Resultados operacionales de la Policía Nacional, 2010
Teniente Ervyn Norza-Céspedes1
Magíster (c) en Criminología y Victimología.
Jefe Investigación Criminológica, Observatorio del Delito.
Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.
Policía Nacional, Bogotá, D. C., Colombia.
ervyn.norza@correo.policia.gov.co
Gloria Patricia Espino-Duque
Especialista en Investigación Criminal.
Analista, Observatorio del Delito, Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.
Policía Nacional, Bogotá, D. C., Colombia.
gloria.espino@correo.policía.gov.co
Resumen
Este documento presenta la descripción estadística de los logros operativos de la Policía Nacional en el año 2010, los cuales se ajustan a las estrategias gubernamentales e institucionales encaminadas al despliegue efectivo de acciones preventivas, disuasivas y de control. Asimismo, contiene los aspectos relevantes de la principal estrategia operativa de la Policía Nacional, denominada Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, y los alcances del control social formal ejercido por la Policía sobre los delincuentes y la delincuencia; además, pasa por una revisión de los postulados teóricos y empíricos, tanto del control social como de las características de los victimarios, la impunidad y las herramientas para combatir el delito.
Palabras clave
Delito, captura, armas de fuego, control social formal, criminalidad (fuente: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD).
1 Los autores agradecen, en el avance de la investigación del delito, a los integrantes del Grupo de Investigación Criminológica y a las psicólogas Loreth Guevara y Vanesa Sarmiento, quienes han contribuido al estudio de la criminodinámica y criminogénesis en Colombia, en su paso por el Observatorio del Delito. Asimismo, al señor Coronel Gustavo Moreno Maldonado, a la señora Teniente Coronel Elba Lucía Granados, a la señora Capitán Gelga Buitrago y al señor Teniente Juan Aparicio Barrera, quienes han apoyado el estudio hermenéutico del fenómeno delictual con sus asesorías y orientaciones.
Abstract
This document off ers the statistical description of the National Police operational achievements in 2010, as adjusted to both government and institutional strategies aimed at an eff ective deployment of preventive, dissuasive, and control actions. Likewise, it contains the most relevant aspects of the main operational strategy of the National Police, known as the “Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes” (literally: National Plan of Surveillance by Quadrants), and the scopes of the formal social control carried out by Police forces on criminals and delinquency; moreover, it includes a review of the theoretical and empirical postulates of both social control and the criminals’ characteristics, as well as impunity and the tools designed to fi ght crime.
Key words
Crime, capture, arms, guns, formal social control, criminality (Source: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD).
Resumo
Este documento apresenta uma descrição estatística dos resultados operacionais da Polícia Nacional em 2010, que estejam em conformidade com as estratégias governamentais e institucionais que visam a implantação efetiva de ações de preventivas, de dissuasão e controle. Também contém os principais aspectos relevantes da estratégia operacional da Polícia Nacional, chamada Plano Nacional de Vigilância por Quadrantes, e os alcances do controle social formal exercido pela Polícia sobre os criminosos e o crime. Além disso, passa por uma revisão dos princípios teóricos e empíricos, tanto do controle social quanto das características dos autores, a impunidade e as ferramentas para combater o crime.
Palavras-chave
Crime, captura, armas, controle social formal, criminalidade (fonte: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD.
Introducción
Las expresiones de violencia y delincuencia no se presentan de manera homogénea en el país; sobre
esta premisa, los esfuerzos institucionales se concentran en los sitios y población con mayor
afectación, bajo los principios de: acción en todo el territorio nacional, gratuidad, sin interrupción,
civilismo, solidaridad, respeto y prevención. Así, en este escrito se esclarecen las acciones institucionales
e interinstitucionales para garantizar la convivencia en Colombia, que se materializan,
principalmente, en las diferentes alianzas entre los organismos encargados de la persecución judicial
y penal del Estado. Situaciones que han redundado en la disminución de los instrumentos
utilizados para los ilícitos (armas de fuego-vehículos), la interrupción de los ciclos de la economía
criminal (incautaciones, extinción de dominio, recuperaciones, entre otros), que representaban
un nivel de rentabilidad en el pasado para el victimario, razón por la cual en los últimos años se
han centrado los esfuerzos por la lucha contra la impunidad y la efectividad de la sanción penal.
En consecuencia, para la interpretación de los resultados operativos de la Policía Nacional durante
el 2010, a continuación se plantean algunas consideraciones, divididas en temáticas, tituladas
así: “La Policía Nacional como principal actor en el control social formal del delito”,
“Resultados operativos como instrumento contra la impunidad y el delito”, “Estrategias, herramientas
e instrumentos en la persecución del victimario”, “Descripción estadística de los
resultados operativos, año 2010” y “Algunas consideraciones sobre el victimario”.
La Policía Nacional como principal actor en el control social formal del delito
En el enfrentamiento del delito y el abordaje desde la criminología es necesario considerar inicialmente
la triada criminal, entendida como la interacción entre delito, víctima y victimario; sin
embargo, existe un cuarto ingrediente en el estudio de los hechos delincuenciales, y es la acción
del entorno social sobre el control formal o informal.
Control social visto desde el concepto emitido por Restrepo (2002), donde la reacción es una
respuesta que el grupo social da a las conductas desviadas, la cual puede ser formal e informal.
Formal cuando es emitida por los organismos del Estado, a través del tratamiento y responsabilidad
frente al delito que les compete (Policía, jueces, fi scales, militares, Congreso en la sanción
de la norma, entre otros); por lo tanto, la respuesta al comportamiento desviado (delito),
traducida en capturas, incautaciones, recuperaciones y rescates, entre otras, derivadas de las
estrategias y acciones de la Policía Nacional, es la demostración tangible del control social formal
ejercido sobre el delito.
Por otro lado, el control social informal es la respuesta –que puede ser más o menos espontánea–
producto de los patrones de vida propios de un grupo, que terminan generando en los
individuos que lo conforman actitudes de aprobación, indiferencia o rechazo frente al delito
(Restrepo, 2002, p. 319).
En la misma línea, Garrido, Stangeland & Redondo (2001) afi rman, en estos dos tipos de control
social, que el formal se da en aquellas personas que tienen recomendada la vigilancia, la
seguridad o el control como actividades profesionales. Por tanto, en esta categoría se incluyen vigilantes, policías, jueces, fi scales, funcionarios de prisiones, etc. Y por otro lado, el control
social informal es el realizado por cualquier persona, que actúa en un momento dado contra la
delincuencia, sin que el control del delito sea su actividad profesional. Ejemplo de ello pueden
ser los vecinos del barrio, los trabajadores de una empresa, los profesores de un colegio, los
transeúntes momentáneos de una calle o los viajeros de un autobús. Ellos pueden inhibir o
disuadir para que se realicen actos delictivos, ya sea por su propio interés personal, por el de la
colectividad o por motivos altruistas (Garrido, et al., p. 71).
Por consiguiente, al revisar las expresiones del control social en Colombia, es común hallar un
sentimiento colectivo de indiferencia (“la indiferencia es un lujo afectivo, porque el indiferente
no sufre con el sufrimiento de los demás. Y así como no sufre tampoco ríe, se sorprende, grita,
llora o patalea” [Soto, 2005]) o falta de solidaridad en el impedimento de la comisión del delito;
es decir, solo un mínimo porcentaje de ciudadanos intervienen al observar un delito, para evitar
el mismo, y de otro modo, es mínima la cultura de informar a las autoridades sobre el conocimiento
de hechos que revisten características de delito.
Paradójicamente, las intervenciones o el control social informal, observados como reacción
frente a un delito, se caracterizan por otras conductas violentas, enmarcadas en una aparente
justicia comunitaria realizada por vías de hecho2.
Por lo antes expuesto, es clara en Colombia la prioridad para el Estado en el control del delito;
sin embargo, en esta lucha se requiere de la participación más activa de los ciudadanos, quienes
inicialmente son los actores (víctimas y observadores del delito) en la criminogenia del país y
los llamados a la vinculación con la justicia, a través del señalamiento al delincuente (denuncias
formales) y la visibilidad del nicho criminal (información a las autoridades); de igual forma,
los ciudadanos deben procurar por un distanciamiento en la cultura de la apología al delito
y el coadyuvar en la expulsión de los comportamientos violentos o delictuales (repugnancia,
censura y exclusión social). En esta medida, sería conveniente revisar a fondo el control social
informal del colombiano3, para empoderar aquellos comportamientos sociales benévolos de rechazo
al delito y los de cooperación en la inhibición y enfrentamiento del crimen (colaboración
con las autoridades judiciales y de policía).
Resultados operativos como instrumento contra la impunidad y el delito
La sociología jurídica plantea que las acciones contra el delito deben estar direccionadas hacia la creación, en la sociedad, de niveles tolerables de criminalidad; se puede dilucidar que la función de los controles de los Estados, acompañada del logro de este propósito, puede radicar en la reducción del delito y la creación de mínimos índices de impunidad.
2 Sobre los intentos de linchamiento se pueden extraer ejemplos como los siguientes: El 10 de mayo del 2011 “Un grupo de vándalos
asaltó la casa de un menor de 13 años, acusado de abusar de un niño de cuatro. El ataque, que duró alrededor de dos horas, se
produjo en el barrio Arborizadora Alta, de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Con palos, piedras y patadas, los
agresores tumbaron la puerta de entrada de la vivienda, para buscar linchar al adolescente. Según testigos, el joven violó al niño el
pasado viernes, mientras jugaban en una consola de video”. Y el 6 de mayo del 2011 “En la noche, en el barrio El Porvenir, unas 400
personas intentaron agredir a Jimmy Andrés Giraldo Maldonado, que ingresó este jueves en la tarde al Colegio Distrital Las Villas,
para presuntamente abusar de un niño de cinco años. Giraldo Maldonado recibió medida de aseguramiento y está recluido en la
cárcel La Modelo”. Noticias extraídas de la página del periódico El Tiempo: www.eltiempo.com, consultada el 19 de mayo del 2011.
3 Para determinar qué factores inciden en la generación de más criminalidad, por un aparente control social informal ejercido por la
comunidad y que termina desencadenando otros hechos delictivos. Dicho control social informal malévolo debe ser redireccionado, a
través de conductas prosociales de justicia y no comportamientos enmarcados en el ejercicio catártico violento frente al delito.
En tal sentido, según Reina y Villafranca (2008), la impunidad se entiende como la falta de sanción
o castigo en contra de una persona que ha perpetrado un delito; podría decirse, entonces,
que las percepciones de impunidad tienen un efecto en el delincuente, sobre su cognición y
volición al delinquir; es decir, la percepción sobre la difi cultad de ser capturado o sometido a
la efectividad del castigo (sanción o pena ejemplarizante) alimenta la motivación del criminal.
En consecuencia, en el estudio del delito y las motivaciones del delincuente, Roemer (2000) menciona,
en su tesis sobre el análisis económico del crimen, que “los actores calculan y se comportan
racionalmente, y están motivados para maximizar su utilidad” (p. 78); asimismo, Becker (1968) y
Ehrlich (2000), citados por Núñez, Rivera, Villavicencio & Molina (2003), hacen referencia a la economía
del crimen exponiendo la relación costo-benefi cio y el razonamiento de los delincuentes,
quienes encuentran en las actividades delictivas una fuente de lucro y fi nanciamiento lo bastante
fértil como para no realizar ninguna otra que se encuentre dentro de la legalidad.
En este orden de ideas, los resultados operacionales de la Policía Nacional durante todo el 2010,
descritos más adelante, son datos que arrojan una lectura sobre los avances plausibles en la
lucha contra la impunidad, la disuasión del crimen y la coerción hacia el delito en el criminal.
Entonces, existe un efecto disuasivo4 de las sanciones formales (capturas, incautaciones, recuperaciones,
entre otras), el cual se asocia con el desempeño de la Policía como agencia de
control social formal, quien dentro de los estadios que rodean al delito (determinados como
prevención, disuasión, reacción y control) evidencia con sus resultados la intervención del ciclo
criminal, a través de las capturas de victimarios, así como la desintegración de estructuras
ilegales y la aplicación de extinción de dominio, entre otros elementos, que al ser sometidos a
la justicia se convierten en el desestímulo en la falsa recompensa del lucro acelerado delictual.
Finalmente, al entender la acción de la Policía como el principal instrumento contra la impunidad
y el delito en el país, es menester mencionar que aunque el aparato judicial esté cimentado
en Colombia, los resultados operacionales de la Policía Nacional requieren de la unifi cación de
criterios y esfuerzos de los funcionarios encargados de la investigación y la sanción penal (fi scalía
y jueces), que propendan por la equidad y efectividad en la aplicación de la ley, para evitar
con ello algunas medidas que parecieran contradictorias, cuando luego de un arduo esfuerzo
en la recolección del acervo probatorio en el delincuente se toman medidas particulares, que
terminan por garantizar en el victimario una nebulosa de exaltación a la impunidad.
Estrategias, herramientas e instrumentos en la persecución del victimario
Hablar de estrategias en la persecución del victimario nos acerca a la conceptualización en la relevancia del tema de seguridad en Colombia, y al acercarse a este dilema se vislumbra la seguridad enmarcada como una importante reivindicación de la ciudadanía y una exigencia a las autoridades (Rangel, 2005, citado por Casas, Rivas, Gonzales & Acero, 2005), al encontrar en el país un escenario delictivo de cierta complejidad y con alcances intermésticos5 en muchos de los hechos delictuales cotidianos en Colombia; no obstante, la Policía ha logrado enfrentar de múltiples maneras las dinámicas del crimen, reduciendo los campos de acción del delincuente, situación evidente en los cambios estructurales, procedimentales y conductuales que la institución ha realizado en los últimos años y que han surgido a través de la implementación de estrategias operativas encaminadas a fortalecer los lazos con la comunidad, desde un enfoque preventivo, participativo y proactivo, aplicando los principios de solidaridad, civismo, tolerancia, respeto mutuo y convivencia social.
4 Disuasivo sobre el imaginario y constructo creado en el delincuente, quien interioriza la percepción del riesgo de ser capturado o sometido a una sanción penal. Asimismo, en el colombiano en general, al observar la acción efectiva de los organismos encargados de la seguridad y la convivencia, se puede generar el efecto de inhibición hacia la vinculación en hechos delincuenciales.
Dentro de este contexto, la principal estrategia operativa de la Policía Nacional es el Plan Nacional
de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC)6, la cual se constituye en el eje fundamental
de articulación para el cumplimiento de las metas institucionales alineadas con la
Política Nacional de Seguridad. La implementación de este modelo ha traído benefi cios en el
mejoramiento del servicio policial, haciéndolo armónico a su misionalidad y naturaleza civil. El
plan pretende optimizar el recurso humano y logístico, implementar tecnología de avanzada,
elaborar planes y proyectos orientados a la prevención y la optimización del servicio policial7, a
través de la distribución de responsabilidades específi cas al personal que presta el servicio en
los cuadrantes, el cual permitirá, a través de diagnósticos locales, realizar su actividad de una
manera más efectiva, con acciones ajustadas a las problemáticas identifi cadas en cada zona, en
busca de un mayor acercamiento e integración de la Policía con la comunidad.
Otro aspecto que incide en los resultados operativos de la Policía Nacional son las herramientas
legales con que cuentan los funcionarios judiciales, y que en ocasiones son insuficientes
para realizar adecuadamente la actividad; por tal razón, y consciente de estas
falencias, el Gobierno Nacional impulsó en el Congreso de la República varias iniciativas,
encaminadas a la seguridad y convivencia, entre las cuales se encuentra, entre otras, la Ley
de Seguridad Ciudadana, con las reformas al Código de Procedimiento Penal, con el fin de
que el procedimiento sea más ágil y eficiente, y el Código Penal, para castigar con mayor severidad
a los infractores de la ley. Asimismo, el proyecto contempla medidas restrictivas a
la extinción de dominio, que busca dotar de eficiencia el proceso extintivo. De otro lado, la
reforma al Código de la Infancia y la Adolescencia, encaminada a proveer al Estado de mejores
herramientas para luchar contra la delincuencia juvenil. Otro proyecto de ley que se
encuentra en curso es el de delitos menores8, el cual prevé un procedimiento especial para
esta clase de conductas delictivas, diferente del que regularmente se aplica en la investigación
y juzgamiento de los demás tipos penales del Código Penal. La idea es descongestionar
los despachos judiciales y que la Policía Nacional cuente con instrumentos legales eficaces,
que contribuyan de manera efectiva a enfrentar la impunidad y mantener la convivencia
pacífica de todos los habitantes del país.
5 Hace referencia a los vínculos estrechos entre la agenda externa e interna de los países en el mundo de la globalización. Término
propuesto por Manning (1977), quien fue presidente del Consejo de Relaciones Exteriores en Estados Unidos y decano de la Universidad
de Stanford Law School, 1964-1971.
6 Es una herramienta que permite la planeación y organización del servicio de policía; contiene información amplia y detallada de todos
los aspectos geográfi cos de una jurisdicción (población, extensión, puntos críticos, topografía, vías de comunicación, situación
de orden público) de la comunidad que recibe el servicio.
7 Estrategia institucional para la seguridad ciudadana (tomo 2.2). Seguridad ciudadana. Policía Nacional.
8 Lesiones personales que no dejen secuelas, delitos contra el patrimonio en cuantía inferior a 10 salarios mínimos legales vigentes y
delitos contra la salud pública, como el consumo de estupefacientes en presencia de menores o en establecimientos educativos.
Así las cosas, estos proyectos y reformas, guiados al fortalecimiento y empoderamiento de las estrategias, herramientas e instrumentos en la persecución del victimario, vinculan a la Policía directamente sobre el uso magnánimo de los mismos, garantizando en el funcionario de policía mayores elementos en el cumplimiento de su misionalidad, “cuyo fi n primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (artículo 218, Constitución Política de Colombia).
Descripción estadística de los resultados operativos, año 2010
Ya abordado el control social en Colombia, la impunidad y las estrategias, herramientas e instrumentos de la Policía Nacional utilizados en la lucha contra la criminalidad, a continuación se describen los resultados registrados en todo el año 2010 y algunas características de los mismos.
Capturas 2010
En el 2010 la Policía Nacional capturó un total de 220.285 personas, por infringir la ley penal en
el territorio colombiano, con incremento porcentual de 11% al comparar las cifras con las registradas
en el año anterior (198.139). Del total de capturas, 187.627 se realizaron en fl agrancia, con
una participación en el total de 85%, y por orden judicial 32.658 casos, con variación porcentual
ascendente de 6%, al compararlo con las capturas registradas en el año anterior (30.935).
Es importante resaltar que el 63% del total de capturas se concentra en tres títulos del Código
Penal, así:
Título XIII, “delitos contra la salud pública”, con 79.458 capturas, 98% de las cuales corresponden
al delito de tráfi co, fabricación o porte de estupefacientes, con 78.143 casos. Las unidades
de policía con mayores reportes de capturas en este título fueron: las Metropolitanas de Medellín,
con 11.730 casos; Bogotá, 9.803, y el Departamento de Policía Quindío, con 5.826 (tabla 45).
En el título VII, que contempla los “delitos contra el patrimonio económico”, la Policía Nacional
capturó un total de 56.879 personas como presuntas responsables de la comisión de las modalidades
delictivas contempladas en este título. El hurto agravado a personas, con 35.336 casos
y participación en el total de capturas del 62%, y el hurto agravado a entidades comerciales, con
8.581, son las modalidades delictivas con el mayor número de capturas. Las Metropolitanas de
Bogotá y Cali, con 11.954 y 2.163 casos, respectivamente, y el departamento de Cundinamarca,
con 1.858, fueron las unidades de policía que reportaron el mayor número de capturas en el
2010 por la modalidad de hurto a personas. De igual manera, por hurto a comercio fueron: la
Metropolitana de Bogotá, con 3.832, y el departamento de Cundinamarca, con 563 (tabla 45).
Por atentar contra el título I, “delitos contra la vida e integridad personal”, la Policía Nacional
capturó un total de 20.228 personas, especialmente por las modalidades de lesiones personales
comunes, con 14.054 casos, y homicidio, con 5.660; las capturas por estas dos modalidades
abarcan el 98% del total de capturas en el título. Las frecuencias más altas en cuanto a capturas
por lesiones personales comunes son: la Metropolitana de Bogotá, con 3.983, y Cundinamarca,
con 1.736. Es de resaltar que por homicidio, la mayor cantidad de capturas se presentaron en las
Metropolitanas de Bogotá, con 538 casos; Medellín, 509, y Cali, con 463 (tabla 45).
Rescate de personas secuestradas
En el 2010, la Policía Nacional rescató un total de 86 personas secuestradas en el territorio nacional, con un decremento de 9% al contabilizar 95 rescates en el 2009. Las unidades de policía con el mayor número de rescates fueron: la Metropolitana de Cali, con 22; el departamento de Nariño, con 8 casos, y las Metropolitanas de Bogotá y Cúcuta, con 6 y 5 casos, respectivamente (tabla 53).
Drogas ilícitas incautadas
En el 2010 se incautaron un total de 83.590 kilos de cocaína en el país, de los cuales 59.024 lo
realizó la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN), seguida por la Dirección de Investigación Criminal
e Interpol (DIJIN), con 5.751 kilos. Estas dos unidades incautaron el 77% del total de cocaína
en el año 2010. El Departamento de Policía Urabá incautó un total de 2.238 kilos, seguido por
el Departamento de Policía Antioquia, con 2.235 kilos, y el Departamento de Policía Cauca, con
2.224 kilos (tabla 66).
Con relación a heroína, la Policía Nacional incautó un total de 299 kilos, de los cuales 249 lo realizó
la DIRAN, seguida por el Departamento de Policía Nariño, con 16 kilos, y Antioquia, con 8.
De igual manera, la DIRAN incautó 17.695 kilos de base de coca de los 31.923 incautados a nivel
nacional. El Departamento de Policía Cauca, 3.522, y Antioquia, 1.594 kilos.
De los 228.353 kilos de marihuana incautada, 67.338 kilos lo realizó la DIRAN, seguida por el Departamento de Policía Cauca, con 42.559, y Valle, con 27.456 kilos.
De igual forma, se incautó un total de 26.387 unidades de pastillas alucinógenas, especialmente
en la Metropolitana de Medellín, con 11.887 pastillas; la Metropolitana de Cali, con 6.965, y la
Metropolitana de Pereira, con 1.578 unidades (tabla 66).
De otro lado, la institución en el 2010 asperjó un total de 101.940 hectáreas de coca, principalmente
en el en departamento de Nariño, con 25.940 hectáreas, seguido por Guaviare, con
20.918, y Caquetá, con 16.947 hectáreas. Del mismo modo, erradicó en forma manual un total
de 42.444 hectáreas de coca, y fueron las unidades de Policía de DIRAN, con 41.809 hectáreas,
y Norte de Santander, con 109, las que presentaron los mayores reportes (tabla 67). De igual
manera, personal de la institución erradicó manualmente 710 hectáreas de amapola, con los
mayores índices en DIRAN, con 698 hectáreas, y Cesar, con 6 (tabla 67).
Armamento incautado
En el 2010, la Policía Nacional incautó 44.572 armas de fuego, de las cuales el 53% corresponden
a revólveres, con 23.623. El mayor uso de armas de fuego en el 2010 obedece probablemente al
aumento de la presión de la violencia sobre la población en general, la cual ha llevado a que los
ciudadanos adquieran armas, con fi nes de protección personal, en los mercados legales e ilegales.
Las Metropolitanas de Cali, con 4.345; Cúcuta, con 3.996, y Bogotá, con 3.250, son las unidades
de Policía con el mayor número de incautaciones. De igual modo, la institución incautó un total
de 10.519 pistolas, con una participación en el total de 24%. Las Metropolitanas de Cúcuta, Cali y
Medellín fueron las unidades de policía con el mayor número de incautaciones de este tipo de
armas, con 1.367, 1.000 y 760, respectivamente (tabla 63).
Gráfica 1. Armas incautadas involucradas en delitos
Incautación de armas de fuego involucradas en delitos. Períodos comparativos 0101 al 3112 años 2008, 2009 y 2010.
Otra clase de arma fueron las escopetas, con 8.914 casos y participación de 20% en el total de incautaciones.
Las unidades de policía con las incautaciones más altas son: Antioquia, con 963; Cundinamarca,
595, y Nariño, 532. De otro lado, la Policía incautó un total de 1.172 fusiles, de los cuales
379 lo realizó la DIJIN; la Metropolitana de Cali, 172, y el Departamento de Policía Antioquia, 125.
En el mismo período, la Policía incautó un total de 130 ametralladoras y subametralladoras, con
las cifras más altas en cuanto a incautaciones en las Metropolitanas de Medellín, con 27; DIJIN,
9, y el Departamento de Policía Antioquia y Magdalena, con 8 cada uno (tabla 63).
Se destaca la incautación de las armas de fuego involucradas en 25.288 delitos en el último
año; es decir, el 52% del total de armas incautadas durante todo el 2010, siendo el homicidio, las
lesiones comunes, el hurto en sus diferentes modalidades, las amenazas y los delitos contra la
libertad y el pudor sexual los delitos con mayor recurrencia.
Automotores recuperados
La institución recuperó en el 2010 un total de 7.212 automotores a nivel nacional; las unidades de policía con las recuperaciones más altas son: las Metropolitanas de Medellín y Bogotá, con 1.186 y 799, respectivamente, y la DIJIN, con 671. Según la clase, fueron recuperados con mayor frecuencia los automóviles, con 3.842; les siguen las camionetas, con 1.598; camiones, con 1.062; camperos, con 443, y otros, 267. Por marcas, las más recuperadas son: Chevrolet, con 2.105; Mazda, 1.043, y Renault, 741. De los automotores recuperados, estaban asegurados 162, y no asegurados, 7.050 (tabla 56).
Motocicletas recuperadas
En el 2010, la Policía Nacional recuperó 8.793 motocicletas hurtadas, por un valor de $30.732.924.408. Las unidades que registraron mayores recuperaciones fueron: la Metropolitana de Medellín, con 1.308, y el departamento de Nariño, con 1.084. Según la marca, se recuperaron con mayor frecuencia la Yamaha, con 2.682; Suzuki, con 1.827, y Honda, con 1.529 (tabla 57).
Cavilación sobre los resultados operacionales
Para terminar la descripción de los resultados operacionales de la Policía Nacional, se identifi ca
un alto porcentaje de capturas relacionadas con el fenómeno del narcotráfi co, e igualmente altas
cifras de incautación de drogas ilícitas, variables que pueden inferir en la dinámica del crimen en
Colombia, la relación aún persistente del narcotráfi co en diferentes escenarios delincuenciales.
Para intentar explicar esta relación histórica en el país, se puede citar un estudio efectuado por
Ruiz (2007), a través de una alianza estratégica entre la Universidad Nacional y la Dirección Nacional
de Estupefacientes, quienes realizaron un análisis de las carreras criminales de hombres condenados
por homicidio, relacionando delitos cometidos con anterioridad y el obrar bajo efectos
de una droga o haber cometido delitos para conseguir drogas, tomando como muestra reclusos
de once establecimientos penitenciarios en Colombia. Entre los resultados encontrados se identifi
có una alta versatilidad criminal, derivada por la consecución de droga, y otros bajo efectos de
la misma (el 43,5% afi rmaron haber cometido un homicidio bajo los efectos de estupefacientes).
De ahí que la mayoría de las áreas que aborda la política criminal del país estén enfocadas al
enfrentamiento del narcotráfi co, siendo coherentes las acciones propuestas con las características
evidenciadas en los victimarios y los resultados operacionales de la lucha contra el delito.
Una vez descritas las conductas operacionales en contra del delito y los victimarios en Colombia,
a continuación se señalan diferentes consideraciones, producto de investigaciones criminológicas
desarrolladas en el país y en otras latitudes del mundo, las cuales arrojan inferencias sobre
posibles factores biopsicosociales que intervienen en el delincuente. No obstante, se hace claridad
que aunque en Colombia el fenómeno del narcotráfi co tiene injerencia en la gran mayoría
de conductas delincuenciales a través del ciclo de la cadena económica ilegal del narcotráfi co
(cultivo, producción, distribución y comercialización), así como en dos ámbitos de actuación
criminal a nivel internacional (narcotráfi co) y nacional (microtráfi co), se presentan diferentes
apartes, que complementan la visión sobre las características precipitantes, predisponentes, o
que determinan un nivel de vulnerabilidad en el sujeto para la incursión en hechos criminosos.
Algunas consideraciones sobre el victimario
Concluyendo sobre los postulados presentados en este artículo, se plantean algunas consideraciones
sobre el victimario, que ayudan en el entendimiento de la racionalidad criminal, revisando
inicialmente la defi nición de victimario y un tipo de clasifi cación, así como distintos estudios,
que arrojan en el lector diferentes posibilidades variables para la comprensión del delincuente.
El objetivo de este capítulo dentro del artículo es ampliar la descripción de las cifras estadísticas
sobre los logros de la Policía Nacional, con una mirada rápida en el nicho criminoso del país.
El victimario. Es aquella persona que le infringe un daño o perjuicio a otra en un momento determinado,
que va en contra de la integridad física o psicológica del otro (Valladares Carvajal,
2003). Según Holmes y Holmes (1996, citado por Chico, Morales, Muños, Santilla & Arenas,
2007), la mayoría de los victimarios se clasifi can en función del motivo del delito, así:
• Los visionarios, que cometen el delito durante un brote psicótico, en el que hacen caso de alguna alucinación.
• Los orientados a la misión, donde se llega a cometer delitos por odio o intolerancia.
• Los hedonistas, que buscan placer o ganancias secundarias, como el dinero.
• Los que cometen el delito para obtener poder o control sobre sus víctimas, que se caracterizan
por la brutalidad con que las tratan.
Estudios en los victimarios
Un estudio realizado por el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), hecho por Rechea Alberola
(2008), concluyó que la conducta delictiva, tanto en niños como en niñas, se empieza a
desarrollar a partir de los doce o trece años de edad, con actos delincuenciales como el daño a
propiedad ajena, la participación en peleas o riñas, pegar un tirón a alguien para quitarle algo,
robar algo de una tienda o gran almacén, consumir cerveza u otra clase de alcohol, entre otras
conductas que se van desarrollando y alcanzan su punto máximo a la edad de 16 ó 17 años,
cuando se tornan más violentos e incurren en delitos de mayor gravedad, como el consumo y la
comercialización de sustancias psicoactivas.
La mayoría de los victimarios en potencia son parte de grupos delictivos juveniles, y dentro de
estos siempre se encuentran líderes con mayor experiencia delictiva, que inciden en las conductas
de los más jóvenes (Rechea Alberola, 2008). Los victimarios en su mayoría son hombres, ya
que sobre el género femenino se produce mayor control por parte de la familia; además, no se
encontraron grandes desigualdades entre el desarrollo de la conducta antisocial en jóvenes de
territorios rural o urbano; se halló que las diferencias están establecidas en términos de oportunidades
y control, tanto de autoridades policiacas como de padres; a mayor control, menor es
la conducta delictiva de los jóvenes, y viceversa (Rechea Alberola, 2008).
Sumado a lo anterior, la mayoría de victimarios son en un principio víctimas de algunos factores
o variables que inciden en su conducta. Cartagena, Orozco & Lara (2010) realizaron una investigación
sobre las características psicológicas de menores condenados por el delito de homicidio
doloso; encontraron que los jóvenes colombianos están expuestos a múltiples factores
de riesgo, como: la violencia dirigida (el sicariato), una familia disfuncional, la deserción o el
fracaso escolar, el consumo de sustancias psicoactivas, las carencias económicas, los antecedentes
de delincuencia familiar y el maltrato infantil (Cartagena y cols., 2010). Se encontró que
las características promedio del adolecente que comete homicidio, en la ciudad de Medellín y
en el Valle de Aburrá, son: hombres, con una edad promedio de 17 años, solteros y sin hijos, con
historia de deserción o fracaso escolar, desocupados o dedicados a trabajos informales, y de
estratos socioeconómicos bajos (1, 2 y 3). En la evaluación psicológica se evidenció que sufrían
de trastornos disociales o de ansiedad, y de farmacodependencia. También se describe que la
motivación para cometer el delito, en primer lugar, fue la ira, seguida por venganza, defensa
personal o por celos, y en la mayoría de los casos la intención era matar, no otro hecho, como
robar o abusar. Otro dato importante que presentaron las autoras es que el 93% de los menores
estaban familiarizados con el lugar del delito, por lo que se puede concluir que el territorio era
seguro para ellos (Cartagena y cols., 2010).
Los factores de riesgo más importantes, que llevan a ser criminal, son los bajos niveles de escolaridad
y todos los confl ictos familiares (ausencia de autoridad paterna, mala comunicación con los hijos, violencia intrafamiliar, etc.) y comunitarios (se adquiere la identidad de la comunidad
en la que se vive) por los que pasan los adolescentes y jóvenes, los cuales ayudan al desarrollo
de trastornos antisociales, que se generan cuando ellos están buscando una identidad (Cartagena
y cols., 2010).
Conclusiones
Debido al gran porcentaje de capturas relacionadas con el delito de tráfico, fabricación o porte
de estupefacientes (35%), se identifi ca la injerencia latente del narcotráfico en la dinámica criminal
del país.
Ante el aumento equivalente al 11% de las capturas del país, de las cuales el 85% fueron en fl agrancia,
es necesario analizar el índice de sentencias condenatorias sobre las 187.625 capturas
realizadas en el 2010; con ello se analiza la efectividad de la sanción penal.
Las armas de fuego continúan siendo el instrumento de mayor utilización en el delito; en el 2010 se observa la incautación de 25.288 armas de fuego que estuvieron involucradas en un hecho
criminal, y corresponden al 57% del total de armas incautadas.
El control social formal en el delito más representativo en el colombiano se hace tangible mediante
los resultados operacionales de la Policía Nacional.
La motivación del delincuente al delinquir se puede dirimir al enfrentarla con las acciones operativas
de la Policía (capturas, incautaciones, recuperaciones, rescates, entre otros).
En la ejecución y diseño de las estrategias operativas contra el delito, es necesario continuar
con la vinculación del ciudadano en la participación activa (control social informal) con las autoridades
judiciales, que redunden en capturas u otras acciones frente el crimen.
Sería conveniente crear estrategias dirigidas hacia las manifestaciones aparentes de justicia
realizada por vías de hecho (linchamientos), que creen en el ciudadano otro tipo de reacción
aceptada en la sociedad y que potencialice la disminución del índice de impunidad.
En el victimario existen multiplicidad de factores precipitantes o predisponentes al delito, que
se deben abordar desde el diseño e implementación de políticas públicas (política criminal).
Se debería contemplar, como estrategia de prevención y disuasión del delito, la creación en el
inconsciente colectivo del constructo de desfavorabilidad del delito, haciendo más visibles los
resultados operacionales de la Policía Nacional u otros organismos encargados de la persecución
judicial y penal del crimen.
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