Posconflicto en Colombia: un análisis del homicidio después del proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa*

A Post-Conflict Scenario in Colombia: A Homicide Analysis
After the Demobilization Process of Paramilitary Groups

Catalina Bello Montes
MSc. in Sociology of Crime, Control and Globalisation.
cbello@alumni.lse.ac.uk

RESUMEN

En este trabajo se analiza el comportamiento del homicidio en Colombia durante el período 2003-2006, en el que se llevó a cabo el proceso de desmovilización de los grupos de autodefensas, y que trajo como consecuencia una etapa de posconflicto para el país. A la luz de este tema, se exponen las experiencias de países que también han vivido escenarios de posconflicto, como Guatemala, El Salvador e Irlanda del Norte.

Posteriormente se hace una reflexión sobre el proceso de desmovilización, como una posible causa que ha contribuido al decremento de las tasas de homicidio. Junto con esto, otros factores, como los programas gubernamentales y la política de seguridad democrática, explican el descenso en las estadísticas del crimen. La metodología utilizada es una integración de análisis cualitativo y cuantitativo.

Palabras clave: conflicto, homicidio, criminalidad, violencia, estadísticas criminales, posconflicto (fuente: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD).

ABSTRACT

This paper analyzes the behavior of homicide in Colombia in the 2003-2006 period, during which the demobilization process of paramilitary groups was carried out, a fact that brought about a post-conflict scenario in the country. In the light of such a fact, this paper describes experiences also lived by countries that have held post-conflict scenarios – such as Guatemala, El Salvador, and North Ireland.

This paper afterwards reflects upon the demobilization process as a likely cause that has contributed to the decrease of homicide rates; different factors such as government programs and democratic security policy explain such crime-rate decrease. The methodology used is an integration of qualitative and quantitative analysis.

Key words: conflict, homicide, crime, violence, crime statistics, post-conflict (Source: Thesaurus of Latin American Criminal Policy - ILANUD).

* Este documento contó con el apoyo del Programa Alban, Programa de Becas de Alto Nivel de la Unión Europea para América Latina, beca No. E07M401575CO.

Fecha de recepción: 04-III-2009. Fecha de aceptación: 22-IV-2009. ISSN 1794 – 3108, Rev. crim., Volumen 51, Número 1, junio 2009, pp. 163-177. Bogotá, D. C., Colombia

INTRODUCCIÓN

Colombia ha tenido un conflicto armado durante los últimos 45 años. Los grupos paramilitares o de autodefensa se desmovilizaron entre el 2003 y el 2006, como parte de un proceso gubernamental. Puesto que la desmovilización se desarrolló en medio de un conflicto armado con otros dos grupos guerrilleros, es necesario examinar con cuidado las estadísticas criminales, dado que Colombia en la actualidad atraviesa por una etapa de posconflicto. Esto sucede porque, a pesar de la existencia del conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Colombia atraviesa por un escenario posconflicto, en lo que respecta a los grupos de autodefensa recientemente desmovilizados. El debate actual se centra en el análisis de las posibles variaciones del crimen, cuando el conflicto armado termine. Existe evidencia que sugiere que en etapas posconflicto, el crimen, en especial el homicidio, se incrementa (Moser, 2001; Vesga, 2002; Rettberg, 2002). Sin embargo, esta situación parece ser diferente en Colombia, donde los principales delitos han mostrado un descenso desde el 2002, sobre todo el homicidio. Esto a pesar del carácter de posconflicto de la sociedad colombiana (DeShazo et al., 2007; Ministerio de Defensa, 2008).

Las tasas de homicidio se utilizarán con el objeto de determinar si este delito ha variado de manera significativa después del proceso de desmovilización en Colombia, dado que es uno de los indicadores más importantes de los niveles de crimen y violencia. En este artículo se analizan las siguientes preguntas: ¿Hasta qué punto el descenso en los niveles de homicidio es una consecuencia del proceso de desmovilización de las autodefensas? Y si Colombia es una sociedad en posconflicto, ¿por qué los niveles de delitos no han aumentado después de la desmovilización, a pesar de la evidencia del surgimiento de nuevas bandas emergentes? El propósito principal es determinar si los niveles de homicidio han descendido como consecuencia del proceso de desmovilización o si esta variación es parte del fenómeno mundial y de estrategias que permitieron una significativa disminución de la criminalidad después de la década de los 90 (Levitt, 2004, p. 167; Reiner, 2007, p.117).

En el artículo se afirma que las tasas de delitos han variado significativamente durante el proceso de desmovilización. Sin embargo, esto no solo es consecuencia del hecho evidente que permitió al Gobierno nacional sacar del conflicto a uno de los principales grupos armados ilegales, también es el resultado de una combinación de elementos, que causaron la caída del delito en los últimos años. Estos factores son la mayor concentración de recursos en el presupuesto de seguridad y defensa, el incremento en el número de efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y el mejor control territorial por parte del Estado. Como se demostrará más adelante, el homicidio no está aumentando; por el contrario, está descendiendo, a pesar de la actual etapa posconflicto y el conflicto entre fuerzas irregulares y el Estado.

Por otro lado, es importante analizar los principales resultados del proceso de desmovilización. Existe evidencia que sugiere la conformación de nuevos grupos armados en las regiones donde operaban los grupos de autodefensa. Esto implica un cambio en el panorama general, en la medida en que la criminalidad se transforma, y pasa de grupos ilegales con una estructura militar y una escala de mando definida, a grupos de delincuencia común involucrados en el tráfico de drogas. Un análisis del proceso de desmovilización, con sus ventajas y desaciertos, brinda claridad a este tema. Este artículo involucra un análisis cuantitativo y cualitativo, con el apoyo de datos estadísticos de la Dirección de Investigación Criminal, durante el periodo de desmovilización (2003-2006) hasta el 2007.

Con el objetivo de responder a las preguntas de investigación, el artículo se estructura de la siguiente manera: primero se revisa la literatura relacionada con las sociedades en posconflicto y se presentan algunas experiencias internacionales, que vinculan la violencia con el posconflicto, como los casos de Guatemala, El Salvador e Irlanda del Norte. Después se ofrece un breve balance de lo que ha sido el proceso de desmovilización en el país, con sus éxitos y desaciertos. Igualmente, los datos estadísticos del homicidio en Colombia serán analizados y vinculados a los conceptos mencionados con anterioridad. Finalmente se concluye con los principales elementos que pueden ser considerados responsables de la reducción del homicidio en estos últimos años.

SOCIEDADES EN POSCONFLICTO
Características principales

Existe evidencia que muestra el papel de la violencia en sociedades en posconflicto, de modo especial en comunidades que se encuentran en transición de guerras civiles o conflictos armados a épocas de paz. De hecho, la violencia permanece como uno de los principales obstáculos para la reconstrucción y estabilización de las sociedades después de la guerra (Hoglund, 2004, p. 9).

De igual manera, Kumar señala que la violencia es una característica común en las sociedades en posconflicto. Esto se debe a que estas comunidades permanecen ‘fragmentadas, polarizadas y más dadas a la violencia’ (Kumar, citado en Darby, 2001, p. 38), pero también por la continua presión que los procesos de desmovilización de combatientes ponen sobre el Gobierno y la sociedad civil. Algunos estudios muestran que las víctimas de la violencia tienen más posibilidades de estar involucradas en acciones violentas. Esto puede demostrarse al analizar las tasas de homicidio antes del conflicto y después del proceso de negociación (Morrison, 2003, p. 103). Adicionalmente, algunos autores aseveran que entre más larga sea la confrontación armada, mayor es el daño a la estructura social y económica de las comunidades (Rettberg, 2002, p. 6).

Experiencias internacionales de posconflicto

Caso Guatemala

Finalizados los acuerdos de paz de Oslo, firmados entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala, en 1996, este país se transformó en ‘una nación en posconflicto’ (Palencia Prado, citado en Moser, 2004, p. 45). Al igual que otros países que enfrentan una etapa posterior a la confrontación armada, el fin de la guerra civil no significó el fin de la violencia. Por el contrario, aún en estos días existe evidencia de violencia en algunas áreas del país que no fueron afectadas por la guerra civil (Moser, 2004, p. 45). Como lo presenta De León, ‘hay más violencia ahora que durante los años del conflicto armado’ (Darby, 2001, p. 64; De León, citado en Moser, 2004, p. 45). De hecho, a pesar del fin de la guerra civil, Guatemala permanece como uno de los países más violentos de América Latina. Las muertes violentas aumentaron de 2.699 en 1992 a 3.657 en 1995; ‘en 1998, las muertes violentas habían alcanzado 76,99 por 100.000 habitantes, comparadas a las 63,7 por 100.000 habitantes en 1991’ (Moser, 2004, p. 44).

Durante el periodo posconflicto, Guatemala ha afrontado un legado de violencia urbana y exclusión social. La evidencia muestra que después de la finalización del conflicto armado, la violencia política ha descendido, mientras que la violencia económica y social ha aumentado de manera importante (Moser, 2001, p. 3). Adicionalmente, se ha demostrado cómo la percepción pública de miedo e inseguridad en los espacios públicos de sectores menos favorecidos ha aumentado durante el posconflicto. En la actualidad, la violencia se ha convertido en una parte importante de la cotidianidad de la ciudadanía, y es catalogada como más fuerte que la violencia experimentada durante la guerra civil (Moser, 2001, p. 8).

De igual manera, Hoglund señala que la persistencia de la violencia en la sociedad guatemalteca, aun después de los acuerdos de paz, tiene su fundamento en algunas redes criminales que son responsables por los violentos ataques, y estas están vinculadas al Estado, las Fuerzas Armadas y el crimen organizado (Peacock y Beltrán, citados en Hoglund, 2004, p. 65). Algunos otros autores señalan el caso de las maras, dado que no había evidencia de la existencia de estos grupos durante la guerra. Sin embargo, después de los acuerdos de paz, se han transformado en una de las principales preocupaciones de la comunidad (Moser, 2001, p. 41). Actualmente Guatemala afronta problemas de delincuencia, más que asuntos de violencia política. Las estadísticas oficiales apoyan este hecho, y muestran el cambio evidente de una violencia rural hacia una urbana.

Caso El Salvador

La guerra civil en El Salvador terminó como consecuencia de los acuerdos de Chapultepec, en 1992. Como señala Vesga, el fin de la guerra no significó el final de la violencia. De hecho, la tasa de homicidios aumentó en el periodo posconflicto, pues pasó de 8.019 en 1996 a 8.281 en 1998 (Vesga, 2002, p. 1). El incremento de la violencia después del conflicto se ha atribuido a la disponibilidad de armas de fuego, a las limitaciones y fallos del programa de desmovilización implementado, y a varios elementos relacionados con la seguridad y la aplicación de la justicia en el país (Vesga, 2002, p. 1). Uno de los principales aspectos fue la reintegración de ex combatientes a quienes el Gobierno ofreció programas educativos, entrenamiento técnico y apoyo en programas de agricultura e industria (Ahmed, 2002, p. 81). Al final, el programa falló en mejorar las condiciones de vida de los ex combatientes de manera significativa. Esta se considera como una de las principales causas del incremento de la violencia en el país después del conflicto. Lo anterior replica las mismas situaciones que enfrentan Guatemala y Nicaragua en sus etapas posconflicto (Moser, 2000, p. VII; Darby, 2001, p. 64).

Caso Irlanda del Norte

En 1992, el Ejército Republicano Irlandés (IRA) anunció un cese del fuego como el primer paso para comenzar las negociaciones de paz. Dos meses después, los grupos paramilitares: la Fuerza Voluntaria del Ulster (UVF) y la Asociación de Defensa del Ulster (UDA), adoptaron un cese del fuego también. El acuerdo se firmó en 1998. Hoglund establece que la violencia descendió en forma significativa luego de la declaración de cese del fuego (Hoglund, 2004, p. 89). Sin embargo, después del acuerdo de paz, hay evidencia de formas de violencia política, dado que algunos ataques tuvieron lugar.

El crimen en Irlanda del Norte ha sido tradicionalmente bajo, pero después del cese del fuego este patrón cambió. Como señala Darby, ‘habiendo caído en los 4 años después del cese al fuego, el número de delitos reportados aumentó de 59.922 en 1998 a 76.644 en 1999, un incremento del 29%; el número de crímenes violentos se incrementó un 21%, pasando de 7.837 a 9.496’ (Darby, 2001, p. 64). Este argumento proporciona las bases para afirmar que la violencia aumenta en las etapas posconflicto.

ESTUDIO DE CASO: POSCONFLICTO EN COLOMBIA

Aproximación al conflicto armado interno en Colombia

La problemática es compleja en la medida en que existen varios actores armados y muchos intereses de tipo político, económico y social involucrados. Los actores ilegales han sido grupos guerrilleros de izquierda y grupos ilegales de derecha conocidos como grupos de autodefensa o paramilitares. Por un lado, las dos principales organizaciones guerrilleras son las FARC y el ELN, que al inicio de la confrontación armada tenían una ideología política basada en ideas socialistas y comunistas, respectivamente. En la actualidad se consideran como organizaciones criminales internacionales (DeShazo et al., 2007, pp. 3-6), involucradas en tráfico de drogas, tráfico ilegal de armas, secuestros, extorsión, terrorismo y violacioviolaciones contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por otra parte, existieron grupos de autodefensa o paramilitares, que surgieron como un intento de la población de luchar contra los grupos guerrilleros. Sin embargo, estos grupos terminaron involucrados con el tráfico de drogas y otros delitos. Como señala DeShazo, los primeros grupos de autodefensa fueron una consecuencia del decreto 1968, que permitió ‘la creación de fuerzas de defensa civil para defender la propiedad de las incursiones guerrilleras’ (DeShazo et al., 2007, p. 6). Estos grupos fueron desmovilizados dos años atrás, como parte de un proceso gubernamental. A pesar de las diferentes implicaciones, en relación con acciones permitidas por la ley o complicidad por parte del Estado, los términos de autodefensas o grupos paramilitares se usarán en el artículo con el mismo significado y no implicarán nada distinto a grupos armados ilegales de derecha, con un fundamental objetivo contrainsurgente.

Proceso de desmovilización de las autodefensas

La Ley 782 de 2002 permitió a cualquier grupo armado ilegal el inicio de negociaciones de paz con el Gobierno nacional. La administración Uribe estaba dispuesta a impulsar un proceso de paz sólo si los grupos ilegales estaban a su vez dispuestos a comprometerse con un cese del fuego, a finalizar las violaciones del Derecho Internacional Humanitario y el tráfico de drogas (International Crisis Group, 2003, p. 1). Como respuesta a esta iniciativa gubernamental, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hicieron el primer cese del fuego unilateral el 29 de noviembre del 2002. Posteriormente, el Gobierno nacional y las AUC firmaron el Acuerdo de Santafé de Ralito, el 15 de julio del 2003, que establecía el compromiso de desmovilización gradual de las autodefensas como grupo armado para el 31 de diciembre del 2005. En mayo del 2004 las partes firmaron una segunda versión del pacto, llamada Acuerdo de Santafé de Ralito II, que permitió el establecimiento de la zona de concentración. Los equipos autorizados por ambas partes dialogaron en el área establecida, con la protección de 400 miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía, y monitoreados por una misión internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) (International Crisis Group, 2004a, p. 11; MAPP/ OEA, 2004).

El proceso de desmovilización comenzó el 3 de noviembre del 2003. El Alto Comisionado para la Paz anunció, el 17 de abril del 2006, que el proceso de desmovilización se había completado. Entre noviembre del 2003 y abril del 2006, 30.151 combatientes se desmovilizaron, y cerca de 17.000 armas fueron entregadas (International Crisis Group, 2006b, p. 4).

Uno de los principales retos durante el proceso fue alcanzar el objetivo de desmovilizar los frentes paramilitares, ofrecerles una oportunidad de reintegrarse a la vida civil, protegiendo sus vidas, verificando el cese del fuego y manteniéndolos alejados del tráfico de drogas (International Crisis Group, 2003a, p. i). Todos estos elementos en medio del conflicto que continúa con las guerrillas de las FARC y el ELN. La comunidad internacional decidió apoyar el proceso, pero solo si ofrecía una posibilidad real de alcanzar la verdad y la reparación para las víctimas.

El proceso de desmovilización puede considerarse exitoso, si se toma en cuenta que cerca de 32.000 excombatientes fueron desmovilizados y ahora están fuera del conflicto armado. Sin embargo, después de la finalización del proceso, en marzo del 2006, fue evidente que no todas las estructuras se habían acogido al proceso, y en muchos casos seguían operando, vinculadas en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales (International Crisis Group, 2006a, p. 4).

Del mismo modo, no hay consenso sobre su origen, dado que el Gobierno nacional los considera como bandas criminales, mientras que otros sectores enfatizan su condición de paramilitares remanentes (International Crisis Group, 2007; Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2007; Ministry of Defense, 2007; DeShazo et al., 2007; MAPP/ OAS, 2007a; MAPP/OAS, 2007b; Arias, 2008). Igualmente, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/ OEA) ha señalado la evidencia del ‘reagrupamiento de ex combatientes desmovilizados en bandas criminales, que controlan comunidades específicas y actividades económicas ilegales, reductos que no se han desmovilizado y el surgimiento de nuevos actores armados’ (MAPP/OAS, 2006a, p. 10; MAPP/ OAS, 2006b). Es importante saber que estos grupos parecen ser organizados por líderes paramilitares que decidieron no acogerse al proceso, mientras que otros pudieron haber recibido órdenes de sus líderes desde la cárcel.

Sus actividades ilegales van desde el tráfico de drogas al contrabando de gasolina. Sus miembros se encuentran entre los 3.000 y los 9.000 (International Crisis Group, 2007, p. 1). Tal vez la diferencia más importante entre estos grupos y los frentes de las autodefensas es que los primeros no están involucrados en actividades contrainsurgentes. De hecho, ellos evitan cualquier tipo de confrontación con grupos guerrilleros y con tropas del Estado, y en algunos casos han realizado pactos con los grupos guerrilleros, para compartir las ganancias del negocio del tráfico de estupefacientes en algunas zonas del país (Fundación Seguridad y Democracia, 2008, p. 6). En este sentido, la formación y consolidación de las nuevas bandas criminales o paramilitares de tercera generación se produce a raíz de la continuación del conflicto armado y el tráfico ilegal de narcóticos, elementos que facilitan y promueven la extracción ilegal de rentas y dificultan el proceso de reintegración (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2007, p. 16).

En las primeras fases del proceso de desmovilización, el líder de la Misión de la OEA, Sergio Caramanga, advirtió sobre la posibilidad de que ‘paramilitares desmovilizados fueran reclutados por bandas criminales’ (International Crisis Group, 2005b, p. 19). Sin embargo, existen grandes posibilidades de que estos grupos sean el resultado de algunos desmovilizados que decidieron alzarse en armas de nuevo (MAP/OAS, 2007). Esto puede considerarse como una señal de alarma para reformar los programas y dar mayor apoyo a la población desmovilizada.

Rangel argumenta que el surgimiento de estos grupos era previsible, apoyado por las experiencias internacionales, que muestran cómo estos grupos se crean en el posconflicto (Rangel, 2007; Pizarro, 2008).Además, señala tres factores que son responsables del surgimiento de grupos de autodefensa y que siguen inmodificables: un Estado débil en algunas zonas del país, a pesar de los esfuerzos del Gobierno; la existencia de grupos guerrilleros, y la presencia de cultivos ilegales y tráfico de drogas (Rangel, 2007). En suma, este fue un escenario que pudo haberse prevenido.

De igual manera, algunos documentos muestran los fallos del proceso de reintegración, dado que los beneficios de los programas de salud, educación y empleo solo han alcanzado al 40% de los ex combatientes. A pesar de los esfuerzos concentrados en los programas, los resultados no se consideran como exitosos (Lobo-Guerrero, 2008). Otras críticas se relacionan con el carácter del proceso, al tratarse de un programa de desmovilización, pero no de uno de reintegración. En este sentido, el proceso no ha involucrado ningún cambio fundamental; por el contrario, se ha limitado a ofrecer una limitada asistencia económica, sin la posibilidad de participación política (Fundación Seguridad y Democracia, 2007, p. 17). En este contexto, es importante señalar que las oportunidades laborales en el sector informal ‘tienen menos probabilidades de reducir el crimen, en la misma forma como lo harían las oportunidades en el sector primario’ (Reiner, 2007, p. 100).

Adicionalmente, existe una fuerte evidencia que señala que el poder paramilitar no terminó con el proceso de desmovilización y, por el contrario, algunas de las más importantes estructuras aún mantienen el control territorial sobre la población y los negocios de rentas ilegales (International Crisis Group, 2006b, p. 6). Algunos documentos muestran una relación positiva entre las zonas de cultivos ilícitos y aquellas en donde es evidente la presencia de unidades remanentes de grupos ilegales (MAPP/OAS, 2007c, p. 2).

En este sentido, es importante señalar que la naturaleza del conflicto colombiano ya no está relacionada con componentes políticos e ideológicos significativos. Por el contrario, el conflicto armado actual encuentra sus raíces en ‘las grandes rentas económicas generadas por la industria del secuestro y el tráfico de drogas ilícitas’ (Moser, 2000, p. VIII). Como consecuencia, ellos han argumentado que no es probable que la violencia en Colombia termine gracias a un acuerdo de paz. Este elemento está ligado a la inequidad, el desempleo, problemas sociales y económicos, que tradicionalmente han sido considerados como una de las principales explicaciones de la criminalidad y el conflicto en Colombia (Oquist, 1980; Gómez Buendía, 2003; Reiner, 2007). Sin embargo, este argumento está fundamentado en la idea de que estas condiciones favorecen de alguna manera el comportamiento criminal, que también ha sido debatido por varios autores como un elemento no determinante (Llorente, 1994; Uprimny, 2001; Vold et al., 2002; Presidencia de la República-Ministerio de Defensa, 2003).

Fuente: Datos del Centro de Investigaciones Criminológicas, Dirección de Investigación Criminal.

Análisis de las tasas de homicidio

Algunos analistas han señalado que en términos de duración y pérdida de vidas, el conflicto colombiano se sitúa entre los cinco más largos e intensos en el mundo, después de Afganistán, Angola, Ruanda y Sudán (Echeverry et al., citado en Garfield, 2003, p. 37).

Es importante comprender las principales variaciones estadísticas del homicidio en el curso de los últimos 50 años, con el objeto de entender el comportamiento del delito durante y después del proceso de desmovilización. Puede decirse que algunos analistas reportan dos periodos de ascenso en las tasas de homicidio: el primero entre 1948 y 1966, y el segundo entre mediados de la década de los 80 y el comienzo de la década de los 90 (Villaveces, 2001, p. 276). El incremento de las tasas de homicidio durante los años 80 y 90 fue evidente (gráfica 1), no solo en Colombia sino también a nivel regional, especialmente en el área andina y en el Cono Sur. De igual manera, existe un consenso sobre el incremento en el crimen durante la década de los 80, como un elemento que se deriva del tráfico de drogas, el cual se considera como un incentivo del conflicto armado y la actividad criminal. El desempleo, la pobreza y la disponibilidad de armas de fuego son factores importantes en la variación del crimen, en especial el homicidio (Garfield, 2003, p. 37). Sin embargo, ha sido difícil determinar cuál es el factor más importante que explica las variaciones del homicidio en un periodo determinado. Esto ha sido atribuido al ‘carácter multidimensional y a la naturaleza de las fuentes de la violencia’ (Garfield, 2003, p. 39; DeShazo et al., 2007).

Desde este punto, un descenso importante ha sido evidente desde 1990 hasta 1998. Poco después, el homicidio ascendió un 25% en el 2002, y alcanzó una tasa de 66 hechos por cada 100.000 habitantes. Desde entonces, el homicidio ha disminuido notablemente (gráfica 2). Esta reducción es consistente con la aplicación de la Política de Seguridad y Defensa Democrática. De hecho, uno de los principales resultados fue la reducción del homicidio de un 40% entre el 2002 y el 2006 (Ministry of National Defence, 2007; DeShazo et al., 2007). A pesar de las altas tasas que aún se mantienen en algunas regiones, el descenso ha sido definitivo a nivel regional. Por ejemplo, Arauca, Caquetá, Guaviare, Buenaventura, Meta y Putumayo tuvieron las tasas más altas durante el 2006, mientras que Bogotá, Cali y Medellín reportaron un decremento durante la última década. El caso de Bogotá es importante, pues el descenso en el homicidio desde 1993 se ha vinculado a una serie de medidas desarrolladas por la Alcaldía Mayor, que involucraron un cambio cultural, educacional y policial, para fortalecer actitudes de solidaridad ciudadana y responsabilidad social, a fin de disminuir la violencia (Mockus, 1999; Mockus, 2001).

Ya durante el proceso de desmovilización, algunos reportes han mostrado cómo después del establecimiento de la zona de concentración en Santafé de Ralito, ‘el porcentaje de homicidios atribuidos a las AUC descendió significativamente’, y este porcentaje era cercano a un 60% (MAPP/OAS, 2004b, p. 9). El reporte de MAPP/OEA ha señalado que aunque existe un número importante de delitos no denunciados, ‘no hay datos estadísticos confiables que reporten un cese de hostilidades’ (MAPP/OAS, 2005a, p. 3). Sin embargo, en términos de la estadística disponible, los reportes muestran un descenso en el homicidio común, homicidios colectivos y secuestros atribuidos a los grupos de autodefensa, en fuentes oficiales y de organizaciones no gubernamentales (MAPP/OAS, 2005a).

Para citar un ejemplo, Medellín, que ha sido considerada como una de las ciudades más violentas del mundo, mostró una disminución en las tasas de homicidio en el periodo posterior a la desmovilización de los frentes de autodefensas que operaban en la zona. De hecho, entre el 2002 y el 2004 el homicidio disminuyó un 68,4%. De igual manera, un estudio sobre el homicidio, realizado por MAPP/0EA, mostró un descenso del delito de 44,24% entre el 2003 y el 2004 en diez comunidades donde viven miembros del Frente Cacique Nutibara, reintegrados a la vida civil, en comparación con una reducción del 22,58% en las seis comunidades restantes, donde no se habían reintegrado los ex combatientes (MAPP/OAS, 2005b, p. 3). Este caso es similar a otros evidenciados en varias zonas del país donde se desarrolló el proceso de desmovilización (MAPP/OEA, 2005c).

Respecto al homicidio colectivo, los resultados también muestran un descenso significativo del 76% entre el 2002 y el 2006 (gráfica 3). El número de masacres creció en el periodo comprendido entre 1997 y el 2001, y se asoció con la expansión paramilitar. Poco después del proceso de desmovilización, el número de hechos descendió en forma significativa (DeShazo et al., 2007, p. 18).

Resultados

Algunos documentos han analizado las variaciones del homicidio después del proceso de desmovilización, y uno de los principales hallazgos es que a pesar del descenso significativo de las tasas a nivel nacional, existen algunas zonas del país donde el homicidio se ha incrementado, y estas áreas coinciden precisamente con aquellas en donde se reporta la presencia de nuevos grupos armados (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2007, p. 55; El Tiempo, 2008). En este sentido, es posible argumentar que el proceso de desmovilización pudo haber tenido un impacto en el descenso, pero como se ha mostrado en el documento, la presencia de nuevos grupos armados ha producido un ascenso en las tasas de homicidio a nivel regional en algunas zonas del país. Esto puede vincularse al argumento presentado por Garfield, según el cual el homicidio se encuentra estrechamente ligado al tráfico de drogas. De igual manera, varios autores han demostrado cómo los cultivos ilícitos y los grupos ilegales se encuentran en las mismas zonas del país, así como los mayores niveles de homicidio. Este argumento sugiere que aun cuando la desmovilización de estos grupos es una de las razones que explican el descenso, no es la más importante. De hecho, los fallos en el proceso han conducido al incremento de este delito en algunas áreas del país.

En segundo lugar, si bién en los últimos 45 años Colombia ha tenido un conflicto armado, resulta sorprendente que las políticas de seguridad y defensa nunca habían sido una prioridad real para el Estado hasta la administración de Uribe, quien lanzó la Política de Seguridad y Defensa Democrática como un plan para superar el conflicto armado interno, mientras el Estado persigue un decremento en los niveles de violencia controlando el crimen y la delincuencia en el país (International Crisis Group, 2003b, p. 1). La política se ha centrado en muchas estrategias, pero algunas que pueden ser responsables por el descenso en los niveles de homicidio son: la mayor concentración de recursos del presupuesto nacional en los sectores de seguridad y defensa, el incremento en el pie de fuerza, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional, y por último, un mejor control territorial por parte de la fuerza pública.

De acuerdo con algunos documentos del Ministerio de Defensa, el presupuesto para el sector de la seguridad y defensa aumentó de 5,1% en el 2002 a 5,7% en el 2008. Este porcentaje es una proporción del producto interno bruto (DeShazo et al., 2007, p. 16; Ministerio de Defensa, 2008b). Este es un factor importante y a la vez más acorde con un país en conflicto, que requiere más inversión en este rubro, en particular si quiere obtener mejores resultados.

De igual manera, el pie de fuerza en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pasó de 307.703 en el 2002 a 421.418 en junio del 2008, lo que implica un incremento del 37% en seis años. El número de soldados profesionales aumentó de 20.000 en 1998 a 78.000 en el 2007 (DeShazo et al., 2007, p. 16). Levitt toma un argumento propuesto por Marvell y Moody, sobre la correlación positiva entre el incremento del pie de fuerza y reducciones del crimen en el futuro cercano (Marvell and Moody, citados en Levitt, 2004, p. 176). El argumento de Levitt, que señala el incremento en el pie de fuerza de la Policía como el responsable de la disminución del crimen durante la década de los 90 en Estados Unidos (Levitt, 2004, p. 164), ofrece las bases para apoyar la idea de cómo el incremento del pie de fuerza en Colombia, durante los últimos años, podría estar vinculado con el descenso en las tasas de homicidio (DeShazo et al., 2007).

Este elemento sugiere que el incremento en el pie de fuerza hizo posible la consolidación de la presencia estatal en todo el territorio, aun en regiones aisladas, donde operaban los grupos armados ilegales y bandas criminales. En la actualidad hay una estación de policía en cada uno de los 1.098 municipios del país, y este elemento se encuentra ligado a mejores estrategias de control policial.

A pesar de las críticas de Reiner sobre el poco peso de este argumento en la caída del crimen en la década de los 90 (Reiner, 2007, p. 156-157), es posible concluir que aún no hay consenso sobre las razones que permitieron el decremento, pero en el caso colombiano este argumento puede ser relevante, dado que la mayor concentración de recursos en las Fuerzas Armadas y de Policía se ha reflejado en un mejor control territorial, y esto actúa como un elemento de control, prevención y disuasión. La administración de Uribe no solo aumentó el pie de fuerza, sino que también mejoró su equipamiento y su nivel salarial (DeShazo et al., 2007, p. 12).

CONCLUSIONES

La administración del presidente Álvaro Uribe estuvo centrada en el proceso de negociación con las autodefensas, al considerarlo como un paso importante hacia la consolidación de la paz en Colombia. Sin embargo, después del proceso de desmovilización, muchos interrogantes han aparecido en relación con la sostenibilidad del proceso y el impacto real del mismo en la dinámica del conflicto. Algunos analistas han sugerido que sin duda este proceso implica una mejora considerable en la situación actual, pues uno de los más grandes grupos ilegales se encuentra ahora por fuera del conflicto armado. Otros culpan al Gobierno y critican los programas, al no considerarlos efectivos en términos de reintegración de ex combatientes a la vida civil. En relación con estadísticas criminales, otros han sugerido que el proceso definitivamente tuvo un impacto en el descenso del homicidio, mientras que otros señalan el surgimiento de nuevos grupos armados que han tomado el espacio dejado por los grupos desmovilizados, con el objetivo de mantener control territorial y continuar con el tráfico de drogas y otros delitos.

De igual manera, existe un consenso sobre la importancia de las acciones que tuvieron lugar durante la administración de Álvaro Uribe. El proceso de desmovilización, que permitió que cerca de 32.000 excombatientes dejaran sus armas y comenzaran una acción de reintegración a la vida civil, es un importante paso hacia la paz en Colombia. Es verdad que aún hay dos grupos guerrilleros que están en confrontación con el Estado, pero es un paso significativo el lograr la neutralización de uno de los más grandes grupos ilegales. Del mismo modo, es importante señalar que la Política de Seguridad y Defensa Democrática ha tenido un éxito sin precedentes en la historia colombiana, y en la actualidad los grupos guerrilleros se han visto afectados en forma dramática. De hecho, uno de los principales resultados de estas políticas ha sido el descenso de delitos relacionados con la seguridad democrática, como el homicidio, el secuestro y la extorsión.

Sin embargo, como han sugerido algunas experiencias internacionales, la violencia aumenta en la etapa posterior al conflicto, o al menos no desciende tan rápido como se espera. El éxito de los procesos de paz depende de la efectividad de los programas gubernamentales para apoyar a los ex combatientes, con opciones reales para empezar una nueva vida lejos de la violencia. En el estudio de caso fue evidente cómo el homicidio ha descendido durante los últimos diez años, en especial desde el 2002, cuando el proceso de desmovilización comenzó, y contrario a las experiencias internacionales. Los casos de América Central e Irlanda del Norte muestran algunas características específicas de los procesos de negociación en medio de la violencia, y algunos escenarios que podrían esperarse después de la consolidación de los acuerdos de paz.

El estudio de caso muestra cómo durante el proceso de desmovilización (2003-2006), y en el periodo posterior, específicamente en el 2007, el homicidio reportó un descenso considerable. Es difícil estableestablecer con claridad los elementos que pudieron propiciar su caída. Sin embargo, es importante mencionar la tendencia de disminución del homicidio desde el 2002, y de igual manera la reducción en las confrontaciones armadas, como consecuencia del proceso realizado con las autodefensas. El artículo demuestra que aunque el proceso puede ser considerado como una de las causas del descenso del homicidio en este periodo, no es la razón principal ni definitiva, al existir evidencia de la conformación de bandas criminales que tomaron el espacio dejado por los grupos de autodefensa, las cuales continúan con el tráfico de drogas y el control territorial en áreas específicas del país. Esto implica que simplemente hubo un cambio de poder en las regiones, aunque a menor escala; por tanto, los índices de homicidio permanecieron estables. Lo anterior lleva a analizar otros factores que pudieron haber tenido un impacto, como el incremento en el pie de fuerza de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la mayor concentración de recursos en el presupuesto de seguridad y defensa y, por último, el mejor control territorial por parte de la fuerza pública.

Finalmente, es posible apreciar, a través del artículo, que el conflicto armado en Colombia es único, y no es posible compararlo con experiencias similares a nivel mundial. A pesar de ser un país con escenarios posconflicto, los delitos no aumentaron de modo significativo durante el 2007. Esto subraya la necesidad de diseñar políticas contra el crimen que sean integrales, de acuerdo con las necesidades de cada país, tomando en cuenta experiencias internacionales, pero solo como un modelo de referencia, como un marco general que puede brindar algunos lineamientos para el diseño de políticas públicas. Sin embargo, el proceso hasta ahora comienza, y no es posible predecir el comportamiento del delito hacia el futuro. Es probable que en los próximos años el delito aumente, como ha sucedido en los países centroamericanos que afrontan situaciones posconflicto. Esto dependerá de la fortaleza de los programas gubernamentales que apoyen a ex combatientes y víctimas. De igual manera, es importante recordar que las FARC y el ELN continúan en confrontación armada con el Estado, y como es obvio, este escenario de conflicto tiene profundas implicaciones para el panorama de la seguridad en Colombia.

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