El rol delincuencial: una reflexión desde niños infractores1
The Criminal Role: A reflection from the young offenders’ viewpoint
Milcíades Vizcaíno Gutiérrez
Magíster en Educación con especialidad en Investigación Socioeducativa.
Investigador, Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio, Colombia
milci.vizcaino@gmail.com
Resumen
El artículo parte de dos preguntas: si constatamos la existencia de “niños infractores”, en primer lugar, ¿de dónde salen, quién los produce, son ellos mismos los que, en uso de su libre albedrío, deciden serlo? ¿En segundo lugar, una vez lo son, se puede revertir el proceso del aprendizaje del rol de “infractor”?. La respuesta del autor sigue la argumentación de que esos niños son un subproducto de la sociedad que es generado por desajustes estructurales y que, de no atacarse de raíz, consolida un ambiente favorable que los convertirá en criminales en su juventud y adultez. Cuando las instituciones fracasan en la socialización y en el control se genera un vacío social que es copado por sustitutos. Si el entorno del niño se caracteriza por infringir normas, es asimilado como un competidor del papel asignado a esas instituciones, y entonces pasará a suplir los roles a ellas asignados y, como resultado, llenará el vacío encontrado. Una vez aprendido el rol de infractor, se requiere un proceso social de ex-rol que las instituciones encargadas de la resocialización podrían asimilar como parte de su función. La argumentación supera la visión meramente individualista y coloca el énfasis en una perspectiva social y cultural de donde emanarían soluciones a la problemática planteada.
Palabras clave: identificación de infractores, menor infractor, ley penal, instituciones públicas, criminalidad (Fuente: Tesauro de Política Criminal Latinoamericana - ILANUD).
Abstract
This paper is the result of two questions: whether young offenders exist, on the one hand; where do they come from? who makes them? are they the ones who decide to be so, from their own free will?; on the other hand, once they become offenders: can their learning process of being offenders be reversed?. The author’s answer is based on the concept which states that such young children are a subproduct of society caused by structural misfunctioning, a fact that if not deeply attacked, would consolidate a favorable environs for them to become young and adult offenders. When institutions fail in socializing and controlling, a social gap is covered by substitute elements. If the young child’s environs is characterized by breaking rules, it is then considered as a competitor of the role assigned to those institutions thus replacing the roles assigned to the latter. As a result, such environs would replace the roles assigned and fill the social gap found. Once the role of the offender is learnt, an ex-role social process that may be considered responsibility of the institutions is required. Such argument goes beyond the mere individual view and emphasizes on a social and cultural perspective, which would likely be the answer to the problems posed.
Key words: offender identification, young offender, Penal Code, public institutions, criminality (Source: Thesaurus of Latin American Criminal Policy – ILANUD)
1 Este documento es el avance de un proyecto de investigación que el autor desarrolla en la Universidad Cooperativa de Colombia, en Villavicencio, Departamento del Meta (Colombia). El sentido del proyecto es conocer en profundidad para intervenir con eficacia en grupos experimentales a través de las entidades comprometidas por la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006). Dimensiones como edad de inmersión en los grupos infractores, actitudes y motivaciones de permanencia en esos grupos, gratificaciones, derechos y obligaciones, sistemas de retribución, canalización de afecto y libertad de expresión de necesidades, prácticas infractoras y modus operandi de sus acciones y solidez de las identidades (duras/blandas) son la base para la construcción de una batería de instrumentos con los cuales se recauda información empírica. La socialización de procesos y de resultados incrementará los conocimientos disponibles para tomar decisiones que reviertan el aprendizaje y la práctica de la infracción y reduzcan la probabilidad de que ese aprendizaje se prolongue a una fase delincuencial.
“… Algo se sobrepone a la nitidez y la descomposición de este
infierno: la evidencia de que esos niños amamantados por
el odio, con los que ha sido tan avara ‘la leche de la ternura
humana’, conservan en la nuez de su ser un fondo de inocencia,
de generosidad y de alegría, y merecen que una sociedad menos
egoísta y menos hipócrita sepa poner en sus manos algo mejor
que el metal de los fusiles y de la metralla. Casi todos ellos lo
único que anhelan es un país que les dé dignidad, que les dé
amor, educación, trabajo y futuro”.
(William Ospina).
Las sociedades acumulan experiencias que luego
utilizan para afirmar o para negar aquello en lo
que están interesadas en mantener y prolongar
o en suspender y no dejar prosperar. Cuando las
organizaciones encuentran casos desviados de lo
que han definido como normalidad establecen
mecanismos para revertir las conductas y lograr
una incorporación a las prácticas legitimadas
socialmente. Sin embargo, no todas las experiencias,
son exitosas, ya que, en ocasiones, la distancia entre
la intencionalidad y los hechos es tan amplia que
los extremos quedan por fuera de los estándares
reconocidos. En estos casos, se hacen atribuciones
individuales que explican las desviaciones de pautas
que están establecidas para todos pero que algunos
no han atendido. Dado que la imputación se hace
sobre los individuos desviados, la solución consiste
en llevarlos a que rectifiquen el camino. Con ello,
las organizaciones esconden su responsabilidad
y concentran su atención exclusivamente en las
personas individuales. Esta tesis merece un análisis
cuidadoso.
Nuestro caso es el de niños infractores de las normas.
En los recientes cincuenta años se han presentado
cambios de perspectiva en la mirada sobre los niños
infractores. En la década de 1960 surgía una alarma social que veía a los niños en su deterioro material.
Este deterioro era considerado como un problema
individual que debía ser atacado con procedimientos
sicológicos de aceptación a la sociedad. En las
décadas de los 70 y los 80 se privilegia una mirada
alimentada por el paradigma de las necesidades, las
cuales debían ser satisfechas en orden de prioridades
desde las más inminentes hasta las superfluas. En
años más recientes, se les considera en su carácter
delincuencial por su origen individual o social (García
Méndez, 1996; Del Olmo, 2000). La alarma crece en
relación directa con el incremento e impacto de los
casos constatados lo que aumenta, igualmente, la
sensación de inseguridad.
Partimos del reconocimiento de la existencia de
“niños infractores”, es decir, de menores de 18 años
que pasan por encima de las normas legitimadas por
el Estado colombiano y la sociedad y se colocan en
contra de ellas lo que significa que sus actos violan
derechos de los demás, incluso el derecho a la vida,
pasando por su participación en contravenciones y
delitos. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿de
dónde salen esos niños, quién los produce, son ellos
mismos los que, en uso de su libre albedrío, deciden
ser contraventores o delincuentes? ¿Es una decisión
racional, una escogencia entre varias opciones? ¿Se
trata de un camino adoptado individualmente? El
problema así visto exige ir al fondo de la sociedad
y del Estado para indagar los sustratos que apoyan
acciones pero también actitudes y conocimientos, es
decir, la materia de lo que constituye la socialización
tanto objetiva como subjetiva.
No son niños en “riesgo social” por sus actitudes,
costumbres o situación de vida, sino que ya están
involucrados de hecho en actividades delincuenciales,
en pandillas, barras, maras, chapulines, gamberros, hooligans u otras denominaciones. En ellas se han
socializado, han aprendido el rol y han encontrado
reconocimiento entre sus congéneres. Lo que busca
un ser humano en los otros lo ha encontrado en pares
con los cuales comparte acciones, pensamientos
y juegos en los que pone y expone su propia vida.
Allí se mezclan en identidades colectivas duras y
pesadas con otras blandas y ligeras (Rachik, 2006).
La pertenencia a organizaciones encarna derechos y
obligaciones y también participación en decisiones
internas. El grado de cohesión entre sus miembros
imprime dureza, solidez y robustez a la organización;
a mayor cohesión, mayores probabilidades de
permanencia y durabilidad y, por tanto, de eficacia
en sus actuaciones colectivas. Esto es lo que sucede
con los niños que se involucran tempranamente
en grupos cuyo rol es la infracción normativa
independientemente de los objetivos y los medios
a su alcance. A mayores medios también mayores
posibilidades de actuación, y esas actuaciones
revierten sobre sus miembros como un estímulo que
fomenta y motiva su permanencia. Las diferencias
conceptuales y prácticas entre unas identidades y
otras se explican por la solidez de las organizaciones,
por su permanencia, por los derechos y deberes que
imprime a sus miembros y por los grados de control
que ejercen sobre las actuaciones individuales y
colectivas1.
La metodología utilizada en la construcción de este
documento tiene dos componentes: una observación
inicial y un primer acercamiento dialogal con niños
infractores; y, el otro, un barrido por literatura
pertinente2.
1 Este es uno de los focos de atención del proyecto que se desarrolla
en la ciudad de Villavicencio con niños infractores.
2 En cambio, en el desarrollo del proyecto de la Universidad
Cooperativa de Colombia, en la ciudad de Villavicencio, se aplica
un enfoque participativo con niños infractores, docentes y directivos
de instituciones vinculadas por la Ley 1098 de 2006. Las técnicas previstas son la observación directa, grupos focales, entrevistas en
profundidad e historias de vida. En el momento de terminación
de este artículo, el proyecto pasa por la fase de construcción del
instrumental técnico requerido.
La argumentación de este documento se dirige
exclusivamente al segmento poblacional de “niños
infractores”. Los niños son menores de 18 años, es
decir, niños estrictamente hablando, adolescentes y
una franja de jóvenes. Por tanto, el rango examinado
es ambiguo si solamente se tiene en cuenta la edad.
En términos de su capacidad para desarrollar acciones
que van hasta la violencia física y, en ocasiones, hasta
la crueldad, la sola edad es limitada para comprender
actuaciones de esta población. En este orden de ideas,
lo que estamos formulando es un hecho social que
tiene causas sociales y que está íntimamente ligado
a orientaciones culturales. Este planteamiento, sin
embargo, no oculta ni trata de sobreponerse a otros
enfoques como los psicológicos, antropológicos
y jurídicos. Más bien, se los integra en una sola
perspectiva. Hay una razón para esta argumentación:
estamos frente a un fenómeno complejo en sí mismo
que desborda la mirada desde una disciplina, un
enfoque epistemológico o teórico. Se requiere una
mirada más amplia para dar cuenta de los motivos,
razones, tensiones, procesos que llevan a los niños a
asumir el rol de “infractores” y luego abandonarlo
por su desplazamiento hacia otros roles legitimados
social y culturalmente.
El hecho de encontrar niños infractores está asociado
con un medio social cargado de inseguridad,
estrés, desesperanza y dificultades para satisfacer
necesidades básicas y que, en consecuencia, es fuente
de presión para no acogerse a estándares aceptados.
El modus vivendi es una construcción en la vida social
y en la biografía de quienes se hacen delincuentes
(Zambrano C. & Pérez-Luco, 2004). La razón de que la
biografía individual esté comprometida se encuentra
en el argumento de que el constreñimiento no
necesariamente se internaliza como una aceptación
sino como necesidad de trasgresión (Gómez Tagle L. 2001). Este es el caso de los niños que, ante todo,
buscan sobrevivir y sobreponerse a un medio que les
es hostil.
Testimonios de búsquedas así lo evidencian. “Lo
primero que vemos… son seres conmovedoramente
solitarios. Maltratados primero por sus padres,
ultrajados o explotados por sus parientes, auxiliados
en vano por piadosos desconocidos, estos seres
nunca obtuvieron en el hogar amparo, ni en la
sociedad comprensión” (Ospina, 2002)… “Cuando
acabé los relatos, fui a la Zona Rosa de Bogotá y vi
allí a los otros jóvenes. Pensé que este país vivía en la
esquizofrenia: mientras unos deliraban en el trance y
el alcohol, otros sufrían por la miseria y el desamor…
“antes que victimarios, son víctimas” (González U.,
2002).
Hay que ir al medio social en el cual se encuentran
esos niños. Colombia tiene una población menor de
18 años cercana a los 16,5 millones de habitantes,
lo que equivale al 36,3% de la población total del
país. De esa población, 11 millones pertenecen a los
niveles 1 y 2 del Sisbén, y 4 de esos 11 millones son
menores de 4 años (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística [DANE], 2005). Los datos
revelan que el 67% madura, crece y se desarrolla en
medio de las dificultades de la pobreza. Esos niños
sobrevivieron en un medio en el cual las tasas de
mortalidad son del 20 por cada mil nacidos vivos, y
el 65% de estas muertes ocurre antes de cumplir un
mes de vida, y de los que sobreviven, 33,2% de los
menores entre 1 y 4 años tiene anemia, según datos
de la Encuesta de Demografía y Salud de 2005.
Un poco más de un millón de niños y niñas, entre
5 y 17 años, trabajan. De ellos, el 51% no recibe
remuneración alguna y muchos de ellos no asisten
a la escuela o, de haber asistido, la deserción es temprana. En el año 2000, un 92,7% de los niños/
niñas que no asistían a la escuela pertenecía al
60% de los hogares con menores ingresos del país
(Mettifogo, Decio & Sepúlveda, 2004).
Ahora encontramos que, según el Consejo Superior
de la Judicatura, hasta 1999, existían 390.000
procesos activos en los que estaba involucrado al
menos un menor de edad, de los cuales 100.000
son contra menores infractores y contraventores.
El panorama tiende a agravarse, ya que para
1996 el número aproximado de procesos activos
contra menores infractores era de 32.000. Muchos
menores ingresan al mundo del crimen desde los 7
u 8 años (Semana, 2000, abril 10). Cerca de 14.000
menores de 18 años son judicializados cada año
en el país por infracciones a la ley penal (Semana,
2004, octubre 30).
Es entonces cuando las estadísticas dan cuenta de
la gravedad del problema. En Colombia el aumento
de la criminalidad juvenil ha hecho imperativa la
necesidad de reaccionar con sanciones proporcionales
a la gravedad del delito. Es más, la preocupación
es endurecer las penas (Semana, 2004, octubre 30).
La diferencia con los adultos es amplia: si un adulto
tiene 40 años de prisión por un crimen, un joven
de 15 años puede quedar en libertad, incluso si se
le comprueba el delito. Estas diferencias son claras
para el Estado sancionador. También lo es para los
delincuentes, que utilizan los servicios de los menores
para cometer acciones delincuenciales. Los hechos
no son nuevos. Ejemplos como el adolescente Byron
de Jesús Velásquez Arenas, que asesinó al ex ministro
de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, por orden del cartel
de Medellín, el 30 de abril de 1984. Otro menor
de edad asesinó al entonces candidato presidencial
Carlos Pizarro Leongómez en pleno vuelo de Bogotá a la Costa Atlántica. Según el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), en 2005 fueron capturados
42.004 menores infractores, 12 mil más que el año
anterior, de los cuales el 85% tenía entre 15 y 17
años. Las infracciones a las normas fueron variadas:
el 44% del total de capturas fue por hurto, el 30%
por tráfico de drogas, el 6% por daño en bien ajeno,
el 5,9% por porte de armas y el 1% por homicidio
(Semana, 2006, agosto 30).
No solo Colombia presenta estos hechos, también
ocurren a lo largo de los países de América Latina.
Los actores protagónicos son menores de edad
que muchas veces pertenecen a bandas delictivas
manejadas por mayores. La pregunta que surge
ahora es sobre los ambientes de socialización y de
satisfacción de necesidades.
Ambientes carenciales
Los medios sociales y culturales en los cuales nacen y se desenvuelven los niños que van a ser infractores son precarios. Las necesidades básicas no encuentran satisfactores que les permitan un desarrollo en libertad3. Las carencias se convierten en detonadores de conductas infractoras a condición de que haya una sincronía entre factores individuales y medio social y cultural que le sea favorable. La privación de ingresos es solo un aspecto; lo que mayor determinación tiene sobre la conformación de niños infractores es la privación de capacidades, lo que significa carencia de oportunidades. Los desajustes estructurales entre personalidad individual y condiciones ofrecidas por el medio circundante generan insatisfacciones crecientes que llevan a optar por mecanismos por fuera de las instituciones para desarrollar afecto, pertenencia, relación positiva, aceptación y medios congruentes con las necesidades. Este punto es crucial y constituye el núcleo de respuesta del planteamiento que en este documento se está formulando.
3 La idea es tomada de Amartya Sen, en Desarrollo y libertad (Bogotá: Planeta, 2000).
Algunos autores van más lejos. Consideran que esas carencias se constituyen en causas del surgimiento de conductas infractoras. Analistas han categorizado en cuatro campos esos aspectos: socioculturales, de violencia, familiares y educacionales (Universidad Nacional de Colombia). Socioculturales porque las diferencias sociales y la distribución de la riqueza crean brechas en contra de niños y niñas que luchan por sobrevivir; violencia, porque muchos niños se enfrentan a conflictos familiares y pasan a los conflictos callejeros; familiares, porque la organización social primaria les resulta altamente disfuncional por su carga de agresiones físicas, verbales y psicológicas; y educacionales, por la ruptura existente entre la escuela y el medio sociocultural del cual provienen los niños. La tensión existente entre los dos medios socioculturales es un factor de fracaso escolar que afecta no solo a los niños como individuos sino que es un indicador del fracaso como institución educativa4.
4 Para el caso, examinar los trabajos de Rodrigo Parra Sandoval, especialmente Factores asociados al rendimiento escolar en ocho ciudades colombianas (Bogotá: Banco Mundial y Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Universidad de Los Andes, 1976. Monografía del CEDE); Ausencia de futuro: la juventud colombiana (Bogotá, UNESCO, Plaza y Janés, 1978); La pedagogía de la desesperanza (Bogotá: Plaza y Janés, 1988); La escuela vacía (Bogotá: Tercer Mundo, 1993).
Los estudios recientes sobre seguridad humana
consideran a la persona, con su bienestar,
libertad y derechos, en sujeto de la seguridad,
con lo cual desplazan al Estado de su tradicional
lugar preferencial. La visión estadocéntrica es
colocada ahora como un medio de apoyo a la
visión humanística. Esta evolución teórica rescata al individuo, lo ubica como centro del análisis y le
orienta los esfuerzos por su bienestar individual y
colectivo. Este enfoque se nutre de argumentos
provenientes, al mismo tiempo, del liberalismo y del
humanismo (Pérez de Armiño, 2006).
Si hay niños infractores es porque hay carencias.
Esta es la constante. Si hay carencias, es porque hay
desigualdades estructurales. La desigualdad penetra
en todas las instancias y pasa por la salud, la educación,
la recreación, la alimentación y nutrición y la vivienda,
como satisfactores. En general, en América Latina no
es que haya pobreza y haya desigualdad; hay pobreza
porque hay desigualdad. Los economistas usan el
concepto de “pobreza innecesaria” porque ella no
genera sino elementos negativos que incrementan
costos y no producen riqueza. El lado más visible de
la pobreza se observa en la población infantil sobre
todo aquella que carece de vínculos con instituciones,
entre ellas la básica que es la familia y, por tanto, están
cerrados canales que podrían orientar medios como la
salud, la vivienda o la educación.
Las tasas de criminalidad en toda América Latina tienden
a incrementarse. En la década de los 90 se presentaron
30 homicidios por cada 100 mil habitantes por año, seis
veces la tasa de criminalidad de los países de Europa
Occidental. En la encuesta Latinbarómetro, realizada en
17 países de América Latina, 2 de cada 3 personas dicen
que ellos o un familiar han sido objeto de un delito en
los últimos dos años. Es cierto, hay tipos de criminalidad.
Una es aquella que es producto de bandas organizadas;
pero, al lado, o en conexión con ellas, están los delitos
cometidos por jóvenes. La reacción generalmente
consiste en exigir al Estado y medios gubernamentales
una mano dura, con más policías, más represión y
más castigos severos. Propuestas frecuentes son las de
bajar la edad de imputabilidad, reducir los derechos procesales, otorgar más discrecionalidad a los policías
e incrementar los presupuestos en seguridad pública y
privada. El resultado es más presos en las cárceles, pero
a sabiendas de que no hay correlación estadística entre
más presos y reducción de tasas de criminalidad juvenil
en el mediano y largo plazo. La razón es obvia: no se
atacan las causas estructurales (Kliksberg, 2004).
La pregunta que sobreviene es: ¿cuáles son esas
causas estructurales? Las respuestas proceden de
investigaciones que han encontrado correlaciones
estadísticas sólidas. Por ejemplo, en los Estados
Unidos se ha encontrado una correlación estadística
entre criminalidad joven y desocupación juvenil.
Otra correlación se ha constatado entre familias
desarticuladas y criminalidad. En América Latina,
por ejemplo, se ha encontrado que la familia, en
cumplimiento de sus funciones, se constituye en el
medio más eficaz de prevención del delito con que
cuenta una sociedad. La razón: si la familia funciona,
proporciona los medios requeridos por las necesidades
pero, sobre todo, transmite valores de cohesión, de
regulación y de control de la conducta de los jóvenes.
La desarticulación de la familia por la pobreza incide
en la tasa de criminalidad (Kliksberg, 2004)5. Existe
abundante evidencia acerca del comportamiento de
indicadores tempranos de desarrollo biosicosocial y
rendimiento escolar (El futuro de los niños es simple
hoy, 2006).
5 Para el caso mexicano, Chan Gamboa, Elsy Claudia. Diagnóstico: Socialización familiar de los menores infractores. México: Secretaría de Planeación (Seplan), Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), s. f.
A pesar de los esfuerzos, en los últimos 25 años la
desigualdad ha impedido una mayor reducción de la
pobreza y de la exclusión en América Latina y el Caribe
(Comisión económica para América Latina y el Caribe
[CEPAL], 2007). La constatación empírica reitera el hecho de la región rica que es América Latina pero
con una población pobre (Rizzini, Corona, Zamora
& Neumann, 2007). La pobreza y la exclusión son
negativas no solo porque dañan la dignidad personal,
sino porque limitan el desarrollo intelectual, social y
afectivo de los niños, lo que restringirá luego sus
capacidades para beneficiarse de las oportunidades
del desarrollo social (Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia [UNICEF], 2005).
Hay un elemento adicional preocupante. Es
la constatación de que el mejoramiento en
las condiciones económicas no se acompaña
inmediatamente, en el corto plazo, de una
disminución de los delitos. Los resultados de
una acción que pretenda desplazar o minimizar
el problema presentan un efecto retardado en el
tiempo. El costo de oportunidad de quienes se
encuentran en la delincuencia es, de hecho, alto,
debido a que su experiencia acumulada es creciente,
se les ha etiquetado como delincuentes y pesan
sobre ellos los antecedentes penales. Son tres
elementos que deben afrontarse y su tratamiento
consume tiempo. Para quienes se encuentran en la
delincuencia, los indicadores de pobreza relativa,
en términos de reducción de ingresos monetarios,
son más significativos que los de pobreza absoluta
(Mettifogo et al., 2004). Frente a estas evidencias,
el Estado, como la sociedad, debe desarrollar
políticas activas y de fondo que reviertan el sentido
de los indicadores, sobre todo en los grupos
más pobres de la población. De lo contrario, la
situación de vulnerabilidad de los infantes más
pobres persistirá y se perpetuará ya que impedirá
que un niño desarrolle sus capacidades vitales
(Rizzini et al., 2007). Los estudios muestran que
las condiciones de precariedad son limitaciones
profundas para revertir los hechos delincuenciales, para acceder a los proyectos en marcha y para
contrarrestar situaciones de violencia en la cual se
encuentra involucrada población infantil6.
6 República de Colombia. “Informe del Estado colombiano sobre la aplicación de la Plataforma de Beijing (1995) y los resultados del vigésimo tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000)”. Bogotá, mayo de 2004. Colombia. “Informe sobre el disfrute del derecho a la educación en Colombia”. Bogotá, octubre 2003. República de Colombia. “Tercer Informe de Colombia al Comité de los Derechos del Niño, 1998-2003”. Bogotá, mayo de 2004, p. 94.
Una hipótesis que se ha estudiado plantea que las condiciones sociales, entre ellas la desigualdad, la pobreza y la carencia de servicios sociales, podrían constituirse en el origen del crimen violento y de los delitos contra el patrimonio … así como del nacimiento de grupos rebeldes. Una vez desatado un crimen violento o, incluso, un delito común, con la fuerza de sus actores, se pierde casi toda la relación con las condiciones sociales iniciales por cuanto se salta a niveles más profundos de violencia (Sánchez, Díaz & Formisano, 2003). Los aprendizajes son progresivos y se consolidan en la medida en que arrojan resultados visibles. De ahí que sea pertinente pasar a observar estos procesos de aprendizaje en los cuales se desarrollan funciones sustitutas de la educación legitimada social y culturalmente.
¿Cómo se aprende a ser infractor?
Los infractores, criminales o violadores de normas son
modelos para una generación de niños y de jóvenes
que se involucran en actividades delincuenciales
(Castells, 1999). Los aprendizajes se desarrollan por
imitación y por experiencia propia. La inducción es
gradual y persistente hasta lograr la incorporación
del rol a las actitudes, conductas y conocimientos.
Son tres campos y tres niveles en los cuales ocurren
procesos que dan como resultado inicialmente un
infractor y, luego, un delincuente, con el paso de los años y cuando la experiencia acumulada puede
desarrollar otros niveles de acción más especializados
y más eficaces. Esto se logra cuando se alcanza una
identidad y se consolidan acciones coherentes con
ella, se desarrollan trayectorias y cadenas de actuación
ramificadas por las cuales transitan los niños, luego
los adolescentes, los jóvenes y los adultos.
Inicialmente se constituyen los ‘parches’ en
esquinas y calles; luego se convierten en pandillas,
combos y bandas, en las cuales los niños encuentran
afecto, lealtad, pertenencia y reconocimiento
social. Mientras los muchachos de estrato alto
acuden a bares y discotecas, los de estratos medio
se ubican en centros comerciales y los de estratos
bajo lo hacen en la esquina del barrio. Los menores
actúan como informantes, y vigilantes para pasar
luego a actuar en hurtos o actividades de sicariato
y secuestro. Los menores tienen una característica
aprovechable y es su capacidad de camuflaje y
de evasión ante la justicia. En una organización
son muy útiles en su contribución a los objetivos
delincuenciales.
Examinadas las acciones delincuenciales de los
niños iniciados en la infracción normativa, se
pueden desprender evidencias siguiendo la teoría
de roles. La adopción del rol de infractor supone
que es asimilado y reafirmado por acciones
correspondientes, y es a través de ellas que se
producen su sedimentación y consolidación.
Su ejercicio se practica en medio de la tensión
entre la legitimación otorgada por su grupo
de pertenencia, los estigmas generados por la
sociedad7 y los riesgos de eventuales errores en los que se develaría su identidad y pasarían a ser
sujetos de sanciones sociales y legales.
7 Sobre el estigma puede verse, por ejemplo, Goffman, Irving. Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu, 1970; Goffman, Irving. La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu, 1959.
Pero, ¿cómo se aprende el rol? La respuesta es clara:
la sociedad se reproduce a sí misma por la vía de la
socialización, es decir, por el aprendizaje de pautas de
comportamiento, normas de conducta, asimilación
de valores propios de la organización, fidelidad a la
relación entre unos y otros, seguimiento de patrones
elevados a la categoría de ideales. Lo mismo que
ocurre, o debería ocurrir, en la sociedad mayor,
eso mismo se espera que ocurra en los subgrupos,
incluidos los delincuenciales. La diferencia está en el
contenido y en la identidad que produce uno u otro
proceso.
Si las grandes instituciones no cumplen su papel,
dejan espacios en donde otras instancias sociales se
localizan y sustituyen esa función y se apropian de
los procesos dejados por ellas. Si son fuertes y duros,
tenderán a reemplazar a las primeras. Esto es lo que
ocurre con los grupos delincuenciales. Allí se encuentra
afectividad, pertenencia, valores de solidaridad,
cohesión, lealtades, jerarquías, medios y fines.
La conducta violenta y antisocial en niños y
adolescentes es solamente el resultado del fracaso
de diferentes organizaciones que deberían haber
intervenido en la socialización, haberlo hecho
exitosamente, como la escuela, el contexto social,
los medios de comunicación y, sobre todo, la
familia. Algunos estudios muestran que el fracaso
escolar, la alienación escolar, la baja autoestima,
los estados de ánimo y actitudes negativos hacia
la organización y autoridad, tanto familiar como
escolar, tienen una relación positiva y significativa
con el desarrollo de conductas infractoras (Sobral,
Serrano & Regueiro, 2005).
Un primer punto que se ha de examinar es la
socialización anticipada o anticipatoria (Barrios,
2007). Ella consiste en la adquisición de valores y
orientaciones encontradas en estados y grupos a
los cuales uno todavía no está asociado pero a los
cuales uno probablemente vaya a entrar (Funchs
Ebaugh, 1988). Anticiparse al rol es, de alguna
manera, poner en orden las expectativas, sean
ellas reales o falsas, más que los comportamientos
que implicarían para quien lo adoptara (Heiss,
1981).
Adoptar un rol es esperar recompensas de otras
personas o de quien lo asume. En este caso,
las gratificaciones provienen de los grupos de
referencia y de la autosatisfacción (self-reward) de
haber cumplido con las condiciones de ejercicio del
rol, en este caso delincuencial. Esas gratificaciones
se convierten en impulsos para nuevas acciones
en cadena. Este es un punto crucial que sigue una
trayectoria de consolidación del rol porque los roles,
más que explicar un el orden social del grupo de
pertenencia, explican la identidad del individuo
involucrado en ese grupo.
Una pregunta surge en este momento de la
presentación: si el haberse ligado a un grupo
significa haber aprendido y practicado el rol que
de él se esperaba para expresar la fidelidad y el
compromiso con él, ¿las medidas que se han
tomado para contrarrestar a los infractores y, más
tarde, delincuentes, toman el camino de revertir el
rol, es decir, de desaprender el rol, de generar un ex
rol, una salida y un tránsito a otros roles legitimados
ellos sí por la sociedad? Este punto es central
y fundamental en el desarrollo de una política.
Veamos los caminos seguidos para acercarnos a
una reflexión final.
Las medidas adoptadas
Los caminos que se han tomado para la erradicación
o, al menos, debilitamiento de los grupos
infractores, han consistido en medidas como el
“retribucionismo represivo” o el “paternalismo
anticiudadano” (García Méndez, 1996). Sobresale
la crítica a las medidas represivas en la medida en
que castigan a los individuos pero dejan intacto el
problema que los genera. A contrario sensu, se piensa
que ofrecer oportunidades puede ser un camino más
eficaz (Semana, 2000, abril 10)8.
Cuando se plantean medidas, se presenta una
disputa insalvable por las posiciones antagónicas que
polarizan el debate y la reflexión y que neutralizan
salidas efectivas a los problemas. Estas posiciones
se debaten entre una política criminal y una política
social. Las dos caracterizan el problema de manera
distinta y, por tanto, apuntan a soluciones diferentes.
Aquí sostenemos que habría necesidad de ir al centro y
conjugar las dos propuestas, articuladas con un fuerte
trabajo individual desde perspectivas antropológicas,
psicológicas y sociológicas, es decir, esos individuos
comprendidos dentro de un contexto colectivo.
En primer lugar, los aspectos jurídicos. Básicamente
dos modelos que conllevan epistemologías diferentes
en la consideración de la infancia, en general, y de
los niños(as) y jóvenes infractores, en particular. Uno
es el modelo tutelar respaldado en los derechos
vulnerados (Mettifogo et al., 2004). El otro es el de
aplicación severa de las normas que llevan hasta
la reclusión por conductas como el crimen o la
contravención (García Méndez, 2001).
8 Ver, también: Coy, Ernesto; Torrente, Ginesa. Intervención con menores infractores: su evolución en España, en Anales de Psicología, 1997, vol. 13, nº 1, 39-49.
Un elemento adicional: este artículo se aparta de la tradicional perspectiva que observa el fenómeno partiendo del supuesto de la homogeneidad de la población9. Para nuestro caso, diferenciamos la especialización de la versatilidad, la acción reactiva de la proactiva y el surgimiento precoz del rol de su aparecimiento tardío. Estos tres tipos, a la manera weberiana, se consideran ideales. Este artículo no se ocupa de desarrollar esta tipología ni de buscar evidencias empíricas que la sustenten. Es parte de un trabajo que se realiza frente a los datos.
9 Ver, por ejemplo, Bandura, A. Agression: A Social Learning Annalysis; Gottfredson & Hirchi. A General Theory of Crime; Hirchi,T. Causes of Delinquency; Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. A Theory of Differential Association, in F. T. Cullen & R. Agnew (eds.). Criminological Theory: Past and Present. Estudios de trayectorias en el desarrollo de comportamientos y conductas criminales, en Llorente, María Victoria, y Rubio, Mauricio (comp.). Elementos para una criminología local: Políticas de intervención del crimen y la violencia en ámbitos urbanos.
En segundo lugar, la política social encaminada a la rehabilitación y, de paso, reducir la reincidencia. Surge una gran desilusión en relación con la capacidad de las instituciones y de sus programas de producir resocialización efectiva (Mettifogo et al., 2004). La política social y la política pública, en este caso, comprometen a las entidades gubernamentales y no gubernamentales y también al conjunto de la sociedad, particularmente de las instituciones que tienen funciones directas en la socialización como la familia, la educación, el medio social y los medios de comunicación. El Estado, por su parte, se erige en el líder de los derechos fundamentales de la niñez consagrados en la Constitución Política de 1991, donde se establece que sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. La norma reciente sobre infancia y adolescencia permite establecer un marco general no solamente para dirigir acciones sino para evaluar la política y para analizar en profundidad los elementos implicados y buscar soluciones efectivas a la problemática10.
10 Se trata de la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
La política social de una sociedad democrática consiste
en asegurar derechos básicos. Sin embargo, allí no
se agota su acción en tanto ha sido redescubierta
y revalorizada como un motor del crecimiento
económico (Kliksberg, 2004). Esta dimensión acerca
intereses desde perspectivas técnicas y políticas
distantes como los enfoques de la economía,
de los negocios, del mercado, en relación con la
tradicional visión acerca de las prioridades de los
asuntos sociales. Los enfoques clásicos sostenían que
invertir en salud sería una consecuencia de aplicar
excedentes económicos. Un estudio dirigido por
Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard, mostró
que invertir en salud es un prerrequisito para generar
beneficios económicos. Los casos se estudiaron en
países como Estados Unidos, Inglaterra, Singapur,
Malasia, Taiwán, Irlanda, Israel, entre otros, durante
un período de 200 años por un equipo de 37 expertos
internacionales. La política social se concentró en
examinar acciones dirigidas a reducir mortalidad
infantil y mortalidad materna y a fortalecer salud
pública. Se encontró que esas acciones se constituían
en pre-requisito del crecimiento económico. Igual
ejercicio se hizo con la educación. La tradicional tesis
dice que la inversión es un corolario del resultado
económico. Los expertos ahora sostienen que para
que una economía sea exitosa debe basarse en el
conocimiento y esto pasa porque su población tenga
niveles altos de educación. Esto vale para los países
grandes como para los pequeños, los del centro o de
la periferia. Esto lo atestiguan las políticas confluentes
del Banco Mundial y de la UNESCO.
Si lo anterior es cierto, y si los niños infractores
carecen de salud y de educación, obviamente los
esfuerzos deberían implicarlos no solamente para que
superen sus prácticas sociales negativas sino para que
se involucren a la sociedad por los canales legítimos.
La organización y funcionamiento de programas
multimodales con estrategias de intervención plurales,
según los casos y las circunstancias locales e individuales,
son una alternativa que ve el problema desde
ángulos diferentes y aporta soluciones desde ellos.
Todo esto implica diferentes grados de intervenciones
psicosociales, educativas, de capacitación para el
trabajo, recreación, afecto y sentido de pertenencia
a un grupo que les permita ser referencia positiva.
Hay que tener en cuenta que muchos niños presentan
dificultades en la adquisición de diversas destrezas
cognitivas y en destrezas necesarias para la adaptación
social como autocontrol, razonamiento abstracto,
resolución de problemas interpersonales, toma de
perspectiva social, razonamiento crítico, habilidades
sociales, pensamiento creativo (Mettifogo et al., 2004).
En orden de prioridades, la inclusión, aceptación e
interrelación tienen prioridad incluso sobre el control
y el afecto, y sobre otras necesidades, como se prueba
en investigaciones puntuales (Giraldo O., Guzmán T.
& Lozada P., 2006).
Un elemento que siempre debe estar presente y
que debe conducir las acciones es el compromiso
de los niños, adolescentes y jóvenes. La forma de
un pacto es básico, condición sine qua non de un
proceso de desaprendizaje de un rol ligado a actos
delincuenciales. Es un contrato social que no presiona
a doblegarse ante el poder del Estado y las formas
de control de la sociedad sino que está abierto a un
procedimiento de negociación, al establecimiento de
obligaciones mutuas y a mecanismos de exigibilidad
en caso de incumplimiento (CEPAL, 2007).
Uno de los objetivos de un proceso de desaprendizaje
es romper la secuencia del rol. No es tarea fácil. Al
contrario, se debería trabajar en una secuencia que
implique, al menos, estas subetapas para buscar
eficacia así como fueron eficaces los aprendizajes
de los actos delincuenciales.
Las fases podrían ser: a) introducir dudas que lleven
a la posibilidad de abandonar el rol (first doubts),
b) búsqueda de roles alternativos (seeking
alternative), c) definir el momento crucial que define
la salida del rol (the turning point), d) creación del
nuevo rol (creating the ex–role), e) retirada del rol, f)
estigmatización del ex–rol y g) adopción del nuevo rol
o nuevos roles. Es una tarea dispendiosa que exige
esfuerzos significativos. Hay que tener en cuenta que
los aprendizajes del rol han implicado la personalidad
total de los niños infractores y erradicar el trasfondo
de esa configuración exige reversar todo el proceso
seguido. Muchas veces se pasa por alto la complejidad
de esta perspectiva, por lo cual la superficialidad y
ligereza con que se tratan estos asuntos son la razón
de la ineficacia en sus resultados.
Nada de esto puede hacer una sola organización;
se requiere, por el contrario, altos niveles de
coordinación y apropiación de recursos que, al
final, resultarán pocos frente al enorme daño que
se contrarresta si el problema se deja crecer.
Reflexiones al cierre
La amplia experiencia en el tratamiento del tema
de niños infractores debería convocar a reflexión
en el sentido de no seguir cometiendo errores en
forma reiterada. Se sabe que los programas más
efectivos son aquellos que se fundamentan en
modelos teóricos conductuales y conductuales cognitivos y que se orientan a modificar patrones de
relación entre sujetos con su entorno, se identifican
problemas y se generan respuestas alternativas. Por
otro lado, se sabe que los programas que tienen
desarrollo en la comunidad obtienen resultados
más duraderos que aquellos que son residenciales.
También se sabe que los programas menos eficaces
en la reducción de la reincidencia son los que se
desarrollan en establecimientos masivos. Por tanto,
hay que combinar trabajos grupales con actividad
personalizada (Mettifogo et al., 2004).
El rol infractor se puede prolongar en el tiempo,
y de hecho lo hace, si no hay un motor que
revierta los procesos andados. Desaprender el
rol, desidentificar el proceso con intencionalidad
no surge espontáneamente, sino que debe
colocarse como un objetivo. Bien se sabe
que a mayor identificación con el rol, menos
probabilidades de abandonarlo; a contrario sensu,
a menor identificación, mayores probabilidades de
abandono o de desaprendizaje.
Si todo esto se hace, algún día podremos decir con
Gabriel García Márquez: “… las condiciones están
dadas como nunca para el cambio social, y que la
educación será su órgano maestro. Una educación,
desde la cuna hasta la tumba, inconforme y
reflexiva,… Que aprovecha al máximo nuestra
creatividad inagotable… Que integre las ciencias y
las artes a la canasta familiar… Que canalice hacia la
vida la inmensa energía creadora que durante siglos
hemos despilfarrado en la depredación y la violencia,
y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la
tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel
Aureliano Buendía. Por el país próspero y justo que
soñamos: al alcance de los niños”(El Espectador,
1994, julio 23).
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