Posconflicto

POSCONFLICTO Y DESMOVILIZACIÓN: COMPARATIVO DE LAS EXPERIENCIAS EN COLOMBIA, CAMBOYA Y EL SALVADOR

Catalina Bello Montes*

RESUMEN

Este ensayo aborda los procesos de desmovilización y reinserción de excombatientes a la vida civil. El estudio se realiza debido a la importancia del tema en el contexto de posconflicto y obliga tanto a la Institución como a la Sociedad Civil a plantearse los alcances de este fenómeno en el país.

Para tal fin, se analiza la experiencia en países como Colombia, Camboya y El Salvador con el fin de comprender las condiciones que permitieron su desarrollo así como las dificultades y los éxitos de este tipo de programas. De igual manera, se examina el papel que desempeñaron organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas en dichos procesos.

ABSTRACT

This ar ticle analyses the demobilization and reintegration to civil society process of illegal armed groups. Such document is relevant due to the impor tance of this issue in the field of post conflict This aspect constitutes a priority for the Colombian National Police and the society in general in order to be aware of the implications of this phenomenon.

For this purpose, the experiences of Colombia, Cambodia and El Salvador will be studied, taking into account those key factors that allowed their development as well as the difficulties and the achievements of those programs. Likewise, it will examine the role under taken by international organizations such as United Nations.

* Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia. Actualmente es Asesora del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Dirección Central de Policía Judicial.

Las experiencias internacionales muestran que la desmovilización de combatientes se produce en forma posterior a la firma definitiva de acuerdos de paz.1 A pesar de esto, en Colombia se desarrolla un programa de desmovilización individual de personas per tenecientes a grupos subversivos y de autodefensas y, por otra par te, una desmovilización colectiva de bloques de las autodefensas.

En este sentido, el Informe de Desarrollo Humano afirma que “desde este punto de vista, el desafío de una política de reincorporación es transformar a miles de individuos aislados o exdelincuentes en una fuerza ciudadana de paz. Ello implica diseñar un esquema sostenible de reinserción, garantizar la vida de quienes dejan las armas, evitar su rotación entre actores armados o su ingreso a las redes del crimen organizado, brindarles una asistencia adecuada, restaurar todos sus derechos, darles espacios en la vida política, evitar los “incentivos per versos”, e inducir un cambio cultural con miras a la aceptación del desmovilizado por par te de la sociedad en general”.2

Los procesos de reinserción no se refieren sólo a los beneficios jurídicos y económicos que el Estado ofrece a los desmovilizados, sino a la protección de los individuos y sus familias, a la atención de los conflictos familiares y sociales derivados luego de varios años de separación, a la necesidad de que la sociedad acepte a estas personas sin verse afectada por posibles atentados o represalias contra los exmilitantes. El reinsertado debe aprender a confiar en el Estado que antes combatía, a ejercer responsablemente los deberes y derechos que tiene como ciudadano, a resolver sus problemas y a buscar fuentes legales de ingresos.

La Organización de Naciones Unidas se involucra activamente en el tema del posconflicto entre otras razones, por la compleja situación de carácter humanitario que se produce al finalizar un conflicto armado. Además, los órganos de la ONU creen firmemente en que “asegurar una adecuada resolución de las cuestiones pendientes al final de los conflictos armados es esencial para lograr situaciones de paz fundadas en bases sólidas”.3

Es impor tante alcanzar el éxito en este tipo de programas dada la magnitud de actividades ilícitas que desarrollan estos grupos de delincuencia organizada y que requieren ser controladas. Por otra parte, como demuestra la experiencia en países de Centroamérica, Asia y África, cuando los planes gubernamentales fallan, los desmovilizados reingresan a bandas criminales y aumentan la inseguridad del país. Estos casos revelan que en el posconflicto decrece la violencia política pero aumenta la violencia común.

1 El Research Repor t del World Bank señala que el momento para iniciar el proceso de desmovilización es crucial. Debe comenzar tan pronto sea posible, después que las par tes hayan acordado dar por terminada la guerra; los ejércitos involucrados deben ser desmovilizados simultáneamente y el acuar telamiento de los combatientes, a la espera de ser dados de baja del ejército, debe ser tan cor to como sea posible. Este caso, como es obvio, difiere de la situación en Colombia donde el proceso actual no es consecuencia de un acuerdo de paz ni de la terminación de la guerra. Citado en: Juan Carlos Garzón et al., Desmovilizaciones Individuales: las incer tidumbres de la guerra y las limitaciones de la paz, Abril-Junio, 2005, Fundación Seguridad y Democracia, Bogotá, Colombia.

2 Gómez Buendía, Hernando, El Informe de Desarrollo Humano 2003, El Conflicto: Callejón con Salida, PNUD, 2003.

3 Mota Sardenberg, Ronaldo, El Papel de Naciones Unidas en Situaciones Posconflicto, Inter vención de S.E. Embajador, Representante Permanente del Brasil ante las Naciones Unidas Nueva York, 30 de Abril del 2003 en http://www.un.int/brazil/speech/03d-rms-csnupapelunposconflicto- espanhol-3004.htm.

PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN DE LAS AUTODEFENSAS

El 23 de diciembre de 2002 fue sancionada la Ley 782 que permitió el inicio de negociaciones de paz con cualquier grupo armado. Por su parte, las AUC hicieron la primera declaratoria de cese unilateral de hostilidades el 29 de noviembre de 2002 y el 15 de julio de 2003; el gobierno y este grupo firmaron el Acuerdo de Santafé de Ralito, por medio del cual se comprometieron a desmovilizarse gradualmente hasta desaparecer como grupo armado el 31 de diciembre de 2005.

De igual manera, fue sancionada la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz. Esta legislación incorpora por primera vez elementos como el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación.

En 1999 se creó el Programa de Desmovilización con el propósito de ofrecer alternativas a quienes abandonen los grupos al margen de la ley y se reintegren a la vida civil, sin esperar a que se produzca un proceso de paz. Esta iniciativa se tradujo en la expedición del Decreto 128 del 22 de enero de 2003 que permite a los miembros de las organizaciones armadas ilegales acogerse al Programa. Con este Decreto se establecieron dos etapas: la de desmovilización a cargo del Ministerio de Defensa Nacional y la de reincorporación dirigida por el Ministerio del Interior y de Justicia.4

La primera fase es el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PADH) que comienza con la presentación de la persona ante la autoridad más cercana y termina cuando el Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA), luego de realizar un proceso de verificación, decide si la persona puede o no acceder a los beneficios que incluyen atención humanitaria al desmovilizado, alojamiento, alimentación, transporte, vestuario, atención en salud física, psicológica y seguridad.

En segundo término, está el Programa de Reincorporación a la vida civil de las personas desmovilizadas el cual busca garantizar la protección inmediata del desmovilizado y su familia; tiene una duración de dos años y brinda además de los beneficios de la fase anterior posibilidades de acceder a programas educativos y proyectos productivos.

El proceso de desmovilización comenzó el 3 de noviembre de 2003. El esquema consiste en que cada individuo que deje las armas se presente en su lugar de origen, en un centro de referencia donde se coordina el proceso ya sea en el campo educativo o laboral.

El balance que ofrece el Gobierno Nacional del programa de desmovilización individual es positivo. Hasta el 31 de diciembre de 2005, 4.340 personas que pertenecían a las FARC, 3.057 a las Autodefensas, 1.178 al ELN y 229 a grupos disidentes entregaron las armas en el marco de este programa, para un total de 8.804. A ellos se suman los 14.079 desmovilizados de manera colectiva a través de la negociación con las AUC.5

En cuanto a las desmovilizaciones colectivas, los resultados más alentadores los presenta la ciudad de Medellín. El 25 de noviembre de 2003, 868 personas del Bloque Cacique Nutibara llegaron a la ciudad. Los recursos dispuestos por la Alcaldía permitieron que los desmovilizados obtuvieran un empleo. Adicionalmente, las entidades de gobierno en esta ciudad realizan un seguimiento a cada individuo y les brindan opciones de educación formal e informal.

4 Ministerio de Defensa, Antecedentes y naturaleza del programa de desmovilización y reincorporación, www.mindefensa.gov.co.

5 Cifras del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) del Ministerio de Defensa.

Para el caso de Bogotá, se presentaron dificultades con los albergues. Esta fue una de las primeras señales de alarma que el país advirtió, ante los inconvenientes del programa y que condujo al posterior traslado de estos centros de la capital a otros municipios.

EL PAPEL DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LOS ESCENARIOS DE POSCONFLICTO

Es importante examinar el papel que cumplen organizaciones internacionales como la ONU en etapas posteriores al conflicto. En países que afrontaron situaciones similares, se conformaron misiones para asegurar el cumplimiento de los acuerdos y garantizar la protección de la población civil.6

La experiencia en Camboya

Los Acuerdos de París de 1991 dejaron en manos de la Autoridad Transicional de Naciones Unidas en Camboya (UNTAC)7 la unificación de las principales cuatro facciones del conflicto armado así como la desmovilización de los 140.000 combatientes pertenecientes a los actores beligerantes: el Estado de Camboya, FUNCINPEC8, el Frente Nacional para la Liberación del pueblo Khmer y el Ejército Nacional Democrático de Camboya.

En mayo de 1993 cuando finalizó el programa 36.000 soldados se acogieron al proceso de desmovilización. Aún así, cada grupo comenzó un nuevo proceso de reclutamiento que trajo como consecuencia el incremento en el número de combatientes.

6 Las Naciones Unidas jugaron un rol activo al par ticipar bajo el concepto de operaciones multidimensionales que incluyeron la actuación como peacemaker facilitando el establecimiento del tratado de paz entre las partes; como peacekeeper monitoreando la implementación de los acuerdos; y como peacebuilder apoyando las transformaciones de carácter social, político y económico que sustentaban los mismos. Otras actividades incluyeron la super visión del cese al fuego, la desmovilización de fuerzas, la reintegración de excombatientes a la vida civil, el retorno de los refugiados y desplazados por causa del conflicto, el desarrollo de programas de atención humanitaria, el establecimiento de nuevas fuerzas de policía, la verificación del respeto por los Derechos Humanos, entre otros. Michael Doyle et al, “Introduction” en Keeping the peace: Multidimensional UN Operations in Cambodia and El Salvador, Cambridge University Press, United Kingdom, 1997.

7 UNTAC, United Nations Transitional Authority in Cambodia.

8 Frente de Unidad Nacional para una Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa. En sus orígenes, el frente FUNCINPEC fue un movimiento que tenía como objetivo la liberación de Camboya bajo el liderazgo de Samdech Preah Norodom Sihanouk.

Posteriormente, el Gobierno Real de Camboya (Royal Government of Cambodia) inició un plan a tres años con el objetivo de reintegrar a la vida civil a los 31.000 combatientes de las Fuerzas Armadas Reales de Camboya (RCAF). Para esto se realizó un plan piloto, desarrollado por el Consejo para la Desmovilización de las Fuerzas Armadas (CDAF), en las provincias de Kampot, Kampong Thom, Banteay Meanchey y Battambang. De esta manera, 1.500 combatientes se desmovilizaron entre mayo y julio de 2000. Durante el mes de octubre de 2001, el RGC y el Secretariado de CDAF aunaron esfuerzos para realizar una desmovilización a gran escala en todo el país. Del 15 de octubre al 26 de diciembre de 2001, 15.000 soldados se desmovilizaron en 10 provincias: Kampong Chhnang, Kampong Speu, Kampot, Kampong Cham, Kandal, Battambang, Banteay Meanchey, Siem Reap, Kampong Thom y Steung Treng.9

El plan buscaba el paso de una sociedad en posconflicto a una en dónde los recursos invertidos en seguridad se destinaran a programas de reducción de la pobreza y al mejoramiento de las condiciones sociales. Contó con el apoyo de donantes internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas, entre otros.

El proyecto tuvo cuatro puntos fundamentales: I) manejo de la información personal de los soldados, (II) desmovilización, (III) reintegración y soporte y (IV) asistencia técnica en el proceso. En cuanto al manejo de datos personales se creó una base en la que se verificaba la identidad, se recolectaba información personal, se tomaban fotografías a los excombatientes y se realizaba un seguimiento continuo al proceso. El registro de las personas era un requisito indispensable para continuar en el programa. Una segunda fase consistía en la desmovilización que incluía un plan de atención previo y la concentración de los veteranos en lugares diseñados para este fin.10

Surtidas las dos etapas anteriores continuaba el proceso de reinserción que incluía la valoración de carácter socio-económico y el análisis de las condiciones que les permitieran reintegrarse a la sociedad civil. Se realizaron procesos de sensibilización no sólo de los veteranos sino de las comunidades en donde se establecerían. Además, se buscó dotarlos de herramientas que les permitieran ganarse la vida. Finalmente, se implementaron los acuerdos y la asistencia técnica. El proyecto fue financiado por el Gobierno de Japón, Suecia, los Países Bajos, préstamos internacionales, el Programa Mundial de Alimentos y el Banco Mundial con un costo total de 42 millones de dólares.11

Ocho organizaciones no gubernamentales fueron invitadas a monitorear el proceso y realizaron entrevistas a los excombatientes que participaron en la iniciativa. Uno de los mayores inconvenientes observados durante el proceso fue el tema del desarme. No se realizaron planes de recolección de armamento ni destrucción del mismo. Esto afectó la percepción de seguridad de los reinsertados y de sus familias, pues desconocían quiénes de los antiguos combatientes poseían aún armas. De igual manera, afectó la percepción de seguridad de los ciudadanos del común.12

9 Council for the development of Cambodia, Disarmament and Demobilization, http://www.digdes.org./doc_desarmeydesmov.htm

10 El proyecto de desmovilización y reintegración en dicho país decidió entregar a cada excombatiente un “paquete de desmovilización” o “malla de seguridad”, es decir el equipo mínimo indispensable para que un excombatiente pueda dejar las armas. El paquete fue estimado en US$1500 por persona desmovilizada, e incluía una moto (100cc), un lote o casa-lote, mercados, muebles, electrodomésticos, y un búfalo o una motobomba para el cultivo de arroz. Además, el equivalente a 12 salarios mínimos mensuales. Ver: Hernando Cáceres, Desmovilización, Reincorporación, reinserción y reconciliación, Fundación Dignidad y Desarrollo, en www.digdes.org.

11 Government of Kingdom of Cambodia, Cambodia: Demobilization and reintegration Project, Agosto 2001.

En 1992, la UNTAC comenzó el desarrollo del proyecto de desmovilización individual de combatientes. Conforme con los términos estipulados en los Acuerdos de París, la fase uno de cese al fuego comenzaría con la firma del texto en octubre de 1991. La segunda fase sería anunciada por el Comando de Fuerza de la UNTAC, fecha que quedó fijada para el 13 de junio de 1992. El Programa de desmovilización individual planteado para el Ejército Nacional Democrático de Kampuchea (NADK) formulado por la UNTAC fue una respuesta a las necesidades individuales de los soldados del NADK y a la posición política del Partido Democrático de Kampuchea (PDK), de no continuar con el proceso de desmovilización. El objetivo principal era ofrecer la posibilidad de dejar las armas a los excombatientes del NADK que quisieran retornar a la civilidad. En estos casos, la UNTAC no buscaba persuadir insistentemente a los miembros de estos grupos a desarmarse. Pero, los que voluntariamente quisieran hacerlo se dirigían a las oficinas de la Misión para iniciar el proceso. La UNTAC brindaba asistencia temporal a los partícipes del programa.13

Gracias a las entrevistas realizadas por miembros de la UNTAC a los par ticipantes del proceso de desmovilización individual se conoció que la gran mayoría eran jóvenes que se habían vinculado recientemente a los ejércitos. Otros per tenecían a facciones enemigas y habían sido prisioneros de guerra o deser tores que fueron reeducados. Con el cese al fuego, respetado por muchas divisiones, se intensificó la actividad subversiva y de propaganda política del grupo.

El proyecto tuvo cuatro puntos fundamentales: I) manejo de la información personal de los soldados, (II) desmovilización, (III) reintegración y soporte y (IV) asistencia técnica en el proceso.

La experiencia en El Salvador

Los Acuerdos de Chapultepec14 en El Salvador incluyeron reformas al sistema político del país en lo referente al sector militar, seguridad pública, Derechos Humanos, impunidad, sistema electoral y sistema judicial. De igual manera, un Programa de Transferencia de Tierras dirigido a pobladores de zonas en donde se desarrolló el conflicto y a excombatientes de ambos ejércitos; un Plan Nacional de Reconstrucción y un Programa de reinserción a la vida civil para los par ticipantes directos en el conflicto armado.15

12 El 67% de los entrevistados creían que otros soldados conservaban aún sus armas. El 70% de las personas entrevistadas se preocupaban por sus futuras condiciones de vida, el 65% estaban en situación de aler ta por el retorno a sus respectivas comunidades de origen y el 24% de ellos se inquietaron por su seguridad cuando retornaron a la vida civil. Steave Heder, “The resumption of armed struggle by the Party of Democratic Kampuchea: evidence from National Army of Democratic Kampuchea “Self-demobilizers” en Propaganda, Politics and Violence in Cambodia, M.E Sharpe Inc, United States of America, 1996.

13 Ibíd.

14 Los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador, donde murieron cerca de 80.000 personas en 12 años, se firmaron en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México el 16 de enero de 1992. Constituyen la reforma política más importante desde la Independencia Nacional (1821).

15 Chávez, Mauricio, La guerra civil en El Salvador (1981-1992) Centro de Paz, Enero de 1998 http://www.cepaz.org.sv/melasnu/ publicaciones_cepaz/guerra_civil.htm.

Se limitó el papel constitucional de las Fuerzas Armadas a la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional, eliminando cualquier atribución en materia de seguridad pública. Se establecieron medidas para depurar las instituciones de los oficiales involucrados en violaciones a los Derechos Humanos y la reducción del ejército a unos treinta mil efectivos. De igual forma, se suprimieron los cuerpos de seguridad militarizados (Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Policía Nacional) y se crearon nuevas instituciones, principalmente la Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública, que desarrollaron un modelo de seguridad pública adecuado a una sociedad democrática.16

Por otra parte, los programas de reinserción de excombatientes a la vida civil y productiva fueron ejecutados aunque con falencias en materia de cubrimiento y sostenibilidad. Carecían de una visión de mediano y largo plazo y por tanto no contaron con adecuados niveles de financiamiento, asistencia técnica y transferencia de tecnología.17 El plan principal fue el Programa de Armas por Tierras, que absorbió no sólo a excombatientes sino a campesinos que constituían la base de apoyo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) o tenedores de tierra. En El Salvador, la tierra se impuso como el mecanismo para la reintegración, principalmente por la distribución inequitativa de la misma. Este último aspecto fue considerado por muchos analistas como una de las causas más profundas del conflicto.18

El objetivo principal del programa fue brindar a los excombatientes desmovilizados una posibilidad de reinserción a la vida civil y un modo adecuado de garantizar el sustento de sus vidas. Se otorgaron créditos a los potenciales beneficiarios para comprar la tierra, los cuales se complementaron con asistencia técnica y otros programas de crédito para la producción agrícola. Los Acuerdos incluían planes para desarrollar, a corto plazo, capacitación en el agro, distribución de herramientas, instrucción académica con programas a mediano plazo, créditos y asistencia técnica.

Durante la fase de negociaciones, el FMLN insistió en permitir a los tenedores de tierra, es decir, a la base de apoyo de este movimiento, conservar estos terrenos como recompensa por el apoyo brindado a la guerrilla. A la vez, el grupo subversivo esperaba como contraprestación que se le apoyara en sus aspiraciones políticas. Esto dejaba de lado los intereses de los dueños por recuperar sus propiedades. Finalmente, se estipuló que las tierras privadas a ser transferidas debían ser voluntariamente ofrecidas por sus dueños y serían compradas a precios del mercado.19

El plan buscaba beneficiar a 47.500 personas de los cuales 7.500 eran excombatientes del FMLN, 15.000 de las Fuerzas Armadas y 25.000 tenedores de tierras en zonas de conflicto. Este programa se dividió en tres fases: la primera tuvo lugar entre octubre de 1992 y enero de 1993 con el apoyo de USAID,20 y permitió cubrir las necesidades de 15.000 individuos. La prioridad eran los excombatientes del FMLN y los tenedores de tierra. La segunda fase contó con el apoyo de la Unión Europea y benefició no sólo a miembros del FMLN sino de las Fuerzas Armadas. La tercera y última fase buscaba cubrir las necesidades de cerca del 60% de beneficiarios, pero en ausencia de tierras y recursos disponibles, quedaron 28.000 personas faltantes.

A finales de 1994, sólo 17.200 títulos de la tierra habían sido emitidos. Estas demoras en la titularización y transferencia de los terrenos, causaron un impacto negativo en el cumplimiento de los demás acuerdos establecidos en Chapultepec.

Estas dificultades hicieron que los campesinos y excombatientes decidieran armarse nuevamente. La ola de violencia se exacerbó debido a la impunidad y la falta de operatividad del programa en algunas zonas del país. De igual manera, el plan de recolección de armas no fue lo suficientemente efectivo y muchos de los desmovilizados prefirieron conservarlas.

Desde marzo de 1992 hasta agosto de 1993, la Misión de Observación de la ONU (ONUSAL)21 supervisó la entrega y destrucción de armamento por parte del FMLN. Como resultado de este programa se recuperaron 10.230 armas, 4.032.000 municiones y 9.228 granadas. Posteriormente, se adelantaron programas de recompra de armas por parte del Movimiento Patriótico contra la Delincuencia.22 Aún así, se calcula que cerca de 400.000 armas siguen en circulación en este país, de las cuales sólo 145.000 lo hacen legalmente.

Sin embargo, el fin de la guerra no disminuyó la violencia homicida. Por el contrario, los niveles se dispararon. Cerca de 6.250 personas murieron anualmente por causa de la guerra mientras que durante el posconflicto, los homicidios pasaron de 8.019 en 1996 a 8.281 en 1998. Esta violencia es uno de los principales problemas que afronta El Salvador en la etapa posterior al conflicto. Algunos excombatientes se vincularon nuevamente al crimen. Entre las causas principales sobresalen: la dificultad en la inserción económica de los combatientes, la gran cantidad de armamento circulante y el vacío institucional en materia de seguridad pública y justicia en el país.23

El objetivo principal del programa fue brindar a los excombatientes desmovilizados una posibilidad de reinserción a la vida civil y un modo adecuado de garantizar el sustento de sus vidas.

El caso en El Salvador deja lecciones para el futuro: el tema de la reinserción debe ir más allá de un simple crédito o dinero no reembolsable. El fin fundamental es buscar el desarrollo de un proyecto productivo sostenible. Por otro lado, la selección del tema de la tierra como principal mecanismo de reinserción no fue viable porque muchos de los excombatientes no estaban inclinados de manera natural hacia esta actividad.

21 ONUSAL, United Nations Observer Mission in El Salvador.

22 William Godnick, Cómo abordar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, enero 2002.

23 Citado por Natalia Vesga, Una Sociedad en armas: el Posconflicto en El Salvador, Grupo de Trabajo sobre el posconflicto, Fundación Ideas para la Paz, Universidad de los Andes.

CONCLUSIONES

Entre las recomendaciones para el proceso de desmovilización en Colombia surge la importancia del análisis de las experiencias internacionales y del aprendizaje de los inconvenientes experimentados en una primera fase. La capacitación debe ser la base fundamental del programa. No puede tratarse solamente del ofrecimiento de trabajos en el sector informal. Uno de los principales retos es impedir que ante la falta de opciones, los desmovilizados opten por ingresar a bandas delincuenciales urbanas o regresen al conflicto armado.

Es importante garantizar la sostenibilidad económica y financiera de los proyectos productivos. Los procesos que se iniciaron en Colombia en la década de los 90 fracasaron en un 60% de los casos por la improvisación y la escasez de recursos.

Es necesario el fortalecimiento de las Misiones Internacionales de Verificación y Obser vación como es el caso de la OEA para aumentar sus competencias y exigir un mayor compromiso en las labores de verificación y seguimiento. La falta de recursos y personal surgen como los principales inconvenientes a ser solucionados. Sería muy importante, por su experiencia en el tema, vincular a la Organización de Naciones Unidas en el proceso.

Es primordial examinar y prevenir el impacto negativo que las desmovilizaciones puedan tener en escenarios locales como lo demuestra el caso salvadoreño. Por esto, es indispensable el monitoreo de las circunstancias que rodean el posconflicto con el fin de prevenir el incremento de la violencia criminal en esta etapa.

Resulta fundamental el desarrollo de políticas de desarme de la población en etapas de posconflicto, a través de mecanismos como la amnistía, la recompra y los programas de intercambio. De igual manera, es importante la conformación de una comisión técnica de peritos internacionales que apoye el proceso de entrega de armas.