del “nada funciona”, y defi nir al penado como persona y sujeto que sigue perteneciendo a la sociedad; a su vez, en la línea que ampara el art. 25.2 de la Constitución Española, hay que plantear un modelo de intervención educativo-comunitario, que tenga como base que la pena sea un proyecto de educación y la prisión una institución para la ayuda educativa.

Se asume el concepto de programa como formas de presentación múltiple de servicios, diseñados y organizados con objetivos operativos para crear una nueva historia personal, donde tenga coherencia un nuevo sistema de valores y una nueva forma de pensar y actuar (Paíno, Rodríguez & Cuevas, 1995; Paíno, Rodríguez, Cuevas & Ordóñez, 1995; Rodríguez et ál., 2013a; Romero, 2006; Ruiz & Rodríguez, 2009). El tratamiento penitenciario, por ello, no podrá pasar por alto la realidad social y de salud por la que va a responder, entendiendo la acción educativa como el conjunto de actividades destinadas a incrementar el repertorio de conocimientos, destrezas y estrategias del interno para hacerse dueño de su destino, para crecer como persona y para participar en la sociedad de una manera competente (Lorenzo, Aroca & Alba, 2013; Martín, Vila & De Oña, 2013).

2. Otra prisión en prisión: UTE de Villabona (Asturias, España)

La realidad de las prisiones españolas es confrontada por un código, la Constitución, que plantea la reinserción social –alejada del rehabilitado inadaptado, desviado y/o marginado en riesgo–, en tanto integrar a los internos a través del desarrollo de la competencia individual y social, con desarrollo y aprovechamiento en el contexto vital (Fernández & Rodríguez, 2002, 2007). Esto, al ser confrontado, implica una nueva visión de la víctima – de acuerdo con los daños causados y su restitución– y del agresor como integrado en otra institución, encuadrada en un marco constitucional donde al menos se es consciente de las necesidades y las consecuencias de las posibles propuestas para desarrollar (vid. tabla 1).

El punto de partida implica “corregir” con realismo el comportamiento de los internos bajo los criterios de reinserción, con el objeto de ganar el reconocimiento social de efi cacia para su progresiva independencia (Paíno et ál., 1995; Rodríguez, Álvarez, García, Longoria & Noriega, 2013b). De esta manera, frente al populismo que sostiene que estamos ante un sistema libre de imperfecciones y capaz de prevenir la génesis de nuevas conductas delictivas y de reparar los daños a las víctimas, las consecuencias que aparecen de su aplicación práctica nos ofrecen una realidad menos idílica (Estrada, Rodríguez & Herrero, 2013) y nos introducen en un sistema que causa graves consecuencias en los ciudadanos, y a la vez múltiples limitaciones y disfunciones (Estrada et ál., 2011), enmarcado en una sensación de venganza, como resultado de una dinámica de odio y violencia.

a) Necesidades por incorporar

Este apartado trata de identifi car las principales líneas teóricas de la UTE, sobre las cuales reconocer y valorar sus acciones terapéuticas y educativas –educar requiere no confundir con escolarización–. Esta realidad de análisis se completa con publicaciones centradas en la estructura organizativa y las normas de funcionamiento de la UTE (Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 2005), que han dado paso a un modelo de tratamiento penitenciario en el sistema jurídico del Estado español –LOGP 1/1979 y LOGP 6/2003, así como R. P. de 1996– (Rodríguez et ál., 2013a, b). Ello implica, pues, presentar las bases de fundamento teórico, contemplando, en primer lugar, la noción de conducta –hechos, acciones observables– lejos de considerarlo y confundirlo con personalidad –abstracción y/o constructo hipotético del comportamiento–, basándolo en su continuidad y consistencia para poder presentar y explicar la propuesta de cambio.



1. Marco para la conducta

El marco que se va a concretar, desarrollado en Rodríguez et ál. (2013b), refi ere la conducta determinada por la interacción entre aspectos personales y situacionales, participando del esquema E-R y de las relaciones entre respuestas –distintas ocasiones para una misma variable, o bien una ocasión para distintas variables– que responden al esquema R-R; se conforma una realidad en forma de cadena E-R-E-R-E-R… El comportamiento de los internos penitenciarios, de esta manera, se explicará desde características personales y de situación, pero en función de la interacción de aspectos personales –estructuras cognitivas– y situacionales –primordialmente situaciones sociales–, necesarias de afrontar y superar si se quiere hacer frente a la subcultura carcelaria, correlacionada de forma positiva con el desarrollo inadecuado de determinadas habilidades cognitivas específi cas y con la insufi ciente adquisición de valores prosociales.

La consistencia a nivel de reacción –comportamental– se fundamenta en una historia de vida a través de diversas situaciones vitales; la relatividad se construye por medio de la propia interpretación de los estímulos, y su estabilidad, a través de las situaciones, donde se resalta el nivel confi gurado de las variables mediadoras. Se asume el papel intencional del interno, por lo que este deberá afrontar sus acciones –fi ltración cognitiva de los indicios estimulativos que va a responder–, con el objeto de ir mejorando, al asumir que cada acción comportamental tiene sus consecuencias. Esta realidad, conformada en estrategias de afrontamiento efi caces a nivel perceptivo por el interno para el contexto vital, incide en la importancia de los factores cognitivos. Esto va a tener una particular signifi cación en el recurso de confrontamiento de la UTE: las expectativas que el interno aporta y los valores subjetivos que da a los estímulos, así como los referentes personales de codifi cación y estructuración de las situaciones, donde va resultar como defi nitiva su coparticipación y su cogestión como fases para lograr una nueva historia vital sobre la cual sustentar el cambio a través del mecanismo de confrontamiento. Ello, en la línea de Lorenzo, Aroca & Alba (2013), incluye actividades terapéuticas asistenciales, formativas, educativas, laborales, socioculturales, recreativas y deportivas.

2. Ambiente de desarrollo y cambio

Presumimos que distintas historias de vida y diferentes contextos vitales y culturales ofrecen valores y prácticas de socialización diferentes, lo que da lugar a consistencias comportamentales diferenciadas y acompañadas de expectativas diferenciales (Endler, 1981; Endler & Magnusson, 1976a, b; Endler & Speer, 1998). Ello posibilita que la conducta potencial pase a conducta manifi esta, en función de las consecuencias que se prevean –carácter positivo, naturaleza negativa, pasividad, actividad y situaciones de interacción social (interpersonalidad, daño físico y ambigüedad)–, donde se observarían distintos niveles de estabilidad comportamental en el rango que se va a construir con la interacción con el medio y sus valores, necesidades y motivos,… (rango en relación con un hábito relacional acomodaticio y pasivizante).

Ello lleva a caracterizar este estilo personal inadaptado en su transcurrir –incívico, mentira, autoengaño, queja– sobre la base de falta de conciencia real del problema, una inhibición propia de la autonomía acompañada por la delegación en la toma de decisiones, a la vez que frecuentes sentimientos de vacío y unas relaciones intensas, con sensación de atrapamiento e, incluso, de peligrosidad para el logro de su adaptación al medio. Se identifi ca una escalada desde comportamientos esporádicos, públicos y visibles sin control y sin sanción (el “incivismo” defi nido por defecto: sin robo ni agresión) hacia la incapacidad para percibir efectos negativos de su propio comportamiento, donde la insinceridad y fabulación son parte del problema –aun cuando el individuo es consciente, no adoptará soluciones, y si las desea, esperará que le vengan de afuera, como, e. g., la efi - cacia policial– (vid. gráficas 1 y 2).

El autoengaño, en sí mismo, no es patológico. A su vez, el incivismo contribuye más que la delincuencia a construir el sentimiento social de inseguridad, por las molestias que van asociadas (amenazas, perturbaciones, degradaciones…), y que explica el nivel de delito no detectado en nuestros jóvenes; es decir, como constata Rechea (2008), un 98,8% de los jóvenes españoles encuestados ha cometido algún tipo de conducta antisocial o delictiva alguna vez en su vida, y un 72,4% en el último año –los actos antisociales y delictivos más frecuentes a temprana edad son: dañar algo aposta, participar en una pelea, pegar un tirón para quitar algo, robar algo de una tienda o gran almacén o consumir cerveza, vino y calimocho–; no obstante, una de las conductas que más alarma social crean, “participar en peleas”, ha tenido una prevalencia del 25,0% alguna vez en la vida, y de 8,1% en el último año –el resto de las conductas violentas o contra la propiedad no alcanzan el nivel del 5%–. Por lo demás, en contra de la percepción social, la frecuencia con que se cometen estas conductas es baja (excepto bajar música del ordenador, que se hace casi a diario, y beber alcohol, que se hace 2-3 fi nes de semana al mes). En pocas palabras, estamos ante la “cifra negra” de la delincuencia juvenil, y se sabe que en algunos casos puede alcanzar el 90% de los delitos cometidos.

Esta realidad y sus consecuencias están muy ligadas a la naturaleza y la reiteración comportamental, a la vez que a la confrontación con la ley, lo que abocaría a una actitud y a unas consistencias comportamentales estables y generalizadas, que Sirvent (2006) entiende como estrategia de supervivencia sobre la cual se genera un estilo de vida de queja, que conllevará justifi car una conducta intolerable con una excusa persuasiva y, a veces, hasta convincente. Ello dará paso a una sociopatía adquirida (Sirvent, 2007), cuyas características serían: insinceridad, manipulación, incredulidad y escepticismo, falta de sentido de la realidad y apragmatismo, autodesconocimiento y auto y heteromarginación.

Por ello, la queja como estilo de vida pasa a conformar unas consistencias comportamentales de personalidad de orientación sociopática, como condición aprendida y desarrollada a lo largo de su historia de vida. El tratamiento penitenciario, por lo tanto, tiene que buscar desplazarse desde el individuo a la intervención comunitaria; es decir, pasamos a hablar de poblaciones en riesgo de exclusión social antes que de factores individuales de exclusión social, siendo conscientes de que los individuos y las sociedades cambian de respuesta y modifican el ambiente en el que se contextualizan los procesos de queja –sobre ellos es donde se debe ubicar la intervención para el cambio de la transformación de la mentira en autoengaño–, orientada hacia una nueva responsabilidad desde el propio grupo de socialización (Rodríguez, Fernández, Paíno, Jiménez & Hernández, 2004; Sirvent, 2007, 2012): mayor conciencia del contexto vital, dinamizar los recursos potenciales de la comunidad y crear fl ujos de apoyo, tanto en grupo como en comunidad.

La perspectiva comunitaria, alejada de la tradición histórica asistencialista y tecnocrática –rol de “camión escoba” y de “mandilón”–, tan instaurada en el tratamiento penitenciario, busca el compromiso cívico y facilitar la capacitación de los “actores”. Hay que ser consciente de la institución y sus características, al centrar su relación con el director, el Estado; es decir, una institución cerrada y estatalizada en su misión retributiva de pena para la cual se empodera una población civil centralizada por el control del Estado y se apoya con una provisión de recursos alejada de la ciudadanía, a la vez que se le oferta una dimensión comunitaria incluida en redes sociales formalizadas (asociativas, administrativas,…) que ponen a su disposición recursos y generan sinergias. En ella nace un nuevo modelo de convivencia dentro del tratamiento penitenciario: la UTE, que busca implementar competencias, individuales y relacionales, para la adaptación social (Fernández & Rodríguez, 2002):

• Considerar valores y resolver sus confl ictos dentro de una atmósfera honesta, de apoyo y abierta, donde se puedan experienciar las consecuencias de comportarse en formas diferentes;

• Ser animado a practicar y desarrollar estilos de conducta para alcanzar metas que el interno está interesado en lograr;

• Pensar acerca de las organizaciones de su comunidad y llegar a comprenderlas y percibirlas en nuevas formas, implicando realizaciones y consecuencias para su conducta;

• Exponer a nuevos modelos de rol y poder implementar conceptos útiles para pensar en su conducta y las posibles consecuencias que va a sufrir, desde las diversas alternativas disponibles;

• Establecer metas realistas y mensurables a través de su comportamiento y, además, ofertar apoyo, ayuda e incentivos cuando se equivoque; es decir, se potenciará crear fl ujos de apoyo social en la comunidad, animando a alcanzar logros reconocidos.

Hablamos, pues, de justicia terapéutica y restaurativa, lo mínimo que se debe potenciar desde el tratamiento penitenciario es la adaptación personal y social del penado para mentalizarlo y sensibilizarlo hacia una intervención optimizadora. Es decir, la UTE busca la reinserción social y no la rehabilitación desde un nuevo concepto de sistema penal con base en la Constitución española –se deja a un lado la retribución y el castigo–, así como un nuevo concepto de normalidad social alejado de hacer sufrir a la gente, enfrentado al desarrollo de competencias (Estrada, Rodríguez & Herrero, 2013; Martínez- Fresneda, 1992; Rodríguez & Becedoniz, 2007; Rodríguez & Paíno, 1994).

b) La alternativa en la paradoja

1. Personal y espacio

La UTE cuenta con un equipo multidisciplinar que al día de hoy está constituido por alrededor de 75 profesionales de todas las áreas –más de 55 son de vigilancia y alrededor de 15 de tratamiento (educadores, trabajadores sociales, psicólogos, maestros y una monitora)–. Si se tiene en cuenta que este equipo tiene que desarrollar su actividad con más de 500 internos, es fácil constatar que la ratio de los profesionales, que prestan servicio en estas unidades, es inferior al resto de establecimientos penitenciarios.

La UTE del Establecimiento Penitenciario de Villabona, en la actualidad, la conforman tres espacios físicos. El primero de ellos (la UTE 1) abarca dos módulos del centro, que se encuentran comunicados entre sí y forman un único espacio para los internos –cerca de los 200–, donde hay presencia de mujeres –alrededor de 25 internas, en la actualidad–. La UTE 2 y la UTE 3 son igualmente, cada una de ellas, dos módulos penitenciarios unidos en un único espacio (la UTE 3 en la actualidad está en proceso de añadir el módulo 6), y cuentan con más de 300 internos, pero sin internas –estas unidades pueden tener internos condenados por delito sexual.

2. Planteamiento teórico

Desde el modelo bio-psico-social que asume la UTE, el planteamiento teórico fundamenta la pena privativa de libertad sin orientación retributiva y orientada a concepciones interventoras o reformadoras, ni base en el sufrimiento vindicativo, donde se implica el castigo y el aislamiento. Por ello, el concepto de tratamiento penitenciario en la UTE aparece ligado al de rehabilitación, en el sentido de camino a la reinserción social (LOGP 1/1979, art. 59.1): el tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. Es decir, es el realizado por un equipo de especialistas con el objeto de lograr el fi n de la reinserción social del preso, en tanto constituye una ayuda, basada en las ciencias de la conducta, voluntariamente aceptada por el interno, para que, en el futuro, pueda elegir o conducirse con mayor libertad; es decir, superar condicionamientos individuales o sociales, de cierta entidad, que hayan provocado o facilitado su delincuencia.

Este proceso se defi ne, sin ninguna formulación teórica a priori, por un simple contrato terapéutico. Se ha entendido que la propia realidad va a ir guiando el camino, como así ha sido, hasta llegar a lo que hoy es la UTE: respuesta a un modelo de tratamiento penitenciario que no ha conseguido resultados favorables respecto a sus dos fi nes: reeducación y reinserción. Frente a ello, se ofrece un nuevo modelo de convivencia en el medio penitenciario, tanto desde la estructuración interna como en la interacción persona/ambiente –desde la narrativa terapéutica de acción vs. refl exión vs. refl exión-acción–; es decir, se asume con una extraordinaria riqueza la actividad comportamental (motivaciones, cambios de afecto, intereses, …), conformando una perspectiva dinámica de la personalidad desde la apertura a la experiencia, el desarrollo de la conciencia, al autorrespeto y unas relaciones interpersonales satisfactorias (vid. su desarrollo en la gráfica 3).

El trabajo con redes, devaluado por mucho tiempo, recobra relevancia, asumiéndolas como… lazos que hacen de palanca para que los individuos prosperen o cambien su estructura de oportunidades. Los lazos pueden cultivar las aspiraciones a la movilidad social… (Domínguez, 2004, p. 5). La importancia de las redes sociales para el individuo es indiscutible, sobre todo cuando se está pasando por una situación de crisis. Constituyen la estructura por medio de la cual se provee el apoyo social, una función de la propia red social al proporcionar apoyo a sus integrantes, que puede ser otorgado de manera formal por la red institucional o de modo informal por las relaciones “íntimas” y de confi anza de los afectados. Así, se 17 ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, número 2, mayo-agosto 2013, Bogotá, D. C., Colombia constata la importancia de la familia, aunque resulta importante señalar que no solo ella comprende el sistema informal signifi cativo de las personas, sino que este también está formado por las relaciones que las personas mantienen, de tal suerte que constituyen parte fundamental del proceso de integración o desintegración social (Gracia, Herrero & Musitu, 2002).

En resumen, la UTE evidencia la relación entre apoyo social y bienestar, existiendo señalamientos a nivel de investigación respecto a un impacto directo e indirecto, adaptación social e incluso biológica –afi rman infl uencia sobre las reacciones neuroendocrinas– o amortiguador (Barrón & Sánchez, 2001; Crane & Constantino, 2003). Así, Valero (2005, p. 3) entiende: las instituciones no son solo un grupo de personas, son… un conjunto de normas, costumbres o tradiciones que utilizan los individuos para alcanzar objetivos o metas consideradas básicas en el funcionamiento social…, que cumplen la función de organización de la vida cotidiana de la sociedad, por medio de modelos emergentes de las necesidades sociales. En el caso de los internos penados, son estas las que determinan las acciones que se deben emprender para prevenir su reincidencia y la presencia de nuevos casos.

Ambas redes pueden cumplir distintas funciones, y estas explicadas y analizadas en el ámbito en el que se genera nuestra intervención, diferenciando: plano afectivo (las emociones), que es otorgado, por una parte, por las personas que integran la red informal del liberado, considerando las más cercanas a él, entre ellas amigos o parientes, y por otra, por el equipo terapéutico de las instituciones; plano cognitivo (acciones de orientación), que puede ser otorgado por la red formal e informal, a partir del cual se buscan las pautas para la resolución ante cualquier problemática, y, por último, el instrumental (apoyo económico, material o servicios), que en general tiende a atribuirse básicamente a la red informal, aunque ya empieza en diferentes realidades de países avanzados a contribuir en ello la red formal.

En conclusión, el ambiente, sea este penitenciario o no, está compuesto no solo de variables físicas o situaciones estimulares, sino que, también, se compone de aquellas personas que interactúan en ese medio, colaborando en la realización de diversas actividades programadas, es decir, conformando un clima emocional, que asumimos como el estado de ánimo compartido por los miembros de un grupo –pequeños o grandes, formales o informales–, relativamente estable, construido a partir de la interacción social entre los miembros e infl uido por los eventos positivos o negativos que afectan a aquellos (Estrada, Rodríguez & Herrero, 2013; Ruiz, Bringas, Rodríguez & García, 2013; Páez, Ruiz, Gailly, Kornblit, Wiesenfeld & Vidal, 1997). El clima emocional es tanto un producto de esa interacción como una variable de grupo que incide en las conductas de sus miembros.

De esta manera, asumimos que los establecimientos penitenciarios están integrados por dos colectivos diferenciados: funcionarios y penados. Cada uno presenta sus características y problemáticas, que el tratamiento penitenciario va a centrarlo en la perspectiva de la competencia y de la salud. Es decir, la reinserción social para evitar la exclusión social, en tanto se logra el crecimiento de aspectos individuales (e. g., incremento de estrategias de afrontamiento adaptativas) y comunitarios (e. g., expansión de la red de apoyo para mejorar el nivel de bienestar y calidad de vida del penado).

3. Objetivos y principios

El objetivo general y los específi cos de la UTE están recogidos en el contrato terapéutico, que a partir de 1994 dio lugar al primer “espacio libre de drogas” en el Establecimiento Penitenciario de Villabona (Asturias, España). Este cambia el nivel de derechos y obligaciones para los internos que se encuentran integrados en la unidad, justifi cándose alrededor del objetivo general de lograr una preparación sistemática del interno, a través de un proceso educativo integral, que permita la concienciación y normalización para continuar su reinserción en los diversos recursos terapéuticos externos y/o del contexto que deviene al establecimiento penitenciario. Ello conlleva como objetivos específicos:

− Desintoxicar y deshabituar a las personas afectadas por su adicción a las drogas;

− Integrar y estabilizar a personas con larga trayectoria adictiva en programas de disminución de daños (programa de mantenimiento con metadona);

− Adquirir mecanismos y actitudes que ayuden a reforzar el proceso personal de cambio y abandono de conductas delictivas;

− Interiorizar hábitos y habilidades sociales que permitan adoptar una forma de vida saludable, a la vez que educar en valores y actitudes prosociales;

− Iniciar o reiniciar estudios inacabados, u otro tipo de formación, que favorezcan el desarrollo de competencias para la reinserción social, a la vez que promover la positiva utilización del tiempo libre;

− Trabajar la comunicación y las relaciones positivas entre las personas, buscando fomentar el crecimiento personal, como autocontrol, autoestima, sinceridad y responsabilidad.

− Incentivar las relaciones familiares.

De esta manera, resaltan como características del tratamiento penitenciario que tiene lugar en la UTE:

− Desarrollar una aplicación multinivel (individuo, grupo, organización).

− Potenciar la competencia del individuo, grupo y organización para la determinación y control de su conducta y destino, como creencia, efi cacia y disposición de los individuos para involucrarse en actividades que incidan en el ambiente comunitario.

− Favorecer el incremento de la participación competente en la vida social, grupal, comunitaria,… teniendo como objetivo el reducir el nivel de “alienación”, “anomia” al mejorar la autoefi cacia y la promoción de la salud, el bienestar individual y comunitario.

− Pasar del modelo de indefensión aprendida –experiencia de carencia de control, percepción de incontrolabilidad, atribuciones causales y expectativas futuras sobre eventos incontrolables,…– a desarrollar la esperanza aprendida –experiencia de control, atribución causal y expectativas futuras de control exitoso; empoderamiento psicológico,…–, donde de forma explícita se destacarían como principios la globalidad, coordinación, integración, participación, prevención, responsabilidad, normalización y universalidad o la igualdad.

Esta intervención se rentabiliza en la construcción de un proyecto para todos los internos, sea cual sea su problemática, en tanto el motivo que les lleva a la actividad delictiva, a unos y a otros, tiene que ver con défi cit y carencias similares. De ahí el carácter alternativo del proyecto terapéutico, en tanto otra manera de vivir la prisión, tanto para internos como profesionales penitenciarios, descansando en los siguientes principios (Álvarez, 2007; Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 2005):

1. El reconocimiento de la potencialidad, calidad profesional y humana del trabajador penitenciario, con especial referencia al grupo de vigilancia, que representa la inmensa mayoría del colectivo penitenciario y la primera línea de intervención. Esto se traduce en un alto nivel de implicación, satisfacción con la tarea diaria y superación, frente al estado de frustración y baja autoestima.

2. El reconocimiento de los internos como sujetos activos en su proceso de cambio personal. El interno se siente valorado, protagonista de su presente y futuro, pasando a vivir la cárcel desde la distensión y la refl exión –contribuye al cambio del ambiente penitenciario destructivo.

3. El encuentro entre los colectivos de internos y funcionarios, superando el antagonismo histórico y estableciendo un modelo de relaciones en un marco de cogestión o corresponsabilidad, que se concreta en una organización social que va a generar o posibilitar el cambio.

4. La superación de la subcultura carcelaria en el espacio físico de la prisión (un espacio libre de drogas, sin violencia, sin grupos de presión, liberado de la “ley del silencio”), en el que tienen cabida hombres y mujeres, jóvenes y adultos, drogodependientes o no, primarios y reincidentes, preventivos y penados, segundos y primeros grados –excepto condenados por delitos de tipología sexual en la unidad en la que convivan internas.

5. Espacio de los funcionarios de vigilancia penitenciaria con rol de educadores, participando directamente en la actividad terapéutica; constituye, con el resto de profesionales, el Equipo Multidisciplinar, órgano máximo de decisión de la UTE para generar:

a) Un espacio donde los ejes centrales sean el grupo terapéutico, escuela y actividades formativo- ocupacionales, como instrumentos de intervención y desarrollo terapéutico.

b) La concienciación de los internos, a través de asumir los défi cits y carencias que arrastran en el proceso de su vida y que les van a conducir a la actividad delictiva.

c) Estimación de la salud, a través de la creación de un espacio saludable para los internos en general, y para todos aquellos que padecen enfermedades infectocontagiosas, en particular, que se concreta en el Taller de Educación para la Salud.

d) Un espacio educativo en todas sus dimensiones, de tal manera que todas las experiencias y actividades que se desarrollan en la unidad tienen dicho carácter.

e) Aislamiento del resto de la población reclusa y apertura a la sociedad, con la que se relaciona, tanto en el interior como en el exterior, a través de distintas instituciones públicas y privadas. En este sentido, resaltar el sentir como propia la concesión del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional a “Ashoka” –organización social de emprendedores a la que pertenecen los fundadores de la UTE.

6. Valoración del concepto de reinserción, entendido como un proceso de socialización que se puede iniciar en la prisión, pero que continúa y fi naliza en la sociedad a través de distintos recursos terapéuticos.

7. La prevención, en cuanto que evita los procesos de desocialización que surgen de la asimilación de la cárcel como escuela de delincuencia. Resalta como aspecto fundamental para los jóvenes, que ingresan por primera vez en prisión, el tener la posibilidad de entrar directamente en la unidad, con lo que se evita pasar por otros módulos.

4. Características organizacionales

Los ingresos en la unidad pueden realizarse tanto en el momento de su encarcelamiento –personas que estén llevando tratamiento en alguna entidad terapéutica exterior, jóvenes menores de 21 años, con o sin adicciones a las drogas, y que voluntariamente lo soliciten, así como casos que por sus circunstancias valore el Equipo Multidisciplinar– como durante él, siempre y cuando el interno desde otros módulos de la prisión lo solicite por instancia, la cual va a ser valorada por el Equipo Multidisciplinar –aquí, y como norma general, se pospondrá el ingreso de los internos que estén pendientes de cumplimiento de sanciones.

Decidido su ingreso, el procedimiento se inicia con la recepción del interno por el Grupo de Apoyo de Internos, que le explicarán las normas del módulo. En caso de traer drogas o cualquier otra cosa no autorizada, se requisará y será entregada al profesional. Se rellenará una fi cha de comunicaciones (personas con las que se va a comunicar) y fi rmará el contrato terapéutico, que posteriormente será ratifi cado por el Equipo Multidisciplinar.

Un día después de su ingreso será entrevistado por un profesional del Equipo Multidisciplinar, para completar un protocolo sobre distintos aspectos personales, familiares y sociales, a la vez que se le asignará un grupo terapéutico de pertenencia y las actividades formativo-ocupacionales en las que se integrará. A la vez, durante el primer mes de estancia, en la unidad, tendrá imposición de relacionarse solamente con los miembros de su grupo.

Las derivaciones a los distintos recursos terapéuticos del exterior, criterio de interés por la incorporación comunitaria, se realiza a través del art. 182 del R. P., que posibilita la excarcelación del interno (en tercer grado de tratamiento) para la realización del programa terapéutico y simultáneamente el cumplir condena. Ello supone considerar al interno como sujeto de derecho no excluido de la sociedad (arts. 25.2 y 27.1 de la Constitución), a la vez que se sostiene que continúa formando parte de ella (art. 3.3 del R. P.); además, implica un mayor nivel de compromiso de la institución penitenciaria y un mayor trabajo educativo en el centro penitenciario con los internos, que se debe continuar en el marco comunitario.

El análisis de esta realidad –período del 2000 al 2010, resultados del microestudio presentado en la tabla 2– nos proporciona una visión sobre el grado de reinserción de un núcleo de internos a los cuales la institución penitenciaria les ha ofrecido una nueva oportunidad –en las UTE más de 6.000 internos, siendo derivados 826, es decir, más del 13% del total–. Coincidimos, pues, con Yagüe (2007) y Lorenzo, Aroca & Alba (2013) al asumir la intervención como proceso a largo plazo de logros consolidables desde cierto grado de dependencia a la autonomía personal (tabla 2).

La interpretación de estos resultados permite resaltar que el Centro Penitenciario de Villabona alberga, según los años, menos del 3,0% de los penados de España; ahora bien, atendiendo al desarrollo del art. 182 del R. P. ha derivado entre el 10 y el 20%, según los años, de los penados en prisión. Su ratio de atención, pues, es de entre tres y cinco veces superior a la media nacional, en la derivación a comunidades terapéuticas extrapenitenciarias, a la vez que cabe destacar, por un lado, que la UTE ofrece un progresivo aumento, que es de esperar que llegue a ocupar un 50% de la atención a los internos en este centro penitenciario, a lo largo de este año; por otro lado, mientras a nivel nacional la LO 7/2003 supuso un marcado retroceso en el número de internos derivados a comunidades terapéuticas, en nuestro centro se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles de años anteriores, al menos hasta el 2011; asimismo, si el perfi l del interno es el adecuado podrá ser mejorado de grado, lo que se ha potenciado por los arts. 83 u 86.4 del R. P.

El desarrollo de esta realidad se da alrededor de una organización social –para un desarrollo amplio, vid. Álvarez (2007) y Dirección General de Instituciones Penitenciarias (2005)– sustentada en:

1. La representación de los profesionales la conforma el equipo de Coordinación –la labor de coordinación, elemento indispensable para afrontar con éxito la actividad diaria y, en consecuencia, el logro de los objetivos de la UTE, teniendo en cuenta que se trata de coordinar el trabajo de un colectivo humano de más de 60 personas y de diferentes sectores profesionales–, el Equipo Multidisciplinar –órgano máximo de decisión de la UTE, integrado por los trabajadores de los distintos ámbitos profesionales de la institución, con especial relevancia del área de funcionarios de vigilancia, que al representar la primera línea de intervención dentro de la institución penitenciaria permite el seguimiento del proceso terapéutico de los internos durante las 24 horas del día–, los tutores –las tutorías, desempeñadas por los funcionarios de vigilancia, constatan, de manera concluyente, el cambio de rol de vigilante a educador/a– y los funcionarios colaboradores.

2. La representación de los internos se conforma por el Grupo de Apoyo –internos que han adquirido un nivel de concienciación e implicación en su proceso terapéutico; representa la primera línea de actuación del compromiso de los internos con el proyecto terapéutico de la UTE, en su cogestión, y constituyen su propio grupo de autoayuda–, representantes –internos que empiezan a destacar de manera positiva en los distintos grupos y que en el futuro serán internos de apoyo en la UTE, son corresponsables, junto con los apoyos, de las diferentes comisiones nombradas por el Equipo Multidisciplinar–, Comisiones de Trabajo –instrumento de participación y control en los diferentes bloques de actividades que se desarrollan en la UTE– y Asamblea -escenifica el sistema de cogestión o corresponsabilidad que fundamenta la UTE.

5. El modelo de cambio. Noción, enfoque y desarrollo

El proceso de cambio en la inadaptación se puede entender como algo lineal, y sí más bien en espiral. Su consolidación fundamenta los procesos para su comprensión: corresponsabilidad y cogestión, a la vez que su mecanismo para la adaptación: confrontamiento, que implican actitudes e intenciones en pasos graduales orientadas a consolidar el cambio –un desarrollo más pormenorizado en Rodríguez et ál. (2013b).

No se puede poner en duda, a estas alturas del discurso, que las variables personales que dan forma a las acciones comportamentales del interno son productos de su historia personal vital, o lo que el modelo UTE entiende como “potenciales” –formas de conceptuar el impacto causado por el estímulo, que es capaz de generar una pauta de conducta–; se entiende el efecto “prisionización” como situación ambiental que el individuo puede percibir y ante el cual reacciona, es decir, conceptualiza y asume mantener o no.

Ello implica que el primer gran cambio para ofertar en la UTE sea el compromiso contractual fi rmado, o lo que es lo mismo: cambio de potenciales en un nuevo ambiente situacional de ruptura, en tanto se sientan capaces de tomar el rumbo de sus vidas, refi riendo diferentes realidades de cambio en el trascurrir del ajuste persona-ambiente (Smith, 1987), en el aprendizaje de la responsabilidad personal (vid. tabla 3). Sánchez (1995), desde este posicionamiento, identifi ca dos tipos de cambio. Por un lado, aquel que tiene lugar dentro de una situación dada, y por otro, el que sucede en un grupo y que se expresa más tarde en otro grupo, es decir, aquello aprendido y dinamizado en la UTE va a ser utilizado posteriormente en otros contextos, ya familiares o sociales. En otras palabras, los módulos que escenifi can situaciones –reales o simuladas– cotidianas que procuran adaptar la intervención educativa a las expectativas del interno –la vieja prisión vista en su vertiente populista, representada en los módulos de respeto– frente a aquellos que expresan la clara vocación comunitaria, donde se le otorga a la educación un carácter preventivo y no solo terapéutico, más emancipador que represivo, con soluciones desde el grupo, en las que sin contravenir la necesidad de intervenciones terapéuticas, se ofrecen respuestas globales e integrales a cada uno de los internos que atienden sus circunstancias vitales.

El inicio de este cambio de corte comunitario deseado en el interno es difícil de imaginar sin la implicación de este en sus procesos –como protagonista y no como simple destinatario–, con una nueva visión de quiénes deben orientar sus vidas durante y después de estar en prisión. Es necesario el cambio en y de los internos, el cual se inicia con la fi rma del contrato, que de acuerdo con Hoeppner et ál. (2006), en un primer momento, no va a incidir ni en actitudes ni en hábitos. Dicho esto, la realidad es matizable en tanto el cambio que supone el espacio físico de la UTE para el interno sí supone un cambio inmediato; es decir, de estar consumiendo droga a dejar de consumirla, de comunicarse con una persona negativa y trafi cante (que introduce drogas en el medio) a dejar de hacerlo, en la higiene y aspecto de la unidad y en la imagen del resto de compañeros, cambio en la actitud que se le pide desde el ingreso, y que viene bajo un contrato terapéutico que fi rma desde el primer momento.

Todo ello son cambios muy signifi cativos, que sin duda determinan una manera de cumplir la condena fuera de la subcultura carcelaria, aunque lógicamente no exista un cambio actitudinal. Ello, como mínimo, implica no solo al interno, sino también a su familia, a la propia institución y a la comunidad; a su vez, va a conformarse a través de planifi car e implementar de manera integrada una educación formal e informal durante su vida en prisión, orientando la intervención al desarrollo de competencias sociales en función de la reinserción social y de acuerdo con las expectativas que le abra la situación, para cumplir con las expectativas que le hayan llevado a aceptar tal implicación.

La conducta potencial, poco a poco, va a incrementar el autofortalecimiento que va tomando forma en espiral producto de esta realidad. Pasa a convertirse en manifi esta, atendiendo a las expectativas de las posibles consecuencias que pueden derivarse dentro de las posibilidades de respuesta alternativa que se tenga. En pocas palabras, la decisión de elegir esta nueva opción comportamental va a depender directamente de las consecuencias que prevea dentro de las alternativas que se van conformando con el tiempo: previsibles –sustentadas en sus experiencias anteriores, lo que implica necesidad de ruptura y una nueva historia vital– y consecuencias asociadas a los estímulos de la situación –el interno ve su estado actual (estímulo actual) y aquel al cual se le derivaría (consecuencias asociadas)–, que pueden ser percibidas como de carácter positivo, naturaleza negativa, pasividad, actividad y situación de interacción social.

El interno, de esta manera, va a ir construyendo una nueva historia personal, en la que aparecerán conductas y acciones hasta ahora prescritas en su repertorio; es decir, las nuevas conductas competentes adaptadas tienen ahora coherencia y dan forma a un nuevo sistema de valores y una nueva manera de actuar y pensar (estrategias de afrontamiento). Esta realidad va a ir conformando el paso de la conducta de “queja” a la “ruptura con la queja”, donde a través de la metodología que conlleva la UTE (talleres y actividades culturales y de ocio) se va a ir creando una nueva historia de vida personal que va a dar paso de una realidad de contemplación –aceptan inicialmente el problema, acompañado esto de un primer compromiso de cambio a corto plazo, luchando por evaluaciones “positivas” y gastando una gran energía en ello, por lo general a través de confrontar a continuo– a una preparación (se van a lograr mejoras, pero sin alcanzar un criterio adaptativo de éxito por falta, muchas veces, de recursos y de no identifi car la idoneidad de aquellos que se encuentran a su disposición); el grupo, aquí, es determinante.

Esta etapa pasa a la acción, donde el interno modifi ca su comportamiento con conductas que implican visibilidad al iniciar su compromiso, tanto en tiempo como en energía con la corresponsabilidad –mayor participación y deseo por desarrollarla efi cazmente– y cogestión de la responsabilidad en el logro de objetivos y en la construcción de un ambiente tanto personal como social muy alejado de la subcultura carcelaria.

El cambio, en este momento, se espera que sea duradero, y aumentan las expectativas de integración social, de preparación para afrontar la vida en libertad; se trabaja el mantenimiento de esta realidad ya a través de la familia “sana”, tan importante para su adaptación (Estrada, Chan & Rodríguez, 2011), como por medio de asociaciones o recursos externos, que se conforman por salidas formativas y permisos (arts. 182, 83 u 86.4), sobre las cuales se da forma a sus actividades educativas y de ocio, pero también sobre aquellos recursos externos donde acudir y confrontar para prevenir la recaída (Rodríguez et ál., 2004).

La UTE, a estas alturas, ha fortalecido la autoefi cacia del interno, el cual va a ir superando las diversas etapas hasta el estadio de cambio de mantenimiento –establece su alta terapéutica–. En este momento, el “balance decisional” de los pros que conforman su adhesión a la subcultura carcelaria han disminuido de tal manera que sus acciones se contemplan en la base de los contras de esta, donde las acciones terapéuticas/educativas y su peso son diferentes y adaptadas al interno para dar lugar a una actitud en función del proceso de crecimiento de una nueva historia personal. Aquí la referencia viene dada por las habilidades desarrolladas “de facto” por los sujetos resistentes y los que participan en programas de éxito en prevención de conductas delictivas –reconstrucción de las relaciones familiares, habilidades sociales y resolución de problemas inclusivos (sin utilizar criterios externos al individuo), desarrollo moral; se enfatizan aprendizajes reales donde practicar conductas prosociales– (Rodríguez et ál., 2013b).

Este desarrollo del cambio la UTE lo intentará sostener y mantener a través de la inclusión de agentes externos en el proceso formativo, el fomento de la ayuda mutua en los procesos de aprendizaje, la perspectiva comunitaria e internacional del proyecto que facilitará la formación de respuesta a las competencias que demanda la sociedad (CREA, 2004). De igual manera, se busca fomentar la habilidad de procesar la información, la generalización del comportamiento adquirido, competencias interculturales, predisposición a la formación permanente, capacitar para el autoaprendizaje, responsabilidad y habilidades comunicativas; es decir, se busca construir un escenario de interacción individual, donde se utilicen de forma inteligente los recursos internos y externos, poniendo acento en la dimensión instrumental del aprendizaje y tomando como base dos fases sobre las cuales construir el cambio a través del reconocimiento de su territorio como espacio educativo y transformador de la propia historia personal del interno se produce esto a través del encuentro entre el profesional penitenciario y el interno.

En esta realidad, y en la medida que van teniendo éxito las dos fases para conquistar el territorio, el espacio educativo se va imponiendo más un nuevo rol, donde la impulsividad y el egocentrismo tienen menor cabida y dan paso a unos nuevos valores que se tratarán de sostener. Para ello se desarrolla un mecanismo sobre el cual se puede observar y profundizar en el éxito de la adaptación del interno, es decir, el confrontamiento. Es el cambio basado en la identifi cación, donde la UTE toma al grupo como agente principal para favorecer el cambio –aunque no el único, destacando a su nivel la escuela y la familia–, al acompañar al interno en su proceso e itinerario; asume la importancia del ejercicio de estar abierto a la opinión de otras personas o grupos. A la vez, se aprende a debatir y a tomar el diálogo como herramienta base para evaluar y reconocer errores y aciertos; en otras palabras, interactuar sobre la base del respeto mutuo, desde los roles y la responsabilidad de cada uno en el momento determinado de la acción.

6. Los instrumentos de intervención

El planteamiento realizado implica comprender la UTE como un modelo nuevo de convivencia penitenciaria, que busca una adaptación competente y comunitaria ante las difi cultades del medio penitenciario y la subcultura que favorece. Esta alternativa ofrece la posibilidad al interno de construir una historia personal nueva en la prisión, donde transformar las difi cultades en posibilidades a través del marco educativo –cambia a la persona, lo que sabe y como lo sabe (Martín, Vila & De Oña, 2013)–, respetando el ritmo a la vez que primando lo educativo, es decir: se orientan las actuaciones hacia los procesos, más que a resultados inmediatos.

De esta manera, frente a la tendencia a “terapeutizar”, “medicalizar” o “psiquiatrizar” la realidad penitenciaria, se da paso al modelo educativo y terapéutico de justicia, donde los procesos educativos son básicos y los confl ictos se visualizarán como parte del devenir humano, sin tratar de ocultarlos en una falsa convivencia (Gil, 2010).

Escuela

Pilar de la UTE, en cuanto supera el esquema tradicional de frustrante recuerdo para los internos, se convierte en medio estimulante, atractivo, dinámico, para ayudar a conseguir el nivel de concienciación y normalización, objetivo de este espacio terapéutico. Con todo, los permisos de salida, las salidas terapéuticas, los cursos formativos en el exterior y las actividades formativo-ocupacionales –fundamentales para la futura reinserción laboral del interno–, el taller para la salud y la asistencia sanitaria y psiquiátrica –para tratar de afrontar y prevenir en esta población de riesgo– y las actividades cotidianas, culturales, deportivas, de ocio, y aquellas que posibilitan las relaciones con la comunidad –ONG, Grup 33, encuentros con alumnos de enseñanza secundaria de centros escolares asturianos, convenios con la universidad,…– y la familia –comunicación con miembros considerados positivos, siendo su función predominante el seguimiento en los permisos de salida y en derivaciones que se realicen hacia la comunidad, contando con el apoyo de la asociación de familiares y amigos de la UTE– son sus pilares – una justifi cación y desarrollo pormenorizado en Álvarez (2007).

Grupo terapéutico

Espacio de encuentro entre profesionales e internos –parte de un clima igualitario, donde el interno es el experto sobre su vida–. Se trata de convertir la acción educativa del grupo en un diálogo entre personas –lejos de ejercer vigilancia para impedir equivocaciones–; compartir la realidad de cada uno y realizar un encuentro interpersonal de mutuo enriquecimiento a través del confrontamiento; utilizado para desarrollar estrategias asumidas, que conforman la cohesión del grupo y proporcionan el apoyo necesario para llegar a la experiencia y a la conciencia de sí; fundamental para afrontar las atribuciones de causa. El feedback y toma de conciencia a través de la intervención del grupo va a proporcionar situaciones de apoyo y de confrontamiento, lo que se pretende que facilite el cambio personal construido participativamente.

El grupo integra a todos los internos que acceden a la UTE, independientemente de su problemática, no pudiendo superar los quince internos, más dos del Grupo de Apoyo, a la vez que va a ser dirigido por uno/a o más profesionales, con el objetivo de que se cumplan las funciones de servir, por un lado, como espacio de comunicación donde el interno muestra sus carencias y défi cits de socialización, a través de la revisión, refl exión y confrontación con el resto de miembros –resaltar la carta de presentación, como fi n del período de queja e inicio de una nueva construcción de consistencias personales–; por otro lado, como espacio de análisis de los acontecimientos vitales, desde el ingreso en la unidad, a la vez que motivar sinceridad y honestidad –ambiente para sentirse acogido, escuchado y querido, lo que le proyectará hacia el futuro–.

Reflexiones finales para el logro de la prisión constitucional del siglo XXI

Presumimos que toda intervención, porque haya sido etiquetada como tal, no es efectiva ni tiene por qué facilitar el objetivo último que va a responder: la reinserción social vinculada a la intervención educativa en el medio penitenciario (Aroca, 2010; Farrington & Welsh, 2006). La cárcel actual en España es un exponente visible de los fracasos de la libertad y, en cierto modo, de la educación (Caride & Gradaille, 2013), ante lo cual encontramos el planteamiento alternativo de la UTE por concretar en una regulación normativa por ley y reglamento, que fuerce sus potencialidades y posibilite su desarrollo, más allá del cambio por sumisión o identifi cación –la internalización con el objeto de que el cambio logre un nuevo rol personal y la carrera del delito sea pasado–, bajo los principios de la intervención efi caz y evitando los posibles ataques populistas de fuerzas contrarias al cambio (Garrido, Farrington & Welsh, 2006).

Nos encontramos con la necesidad de superar la sociología del castigo y la óptica tecnocrática de la prisión, como “vagón escoba”; se necesita una racionalización del proceso de intervención del tratamiento penitenciario, donde lo decisivo sea aprender a aprender y las políticas de integración complementadas con la inserción, como estrategia. Desde esta perspectiva, el modelo de convivencia de la UTE lleva a sostener:

1. El problema de la delincuencia no es una lacra ni un castigo o epidemia, sino un problema social que concierne a todos. Para hacer frente a esta problemática hay que dirigir los esfuerzos hacia la prevención.

2. El problema de la delincuencia, en general, y de las prisiones, en particular, es una cuestión que sufre de sensacionalismo e “ideologicismo”, con escasa investigación empírica para fundamentar la toma de decisiones.

3. La prisión ha fracasado rotundamente en los dos fines primordiales encargados por la sociedad –reeducación y reinserción social–, por lo que debe cuestionarse su continuidad. Reconocida su nula capacidad para disuadir, ¿cuál es su papel en nuestra sociedad?

4. La prisión conlleva consecuencias negativas en la futura integración de penados (a nivel afectivo, social, laboral,…), siendo necesario llevar información a la sociedad sobre lo que ocurre en nuestras prisiones.

5. Hay obstáculos y limitaciones para desarrollar programas efi caces –como el propio de la UTE–, aun cuando estos estén institucionalizados como modelo de tratamiento penitenciario.

6. Es necesario sustituir el modelo médico/clínico por el terapéutico/educativo, en tanto el tratamiento penitenciario conlleve un componente psicosocial, donde:

a) Es más necesario y útil el distinguir dos niveles en la teoría y práctica de la competencia: una a nivel individual y otra a nivel comunitario; cada una de ellas tiene implicaciones distintas para la descripción, explicación y “realzamiento” de la competencia.

b) Se enfatiza la importancia de la competencia, como algo dinámico y alternativo al tratamiento penitenciario del défi cit, lo que conlleva implicaciones tanto a nivel individual como comunitario. La UTE es un modelo de prisión alternativo educativo-psicológico, multifacético y estructurado, aplicable a diversas poblaciones de delincuentes, que ofrece resultados de mejora en el repertorio de conocimientos, destrezas y estrategias cognitivas, a la vez que promueve el cambio hacia valores prosociales.

c) El tratamiento penitenciario de la UTE cuenta ya con “tecnología” propia para el desarrollo de la competencia individual; ahora la pregunta es: ¿hasta qué punto es efectiva dicha tecnología sin un aporte comunitario que apoye la reinserción social?

7. El modelo de la UTE muestra que el ambiente penitenciario puede transformarse, para constituirse en marco adecuado para iniciar la reinserción social de los internos –es posible educar en ausencia de libertad–. La prisión deja de ser un espacio de castigo y se orienta como ayuda “educativa”.

8. La necesidad de contar con el colectivo de funcionarios de vigilancia de prisión para una intervención efi caz –la rehabilitación, por sí misma, en prisión no existe, así como tampoco la reinserción social sin apoyo comunitario–. El proceso de transformación y cambio solo es posible en el encuentro a través del modelo de cogestión, corresponsabilidad y confrontamiento de los dos colectivos –funcionarios e internos– que protagonizan la UTE.

9. Los profesionales de la conducta, y en concreto los psicólogos jurídicos, están en disposición óptima para prestar servicios y colaboración –como profesionales–, tanto a nivel intrapenitenciario como en el ámbito comunitario.

10. Asumir la necesidad de integración social, así como el derecho ciudadano a participar en la sociedad, es decir, ser partícipes en las decisiones que les afecten.

Agradecimientos

A los funcionarios y trabajadores de la UTE, que han sabido superar nuestras molestias en el afán de conocer una realidad apasionante, y a la Subdirección de Tratamiento de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por las facilidades y apoyo prestado en todo momento.

Referencias

Álvarez F., E. (2007). La unidad terapéutica y educativa del centro penitenciario de Villabona (Asturias): un modelo alternativo de intervención penitenciaria. En F. J. Rodríguez Díaz, C. Bringas, Fca. Fariña, R. Arce & A. Bernardo (2008). Psicología jurídica. Entorno judicial y delincuencia. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo. Colección Psicología y Ley, No. 5, pp. 399-415.

Aroca, C. (2010). La violencia fi lio-parental: una aproximación a sus claves. Tesis doctoral. Valencia: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad de Valencia.

Arroyo-Cobo, J. M. (2011). Estrategias asistenciales de los problemas de salud mental en el medio penitenciario, el caso español en el contexto europeo. Revista Española de Sanidad Penitenciaria, 13, pp. 100-111.

Barrón, A. & Sánchez, E. (2001). Estructura social, apoyo social y salud mental. Psicothema, 13 (1), pp. 17-23.

Caride G., J. A. & Gradaille P., R. (2013). Educar en las cárceles: nuevos desafíos para la educación social en las instituciones penitenciarias. Revista de Educación, 30, pp.36-47.

Crane, P. A. & Constantino, R. E. (2003). Use of the interpersonal support evaluation list (ISEL) to guide intervention development with women experiencing abuse. Issues in Mental Health Nursing, 24, pp. 523–541.

CREA –Centre de Recerca Social i Educativa de la Universitat de Barcelona– (2004). WORKALÓ. The creation of new occupational patterns for cultural minorities. The gypsy cased. RTD. FP5. DGXII. Improving The Socioeconomic Knowledge base. European Commision.

Díez R., J. L. (2006). La evolución del sistema de penas en España: 1975-2003. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.

Dirección General de Instituciones Penitenciarias (2005). Unidad Terapéutica y Educativa. Centro Penitenciario de Villabona. Un modelo de intervención penitenciaria. Documentos Penitenciarios, 1, pp. 7-35.

Domínguez, S. (2004). Estrategias de movilidad social: el desarrollo de redes para el progreso personal. Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, 7 (1): 1-46.

Endler, N. S. (1981). Persons situations and their interactions. En A. I. Rabin, J. Aronoff , A. M. Barclay & R. A. Zucker (Eds.). Further explorations in personality. Nueva York: Wiley.

Endler, N. S. & Magnusson, D. (1976a). Toward an Interactional Psychology of Personality. Psychological Bulletin, 83, pp. 956-974.

Endler, N. S. & Magnusson, D. (1976b). Interactional psychological and Personality. Washington, D. C.: Hemisphere Publish, Inc.

Endler, N. S. & Speer, R. L. (1998). Personality psychology: Research trends for 1993-1995. Journal of Personality, 66, pp. 621-669.

Estrada, C., Chan, E. C. & Rodríguez D., F. J. (2011). Delito e intervención social. Una propuesta para la intervención profesional. Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara.

Estrada, C., Rodríguez D., F. J. & Herrero, J. (2013). Rol del apoyo social en la reincorporación de penados. Un estudio del sistema de pospenitenciario de Jalisco (México). Universitas Psychologica (en revisión).

Estrada, C., Rodríguez D., F. J., Herrero, J., Chan, C., Torres, A. & Madrigal, K. (2011). La reinserción social de los penados. En C. Estrada, E. Claudia y F. J. Rodríguez D. (Coords.). Delito e intervención social. Una propuesta para la intervención profesional (pp. 65-96). Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara.

Farrington, D. P. & Welsh, B. (2007). Saving Children from Life Crime. Early Risk Factors and Eff ective Interventions. Oxford: Oxford University Press.

Fernández R., L. & Rodríguez D., F. J. (2002). Prevención de la violencia en una sociedad violenta: hechos y mitos. Psicothema, 14 (Supl.), pp. 147-154.

Fernández R., L. & Rodríguez D., F. J. (2007). ¿Individuos patológicos o sociedad enferma? Ambigüedades en la prevención de la violencia. En F. J. Rodríguez D. & C. Becedoniz (Coords.). El menor infractor. Posicionamientos y realidades. Oviedo: Gobierno Principado de Asturias. Colección Ley y Ciencias Sociales, No. 1 (pp. 203-235).

Garrido, V., Farrington, D. P. & Welsh, B. (2006). The Importance of an Evidence Based Approach in the Current Spanish Policy for Crime Prevention. Psicothema, 18 (3), pp. 591-595.

Gil C., F. (2010). La acción pedagógica en las prisiones. Posibilidades y límites. Revista Española de Pedagogía, 245, pp. 49-64.

Gracia, E., Herrero, J. & Musitu, G. (2002). Evaluación de recursos y estresores psicosociales en la comunidad. Madrid: Síntesis.

Haro, J., et ál. (2006). Prevalencia de los trastornos mentales y factores asociados: resultados del estudio ESEMeD – España. Medicina Clínica (Barcelona), 126 (12), pp. 445-451.

Hoeppner, B. B., et ál. (2006). Psychometric Evaluation of the Smoking Cessation Processes-of- Change Scale in an Adolescent Sample. Addictive Behaviors, 31, pp. 1.363-1.372.

Lorenzo, M., Aroca, C. & Alba, J. L. (2013). La pedagogía penitenciaria en España: luces y sombras. Revista de Educación, 360, pp. 119-139.

Martín, V. M., Vila, E. S. & De Oña, J. M. (2013). La investigación educativa en el ámbito de las instituciones penitenciarias: panorámica, desafíos y propuestas. Revista de Educación, 360, pp. 16-35.

Martínez-Fresneda, G. (1992). Por un sistema de garantías. En F. Álvarez-Uría (Ed.). Marginación e inserción (pp. 303-309). Madrid: Endymión.

Páez, D., Ruiz, J. I., Gailly, O., Kornblit, A., Wiesenfeld, E. & Vidal, C. M. (1997). Clima emocional: una investigación transcultural. Revista de Psicología Social (12), 1, pp. 79-98.

Paíno, S. G., Rodríguez D., F. J., Cuevas, L. M. & Ordóñez, F. (1995). Cárcel hoy, alternativa mañana. Un análisis para la comunidad de inserción. Cuadernos de Política Criminal, 55, pp. 297-322.

Rechea, C. (2008). Conductas antisociales y delictivas de los jóvenes en España. Madrid: Consejo General del Poder Judicial y Centro de Investigación en Criminología. Universidad de Castilla-La Mancha.

Rodríguez D., F. J., Álvarez, E., García, F., Longoria, B. & Noriega, M. I. (2013a). El sistema penitenciario: un análisis desde el ayer para el mañana. En E. García-López (Ed.). Psicopatología forense. Comportamiento humano y tribunales de justicia. México: Manual Moderno.

Rodríguez D., F. J., Álvarez, E., García, F., Longoria, B. & Noriega, M. I. (2013b). Modelo alternativo de intervención educativa en el contexto penitenciario. Propuesta de un planteamiento desde la UTE de Villabona (Asturias). Aula Abierta (en revisión).

Rodríguez D., F. J. & Becedoniz, C. (2007). El menor infractor. Posicionamientos y realidades. Oviedo: Gobierno del Principado de Asturias. Colección Ley y Ciencias Sociales, No. 1.

Rodríguez D., F. J., Fernández R., L., Paíno, S. G., Jiménez, A. & Hernández, E. (2004). La comunidad como vehículo de integración social de la persona. En A. Hidalgo y R. Medina (Eds.), R. Hernández Mejía, F. J. Rodríguez D., J. Zaiter (Coords.). Cooperación al desarrollo y bienestar social (pp. 387-406). Oviedo: Eikasia Ediciones.

Rodríguez D., F. J. & Paíno, S. G. (1994). Violencia y desviación social. Bases y análisis para la intervención. Psicothema, 6 (2), pp. 229-244.

Romero, J. (2006). Nuestros presos. Cómo son, qué delitos cometen y qué tratamientos se les aplican. Madrid: EOS.

Ruiz, J. I., Bringas, C., Rodríguez D., F. J. & García C., E. (2013). Validación transcultural de una escala de clima emocional para ámbitos organizacionales penitenciarios (CEP). Revista Latinoamericana de Psicología (en revisión).

Ruiz, J. I. & Rodríguez, L. S. (2009). Estado del arte en psicología. Aportes desde la psicología jurídica y clínica al contexto penitenciario. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Sánchez C., M. (1995). Cambio personal e intervención grupal. Intervención psicosocial. Revista sobre Igualdad y Calidad de Vida, 10, pp. 31-39.

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2011). Informe General 2010. Madrid: Ministerio del Interior. Secretaria General Técnica.

Sirvent, C. (2006). Autoengaño y adicción. Norte de Salud Mental, 26, pp. 39-47.

Sirvent, C. (2007). La sociopatía adquirida. Revista Española de Drogodependencias, 32 (3), pp. 310-341.

Sirvent, C. (2012, noviembre). Aprendizaje de la marginalidad del sujeto adicto. III Encuentro Internacional y VI Nacional de la Red de Observatorios y Centros de Investigación del Delito. Bogotá, D. C.

Smith, P. B. (1987). Laboratory design and group process as determinants of the outcome of sensitivity training. Small Group Behavior, 18 (3), pp. 291-308.

Valero, J. A. (2005). Institución y organizaciones sociales. Madrid: Thomson.

Vicens, E., et ál. (2011). The prevalence of mental disorders in Spanish prisons. Criminal Behaviour and Mental Health. Crim Behav Ment Health,15. doi: 10.1002/cbm. 815.

Vila, E. S. & Martín, V. M. (2013). Presentación. Refl exiones en torno a los procesos educativos en centros penitenciarios. Revista de Educación, 360, pp. 12-15.

Yagüe, C. (2007). Mujeres en prisión. Intervención basada en sus características, necesidades y demandas. Revista Española de Investigación Criminológica, 5. Recuperado de http://www.criminologia. net/pdf/reic/ano5-2007/a52007art4.pdf.