La delincuencia organizada: análisis de su repercusión en el ejercicio del poder
Organized Crime: An Analysis of its Repercussions on the Execution of Power
José Luis Arriaga Ornelas
Doctor en Ciencias Sociales.
Profesor, Facultad de Antropología, Universidad Autónoma del Estado de México, México, D. F.
docarriaga45@hotmail.com
RESUMEN
Este artículo se deriva de una investigación que se propuso realizar la genealogía de la delincuencia organizada. Funda sus principios teóricos y metodológicos en algunas de las “ideas fuertes” del trabajo de Michel Foucault. Específicamente, aquí se presenta un análisis “arqueológico” del discurso de la delincuencia organizada, para entender sus condiciones de posibilidad y el poder de afirmación, que se expresa en las prácticas encaminadas al castigo penal.
Palabras clave: delincuencia organizada, castigo, justicia penal, verdad, delito (fuente: Tesauro de la política criminal latinoamericana - ILANUD).
ABSTRACT
This article derives from a research aimed at sketching the genealogy of organized crime and bases its theoretical and methodological foundations on some of the “strong ideas” in Michel Foucault’s work. This article also specifically shows an “archeological” analysis of the discourse of organized crime, in order to understand its conditions of possibility and power of affirmation expressed in practices conducive to penal punishment.
Key words: organized crime, punishment, penal justice, truth, offense (Source: Thesaurus of Latin American Criminal Policy – ILANUD)
INTRODUCCIÓN
Uno de los términos más utilizados en el discurso del
presente gobierno federal en México es delincuencia
organizada. Gran parte de su estrategia en la búsqueda
de legitimidad política se ha cimentado en el despliegue
de diversos esfuerzos institucionales para combatirla:
recursos, personal, infraestructura e ideas se han
orientado en este sentido. Debido a ello, las páginas
de los diarios, los titulares de las revistas, los espacios
en radio y televisión, los sitios web y todos los lugares
donde se vierte información o se analiza la problemática
nacional, se han vuelto caja de resonancia de “la
lucha contra la delincuencia organizada”. Por tal razón
se hace necesario el análisis de lo que ello ocasiona.
Lo que a continuación se sugerirá es una mirada a las
consecuencias que el discurso de la delincuencia organizada
puede tener en el ámbito del saber y del ejercicio
del poder. Se trata de un análisis acerca de las secuelas
que en la realidad puede tener un discurso que
toma cuerpo en prácticas encaminadas al ejercicio del
poder y al castigo de las personas. Se buscará dar respuesta
básicamente a dos preguntas: ¿qué pasa en el
discurso de la delincuencia organizada? y ¿qué consecuencias
trae el despliegue de ese discurso?
MÉTODO
¿Cómo se puede efectuar el análisis?
Para llevar a cabo este análisis se utilizará una de las
nociones aportadas por Michel Foucault a través de
sus trabajos en el campo de la historia de los sistemas
de pensamiento: se trata de lo que denomina
“deducir el nivel enunciativo de un discurso”1. La intención es lograr una descripción crítica del discurso
de la delincuencia organizada, el cual tiene la propiedad
de determinar resoluciones judiciales, políticas
públicas, programas de seguridad pública; o sea, en
último término, influir en la decisión sobre la libertad
o la reclusión para individuos de carne y hueso. En
palabras de Jaime Valencia Fontes (preso en el penal
de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de
México, y señalado como “pistolero y escribano”
de Joaquín, El Chapo, Guzmán), es un discurso con
base en el cual puede determinarse “castigarle la
vida” a una persona (Scherer, 2001: 36-37).
El discurso de la delincuencia organizada, como cualquier
otro, tiene una regularidad que puede ser determinada
por un análisis. Y no nos referimos a señalar
las reglas gramaticales, ortográficas o sintácticas
que deben observar quienes escriben o formulan algún
planteamiento para ser publicado, por ejemplo;
sino al conjunto de reglas que observa la economía
interna de ese discurso en particular. Lo que le caracteriza,
lo que le hace distinto de otros discursos, lo
que delimita el tipo de objetos que pueden caber en
él, la clase de planteamientos que le son permitidos;
en pocas palabras: “la ley de existencia de los enunciados,
de lo que los ha hecho posibles –a ellos y a
ningún otro en su lugar”. (Minello, 1999: 95).
Foucault propone que el discurso es una práctica que
tiene reglas de aparición, que no pueden ser descritas
solo por sus caracteres gramaticales, por una estructura
proposicional, ni por el cuerpo visible en el que
se manifiestan. Están determinadas social e históricamente,
dice. Partiendo de esta idea, es posible preguntarse
cuáles son las reglas discursivas que permiten
aparecer al objeto delincuencia organizada y los demás objetos con los que comparte dichas reglas,
e interrogarnos también sobre las condiciones sociohistóricas
que permitieron su emergencia. Un ejemplo
puede clarificar mejor el planteamiento: la Declaración
política y plan de acción mundial contra la delincuencia
transnacional organizada (aprobada por la Asamblea
General de la ONU) dice: “La rápida propagación
y la amplitud geográfica de la delincuencia organizada
en sus diversas formas, tanto a nivel nacional como
internacional, mina el proceso de desarrollo, deteriora
la calidad de vida y constituye una amenaza para los
derechos humanos y las libertades fundamentales”.
¿Qué es esto? ¿Una frase? ¿Una proposición? ¿Un
acto alocutorio o speech act? Pueden ser todas esas
cosas, dependiendo del criterio con el cual se mire.
Podría decirse que es una frase, elaborada con ciertos
signos lingüísticos y, por tanto, perteneciente a
un lenguaje. Se dirá que es materia de estudio de
la lingüística, que se ocupa de las reglas de funcionamiento
de la lengua. Humboldt, uno de los precursores
de los estudios lingüísticos, planteaba que
cada lengua tiene su propia forma interior, y que esa
forma está en función de la visión del mundo que
tengan sus hablantes. Siguiendo este razonamiento,
lo que se impondría sería determinar si la formulación
del ejemplo observa las leyes de la lengua en
uso y puede ser aceptada como válida por su correcta
construcción y por ser interpretable.
También puede sostenerse que se trata de una proposición
cuya validez es necesario establecer. Esto
implicaría saber si hay un correcto razonamiento silogístico;
o sea, determinar si está justificado el paso
de las premisas (cualesquiera que sean) a la conclusión
que se expone. Habría que establecer si las
premisas son verdaderas o falsas; si la conclusión es
válida pero falsa; si es válida y verdadera, o, en el último de los casos, si es nula2. O bien, cabría decir
que el ejemplo no proporciona una frase, ni una
proposición, sino una formulación: la descripción
de la delincuencia organizada transnacional que se
hace desde las esferas multilaterales. De ser así, sería
necesario ajustar la mira y desplazarse desde el
plano de la lengua hacia el de la palabra, es decir, al
aspecto actual (de acto) del lenguaje. Se necesitaría
un análisis sobre la práctica de la lengua que llevan
a cabo los emisores identificables del mensaje. Haría
falta, pues, tratar de comprenderlos a ellos y a su
ambiente para, incluso, saber “lo que hay detrás” de
las palabras y que se encuentra determinado por las
condiciones de producción del texto.
No obstante lo anterior, nosotros sostendremos que
se trata de un enunciado, porque en él los signos
o palabras son utilizados bajo ciertas reglas que los
hacen existir de una forma singular. Sí, el ejemplo
puede ser analizado en tanto enunciado, reparando
en la función de existencia que cumple ese conjunto
de elementos lingüísticos y que les hace pertenecer
a un discurso. Lo que dice el documento de la ONU
citado da vida a todo un juego de reglas que determinan
su objeto, su modalidad, los conceptos que
utiliza y la estrategia de que forma parte; justo por
esa razón es un enunciado. Entiéndase así: el enunciado
es la condición para que puedan existir las frases,
las proposiciones o los actos del lenguaje; y para
que se pueda decir si la frase es correcta (o aceptable o interpretable), si la proposición es legítima y está
bien formada, si el acto se ajusta a los requisitos y si
ha sido efectuado por completo.
2 Tanto la lógica moderna como la clásica aceptan en sus formas más corrientes que cualquier proposición bien elaborada puede ser o verdadera o falsa. En años recientes se han desarrollado sistemas de la llamada lógica combinatoria: una afirmación puede tener un valor distinto a verdadero o falso. En algunos supuestos es solo un tercer valor neutro, en otros es un valor de probabilidad expresado como una fracción que oscila entre 0 y 1 o entre –1 y +1. También se han llevado a cabo serios trabajos por desarrollar sistemas de lógica modal, con el objeto de representar las relaciones lógicas entre las afirmaciones de posibilidad e imposibilidad, de necesidad y contingencia. Otra vía es la que supone lógica deóntica: la investigación de las relaciones lógicas entre órdenes o entre afirmaciones de obligación.
Una condición básica para analizar un discurso en su
especificidad es “liberar” a sus enunciados de una
adscripción a priori a cierta disciplina, autor, escuela
o tradición. Esto significa no aceptar formas previas
de continuidad. Por ejemplo, no es frecuente encontrar
afirmaciones como la siguiente: “El fenómeno
criminal ha venido cambiando en la medida en que
el mundo ha venido evolucionando. De igual manera,
la criminología como campo del conocimiento
ha mostrado los diferentes aspectos de su evolución
en la explicación y comprensión de la criminalidad”
(Colorado, 2003). Esta afirmación propone la aceptación,
de manera previa, de dos formas de continuidad
para el caso de la delincuencia organizada: que
esta es un producto “evolucionado” del fenómeno
criminal histórico y, además, que lo que de él pueda
decirse es asunto de la criminología. Al aceptar
esas formas de continuidad, se levanta un obstáculo
que impide ver a los enunciados en su instancia propia.
Necesitan –al menos de manera temporal, diría
Foucault– ser liberados de “esas formas previas de
continuidad, todas esas síntesis que no problematizamos
y que dejamos en pleno derecho; es preciso
tenerlas (...) en suspenso. No recusarlas definitivamente,
sino sacudir la quietud con la cual se las
acepta” (Foucault, 2003a: 41).
En consecuencia, el material que a continuación se presenta
y revisa deberá considerarse como un conjunto
de enunciados, de acontecimientos discursivos3 tomados en su neutralidad primera y su singularidad, para
posteriormente, quizá, adscribirlos a un sistema de formación
de objetos y de conceptos, pero con base en
las condiciones de ejercicio de la función enunciativa
que cumplen y no a partir de un a priori que los remite
a una disciplina, una obra o una tradición.
3 Cuando en La arqueología del saber Foucault expone sus precauciones de método, nos sugiere problematizar las formas de continuidad a las que nos hemos acostumbrado (tradición, influencia, desarrollo, evolución, mentalidad) y que son más bien –dice– “síntesis fabricadas”. Entonces propone suspenderlas o mantenerlas en suspenso, generando con ello “un dominio inmenso pero que se puede definir (que) está constituido por el conjunto de todos los enunciados efectivos (hayan sido hablados y escritos), en su dispersión de acontecimientos”. Entonces, para un análisis como este, el material que habrá que tratar en su neutralidad primera es una multiplicidad de acontecimientos en el espacio del discurso”. En síntesis, Foucault nos sugiere el proyecto de una descripción pura de los acontecimientos discursivos. Los acontecimientos discursivos son los enunciados y son ese conjunto siempre finito de las secuencias lingüísticas que han sido formuladas. Véase Foucault (2003), La arqueología del saber, siglo XXI, México.
RESULTADOS
¿Qué dice el discurso de la delincuencia organizada?
En 1961, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) auspicia la firma de la Convención única para
el uso de estupefacientes. Dentro del cuerpo de ese
documento, en el artículo 36, párrafo dos, relativo
a las disposiciones penales que los países firmantes
se comprometen a impulsar “para que el cultivo y
la producción, fabricación, extracción, preparación,
posesión, ofertas en general, ofertas de venta, distribución,
compra, venta, despacho por cualquier concepto,
corretaje, expedición, expedición en tránsito,
transporte, importación y exportación de estupefacientes
se consideren como delitos si se cometen intencionalmente”,
se dice:
La participación deliberada o la confabulación para
cometer cualquiera de esos delitos, así como la
tentativa de cometerlos, los actos preparatorios y
operaciones financieras, relativos a los delitos de que
trata este artículo, se considerarán como delitos...
Dos décadas después, en 1988, la ONU impulsa un
nuevo documento, la Convención contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
El artículo 3 de este otro documento, titulado Delitos
y sanciones, en su párrafo 1, inciso V, dice:
Cada una de las partes adoptará las medidas que sean
necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho
interno, cuando se cometan intencionalmente:
v) la organización, la gestión o la financiación de alguno
de los delitos enumerados en los precedentes apartados
[y se refiere a la producción, fabricación, extracción,
preparación, posesión, ofertas en general, ofertas
de venta, distribución, compra, venta, despacho por
cualquier concepto, corretaje, expedición, expedición
en tránsito, transporte, importación y exportación de
estupefacientes o sustancias psicotrópicas incluidas en
la Convención de 1961].
Y dice más tal documento, en el mismo artículo 3,
pero en el párrafo 5:
Las partes dispondrán lo necesario para que sus tribunales
y demás autoridades jurisdiccionales competentes
puedan tener en cuenta las circunstancias de
hecho que den particular gravedad a la comisión
de los delitos tipificados, de conformidad con el párrafo
1 del presente artículo, tales como:
a) la participación en el delito de un grupo delictivo
organizado del que el delincuente forma parte;
b) la participación del delincuente en otras actividades
delictivas internacionales organizadas.
Y, entonces, surge la pregunta: ¿cuál es la diferencia
entre la Convención de 1961, que considera como
delitos una serie de actividades relacionadas con los
estupefacientes, y la Convención de 1988, para la
cual esos delitos no solo existen efectivamente sino que se pueden organizar, gestionar y financiar (lo que
da una “particular gravedad” a su comisión)? La diferencia
pareciera ser banal, pero es sustancial. Lo es
porque los documentos citados son enunciativamente
diferentes. De entrada, en el segundo documento
se ven aparecer algunos objetos que en el primero
no están, tales como “grupo delictivo organizado”,
“organizaciones delictivas transnacionales”, “tráfico
ilícito”, “rendimientos financieros” o “actividades
comerciales y financieras lícitas”, entre otros. Y no
es que sean palabras nuevas o signos lingüísticos inauditos;
tampoco puede sostenerse que no se empleaban
esas construcciones gramaticales porque no
existían en la realidad fenómenos o sujetos para ser
nombrados de esa manera. Mucho menos se puede
pensar que esos objetos ya estaban “elaborados y
almacenados” en alguna parte, hasta que llegó el
momento de usarlos, porque ya había en la realidad
un referente para ellos. El espacio de diferenciación
que separa a ambos documentos es el referencial o
correlato para su función enunciativa. Sencillamente
la mirada y el lenguaje del documento de 1961 estaban
más para acá o más para allá del dominio epistemológico
al que pertenecen estos nuevos objetos
nombrados en el documento de 1988. Su correlato
era otro, uno en el que no estaba autorizada la aparición
de ciertos elementos. Es como un juego, en
el que ciertas acciones están permitidas y otras no,
como garantía para que el juego tenga lugar.
Por ejemplo, cuando en 1961 se anuncia un castigo
por “la confabulación para cometer cualquiera de
esos delitos”, operan una serie de reglas según las
cuales es adecuado decir que dos o más sujetos podrían,
eventualmente, acordar su participación en un
delito y que este es sancionable. En cambio, cuando
en 1988 se dice que una de las circunstancias
que dan “particular gravedad a la comisión de los delitos [es] la participación de un grupo delictivo organizado
del que el delincuente forma parte”, entran
en operación reglas diferentes con base en las cuales
es posible hablar de la existencia –permanente– de
grupos delictivos organizados que pueden, de alguna
manera, participar en el tipo de delitos que incluye el
documento. El referencial de este último enunciado,
el de 1988, es otro, no porque tenga formas lingüísticas
“nuevas”, sino por las reglas que sigue: es posible
hablar de que los delitos no siempre tienen que ser
atribuidos a una persona inadaptada socialmente o
enferma, sino a una organización de personas “muy
hábiles”, “inteligentes y hasta imbuidas por un espíritu
emprendedor”; a una “empresa delictiva”.
Véase cómo en ambos documentos se habla de
los estupefacientes, pero las correlaciones que ese
concepto tiene en cada uno de los enunciados son
distintas. En el documento de 1961 se anuncia el inicio
de una fiscalización a nivel internacional sobre el
uso de los estupefacientes “en vista de las propiedades
particularmente peligrosas” que contienen
dichas sustancias; en cambio, en el de 1988, la advertencia
es sobre la peligrosidad del tráfico ilícito de
estupefacientes, que “genera considerables rendimientos
financieros y grandes fortunas que permiten
a las organizaciones delictivas transnacionales
invadir, contaminar y corromper las estructuras de la
administración pública, las actividades comerciales y
financieras lícitas y la sociedad en todos sus niveles”.
O sea, para el tipo de formulación que da vida al texto
de 1961, el objeto de una convención sobre estupefacientes
es “proteger la salud y el bienestar públicos”;
en contraste, para 1988 el plano se desplaza hacia la
decisión de privar a las personas dedicadas al tráfico ilícito
de estupefacientes “del producto de sus actividades
delictivas y eliminar así su principal incentivo para tal actividad”. Cuando fue redactado el documento de
1961 ya existían grupos de personas que actuaban en
conjunto para vender estupefacientes, de modo que si
esa Convención hubiera incluido la frase delincuencia
organizada, encontraría un referente en la realidad.
Pero lo que hacía falta para que enunciativamente este
concepto pudiera aparecer (y por eso se le ve emerger
hasta la Convención de 1988) era un correlato:
un conjunto de leyes de posibilidad para ese objeto y
otros que pueden relacionarse con él; cosa que no es
producto propio de operaciones lingüísticas, sino que
tienen que ver con relaciones que se dan a otro nivel,
en otros ámbitos, con un determinado juego de prescripciones
que hace epistemológicamente coherente
ver y hablar de objetos como “grupo delictivo organizado”,
“organizaciones delictivas transnacionales”,
“tráfico ilícito”, “actividades comerciales y financieras
lícitas”, entre otros.
Hay que explicar, pues, el tipo de relaciones gracias a
las cuales los objetos que aparecen en el documento
de 1988 tienen conexión directa con un referencial
que los hace posibles y que está más allá del autor
material del texto o de quienes hayan sido acusados
y enjuiciados por pertenecer a una organización delictiva.
Las relaciones se producen entre, al menos,
tres ámbitos:
1. Las instancias de emergencia: espacios donde
pueden surgir los comportamientos que recibirán
el carácter de “delitos de segundo piso”,
“empresas delictivas”, “operaciones con recursos
de procedencia ilícita”, “tráfico ilícito”, etc.
2. Las instancias de delimitación: aquellos sistemas
que, en tanto saberes y prácticas institucionalizadas
y reconocidas socialmente con algún
tipo de “autoridad” (de saber o de práctica)
se convierten en las instancias que delimitan, califican, nombran y establecen la criminalidad
estructurada como objeto; que se permiten
hablar de organizaciones delictivas, de crimen
organizado, etc.
3. Las instancias de especificación: esas nociones a
partir de las cuales se clasifica, se separa o se
distingue a unas organizaciones delictivas de
otras –ya como objetos– en la ley, en las medidas
administrativas, en los procedimientos de investigación
del delito y de impartición de justicia, o
en las políticas públicas en materia de seguridad.
De manera paulatina, azarosa, accidentada e impensada
han ido entrando en contacto estos tres tipos de
instancias. De su cruce en puntos específicos es que ha
emergido el haz que “ilumina” en el campo discursivo
un área donde está el objeto delincuencia organizada.
Pero no es que tal objeto estuviera ahí, ya formado y
agazapado, esperando ser iluminado por alguien que
“lo descubrió”, sino que el tipo de relaciones mencionadas
son sus condiciones de existencia.
De este modo, puede decirse, por ejemplo, que
una de las instancias de emergencia (lugares donde
puede surgir un criterio básico de diferencia entre
colectividades que actúan de forma lícita y aquellas
que lo hacen de forma ilegal) es el sistema financiero,
esa serie de entidades que, articuladas en una sola
red, pueden hacer una diferenciación básica a partir
de la cual se requiere la exclusión de ciertos actores:
aquellos que operan con recursos de procedencia
ilícita. Cuando la “inteligencia financiera” comienza
a identificar operaciones cuyo monto, frecuencia y
trascendencia no puede explicarse o resulta inusual,
“sospecha” que hay ahí actores que no operan
de manera ortodoxa y se convierten en objeto de
señalamiento, de análisis, de investigación. Cada
uno de los reportes de operación generados por las acciones de tales sujetos en uso del sistema financiero
es susceptible de ser analizado, no solo por los propios
filtros del sistema financiero, sino por el sistema
judicial. Como estas instancias de emergencia hay
otras: el sistema de salud, los sistemas aduaneros,
los mercados regionales y globales, etc.
Por la parte de las instancias de delimitación pueden
citarse la criminología, el derecho, la justicia penal y
otras prácticas institucionalizadas reconocidas socialmente
por su autoridad para conceptuar y señalar
conductas sancionables. Lo importante en este caso
es señalar que el uso de sus procedimientos de investigación,
de análisis y deliberación, que incluyen
definiciones como delito, conducta delictiva, sujeto
activo del delito, modus operandi, y otras, es acompañado,
de un tiempo a la fecha, por otras instancias
de delimitación, como la informática (con sus nociones
sobre el manejo de la información), la cibernética
(con sus herramientas conceptuales para discernir la
comunicación entre máquinas y seres vivos), la administración
de empresas (con sus teorías acerca de
la operación de las organizaciones), y otras. La conjugación
de estas formas de delimitación de objetos
puede crear conceptos como “redes delictivas”,
“células del cartel de las drogas X”, “estructura financiera
del grupo delictivo Y”, “estrategia, planes y
objetivos de las empresas delictivas”4.
Y, por último, como instancias de especificación (es
decir, sistemas según los cuales se puede llegar a clasificar los diferentes tipos de organizaciones delictivas,
según su ámbito de operaciones, sus miembros,
su zona de influencia, etc.) están: “lo organizacional”,
como cuerpo multidimensional de elementos
que se vinculan mutuamente en esquemas de dependencia
y comunicación; “la información”, como
esa aglomeración de datos, registros, cifras, nombres,
historiales susceptibles de manejo; “los sistemas”,
esas ideas de conjunto que interrelacionan,
dan cohesión y unidad de propósito a elementos
diversos; “los nexos”, en tanto principio básico para
poder ver “el bosque de la criminalidad estructurada
aun en el delito llamado común”.
4 Rafael Macedo de la Concha, quien fuera Procurador General de la República entre los años 2000 y 2005, plantea la cuestión en términos de “reflexionar sobre las causas de este poder devastador (refiriéndose a la delincuencia organizada) que amenaza la existencia misma de la sociedad, así como examinar el impacto de estas empresas en la vida política y económica del país. Empresas, porque la delincuencia organizada ha llegado a contar con una estructura definida, así como con sistemas basados en estrategias, planeación con objetivos, división de tareas, asesores especializados, redes de comunicación y las más sofisticadas tecnologías”. Véase la introducción del libro Delincuencia organizada (Macedo, 2003: 15-17).
Cuando los cruces y relaciones entre estas tres instancias
(de emergencia, de limitación y de especificación)
obran sobre la actividad discursiva, se constituye
el referencial o correlato para los enunciados que
conformarán el discurso de la delincuencia organizada.
Hoy, casi todos podemos utilizar este discurso,
pero bajo la condición de observar sus reglas. Aún de
forma impensada, al hablar de un cartel de la droga,
de una célula criminal, de una red delictiva, etc.,
implicamos las relaciones que se dan, por ejemplo,
entre el aparato de la investigación del delito y las
regulaciones financieras; entre las normas penales
que regulan el comportamiento de los individuos y
las normas del mercado; entre las restricciones sociales
y las formalidades financieras; entre la vinculación
dada por una base de datos de cuentahabientes
bancarios, de contribuyentes, de clientes, de usuarios
y la vinculación dada por la investigación de los
delitos, el historial delictivo, el intercambio de información,
la reincidencia, los trabajos de inteligencia o
espionaje, la infiltración, en fin.
En suma, entre decir que algunas personas se “confabulan
para delinquir” y hablar de “la amenaza rerepresentada
por la delincuencia organizada”, hay una
distancia constituida por los límites de un correlato y
otro, así como por las reglas que operan dentro de
cada uno de ellos. Para que se pueda pensar y hablar
de organizaciones delictivas es necesario acotar
y poner ciertas reglas a la labor discursiva. Siguiendo
estas es posible decir: “la delincuencia transnacional
organizada es una de las principales preocupaciones
de todos los países”. O también es permitido afirmar:
“Se requiere una acción concertada de la comunidad
internacional [para combatirla]”. Muchas otras cosas
se pueden decir atendiendo las leyes de formación del
conjunto de objetos que se ven aparecer en el discurso
que analizamos. El siguiente, por ejemplo, es un
texto elaborado en 1998 por el Instituto Mexicano de
Estudios de la Criminalidad Organizada. Dice:
... el auge universal del crimen organizado no es
un fenómeno secundario o una amenaza más a
lo que suponemos son los propósitos compartidos
por toda la humanidad, de un mundo justo,
seguro y libre. No. El crimen organizado es
una amenaza mucho más relevante y poderosa
a la convivencia civilizada de lo que fue jamás.
Ha dejado de ser un problema secundario, para
volverse uno de los prioritarios de la agenda de la
seguridad global. La agresividad del crimen organizado
se erige como una de las peores amenazas
para la existencia misma del género humano.
La cultura del crimen organizado nos propone
y, más aún, nos impone los valores más despreciables
del cinismo, de la autodestrucción y, en
suma, de la muerte. Pero ahora lo hace con mucha
más crudeza que en otras épocas. El crimen
organizado no solo quiere despojarnos y esclavizarnos,
sino matarnos los sueños y el futuro (Instituto
Mexicano de Estudios de la Criminalidad
Organizada, 1998: 27).
Al afirmarse que “el crimen organizado es una amenaza
mucho más relevante y poderosa de lo que fue
jamás” y que causa mayores efectos ahora “que en
otras épocas”, no solo se muestra una función enunciativa
similar para los términos delincuencia organizada
y crimen organizado, sino que se confirma que
el problema por dilucidar no es cuándo aparecen los
grupos delictivos o el término crimen organizado. El
asunto es qué operaciones han sido necesarias para
que aparecieran este tipo de objetos; para que ahora
cosas de “otras épocas” bien puedan ser enunciadas
con las reglas que se ocupan en este nuevo tipo de
formulación. Es un nuevo correlato dentro del cual
se da una relación específica entre frase y sentido.
Así, siempre que se observen las reglas de este correlato,
se puede hablar de la organización de la delincuencia
“de antes”, “de ahora” o “del futuro”:
ligar teóricamente diversos conceptos o fenómenos
presentes a lo largo de muchos siglos. Múltiples fenómenos
pueden ser nombrados con esta específica
distribución de lo visible y lo invisible: la distribución
acotada por la nueva forma de enunciar.
Entonces, ¿qué principios de producción siguen esta
serie de enunciados? Por lo menos, hay tres reglas
básicas:
Primera. Estructurar los delitos y entenderlos formando
“un todo” con cohesión y permanencia.
Segunda. Disponer los eventos delictivos para que
dejen de parecer dispersos y verlos bajo “su lógica”
autónoma: la obtención de beneficios materiales.
Tercera. Suplir la figura del delincuente como individuo
anormal, patológico o desequilibrado, incapaz
de justificar sus actos de forma lógica o con objetivos
ulteriores, por aquella en la que existen organizaciones
y con las cuales pueden vincularse todo tipo de
personas por medio de relaciones sistémicas.
Hay que revisar estas reglas una a una, pero antes hay
que decir que operan a diferentes niveles en acontecimientos
discursivos que son adscritos a los discursos
penal, criminológico, político o periodístico, en
donde se les asignan diferentes grados de validez,
dependiendo del sujeto que los enuncie5.
5 Durante un proceso judicial, encaminado a juzgar la conducta de un individuo, lo que se persigue es probar que la conducta ilícita ocurrió (y esto tiene que ocurrir con el cercioramiento del juez). Los medios de prueba judicialmente aceptados son, por ejemplo, la confesión, los peritajes, los testigos y los documentos. Cuando un inculpado o un testigo afirman que una organización delictiva existe, entran en operación las mismas reglas discursivas que en un documento periodístico donde se habla de ella, o en el dictamen de un perito en materia financiera que habla de la forma en que un individuo y sus actividades pueden ser vinculados con las operaciones bancarias que son materia de investigación. Sin embargo, su grado de validez será menor que aquel que se le otorga a una sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una organización delictiva determinada. Véase el Título Tercero de la Ley federal contra la delincuencia organizada.
La primera regla, que dispone la pertinencia de estructurar
los delitos, marca un primer tipo de regularidad
en este discurso: los delitos no necesariamente
tienen que atribuirse a una persona, pueden ser atribuidos
a una estructura organizativa. En la legislación
mexicana, por lo menos, el delito es definido como
una conducta antijurídica. La conducta es un acto
individual. El castigo por conducirse contra la ley, por
lo menos en la era moderna, también es siempre individual.
Si esto es así, debe haber un ajuste para
poder decir que los delitos también pueden ser cometidos
por una organización de la que el individuo
sólo forma parte. Poder pensar así requiere deducir,
a partir de elementos fragmentarios, la existencia de
tal estructura. Samuel González y Edgar Buscaglia,
dos expertos de la Oficina de las Naciones Unidas
para el Control de Drogas y Prevención de Delitos,
dirían: “Algunos han afirmado que la delincuencia
organizada no existe; y es que no quieren ver el bosque de la criminalidad estructurada aun en el delito
llamado común, de manera tal que se empeñan en
ver el árbol del delito único” (Macedo, 2003: 105).
Hay un desplazamiento que va de la conducta
antijurídica culpable y punible del individuo hacia el
dominio de las organizaciones responsables de un
continuo de actividad criminal. Pero, ¿qué es lo que
autoriza a lanzar la hipótesis de que existen estructuras
organizativas responsables de los delitos? Solo puede
hacerlo un dominio epistemológico para el que es
válida “la estrategia de relacionar un delito con otro
(...) un montaje modular donde cada pedazo sostiene
y se relaciona con cada otro, demostrando que existe
una organización” (Macedo, 2003: 112). En este dominio
los individuos poseen ciertas características que
los vuelven vinculables (a ellos y sus actividades) con
otros. Únicamente personas vinculables son susceptibles
de ser incrustadas en una estructura: el individuo
se convierte en la función que desempeña dentro de
la organización. Obsérvese el siguiente ejemplo, que
es una declaración hecha por el Procurador General
de la República en conferencia de prensa en la
ciudad de México el 29 de enero de 2004:
...fue desmantelada una organización criminal
internacional dedicada al tráfico de droga,
encabezada por Juan Pablo Rojas López, alias
“El Halcón”, resultado de las investigaciones
iniciadas en el mes de octubre del año 2002, por
la entonces Unidad Especializada en Delincuencia
Organizada y la Agencia Federal de Investigación,
con motivo del aseguramiento (...) de 730
kilogramos de cocaína, que era transportada
en un tractocamión con un sistema de doble
fondo en la plataforma de la caja refrigerada.
Del seguimiento de dicho aseguramiento (...) y,
desde luego, de la información obtenida de este hecho, se identificaron los vínculos primarios de
los operadores de una organización criminal, en
ese momento desconocida, cuya capacidad operativa
evidenciaba la recepción y transportación de
cantidades mayores a media tonelada de cocaína,
cuyo destino final eran los Estados Unidos.
De la investigación practicada se logró conocer
que el responsable de la recepción y distribución
de la droga era Juan Pablo Rojas López,
quien encabezaba esta estructura de la organización
con presencia en la ciudad de México,
Guadalajara, Jalisco, Monterrey y Nuevo León. [...]
Los detenidos responden a los nombres de:
Rafael Jesús Pérez Zamudio, alias “El Chucho”,
responsable de la seguridad y labores de custodia
de los cargamentos de droga.
Mauricio Pérez Zamudio, responsable de la seguridad
y labores de custodia de los cargamentos
de droga.
Ernesto Pérez Zamudio, responsable de la seguridad
y realizaba las mismas labores. Jaime
Avilés Rivera, responsable de la seguridad y labores
de custodia de la droga.
José Salvador Castillo Ruiz, responsable de la
seguridad y labores de custodia de cargamento
de droga.
Guillermo González Lacy, responsable de la seguridad
y labores de custodia del cargamento
de droga.
Eliseo Pedraza Rivera, con las mismas
actividades.
José Luis Gama, también con la misma actividad.
David Arizmendi Millán, realizaba también la
misma actividad.
Carlos Alberto Rocha, responsable de la logística
para el almacenamiento y resguardo de la cocaína.
Froilán González Hernández, responsable de la
distribución y venta en el Distrito Federal y en
zona metropolitana.
Emilio Andrés Vizcaíno Ramírez, responsable de
la distribución y venta de droga en el Distrito
Federal y zona metropolitana.
Carlos Mauricio Garzón Suárez, de nacionalidad
colombiana, responsable de la distribución y
venta de droga en el Distrito Federal y zona
metropolitana.
Zulema Yulia Hernández Ramírez, responsable
de la distribución y venta de droga en el Distrito
Federal y zona metropolitana.
De acuerdo con las declaraciones de Juan Pablo
Rojas López, este inició su carrera delictiva en
los años ochenta, cuando se vinculó con miembros
del cartel de Medellín que operaban en
México por órdenes del nacional colombiano
Miguel Ángel Willis. Tras la captura de la cúpula
criminal del cartel de Medellín y en particular de
su líder, Pablo Escobar Gaviria, y de la muerte
de Miguel Ángel Willis, Juan Pablo Rojas perdió
el contacto y se mantuvo sin enlaces directos
hasta el año 2002, en el que fue reclutado por
los hermanos Víctor y Manuel Mejía Múnera,
identificados con el sobrenombre de “Los Mellizos”,
quienes lo incorporan a la organización
como su representante en México, para la recepción
de los cargamentos de droga enviados
por estos desde Medellín, Colombia. Juan Pablo
Rojas, al inicio de sus manifestaciones, señaló
que los hermanos Mejía Múnera tienen vínculos
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) y que operan a través de
Mauricio y Carlos Jaramillo Correa, señalando
que Mauricio funge como secretario ejecutivo
de la organización criminal de “Los Mellizos” y
quien era su jefe.
Se vuelve innecesario preguntar por qué alguien ha
delinquido o buscar una explicación para su conducta.
Dando por hecho que todos forman una estructura,
el interés se centra en “su función”. Únicamente
siguiendo esta regla es que puede decir Jorge Fernández,
por ejemplo, lo siguiente: “El narcotráfico
en México solo se puede explicar como una estructura
de poder; de esa forma funciona y concebido
así adquieren lógica sus acciones” (Fernández, 2001:
15). Así, la regla de formación de objetos de este
dominio epistemológico que dicta la estructuración
de los delitos, convierte al individuo en un elemento
vinculable, fuente de información operativa: quién
hace qué cosa y cómo.
Consiguiendo describir la “forma en que operaban”
se obtiene la prueba de que la estructura organizativa
existe. Luego, entonces, se puede armar el organigrama
del grupo y decir: “Rafael Pérez era el
responsable de la seguridad y labores de custodia
de los cargamentos de droga; Carlos Alberto Rocha,
responsable de la logística para el almacenamiento
y resguardo de la cocaína”, etcétera. Enseguida, al
probarse que la estructura existe, no se está ya en el
dominio del individuo delincuente, sino en el dominio
de los sistemas de relaciones. Para este dominio
los delitos pueden ser atribuidos a una organización
perfectamente operativa. Y, por último, si los delitos
son responsabilidad de una organización, lo que
hace falta para erradicar la delincuencia es saber
cómo operan las organizaciones delictivas –se entiende
que para impedir lo sigan haciendo–, lo cual
requiere, afirmaría Godson, dirigir la mirada, más
que al individuo delincuente, a “las relaciones dinámicas
entre los actores” (Macedo, 2003: 67).
Segunda regla: disponer los eventos delictivos para
que dejen de parecer acontecimientos dispersos y ajenos entre sí y verlos bajo “su lógica”: la obtención
de beneficios6.
6 Al margen de las observaciones que se irán haciendo más adelante, desde este momento cabe aclarar que, en el ámbito internacional hay una referencia a que los delitos cometidos por la delincuencia organizada son los “considerados graves”, en donde grave significa que se afectan de manera importante valores fundamentales de la sociedad y hay para tales acciones penas mayores a cuatro años de prisión. No obstante, a niveles nacional y local los delitos que se incluyen en el tipo penal delincuencia organizada incluyen desde terrorismo hasta violación, pasando por tráfico o comercio ilícito de infinidad de cosas. Lo importante para el interés de este trabajo es que hay una regularidad discursiva que enmarca las disposiciones normativas particulares. O sea, más importante que el tipo de actividad (narcotráfico, secuestro, robo, pornografía o la que se prefiera) que se persigue penalmente, importa el cómo se hace: la intersección entre un campo de poder y un tipo de saber, que se enmarca con precisión en el efecto producido por la intersección de elementos que solo es posible en el dominio epistemológico relacionado con el discurso de la delincuencia organizada.
Los objetos que vemos aparecer
en observancia de esta regla son, por ejemplo, “los
carteles”; palabra que designa una organización de
tipo económico (Astorga, 2004: 11), distinta a la
de “banda”, de origen militar (Romero, 1989: 291),
o a la de “mafia”, de tipo [pre]político (Hobsbawm,
1983:,16). Atribuir el nombre de cartel a una serie de
personas acusadas de comerciar con droga autoriza
a pensarlas organizadas con fines económicos. “Se
trata de entender a la delincuencia organizada en su
aspecto más puro, es decir, como aquella que busca
obtener ganancias mediante la realización de delitos
y controlando los mercados ilegales” (Macedo,
2003: 89).
La expresión “más acabada” de la propiedad fundamental
o creadora de este discurso es la definición prescriptiva
de lo que es un grupo delictivo. He aquí tres
definiciones que “pertenecen” al ámbito legal y al criminológico.
La primera que se citará aparece en la Convención
de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional, conocida también como la
Convención de Palermo, aprobada en el año 2000 por
la Asamblea General de la ONU:
Por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo
estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente
con el propósito de cometer uno o más delitos
graves o delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención con miras a obtener, directa o indirectamente,
un beneficio económico u otro beneficio de
orden material.
La segunda que se incluye es la de la Ley federal
contra la delincuencia organizada. Está en el artículo
segundo de dicho instrumento jurídico:
Cuando tres o más personas acuerden organizarse
o se organicen para realizar, en forma permanente o
reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen
como fin o resultado cometer alguno o algunos
de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese
solo hecho como miembros de la delincuencia organizada
(los delitos son terrorismo, contra la salud,
falsificación o alteración de moneda, operaciones
con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico
de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos,
asalto, secuestro, tráfico de menores, robo
de vehículos contra los derechos de autor)7.
7 Como puede apreciarse, la mayoría de los delitos abarcados en el concepto de delincuencia organizada tienen en común la obtención de rentabilidad –en términos económicos– al margen de la ley (narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, de indocumentados, de órganos, de menores, de vehículos, secuestro, etc.), con excepción del terrorismo, que suele tener un origen y objetivos políticos. No obstante ello, lo interesante para este trabajo es la manera en que se genera el saber con base en el cual se aplica el castigo penal a las personas que son juzgadas por delincuencia organizada. Lo cual diluye los matices que puedan tener las actividades delictivas, resaltando la existencia de un continuum delictivo.
Por crimen organizado entendemos primordialmente
a delincuentes profesionales con las siguientes características:
1. Operan durante un periodo. No se trata de
individuos que se juntan para uno o dos trabajos
y luego se desbandan.
2. Poseen una estructura y jefes identificables. La
estructura de la jefatura varía pero existen una
jerarquía y una división del trabajo dentro del
grupo. La jerarquía puede estar centralizada, con
una estructura piramidal, asemejándose a organizaciones
empresariales, privadas o del sector
público, o bien las bandas operan en redes no
conectadas estrechamente. En otras ocasiones
los grupos suelen trabajar más o menos por su
cuenta y establecer relaciones de cooperación o
pactos de no agresión entre ellos.
3. Sus propósitos principales son medrar con actividades
ilegales. Se trata de acciones que en
su mayor parte se considerarían ilegales.
4. Usan la violencia y la corrupción para protegerse
de las autoridades o posibles rivales, así
como para disciplinar a sus propios camaradas
y a quienes buscan explotar (Bailey & Godson,
2000: 19).
En los tres casos lo que resulta merecedor de señalamiento
y sanción no es tanto una conducta, sino un
objeto: el objeto de “un saber”, al cual le importan
las relaciones, los vínculos, la operatividad; en el que
la racionalidad económica es el único principio motor
para el individuo, donde solo el ethos económico
es atribuible a estos sujetos que actúan al margen
de la ley. Wilfried Bottke lo diría con estas palabras:
“La criminalidad organizada es una actividad cuasi
empresarial, que atesora dinero de fuentes ilegales
y lo reinvierte. Al introducirse el dinero así obtenido, y por ello incontrolado en la economía legal, se distorsiona
el mercado y su competencia basada en la
igualdad de oportunidades” (Buscaglia & González,
2005: 262).
Asignar esta motivación principal es síntoma del cruce
de esas instancias de las que se hablaba antes:
la superficie de emergencia que es el mercado, con
las instancias de delimitación que son el derecho y
la criminología, junto con las de especificación que
introducen la noción de “los nexos” y “lo organizacional”,
producen una relación entre los mecanismos
de investigación judicial –que buscan probar que una
organización delictiva existe– y los mecanismos que
tienen por función regular las relaciones de compraventa.
En consecuencia, el dominio epistemológico
que incluye este discurso se ubica en un lugar distinto
de aquel que era originado por las relaciones entre
lo clínico, lo penal y lo moral. En este último dominio
eran más frecuentes objetos como criminales desequilibrados,
con perturbaciones emocionales o perversiones
innatas. En el de la delincuencia organizada, en cambio,
hay enunciados relacionados con actividades delictivas
“de mayor peligrosidad que la común, porque permiten
el reclutamiento de individuos eficientes, de entrenamiento
especializado, tecnología de punta, capacidad
para el lavado de dinero, acceso a información privilegiada,
continuidad en sus acciones y capacidad de operación
que rebasa, en el marco existente, a la posibilidad
de reacción de las instituciones de gobierno” (García &
Vargas, 2002: 148).
Esto conduce a la tercera regla identificada: suplir la
figura del delincuente como individuo anormal, patológico
o desequilibrado, incapaz de justificar sus
actos de forma lógica o con objetivos ulteriores, por
aquella en la que existen organizaciones y con las
cuales pueden vincularse todo tipo de personas por medio de relaciones sistémicas. En la medida que
pierde relevancia el cruce entre la psicología, la psiquiatría
y la criminología (como instancias de delimitación)
y cobran una mayor las relaciones entre la
administración de empresas, la cibernética, la informática
y el derecho8, se da lugar a otra serie de objetos
de saber: sistemas de relaciones, de objetivos,
de intenciones y voluntades; organizaciones de las
que importa decir que existen, que operan y articulan
la delincuencia. Por ejemplo, la Ley federal contra
la delincuencia organizada en México dispone en su
artículo 11 que “en las Averiguaciones Previas (...)
la investigación también deberá abarcar el conocimiento
de las estructuras de organización, formas de
operación y ámbitos de actuación (...) se investigará
no solo a las personas físicas que pertenezcan a esta
organización, sino las personas morales de las que
se valgan para la realización de sus fines delictivos”.
8 Lo cual no significa que desaparezca por completo aquella mirada que trata al delincuente como objeto de un saber clínico y al delito como producto de una “anomia”, sino que el dominio al que pertenecen ya no es el único (o el que mayor “importa” a las instituciones y a la “opinión pública”), sino que se ha formado uno nuevo, en donde el delito se convierte en objeto de un saber más administrativo y sistémico.
Así, de forma alterna al dominio del “individuo delincuente”,
fuente de un saber clínico, se constituye
otro: el dominio de los sistemas de relaciones. Dentro
de este dominio caben piezas como este boletín,
número 1290/03, de la Procuraduría General de la
República, emitido el 23 de diciembre de 2003:
Derivado de la investigación en contra de esta organización
criminal, relacionada en la averiguación previa
PGR/UEDO/225/2003 (...) y en la búsqueda del núcleo
de mando de la organización delictiva, los días 19,
20 y 21 de diciembre del presente año, efectivos de
la Agencia Federal de Investigación, en cumplimiento
del mandato ministerial de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada,
aseguraron al jefe de la organización criminal, de
nacionalidad colombiana y de nombre José Antonio
Arias Salas, y a ocho de sus principales operadores,
cuatro de los cuales son de nacionalidad colombiana,
uno venezolano y tres son mexicanos.
Con la operación se logró el desmantelamiento de
la estructura de la organización delictiva internacional
dedicada al trasiego y comercialización de cargamentos
de droga entre los países de Colombia,
Venezuela, Jamaica, México y Estados Unidos de
América. Los detenidos responden a los nombres de:
José Antonio Arias Salas, alias “El Ingeniero Augusto
Ramírez”, de nacionalidad colombiana, líder de la
organización;
Arístides Ernesto Tocuyo, de nacionalidad venezolana,
encargado de la logística del cobro de dinero
producto de la venta de droga;
Juan Carlos Londoño Pérez, alias “Juan Carlos Vázquez
Rodríguez”, de nacionalidad colombiana,
responsable del traslado de dólares americanos de
México a Colombia para la compra de droga;
Tomás Ignacio Bárcenas Zúñiga, alias “Mauricio Arcila
Muñoz”, de nacionalidad colombiana, responsable
también del traslado de dólares americanos de
México a Colombia para la compra de droga;
Raúl Falamir Sánchez, de nacionalidad mexicana, de
profesión piloto aviador, encargado de la operación
de aviones en los que venían ocultos los cargamentos
de droga;
Hugo Ortega Hernández, de nacionalidad mexicana,
encargado de proporcionar protección al grupo delictivo
en el trasiego de la droga;
Alejandro Escobar Silva, de nacionalidad mexicana,
realizaba labores de seguridad y fungía como escolta
personal de Hugo Ortega Hernández;
Juliana Carolina Zulet, de nacionalidad colombiana,
esposa del jefe de la organización;
Javier Delgado Solís, de nacionalidad colombiana, responsable
de la contabilidad de la organización criminal.
La organización delictiva contaba con una empresa
dedicada a la importación de ropa y artículos domésticos
provenientes de Centroamérica, en particular de
Jamaica, llegando a México vía marítima en contenedores
que eran aprovechados para ocultar los cargamentos
de droga. Como ven, la estructura contaba
con una fachada de licitud que le permitía realizar sus
actos delictivos. Asimismo, para el trasiego de droga
utilizaban la vía aérea, ocupando aviones particulares
con cobertura, que cubrían la ruta Colombia-Venezuela-
México. La cobertura también consistía en que
estos vuelos aparentaban ser de transporte de paquetería
o de transporte de mercancías...
Focalizado el interés en las funciones, la idea de probar
la culpabilidad de un delincuente que pertenece
a la delincuencia organizada se vuelve cuestión de
acreditar sus vínculos; ya no se habla solo de establecer
una relación causal entre una conducta y un
resultado material, sino de una actividad dentro de
una organización a la que se atribuye un continuo
de actividad delictiva9.
9 En el artículo 41 de la Ley federal contra la delincuencia organizada se dispone que, existiendo una sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una organización delictiva, “únicamente sería necesario probar la vinculación de un nuevo procesado a esta organización, para poder ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada”.
Conclusiones
Sobre el poder de afirmación del discurso de la delincuencia organizada
Las reglas de producción discursiva que afirman “el
poder devastador de la delincuencia organizada, que
pone en peligro la existencia misma de la sociedad”
(Macedo, 2003: 15), tras ser enunciadas permanecen dichas. Luego vuelven a ejercitarse, no solo en
nuevas proposiciones que las reanuden, sino en la
elaboración de conceptos y teorías que toman vida
en prácticas e instituciones que las mantienen y las
imponen. El poder de afirmación de un discurso se
manifiesta creando dominios de objeto (dominios
epistemológicos). Es un poder que, por un lado, establece
algunos principios de producción discursiva
y, por el otro, determina que tales principios serán
utilizados para afirmar o negar proposiciones. En el
discurso de la delincuencia organizada se afirma la
estructuración de los delitos: las instituciones encargadas
de su combate buscan “ofrecer a la Corte un
cuadro panorámico que permita aprehender todos
los aspectos de la organización (...) y, por lo tanto,
relacionar muchos episodios aparentemente dispersos”
(PGR, 1995: 14). A partir de tal afirmación
creadora de objetos, se busca que esta opere en las
instituciones encargadas de juzgar y sancionar personas;
que invista también algunas técnicas de investigación
de los delitos y prácticas judiciales para
establecer la verdad; que se incluya en la ley algunos
tipos penales o medios de prueba, pero también que
sea lo que articule políticas públicas y actividades gubernamentales
como la seguridad pública.
¿La serie de proposiciones sobre el crimen organizado
que se han citado líneas arriba son verdaderas?,
¿tienen un referente en la realidad?, ¿pueden ser verificadas
y, por ello, validadas? En pocas palabras, ¿es
verdad que existe delincuencia organizada? Es verdad
a partir de una forma específica de enunciación,
de una positividad. Esto quiere decir, por ejemplo,
que si a todas las personas que son detenidas por
vender droga en la calle se les mira, se les piensa, se
les nombra y conceptúa siguiendo reglas como las
tres mencionadas en párrafos anteriores, claro que
hay un referente en la realidad para reconocer un valor de verdad a las proposiciones que integran el
discurso de la delincuencia organizada.
En esta época hay gente que produce y vende droga,
que secuestra y cobra rescates, que roba y vende autos,
y gente que vende armas. De hecho, habrían existido
hace mucho. Durkheim diría que los delincuentes son
“un agente regular de la vida social” (Durkheim, 1979:
90). Pero esos individuos que hoy quebrantan la ley
de esa manera no son el correlato de los enunciados.
Ellos no son de forma “natural”, estricta e irrevocable
el referente nombrado por el sintagma nominal “delincuencia
organizada”. El estado del mundo que genera
posibilidades para que ellos secuestren o vendan cosas
prohibidas tampoco es la condición que hizo posible
que se les denominara (y combatiera) como organizaciones
delictivas. La razón por la que ellos constituyen
“el crimen organizado”, por la que el mundo empezó
a pensar y, consecuentemente, “sufrir la amenaza
apocalíptica de las redes delictivas”, fue una serie
de modificaciones en el saber: la aparición de una
nueva positividad, de una nueva forma de hacer ver
y oír, que se manifiesta en la serie de producciones
discursivas que aquí se vienen citando10.
10 Esto no debe ser interpretado como la afirmación de que el discurso crea la realidad, porque ello llevaría a decir que si no habláramos de la delincuencia organizada no habría tráfico de drogas o secuestros. Más bien debe interpretarse como un llamado de atención acerca de por qué este tipo de conductas, en un momento dado, han sido problematizadas o planteadas de una cierta forma a través de múltiples prácticas (institucionalizadas o no).
En el caso de los procesos penales, si a través de algunos
medios de prueba se puede acreditar todo
lo anterior, es posible poner ante un juez esa serie
de objetos que caben en el dominio creado por el
discurso de la delincuencia organizada y pedirle que
juzgue y castigue con base en esas mismas reglas. Y
aquí debe advertirse, entonces, el dominio asociado
que convierte a las frases antes dichas en enunciados. O sea, las series lingüísticas aquí revisadas comparten
un estatuto con otra serie de formulaciones:
de manera trascendental con las reglas para la persecución,
investigación y castigo de los delitos (pero
también con los sistemas de seguridad pública, con
los mecanismos de cooperación multinacional o
con los medios de producción de “opinión pública”).
Las formulaciones relativas a lo que es una “organización
delictiva”, “el crimen organizado” o un “grupo
delictivo organizado” son motivadas y tienen sentido
para sancionar cierto tipo de conductas. Lo cual
significa que decir “un grupo estructurado de tres
o más personas que exista durante cierto tiempo y
que actúe concertadamente” tiene sentido, si eso se
puede probar jurídicamente y someter a un juez con
objeto de que funde su sentencia en esos elementos.
Los objetos, conceptos, hipótesis, teorías que se
pueden formular siguiendo las reglas internas del
discurso de la delincuencia organizada tienen que
ser susceptibles de probarse judicialmente. Pero eso
requiere la utilización de algunos instrumentos y técnicas
que hacen posible un saber. ¿Qué es lo que
interesa saber y cómo conseguirlo? Esa es la gran
pregunta. Las reglas de producción del discurso de
la delincuencia organizada establecen –como necesidad
de saber– el conocimiento de las estructuras
de organización, formas de operación y ámbitos de
actuación. Se considera que los elementos necesarios
para probar que las organizaciones existen se
encuentran dispersos, pero se autoriza a seguir la
estrategia de relacionar un delito con otro, de plantear
un continuo de actividad delictiva, de almacenar
y manejar información, etcétera. El fin último es
probar que la organización existe. Eso se consigue
sabiendo cómo opera y qué lugar ocupa en ella cada
individuo, qué función desempeña, con quién tiene
vínculos, desde cuándo, por qué medios.
Cuando las regularidades del discurso de la delincuencia
organizada son llevadas a la articulación de
técnicas propias de las prácticas jurídicas penales, se
hace obrar el poder de afirmación de tal discurso en el
ejercicio de un mecanismo de poder: el castigo penal.
El asunto ya no es, entonces, que un conjunto de normas
autoricen a nivel discursivo la elaboración de
conceptos y teorías, sino que ese dominio que forman
hace “aparecer” en la ley, en las instituciones y en las
prácticas jurídicas a los individuos, las organizaciones,
las conductas, las prácticas, que forman la “realidad
criminal”, “la amenaza mundial”, “el poder corruptor”,
“las estrategias expansivas”, los “carteles”. En
otras palabras, se presentan las condiciones de posibilidad
para afirmar la necesidad de una forma específica
de combatir las conductas transgresoras: la serie
de instrumentos, prácticas, formas de indagación y de
probanza de la culpabilidad, la peligrosidad, la operación,
la estructura, el liderazgo, los vínculos. Y todos
solo caben en ese mismo dominio de objetos, el que
constituye el correlato de los enunciados con los
que se inició el análisis en este texto.
El castigo penal es un mecanismo de poder gracias
al cual el poder político monopoliza la facultad de
enjuiciar a los delincuentes. El discurso de la delincuencia
organizada constituye un dominio epistemológico
cuya característica singular es la manera en
que forma sus objetos a partir de las relaciones entre
algunas instancias de emergencia, delimitación y especificación.
Aplicar el poder de castigar conductas
haciendo uso del saber que cabe en ese dominio es
lo que se analizará a continuación.
Las nociones que se pueden encontrar constantemente
en el discurso de la delincuencia organizada son,
entre otras: “estructura”, “organización y distribución
de tareas”, “permanencia en el tiempo”, “control de territorios”, “jerarquía y disciplina”, “obtención de
beneficios”, “acumulación de poder”, “amenaza”,
“infiltración”, “aprovechamiento de condiciones”,
“operación de redes”, “corrupción”, entre otras. Estas,
como ya se dijo, obedecen a reglas de formación
que operan en el dominio epistemológico que es posible
debido al poder de afirmación del discurso de
la delincuencia organizada. Lo que debe agregarse
ahora es que ese poder de afirmación extiende sus alcances
hasta instancias que van más allá del discurso,
cuando la serie de nociones referidas son propuestas
a un juez como materia de su intervención judicial y
blanco del castigo.
He aquí un ejemplo. Mediante el boletín 871/05, del
3 de agosto de 2005, la Procuraduría General de la
República presenta lo que ha conseguido tras la consignación
de un individuo ante un juez federal:
El Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, mediante
el Toca Penal 114/2005, confirmó la sentencia
condenatoria dictada por el Juzgado Cuarto de
Distrito en materia de procesos penales federales en
la causa penal 25/2003, en contra de Germán Bello
Salgado o Gerardo Martínez Orozco, (a) “Comandante
Bello”. El acusado es considerado penalmente
responsable de los delitos contra la salud, en la modalidad
de colaborar al fomento para posibilitar la
ejecución de ilícitos de esa índole (...) y por el diverso
de violación a la Ley federal contra la delincuencia
organizada (...). Por cada delito, a Bello Salgado se le
impuso una pena de 10 años de prisión y multa por
la cantidad de 14 mil 105 pesos. Además, no se le
concedió beneficio alguno y se le suspendieron sus
derechos y prerrogativas como ciudadano. Al sentenciado
de mérito se le atribuye el haber pertenecido
a la célula dedicada al narcotráfico que dirigía
Arturo Hernández González, (a) “El Chaky”, la cual se encuentra vinculada con la organización criminal
conocida como el “Cartel de Juárez”, dirigida por
Ismael Zambada García, (a) “El Mayo Zambada”, y
Vicente Carrillo Fuentes.
¿Cuáles son los objetos que se ponen ante el juez
como materia de su intervención y blanco de su castigo?
No es precisamente que el señor Bello Salgado
o Martínez Orozco instruyera a otras personas para
vender droga; es, sobre todo, que se le señala como
líder de una organización a la que se le vincula con
el tráfico constante de sustancias prohibidas; o sea,
que es ubicado formando parte de ese “todo” que
anima las conductas delictivas. Su sentencia, como
todas, es individual, pero, según la propia ley, las
sentencias dictadas se convierten en pruebas de que
una organización existe. El primer titular de la Unidad
Especializada en Delincuencia Organizada de la
PGR en México, Samuel González Ruiz, lo pondría en
estos términos: “Como no se tienen las pruebas de
que X ordenó un transporte de droga específico Y,
se sanciona a X por dirigir una organización que se
dedica a transportar drogas en Y, Y1, Y2...YN ocasiones”
(Macedo, 2003: 100).
La estructuración de los delitos permite pasar de las
conductas a los vínculos; de la acción transgresora
al continuum delictivo; del delito a su lógica operativa;
y sugerir que esta última prueba la existencia
de las organizaciones delictivas. Entonces, el castigo
se funda en un tipo de saber: el de las estructuras
de organización, formas de operar y ámbito
de actuación de los delincuentes organizados. De
este modo, se espera que la acción punitiva del juez
se valga de un saber, generado a partir de todo un
conjunto de técnicas específicas de vigilancia e investigación,
para dictar castigos a partir de él11. La
Convención de Palermo impulsada por la ONU, el
Tratado de Ámsterdam elaborado por la Unión Europea
para el combate a la delincuencia organizada,
las leyes mexicanas, colombianas y muchas otras del
tipo, consideran como técnicas especiales de investigación,
entre otras, las siguientes:
1. Interceptación de comunicaciones telefónicas
y ambientales.
2. Operaciones encubiertas e infiltración de
agentes.
3. Entregas vigiladas.
4. Vigilancias electrónicas.
5. Testimonios de testigos o informantes con
beneficios o inmunidad.
6. Protección de testigos.
7. Denuncias o informaciones anónimas y
entrega de recompensas.
8. Jueces sin rostro.
9. Arraigo domiciliario
¿Qué es lo que permiten saber estos instrumentos?
Debe tenerse presente que todos ellos están siendo
habilitados como herramientas de investigación para
“probar” la culpabilidad de personas. En cualquier sistema penal, el eje que articula el proceso contra
alguien es la prueba. “El sentido de cualquier probanza
es alcanzar la verdad” (García, 2000: 151);
por lo cual, estas técnicas, estos instrumentos, se
convierten en herramientas para producir verdad.
Se genera un cruce entre las instituciones encargadas
de impartir justicia y la positividad del discurso de la
delincuencia organizada (que lo que hace es establecer
algunos principios para discriminar lo verdadero
de lo falso). Las reglas que se siguen en el dominio
epistemológico donde caben los objetos que incluye
el discurso de la delincuencia organizada, son ahora
las mismas que van a determinar la verdad; esa verdad
que busca el procedimiento judicial y a la cual va
ligado un efecto de poder real: el castigo penal. Las
reglas que se mostraron posibilitando ciertos objetos
en el discurso de la delincuencia organizada, ahora
reivindican un estatuto de verdad.
La delincuencia organizada:
análisis de su repercusión en el ejercicio del poder
José Luis Arriaga Ornelas
Lo que permiten saber estos instrumentos son los
vínculos del sujeto. Descubrir “quién está vinculado
con quién” como producto de una investigación
de los delitos se convierte luego en “por qué
te castigo”. La labor de la policía, de los fiscales
y de los jueces se vuelve cada día más un análisis
permanente de datos, un tejido de matrices y redes
sobre los vínculos de un personaje, una familia,
un negocio, una autoridad o cualquiera. Esto,
claro está, es facilitado en buena medida por la
base material/tecnológica que, así como permite
poner en contacto dos actores distantes, también
puede poner en contacto eventos aparentemente
dispersos. Ambas cosas consiguen establecer sistemas
permanentes de relaciones, basados en la
información: la lógica de interconexión produce
la verdad y también sostiene el ejercicio del poder
de castigar.
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