Inseguridad urbana y sus efectos:
percepción de los jóvenes
Urban Insecurity and its Effects: Perception of the Youth
Roxana Vuanello
Doctora en Psicología.
Profesora adjunta, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina.
grvuan@unsl.edu.ar
Resumen
Entre los derechos humanos básicos, reconocemos la seguridad como un aspecto que en la actualidad despierta
preocupación personal, institucional y social por su deterioro. El objetivo en esta investigación radica en
explorar la situación de los jóvenes ante la inseguridad urbana, por conocer que primariamente estos actores
son sindicados como autores de la criminalidad, y queda relegada su victimización.
En este sentido, se trabajó con adultos: para indagar cuáles eran las representaciones sociales sobre el papel de
los jóvenes en materia de acciones delictivas, y con jóvenes: sobre su situación de víctimas de delitos, los efectos
producidos y sus estilos de afrontamiento, a partir de la administración del Cuestionario de Inseguridad Urbana
(CIU). Se complementó esta información con resultados sobre la construcción personal y social del miedo, acerca
de la probabilidad de ser víctima de delitos, vivenciada por un grupo de jóvenes de una escuela de la ciudad de
San Luis, ubicada en una zona periurbana.
Las muestras las constituyeron adultos y jóvenes de diferente sexo, estos últimos pertenecientes al nivel secundario y universitario, quienes fueron comparados con pares de diferentes localidades en la última etapa
de investigación.
Las conclusiones obtenidas se asocian con el papel de las instituciones, la incidencia de los medios de comunicación
en la proliferación del sentimiento de inseguridad urbana que presentan quienes no han sido víctimas de delitos,
la mayor vulnerabilidad de las mujeres frente a sus pares del sexo masculino y la necesaria participación del
Estado en el reconocimiento de los jóvenes como potencialmente vulnerables ante el delito.
Palabras clave: criminalidad, menores, delitos, víctimas, inseguridad urbana (fuente: Tesauro de la política criminal latinoamericana - ILANUD).
ABSTRACT
Among basic human rights, we recognize security as a condition that currently awakens social, institutional
and personal preoccupation owing to its deterioration. The objective of this research is to explore the youths’
standing before urban security,
This data was completed with the results from their personal and social construction of fear before the probability
of their becoming a victim, as experienced by youths from a San Luis school located in the city’s nearby suburbs.
Samples were taken from male and female adults and youths, the latter high school and college students, who
were compared with peers from different districts at the last stage of the research.
The conclusions reached are associated to the institutions’ role, the mass media’s incidence in the proliferation
of such a sense of urban insecurity shown by those who have not been victims of any crime; the women’s higher
vulnerability in comparison to their male peers; and the necessary participation of the State to acknowledge the
youths as a potentially vulnerable group before crime.
Key words: criminality, minors, offenses, victims, urban insecurity (Source: Thesaurus of Latin American Criminal Policy – ILANUD).
Introducción
A partir de la teoría de las representaciones sociales
surgió la necesidad de investigar acerca de la participación
de los jóvenes ante los delitos contra la
propiedad de la capital de la provincia de San Luis,
desde la visión que los adultos, referentes de su zona
de residencia, poseen sobre ellos.
Se entiende por representaciones sociales el conocimiento
que se constituye a partir de nuestras
experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos
y modelos de pensamientos que recibimos
y transmitimos a través de la tradición, la educación y
la comunicación social… conocimiento socialmente
elaborado y compartido (Jodelet, 1986: 473).
Son mecanismos que organizan la manera de interpretar
la realidad y permiten vislumbrar la existencia
de estereotipos, opiniones, creencias, valores y preceptos
que orientan la conducta, tanto en su dimensión
individual como colectiva. En términos de su
precursor, toda representación social está compuesta
de figuras y expresiones socializadas. Es una organización
de imágenes y de lenguaje, porque recorta y
simboliza actos y situaciones que son o se convierten
en comunes (Moscovici, 1961).
La tradición criminológica indica que las miradas hacia
los jóvenes implicados en la criminalidad contra
la propiedad están sesgadas y son mayoritariamente
orientadas a hacer prevalecer su participación como
autores del delito, tanto a través de la conducta
particular como desde la formación de bandas y/o
subculturas delincuenciales. La condición de inimputabilidad
que la edad les otorga en su calidad de
menores ante la ley, ha favorecido su participación
en acciones antijurídicas, tanto desde su propia intencionalidad
como a partir de la explotación de
delincuentes mayores que se benefician por este especial
carácter que se les confiere. No obstante, no
solo este es el lugar que pueden ocupar.
En tal sentido, a partir del estudio de diferentes modalidades
de la violencia que los alcanza en su rol
de víctimas, surgió la inquietud de explorar las construcciones
colectivas, que en términos de creencias,
supuestos, expectativas y motivaciones compartidas
(Ibáñez, 1988) tienen en la comunidad de un barrio
de la ciudad de San Luis, hacia su población juvenil.
Asimismo, estimar su propia percepción hacia la delincuencia,
diferenciando la inseguridad real por haber
vivenciado un hecho, del miedo a lo que pueda acontecer,
valorando la incidencia individual y colectiva.
San Luis, una provincia de Argentina
San Luis se ubica en la región centro-oeste del país,
lo que favorece su intercambio comercial e industrial
con el resto de las localidades. Limita al este con Córdoba,
al sur con La Pampa, al oeste con Mendoza,
al noroeste con San Juan y al norte con La Rioja. Su
población, según datos del Indec (proyección del año
2001), registra en la actualidad una cifra aproximada
de 447.150 habitantes.
Desde 1982 se puso en práctica una política de promoción
industrial que modificó sus características económicas,
que en esa época se basaban en la agricultura y
ganadería como sectores productivos, con importante
cantidad de población asignada al sector público provincial
y a la universidad existente hasta entonces como
único espacio educativo superior. A partir de los cambios
generados por el sector industrial, la provincia toda
se vio inmersa en un creciente y radiante momento de
diversificación comercial, durante el cual expandió sus productos hacia el resto del país y a nivel internacional,
circunstancia que le imprimió un movimiento diferente
al estilo provinciano propio de un lugar del interior de
nuestro país. Sobre todo de la mano del turismo, como
otra de las actividades favorecidas por políticas a manos
de la familia gobernante, desde el retorno de la democracia
en 1983.
Con el advenimiento de la democracia (1983), cuando
el gobierno de esta provincia es ejercido por uno
de los miembros de la familia que ocupa el poder político
desde entonces hasta la fecha, se ha mostrado
una imagen de este contexto provincial como libre
de problemáticas sociales. Esto es, de analfabetismo,
pobreza, desocupación.
Respecto de la última, las ofertas laborales estuvieron
dadas por programas de promoción industrial que
favorecieron a ciudadanos de este medio y de zonas
aledañas. Sin embargo, a partir del 2003, quienes
constituían parte de la población sin trabajo, por quedar
fuera del espacio industrializado, o bien porque
estaban a cargo de trabajos informales y a destajo, se
visibilizaron. Esto fue a partir de ser convocados por el
Estado provincial a formar parte de un Plan de Inclusión
Social que comenzó a implementar, a efectos de
paliar la recesión imperante de aquel momento.
Al año siguiente se inició un proyecto político para
paliar la crisis de seguridad provocada por la criminalidad
en ascenso, a partir de la creación del Programa
de Seguridad Comunitaria. En el mismo se crearon
los roles y funciones destinados a quienes se llamarían
protectores comunitarios, encargados de efectuar
recorridos en las calles a modo de protección.
Este control público se realiza por la sola presencia
de quienes cuentan con libretas, donde consignan
los movimientos de los habitantes, situación que en
múltiples ocasiones es valorada por los mismos como
de vigilancia y hasta de sospecha de poder sumar
elementos para favorecer conductas desviadas de la
norma.
Esta información recabada se debe transmitir a los
mediadores comunitarios, quienes ante comportamientos
sospechosos dan aviso a las fuerzas policiales
para que actúen desde la prevención y/o
represión del crimen.
En los primeros años, y debido al carácter innovador
de las medidas, se implementaron en determinadas
zonas, consideradas más “calientes”, en razón de su
potencialidad delictiva.
Uno de estos primeros barrios donde se llevó a cabo
el plan de seguridad comunitaria fue el seleccionado
para la investigación que se relata en este trabajo,
desde la presunción de que esta elección había estado
definida por sus particulares índices de inseguridad,
en razón de la mayor ocurrencia de delitos.
Acerca de la disminución de la seguridad urbana. Impacto en la subjetividad y en lo social
La conducta de las personas desde una mirada social es considerada una respuesta a las condiciones del entorno físico, y en especial a las demandas relacionadas con la supervivencia, con los imperativos sobre dónde y cómo vivir, afrontar las situaciones conflictivas, y el modo de utilizar los recursos.
Variables de personalidad y variables ambientales
constituyen los recursos de una persona y cumplen el
papel mediador entre la enfermedad (estrés) y tanto
la salud física como psicológica. De allí la necesidad de alcanzar una mirada conjunta y recíproca de la relación
sujeto-medio, para evaluar cómo los cambios
sociales pueden constituirse en facilitadores de estrés.
Al respecto, y por entender que la violencia no es un
fenómeno espontáneo sino el producto de una sociedad
caracterizada por la desigualdad y la exclusión, la
posibilidad y/o la real pérdida de la seguridad genera
efectos con potencialidad de riesgo de enfermedad,
así como de producir distintas pérdidas, entre las que
se cuentan las relaciones interpersonales, que se ven
teñidas por la desconfianza y la incertidumbre.
El contexto sociohistórico desde el cual se parte para
conocer la situación actual está orientado a analizar
las transformaciones sociales acontecidas a finales del
siglo pasado. A partir de la década de los noventa,
Latinoamérica toda se vio envuelta por problemáticas
propias de la vulnerabilidad social a partir del repliegue
de la acción del Estado, por el deterioro de los hábitos
tradicionales de organización social. La globalización
económica y las políticas que acrecentaron las diferencias
sociales originaron mayores índices de pobreza.
La precariedad del mercado laboral por la mayor flexibilidad,
el empleo informal o de baja productividad
desvalorizó el capital humano y fue cerrando posibilidades
de desarrollo. Se creó así el entorno propicio
para que la violencia y la criminalidad se acentuaran
y se tornaran como fenómenos de mayor visibilidad.
Tanto este aumento de la violencia como de las conductas
delictivas desarrollaron en la población un sentimiento
de inseguridad marcado, ya sea desde las
experiencias reales de victimización, como de aquellas
que se perciben y constituyen miedos nuevos, miedos
a los otros, a lo conocido y desconocido.
De esta manera se fue vulnerando la seguridad, considerada
como uno de los derechos humanos básicos
que posibilitan una vida digna y protegida para
los individuos y que los Estados deben promover a
través de sus instituciones. Se define su marco disciplinario
en “…el derecho que tienen las personas,
las comunidades y las regiones de vivir seguras y de
prosperar en paz…” (Domínguez Lostaló, 1999: 13).
Los procesos de rápida modernización y mercantilización
han provocado vacilación ante los cambios, que
dejan por fuera del sistema social a una importante
cantidad de personas. El entorno se vuelve intimidante
y factible de provocar daño, realidad que se torna
tangible cuando la violencia es incentivada por la amplia
cobertura de los medios de comunicación masiva.
En palabras de Saín (2002), la seguridad pública se convirtió
en un problema de relevancia política cuando se
hizo presente en la opinión pública, debido a la creciente
sensación de inseguridad existente en la población.
De tal forma, se constituye en una problemática que
produce efectos individuales y colectivos, en cuanto
provoca altos costos económicos, desacredita las
instituciones, desfavorece los procesos de inversión
y altera las vinculaciones interpersonales cuando ganan
espacio el miedo y el desengaño.
Como tal, la pérdida de la seguridad ante la delincuencia
es factible de provocar transformaciones en el orden
individual y limitar el accionar social e institucional en
lo colectivo, favoreciendo aún más el aislamiento y el
individualismo propio de ideologías neoliberales.
Entre sus consecuencias, que pueden ir desde la pérdida
y daños de bienes hasta las lesiones físicas y psicológicas,
e incluso la muerte, se pueden encontrar
respuestas propias de una percepción de la vulnerabilidad,
paralización temporal, aturdimiento, sentimientos de soledad, angustia, entre otros signos. Efectos
que se pueden extender a la familia y a los vínculos
interpersonales de la víctima. Reacciones que dependerán
de la gravedad del hecho, el rol y función de la
víctima, su edad, las circunstancias en que tuvo lugar
el mismo, así como si el autor es conocido o no. Sin
embargo, el daño y sus secuelas estarán también relacionados
al papel de las instituciones de administración
de justicia, cuyo rol es fundamental en la recuperación
de la dignidad y la humillación que acompaña
a la víctima posterior al delito sufrido.
A su vez, el “miedo al delito”, entendido como la construcción
social de sentirse y saberse víctima sin serlo,
debido a ser testigo de situaciones criminales en el medio,
va minando la credibilidad en los recursos personales,
así como en la confianza de obtener la protección
de los organismos estatales, lo que posibilita respuestas
propias de un daño; es una escala similar a quienes sufren
los hechos de manera experiencial.
Más allá de los registros estadísticos, así como los
publicitados acerca de la actualidad delictiva, que en
múltiples lugares no resultan fieles a lo que acontece
en la realidad (cifra negra de la delincuencia), interesa
aquí producir un acercamiento para la comprensión
de este fenómeno social que afecta y perturba
en grado creciente a la población, en particular a los
adolescentes y jóvenes por sus características distintivas.
La juventud se define como período del ciclo
vital humano que se inicia en la adolescencia, por
factores biológicos relacionados con la edad, y que
finaliza de acuerdo con factores sociales propios de
cada momento sociohistórico (Agulló, 1977).
Las características evolutivas del adolescente y de
los jóvenes, por los roles sociales que les son asignados,
ponen de relieve su particular vulnerabilidad,
en cuanto no pueden percibir el peligro, no pueden
defenderse ni solicitar ayuda y, principalmente, se
encuentran desprotegidos por las instituciones (Marchiori,
2005). Evidencian, en consecuencia, una mayor
permeabilidad a la influencia de diferentes fuentes
de violencia del contexto social.
Los cambios sociopolíticos acaecidos en nuestro país
generaron transformaciones en los vínculos sociales
e institucionales; de tal manera, la escuela, como organización
socializadora fundamental en el desarrollo
de las poblaciones jóvenes, se transformó en una caja
de resonancia de las distintas situaciones de violencia.
“Por ser la escuela un lugar en el que la población aún
confía y valora, se depositan en ella desde conflictos
familiares hasta dificultades económicas, laborales,
de salud, alimentación y seguridad” (Abad, 2002).
Demandas que superan, en ocasiones, los objetivos y
posibilidades reales de instituciones educativas.
La institución educativa, así como el contexto, en su
condición de espacios de desarrollo de estos actores
sociales, despiertan miedos y perplejidad en tales
sectores sociales, puesto que demandan poner en
ejercicio recursos personales y grupales, que les permitan
sentirse más resguardados ante el sentimiento
de inseguridad que manifiestan. Recursos que pueden
no poseer por su estado vulnerable, en tanto
seres en evolución.
Objetivos
– Examinar las representaciones sociales y atribuciones
causales de un grupo de adultos sobre los jóvenes
en su relación con actividades delictivas1.
– Analizar la percepción de inseguridad que experimentan
los jóvenes ante el contexto comunitario
y el escolar2.
– Reconocer el impacto generado en jóvenes afectados
por el delito, como también ante la posibilidad
de serlo (inseguridad real e inseguridad subjetiva) y
el afrontamiento ante la violencia delictual.
1 Resultados obtenidos con el equipo de investigación “Derechos Humanos, Control Social y Sectores Vulnerables”, Línea A, Universidad Nacional de San Luis, años 2006-2009.
Metodología
La investigación ha sido de tipo exploratorio y comparativa
a partir de una muestra total de adultos de
ambos sexos, conformada por 144 padres y personas
de la comunidad barrial, pertenecientes a la zona de
influencia del centro educativo de un barrio periurbano
de la ciudad de San Luis. A ellos se les entregó un
cuestionario, creado con fines específicos, el cual se
aplicó en forma individual.
La muestra de jóvenes estuvo conformada por 77
mujeres y 41 varones, asistentes al nivel polimodal
de la misma institución escolar, a quienes se aplicó,
en forma individual, un cuestionario creado con
base en los objetivos propuestos.
Se integró este estudio con la información obtenida
a partir de anteriores experiencias relacionadas con
la situación de los jóvenes frente al delito. Momento
en que se investigó sobre personas con edades comprendidas
entre los 16 y 24 años, de la ciudad de
San Luis, que hubiesen sido víctimas de algún delito
contra la propiedad. A este grupo y al control (formado
por 125 jóvenes no víctimas) se les entregó el
CIU (Cuestionario de Inseguridad Urbana) (Vuanello,
2002)3.
2 Ídem. 3 Resultados pertenecientes a la Tesis de Maestría en Psicología Clínica, Orientación Cognitivo-Integrativa, año 2002, Roxana Vuanello.
Este instrumento fue construido como material que
supliera la ausencia de herramientas de medición específica.
Durante un segundo momento se amplió la
muestra a 922 jóvenes, en edades similares a las trabajadas,
a efectos de validar desde lo metodológico
dicho instrumento4.
En una tercera etapa se conformó una muestra de
jóvenes de edades similares a las trabajadas anteriormente,
constituyendo un grupo de 200 individuos, con
distinta procedencia geográfica, a fines de evaluar la incidencia
de la variable lugar de residencia en el estudio
de la inseguridad y su relación con los jóvenes.
Resultados
En relación con las representaciones de adultos sobre los jóvenes
Los resultados fueron subdivididos en dos muestras
diferenciadas por sexo, en donde prevalecían las respuestas
que identificaron a los jóvenes en su condición
de víctimas de delitos (33 hombres y 69 mujeres).
En relación con cuáles eran las causas que favorecían
alcanzar ese carácter, en la muestra de varones, el
78,78% atribuyeron el ser víctimas al consumo de
alcohol y drogas; el 75,75%, porque pueden ser patoteados
por otros jóvenes. Consideraron, además,
la falta de asistencia a las escuelas, así como la ausencia
de formación laboral rápida (43%), como factores
predisponentes a sufrir acciones delictivas.
En el caso de la muestra de mujeres, el 68,11% señalaron
que los jóvenes son víctimas por falta de
control policial, y además porque el Estado se ocupa poco de ellos, mientras que el 43,47% marcaron que
algunas veces son víctimas por no concurrir a las escuelas,
y 36,23% por tener demasiado tiempo libre.
4 Resultados pertenecientes a la Tesis Doctoral en Psicología de la autora, Roxana Vuanello. Año 2006.
Al identificar, en menor número, la factibilidad de que los jóvenes sean autores de actos antijurídicos, un 70% de los hombres y un 62,31% de las mujeres sostienen que los jóvenes no son arrestados por ser menores para la ley penal y esta condición favorece la ilegalidad.
En relación con la percepción de inseguridad de los jóvenes ante los contextos comunitario y escolar
Se indagó acerca de la posibilidad de que los alumnos experimentaran inseguridad en la escuela (cuadro 1), es decir, respecto del miedo a ser víctimas de algún delito en este contexto. Al respecto, cabe destacar que los mayores porcentajes correspondieron a aquellas percepciones que indicaban que, en su mayoría, los jóvenes no sentían demasiado temor a las diversas situaciones que viven en la cotidianeidad de la vida escolar. No obstante, aunque en menor medida, existían situaciones generadoras de inseguridad que identificaban como el temor a recibir agresiones emocionales (54% las mujeres y 34% los varones) y al temor a que les roben algunas de sus pertenencias (46% los varones y 43% las mujeres). A su vez, alrededor del 18% de los varones percibían como otras fuentes de inseguridad las agresiones físicas y el miedo a que algún grupo los obligue a realizar involuntariamente alguna acción no deseada. La situación de sentirse amenazados revestía mayor importancia para el grupo masculino y tenía presencia, aunque menor, para las mujeres.
Cuadro 1
Al explorar el grado de inseguridad que las
mujeres y varones sentían en el contexto comunitario
(cuadro 2), se pudo apreciar que las situaciones
que les provocaban mayor temor a sufrir
un daño son las que remiten al hecho de que se
les acerque un grupo de jóvenes desconocidos
(73% para el grupo femenino y 63% para los
hombres), a que la casa en que viven quede sin
gente (73% y 61%, respectivamente) y ambos
grupos, en un 73%, presentaban temor a la pérdida
de sus pertenencias, tales como medios de
movilidad.
Un dato que se tornó relevante sobre situaciones
investigadas, tales como ir al boliche bailable,
andar solo por la ciudad, salir en auto, salir con
pertenencias que puedan ser sustraídas, indicó
que la mitad de los jóvenes sentían miedo en
tales momentos, lo cual indica que un número
importante de jóvenes perciben su inseguridad en
el medio.
Cuadro 2
En relación con la exploración de la inseguridad objetiva y subjetiva que presentan los jóvenes, su afrontamiento y efectos provocados
Frente al delito, los jóvenes demostraron la necesidad
de disminuir el impacto emocional provocado
cuando el hecho acontece, así como cuando era
percibido en calidad de amenaza, apelando para su
afrontamiento a la búsqueda de apoyo social. Esta
resultó ser una estrategia muy utilizada en las etapas
evolutivas en estudio. Además, trascendió como relevante
ante la desprotección vivenciada o apreciada,
ya que además de favorecer las conductas sociales,
de cohesión, han podido, a partir del grupo, reducir
sus comportamientos de riesgo y sentir que alcanzaron
a tener control cognitivo a nivel de sus creencias
personales.
Durante esta primera etapa se comenzó a dibujar una
realidad, que demostraba con mayor vulnerabilidad a
las mujeres y a los jóvenes de menor edad, quienes
ante la percepción del peligro o su concreción, elegían
evitar las situaciones estresantes a nivel cognitivo
o bien a partir de conductas que significaran el alejamiento
de los estímulos generadores de temor. Si bien
estas reacciones pudieron significar mayor protección,
también se las evaluó como posibles limitaciones a
prácticas propias de una edad donde prima la libertad
y la aventura como fuentes de conocimiento.
Durante esta experiencia también se trabajó con
grupo control (no víctima), que fue evaluado ante
las diferentes situaciones que se consideraron relacionadas
con el tema en estudio al construir el CIU.
Resultó importante encontrar que, a pesar de no haber
sufrido delitos, presentaban altas puntuaciones ante contenidos intimidantes de revictimización por
posibles nuevos hechos, lo que indicó la fuerza de la
amenaza que los hace víctimas en sus creencias, aun
sin serlo directamente.
Las circunstancias y lugares significados como peligrosos,
el abandono de medios de transporte, el contacto
con personas desconocidas, portar dinero, sentirse
observado, andar solo/a por la calle, al salir de una
fiesta o un boliche en la madrugada, movilizarse sin
pagar (hacer dedo), conocer los delitos que se producen
y cuando se imaginan la posibilidad de un asalto
en el lugar donde se encontraran, fueron aspectos
que preocupaban más a la franja etaria de 17 a 19
años, que se presentó como la más vulnerable.
Fue interesante advertir que a este grupo (no víctima)
le afectara más la idea de sufrir un delito que a quienes
ya habían vivido esa experiencia. Este resultado
aportó material para reafirmar que el sentimiento de
inseguridad involucraba a estas personas en estados
anticipatorios, lo que indicó el impacto del aprendizaje
vicario, producto de la observación de acontecimientos
ocurridos a otros, tanto en la constitución
como en el sostenimiento de este estado.
A partir de los datos aportados por los participantes
de la muestra de jóvenes que no habían sido víctimas
de situaciones delictivas y presentaban miedo a
su exposición por la inseguridad percibida, se detectaron
dimensiones que se evaluaron como constituyentes
del sentimiento de inseguridad�5.
Cuando se amplió la muestra a fines de validar el
instrumento creado para medir inseguridad urbana (CIU), algunas de las principales conclusiones a las
que se llegó explicaban cómo percibían la criminalidad
como fenómeno “naturalizado”, entendiendo
que debían aprender a convivir con sus consecuencias,
tanto a nivel personal como grupal. Al analizar
la incidencia de la variable edad, se corroboraron resultados
que indicaban cómo los menores (17 a 19
años) elegían negar situaciones de riesgo para confrontar
su vulnerabilidad a manera de no comprometerse
afectiva y cognitivamente. Los de mayor edad
confiaban en poseer capacidades personales a modo
de protección, que no recibían de las instituciones
legitimadas (policía, justicia) para brindársela.
5 Ver “Un nuevo instrumento de evaluación psicológica: el Cuestionario de Inseguridad Urbana (CIU)”, Revista Interdisciplinaria de Psicología y Ciencias Afines, Buenos Aires, 2006, pp. 17-46.
La vulnerabilidad al estrés se notó acrecentada en el
grupo de mujeres, quienes apelaban a ayudas externas
ante el miedo al delito o frente a los efectos de
su victimización.
Además de las reacciones, se estudiaron las situaciones
que les producían inseguridad, para analizar
variables del entorno que resultaran amenazantes.
En este aspecto, evaluaron como peligroso la calle,
el barrio, el boliche o su propia casa, sin encontrar
algún espacio de mayor seguridad. Depositaban su
confianza en la presencia de otros como apoyo social,
más que en el medio en el que se encontraran.
Al generalizar esta percepción a todos los lugares en
donde mayormente desarrollan sus hábitos, se percibían
como presa fácil, alimentando sentimientos de
amenaza y riesgo.
A posteriori, se llevó a cabo una nueva etapa, en la
que se buscaba indagar si existía alguna incidencia
del lugar de procedencia como medio de evaluación
de la influencia de las diferentes condiciones sociales,
como factores diferenciales en la percepción y
vivencias acontecidas ante la criminalidad.
De esta población se establecieron submuestras, tanto
desde su procedencia originaria y foránea (provincias
argentinas de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza,
Santa Fe, entre otras) como de su carácter de víctima
y de no víctima.
Se partía de la idea de que la ciudad de San Luis revestía
características de mayor seguridad en el marco
comparativo urbano, según datos del Indec (Instituto
Nacional de Estadística y Censo), que indicaba que la
tasa de delincuencia en esta provincia había sido de
258,6 cada mil habitantes (en el último registro del
2005), lo que la constituía en una de las jurisdicciones
con menor criminalidad del país.
Esto significaba que se podía encontrar mayor cantidad
de víctimas y de jóvenes con inseguridad subjetiva
en lugares de mayor concentración poblacional,
y más amplios movimientos comerciales e industriales,
como lo representan algunas de las provincias
de donde provienen muchos de los estudiantes que
conformaron esta muestra.
Al analizar los resultados y comparar los grupos victimizados
de San Luis y de otras provincias, surgieron
diferencias significativas entre sexos en todas las variables
que correspondían al sistema afectivo, denotando
que estos jóvenes se sentían inseguros, con
miedo y preocupaciones. En todos los casos, fueron
las mujeres quienes resultaban más afectadas, ratificando
su mayor vulnerabilidad en relación con anteriores
estudios citados.
Al observar los resultados de quienes no habían pasado
por situaciones delictivas, comparando los grupos
de San Luis y de otras provincias, fue altamente
relevante que también en las mujeres su sistema
afectivo se veía comprometido ante la amenaza que
representaba la posibilidad de serlo. La excepción de
diferencias significativas en las respuestas, de acuerdo
con el género, se dio solo en la preocupación que
despertaba esta amenaza, con mayor presencia en
los varones. Una vez más, los datos indicaban la mayor
indefensión del grupo de mujeres.
La presencia de similares reacciones emocionales
ante quienes habían vivido experiencias reales de victimización
y quienes percibían su riesgo, planteaba
la importancia del sentimiento de inseguridad, que
resultaba equiparable a la evidencia empírica.
No se observaron diferencias estadísticamente significativas
en razón de lo que les ocurría a los jóvenes
con diferentes lugares de procedencia, de tal manera
que se consideró que la variable en estudio no
aportó una incidencia directa en la percepción de la
criminalidad.
La dificultad de conocer cifras reales de criminalidad,
así como la rápida diseminación de los hechos delictivos,
que ocurrían tanto a nivel nacional como internacional,
resultaron datos dignos de considerar. Uno
porque no permitía saber si la criminalidad aumentaba
o no y el otro porque alimentó el miedo al delito
más allá de lo que cada medio representara para sus
habitantes. De esta manera, se observó que quienes
viven la realidad puntana se encontraban dentro de
un entorno informativo conformado por canales televisivos,
medios radiales y gráficos que provienen
sobre todo de la capital de la república, alimentando
su condición de vulnerabilidad, más allá de los hechos
reales que pudieran suscitarse en esta provincia.
Este dato fue analizado en el marco del número de
jóvenes que denunciaron haber pasado por victimizaciones
directas de hechos criminales, ya que el grupo de San Luis representó un 61% de la muestra
de jóvenes víctimas (cuyo número total fue de 99), lo
que reveló un crecimiento del delito respecto de administraciones
anteriores de este cuestionario. Razón
por la cual fue viable pensar que las estadísticas oficiales
no conformaban datos cercanos a la realidad,
dado que además de nutrirse de hechos denunciados,
suelen utilizarse como herramientas de control
político.
Conclusiones
A partir del conocimiento de cómo percibían los
adultos las situaciones de los jóvenes frente al delito,
el primer dato relevante estuvo relacionado en considerar
la situación de vulnerabilidad ante el delito en
los jóvenes, más que su responsabilidad personal. A
partir de allí se observó una marcada diferencia en
las atribuciones causales que realizaban hombres y
mujeres para explicar el fenómeno de victimización
en los jóvenes. Se evidenció la tendencia de las mujeres
a ubicar en un locus de control externo la razón
de por qué los jóvenes son víctimas, y que radicó
básicamente en la ausencia o falta de control de los
organismos del Estado. Mientras que los hombres
asignaban un locus de causalidad en la propia víctima,
manifestando que es el consumo de alcohol y
drogas, así como la propia indefensión de los jóvenes
por la agresión del grupo de pares, que los hace proclives
a ser sujetos de victimización.
En relación con estas respuestas y considerando qué
pensaban los jóvenes sobre su situación de riesgo en
los contextos educativo y comunitario de la zona investigada,
a partir de un análisis comparativo surgió
con meridiana claridad que la escuela era percibida
como un ámbito que origina mucha menos inseguridad
que el medio externo. Las razones de esta información darían cuenta de que la misma resulta
percibida por los jóvenes de la muestra como el lugar
que “alberga” a sus alumnos con recursos suficientes
para atender sus distintas demandas, a partir de
la regulación y cuidado de la convivencia educativa
como soporte básico de seguridad.
Sin embargo, acorde con el incremento de la violencia
en las escuelas, resultó congruente con este dato
de la realidad, que los alumnos hubiesen encontrado
algunas fuentes de inseguridad en su contexto
escolar. Al respecto, las que acusaron un porcentaje
significativo fueron las que se correspondían con la
sustracción o robos de las pertenencias y la de ser
víctima de agresiones emocionales. Esta última armonizaba
con las características socioafectivas de
los jóvenes, quienes al estar en plena búsqueda
de su identidad y construcción personal se mostraban
particularmente sensibles a las percepciones que
los demás tienen de sí, máxime cuando esos otros
son sus propios pares.
En el contexto comunitario también existía el temor,
en mayor medida, a la pérdida de pertenencias. La
diferencia entre ambos contextos estaba dada por
la aparición, en este último, del temor al contacto
con jóvenes desconocidos. Dicha circunstancia obraría
como un factor restrictivo a la posibilidad de apertura
del ámbito relacional entre pares, con todas las
limitaciones que de esto se deriva (solidaridad, aceptación
de la diversidad, integridad social, etc.).
Se analizaron estos resultados en un espacio caracterizado
por la presencia de personas que cumplían
funciones de protección, por su participación en el
Plan de Seguridad Comunitaria como apoyo a los organismos
policiales. Transcurridos varios años desde
su implementación y desde experiencias directas de evaluación realizadas con los vecinos involucrados,
se conocía que los mismos sienten un alto temor por
el control y la vigilancia de los protectores comunitarios,
a quienes consideraban poco aptos o sin la
capacitación suficiente para cumplir tan alta función.
Todo ello se traducía en opiniones negativas hacia
estas políticas gubernamentales, sobre todo por la
comisión de hechos delictivos que se continuaban
produciendo en zonas protegidas.
Desde esta perspectiva, fue clara la diferencia entre las
estadísticas oficiales y la sensación de inseguridad que
manifestaba la gente por entender que nada había
cambiado desde la implementación del programa.
Resta analizar la información obtenida sobre lo que
les acontecía a los jóvenes frente al delito y al miedo
de ser víctimas. Tales resultados dieron cuenta de la
conmoción emocional que acompañaba a los jóvenes
como impacto de la criminalidad, lo cual vulneró
su sensibilidad y dejaba abierta la posibilidad de instalación
de sintomatología de estrés traumático en
este orden.
La generalización de la criminalidad subjetiva, que en
estas muestras no respondía a las diferencias sociales
del lugar de procedencia de los mismos, representó
una problemática difusa y multiplicada, que hacía rehenes
a los jóvenes y aumentaba su vulnerabilidad,
que parecía transmitirse con un impacto propio de
una epidemia que podía desencadenar respuestas
estresantes que enfermen a los individuos.
De tal modo, la pertenencia a estos grupos favorecía
la existencia de un aprendizaje directo (inseguridad
objetiva) como vicario (inseguridad subjetiva) y se
aumentaba por la incidencia de la menor edad y al
género femenino, con un claro predominio afectivo y ciertas dificultades orgánicas en sus reacciones ante
el delito real o percibido.
Apelar a ayudas sostenidas en sus creencias religiosas
significó la falta de confianza y credibilidad en otras
respuestas, tales como la que debe brindarles la policía
en calidad de organismo estatal, como encargados
de la seguridad de los individuos. Esta institución ha
pasado como desapercibida o mal conceptuada por
parte de los jóvenes en todas estas investigaciones.
Las situaciones donde deben manejarse solos, sin el
apoyo de sus pares o de otros significativos, reforzaban
su situación de miedos aprendidos en edades
donde la aventura y el conocimiento de nuevas prácticas
se encuentran supeditados a estas circunstancias
sociales que condicionan el aprendizaje de roles
de mayor autonomía.
La indiferenciación en respuestas de jóvenes víctimas
y no víctimas dieron cuenta de la existencia de un
colectivo humano que no discriminó ante los hechos
delictivos reales, sino que percibían su propia debilidad
y falta de certezas en una sociedad que no genera
respuestas probables de mejorar su seguridad,
al menos en un futuro inmediato.
Todas estas conclusiones llevaron a observar el riesgo
de “hipotecar” nuestras nuevas generaciones en
cuanto puede imponer limitaciones a la propia libertad
de los jóvenes y condicionar sus hábitos sociales,
como también llegar a producir efectos factibles de
instaurar traumas.
Reconocer la victimización de estos grupos significa
superar la idea estereotipada de considerar el delito
juvenil como un indicador de la criminalidad, avanzando
en paradigmas criminológicos que amplíen esta mirada sesgada, que en ocasiones sirve solo a
efectos de fundamentar argumentos más represivos,
como la mayor severidad de penas o la disminución
de la edad de punibilidad.
Registrar su rol de víctimas y/o su factibilidad de serlo
pretende alcanzar respuestas institucionales que se
generalicen al resto de la población, donde el desarrollo
de políticas sociales y sanitarias públicas eficaces
sea una de las dimensiones de tener en cuenta
al diseñar programas que devuelvan a las personas la
posibilidad de gozar de uno de sus derechos básicos:
la seguridad.
Estos factores personales deben, a su vez, estudiarse
en el marco situacional, donde las escasas posibilidades
de cobertura de necesidades, entre ellas la educación
y el trabajo, así como las grandes inequidades
que conforman nuestro tejido social, se suman
a la selectividad y criminalización de organismos de
control social formal que los sindica como autores,
dejando de reconocer su papel de víctimas, disminuyendo
el marco garantista de sus derechos.
La preeminencia que tiene el tema de la seguridad
en el campo de los fenómenos sociales y jurídicos
emergentes en estas últimas décadas reclama una
respuesta desde los organismos gubernamentales y
civiles, por ser un contenido que atenta contra todo
desarrollo democrático y sobre todo afecta la calidad
de vida individual y grupal de los habitantes y de los
jóvenes tal como se demuestra en este trabajo.
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