Restos

LOS RETOS DE LA POLICÍA NACIONAL FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO - PERSPECTIVAS

Mayor Ciro Carvajal Carvajal*

Mayor Gloria Lucía Otálora Gómez**

RESUMEN

El crimen organizado se ha convertido en una amenaza para todas las naciones, por la capacidad de las organizaciones y su carácter trasnacional, lo que exige de los cuerpos de policía mayor capacidad de acción a través de unidades especializadas de intervención e investigación criminal, soportadas en sólidos servicios de inteligencia y en el componente fundamental de las tareas básicas de vigilancia y control de esos cuerpos de policía.

A partir del desarrollo de este planteamiento, el artículo se ocupa del análisis de la realidad colombiana actual y la perspectiva que identifica el rol policial, para sugerir cursos de acción que contemplan como necesidad funcional y evidente, el fortalecimiento de la Policía Nacional, para encarar los retos del futuro, consolidar los logros que se han obtenido y avanzar más rápidamente en la construcción de un país con mejores condiciones de seguridad y convivencia.

ABSTRACT

The organized crime, with the huge capacity of its organizations and its transnational nature, has become a threat for all nations, thus requiring from police forces greater capacity of action. This task is accomplished through specialized units and criminal investigation, supported by strong intelligence services and based on the fundamental component of vigilance and control exerted by those police forces.

From this starting point, the article describes Colombia’s current reality and the approach that identifies the role of the police. It suggests courses of action that comprise as an evident and functional need the strengthening of the National Police force, in order to face future challenges, consolidate the achievements obtained and advance in building a country with better security conditions for all.

* Jefe de la Oficina de investigación y Asesoría, Subdirección General de la Policía Nacional.

** Jefe Grupo Ingeniería y Soporte de Información Dirección de Inteligencia.

INTRODUCCIÓN

El crimen organizado es una realidad inobjetable de la problemática actual que afecta a todas las naciones. Como problema delictivo, las acciones dirigidas a combatirlo corresponden a los cuerpos de policía, en desarrollo de las políticas públicas que defina cada Estado. Por esa circunstancia, es útil abordar el tema desde la definición y, sobre todo, en cuanto al rol policial en Colombia, tratando de apor tar elementos de juicio y de análisis frente a propuestas reiteradas del sector académico que, con un genuino y saludable interés en el tema de la seguridad, sugieren profundas reformas de la institución policial, como un paso necesario para poder consolidar una estrategia que permita avances importantes en la prevención, vigilancia, solución de los problemas cotidianos y el control de la delincuencia común en las ciudades; dichas propuestas tienen como elemento central de argumentación lo que genéricamente se ha denominado “Militarización”, o el creciente carácter militar de la Policía.

Según Carlos Resa Nestares1, quien cita a otros autores, “el crimen organizado no existe como tipo ideal, sino como un ‘grado’ de actividad criminal…”. En un análisis comparativo de algunos ordenamientos jurídicos, el autor señala las siguientes definiciones:

Crimen organizado consiste en dos o más personas que, con un propósito de continuidad, se involucran en una o más de las siguientes actividades: (a) la ofer ta de bienes ilegales y servicios (b) delitos de predación. Dentro de esta definición se ubican diversos tipos específicos de actividad criminal agrupados en cinco categorías generales: (1) Mafia. (2) Operaciones viciosas. (3) Bandas de asaltantes-vendedores de ar tículos robados. (4) Pandillas. y (5) Terroristas (...).

Crimen organizado es la violación planificada de la ley al objeto de adquirir beneficios económicos o poder, cuyos delitos son independientemente o en su conjunto, de especial gravedad y se llevan a cabo por más de dos participantes que cooperan en el marco de una división laboral por un periodo de tiempo prolongado o indeterminado utilizando (a) estructuras comerciales o paracomerciales, o (b) violencia u otros medios de intimidación, o (c) influencia en la política, en los medios de comunicación, en la administración pública, en el sistema de justicia y en la economía legítima.

Estos planteamientos son reiterados, en el ámbito interno colombiano y en el marco del análisis sobre la evolución del crimen organizado asociado al fenómeno del narcotráfico, por Juan Tokatlian2, quien se refiere a él como el tipo de “criminalidad sofisticada que supera el nivel y la actuación individual, y se sitúa en un marco más amplio e intrincado de organización”. Llama la atención el autor sobre el carácter vago y elusivo de la noción de criminalidad organizada e identifica seis elementos o características distintivas del mismo, a saber:

1) …florece, se amplia y hunde sus raíces con más fuerza en el capitalismo; 2) … Es un fenómeno dinámico que se circunscribe cada vez menos a la idea de un único espacio físico, de un grupo nacional y de un número reducido e ilimitado de productos ilícitos bajo control de esa organización dada; la criminalidad organizada está en un proceso de transición y mutación; 3) … se asienta en un espacio y un tiempo en los que las relaciones individuales y colectivas facilitan su maduración y poderío; 4) … siempre está en la búsqueda de poder político y económico; 5) la violencia y la amenaza del uso de la fuerza, así como el soborno y la corrupción, son las principales características de acción; 6) … no responde a un único patrón rígido de conformación y compor tamiento.

1 Resa Nestares, Carlos, Crimen organizado trasnacional: definición, causas y consecuencias, Universidad Autónoma de Madrid. http:// www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/text11. 2 Tokatlian, Juan Gabriel, Globalización, Narcotráfico y Violencia–Siete ensayos sobre Colombia, Editorial Norma, 2000. Pags. 57-67.

Estos aspectos que caracterizan al crimen organizado, se aplican a diversas modalidades del delito. En efecto, si bien el análisis de Juan Tokatlian tiene como elemento central el narcotráfico, no se puede desconocer que a lo largo de las últimas décadas se han venido consolidando, mutando y expandiendo organizaciones dedicadas a lo que en la actualidad se denominan genéricamente como delitos de impacto social, que lo son por la alta incidencia de esas conductas en el entorno comunitario, y que se originan necesariamente en la criminalidad organizada.

Sin duda alguna, en los últimos 10 años, se ha consolidado lo que el autor citado denomina como una transición hacia un alcance de carácter integral, donde el crimen organizado “…está adquiriendo dimensiones globales (en lo geográfico), trasnacionales (en lo étnico – cultural), multiformes (en los acuerdos que forja con diversos sectores) y pluriproductivas (en cuanto a la gama de productos que tranza y a los distintos niveles de par ticipación; esto es producción, intermediación, venta, entre otros)”.

El terrorismo, a par tir de los hechos sucedidos el 11 de septiembre, refleja claramente esa transición y for talecimiento del crimen organizado con un carácter trasnacional. Pero esta no es la única conducta que tiene esa dimensión, pues en ella también se ubican tipos penales como el tráfico de personas, armas, municiones, explosivos, drogas ilícitas, el hurto de propiedad intelectual y secretos industriales, los fraudes a los sistemas financieros, la falsificación de moneda, el secuestro, el contrabando, entre otros. Todo lo anterior es facilitado por el progreso tecnológico de las comunicaciones, el crecimiento del comercio mundial en un marco de globalidad y las nuevas facilidades para las transacciones monetarias a nivel interno y externo, cuyo grado de complejidad dificulta las medidas de regulación o control.

Este marco conceptual permite hacer una breve reflexión sobre la existencia e incidencia del crimen organizado en Colombia y el papel que ha cumplido, cumple y deberá afrontar en el futuro la Policía Nacional para combatirlo. No hay duda alguna sobre el alcance del crimen organizado en nuestro país, no sólo por la incidencia de los grupos guerrilleros que se crearon en la década de los 60 (y que desembocaron rápidamente en diversas conductas criminales), la posterior aparición de los grupos de autodefensa, el surgimiento y for talecimiento del fenómeno del narcotráfico, sino por la estructuración de bandas en los últimos 40 años, dedicadas a diversas modalidades del crimen.Este marco conceptual permite hacer una breve reflexión sobre la existencia e incidencia del crimen organizado en Colombia y el papel que ha cumplido, cumple y deberá afrontar en el futuro la Policía Nacional para combatirlo. No hay duda alguna sobre el alcance del crimen organizado en nuestro país, no sólo por la incidencia de los grupos guerrilleros que se crearon en la década de los 60 (y que desembocaron rápidamente en diversas conductas criminales), la posterior aparición de los grupos de autodefensa, el surgimiento y for talecimiento del fenómeno del narcotráfico, sino por la estructuración de bandas en los últimos 40 años, dedicadas a diversas modalidades del crimen.

Como es apenas natural, la evolución de la Policía Nacional en cuanto a su estructura orgánica y funcionamiento ha correspondido a esa realidad, atendiendo integralmente las demandas sociales. No de otra manera se podía enfrentar el reto de esa delincuencia organizada, ni se podía cumplir el mandato constitucional y las competencias que la ley le asigna al cuerpo policial. Así aparecieron, a par tir de la segunda mitad del siglo XX, las especialidades y direcciones por ser vicios; se avanzó en la tecnificación y profesionalización, y se hizo realidad el componente policial que hoy tiene el Estado colombiano.

Es necesario señalar también que la trasnacionalidad del crimen, como fenómeno característico de la globalidad, y como expresión delictiva que toma fuerza a par tir de la culminación de la Guerra Fría, tiene una incidencia mayor no sólo para la seguridad y la convivencia de las comunidades locales, sino para la propia seguridad de los Estados y de la comunidad internacional en general.

En ese sentido, la problemática del crimen organizado que enfrenta hoy el pueblo colombiano, podría incrementarse en el futuro, en la medida en que se consoliden los acuerdos en pro de la solución del conflicto armado, tal como sucedió en otros países y par ticularmente en Centroamérica.

En esa perspectiva y considerando el ámbito de las competencias, es claro que el problema de la delincuencia organizada y trasnacional o, lo que es igual, las denominadas “Amenazas asimétricas”3, son responsabilidad del cuerpo policial y para combatirlas, debe dotarse de los instrumentos legales, la infraestructura, capacidad y conocimiento necesarios. Es decir, debe contar con grupos especializados capaces de enfrentar el reto de la criminalidad organizada y trasnacional.

Pero al mismo tiempo, como lo está haciendo la Institución Policial Colombiana con planes de amplio alcance en el marco de la Policía Comunitaria y el Programa de Departamentos y Municipios Seguros4 (DMS), debe for talecer el trabajo esencial de vigilancia, prevención, control de la delincuencia común y atención de problemas cotidianos de los ciudadanos.

3 Planeación Nacional. Colombia II Centenario Visión 2019, Capitulo V: “Sociedad de ciudadanos libres y responsables”, Aquí se indica que las amenazas asimétricas tienen que ver con el crimen organizado y el terrorismo y se asocian fundamentalmente al componente de la seguridad.

4 Programa liderado por la Policía Nacional, para coordinar con los Gobernadores y Alcaldes los planes de seguridad y convivencia en cada jurisdicción.

TENDENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO Y EL POSCONFLICTO

Por regla general los aspectos que caracterizan un período de posconflicto, especialmente en su fase inicial, son la modificación del cuadro delictivo y contravencional5, debido a las mayores demandas de los sectores sociales más desprotegidos. Así ha sucedido generalmente en los países que han superado el conflicto armado y también puede presentarse en nuestro país, a pesar de las diferencias de la problemática interna colombiana con relación a lo que existía en naciones como las centroamericanas.

En estos países, la grave problemática delincuencial persiste después de una década de posconflicto, tal como se explica en detalle en la obra de Hugo Frühling y Joseph S. Tulchin6, que recoge datos hasta 1997, y de la cual se citan algunos apar tes de interés:

De acuerdo con las estadísticas existentes, las tasas de muerte causadas por la actividad criminal son mayores hoy que durante los periodos de conflicto armado.

En Nicaragua, los actos delictivos contra la propiedad aumentaron 39.7% entre 1991 y 1997, mientras las agresiones contra individuos crecieron un 61.4%. Los mayores aumentos han ocurrido en los crímenes donde se presentan lesiones (con un aumento de 102% entre 1991 y 1997 en Nicaragua, y 122% entre 1994 y 1996 en El Salvador), y los hechos de robo en los que se ejerce algún tipo de violencia contra las víctimas (con un aumento del 88% entre 1991 y 1997 en Nicaragua, y el 72% para Costa Rica en el mismo periodo). El Salvador tiene uno de los índices de muertes violentas más altos del mundo desde 1994.

Ese comportamiento criminal confirma la tendencia delictiva en los países que después de una confrontación armada, a pesar de los mecanismos de prevención, han visto crecer gravemente el fenómeno de la delincuencia organizada y común.

En cuanto a las causas y características de la violencia centroamericana los autores señalan:

Los principales factores asociados al crimen son: el deterioro de las condiciones socioeconómicas, los efectos secundarios del conflicto armado y la creciente presencia del crimen organizado… Analizando el impacto del conflicto armado sobre los niveles corrientes de violencia, entran en juego tres circunstancias: a) predominio de formas de compor tamiento que exhiben características conflictivas y violentas, b) la mayor par te de los grupos del crimen organizado están compuestos por antiguos miembros del Frente Farabundo Mar tí para la Liberación Nacional (FMLN) e incluso de las Fuerzas Armadas, c) presencia generalizada de armas de fuego, estimulada por el fácil acceso de los ciudadanos a un mercado negro, en su mayoría remanentes del arsenal empleado durante las guerras.

...El narcotráfico ha contribuido al surgimiento de otras prácticas ilícitas como el tráfico de armas, el robo de automóviles y el lavado de dinero; en la región existe una opinión generalizada según la cual son una serie de factores asociados al incremento de la distribución y al consumo de drogas entre la población, en especial entre los jóvenes, los que han provocado la formación de una nueva subcultura criminal.

5 Car vajal Car vajal, Ciro, Mayor, La Policía Nacional en el posconflicto, EN: Revista Criminalidad, Policía Nacional de Colombia, Dirección Central de Policía Judicial, No. 47, págs. 39-41, 2004.

6 Frühling, Hugo y Tulchin, Joseph S, Crimen y violencia en América Latina, Editores Heather A. Holding, I Edición, Fondo de Cultura Económica, págs. 245-270.

LAS PANDILLAS Y EL CRIMEN ORGANIZADO

En la actualidad, el problema más grave de delincuencia organizada en Centroamérica es el fenómeno de las “MARAS” (pandillas), que surgieron en la década de los 80 y que hoy se han constituido en el principal factor de perturbación y violencia no sólo en el Salvador, país epicentro de estas organizaciones, sino en toda Centroamérica, México y algunos estados de los Estados Unidos7.

Tal como lo señalaron los mandatarios centroamericanos8 en una declaración del año 2004, “las maras constituyen un problema para la seguridad de la región, que además afecta la gobernabilidad y que por tanto exige el for talecimiento de políticas públicas para combatirlo”. Sin duda este es un problema característico de la criminalidad trasnacional, que puede extenderse al continente suramericano, empezando por Colombia, en razón a los estrechos vínculos de estas pandillas con el narcotráfico.

Esa realidad centroamericana permite vislumbrar problemas similares en nuestro país, si no se adoptan controles rigurosos. En ese sentido es válido reiterar la necesidad de for talecer la institución policial que por su misión tiene a cargo los procesos y competencias para evitar el eventual escenario de un incremento de la delincuencia.

¿Y CUÁL PODRÍA SER EL ESCENARIO EN NUESTRO PAÍS?

Las situaciones que debamos enfrentar en el futuro dependen íntegramente de la objetividad de las políticas que se definan, de su cumplimiento, del consenso, el respaldo nacional para aclimatar la paz y de la capacidad y eficiencia del cuerpo policial.

Contrario a lo que sucedió en Centroamérica en la primera etapa del posconflicto, y a lo que ocurre ahora en términos de violencia, la realidad colombiana es distinta. La reducción de la tasa de criminalidad, el nuevo clima social, la percepción de seguridad que experimentan los ciudadanos y el apoyo mayoritario a las políticas del Gobierno, son factores determinantes que a diferencia de otros países, muestran una evolución positiva hacia el futuro.

Otro aspecto diferenciador de enorme trascendencia es la desmovilización de los grupos de autodefensa, pues además de significar un avance notorio en la desactivación de factores (y uno de los principales actores) generadores de violencia, determina una situación muy particular, caracterizada por la existencia simultánea de aspectos del posconflicto y del conflicto.

7 Información suministrada por la Policía Nacional Civil de El Salvador a los oficiales integrantes de la Academia Superior de Policía, en su tarea de referenciación, octubre de 2005.

8 El 14-01-04, los presidentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua firmaron una declaración para for talecer la cooperación y poder enfrentar el problema de las MARAS, que tiene un alto impacto en la región. Por su forma organizativa estas pandillas están vinculadas al crimen organizado y fundamentalmente al narcotráfico.

Pero nuevamente hay que enfatizar en la diferencia entre conflicto armado, amenaza terrorista y crimen organizado. Si bien es cier to que en muchas de las fases de su accionar los grupos terroristas integran ese espectro de la delincuencia organizada y trasnacional, también es verdad que tales grupos llamados a desmovilizarse, y por ende a no existir en un posconflicto, no agotan el componente delictivo; menos aún, teniendo en cuenta la muy alta probabilidad de la vigencia del narcotráfico en las próximas décadas, como principal factor generador de delincuencia y violencia, asociado a otras conductas ilícitas.

También es una verdad absoluta que posconflicto no significa paz y ausencia de violencia y problemas delincuenciales. Por lo menos en su fase inicial, es sólo un nuevo estadio de la vida de una nación que, luego de solucionar una confrontación, no se puede sustraer fácilmente de la incidencia del crimen organizado, y menos en la época actual caracterizada por la globalización en todos los órdenes, incluyendo el delincuencial.

Estos son aspectos determinantes para nuestro país, que seguramente serán enriquecidos en un debate académico que giraría en torno a la seguridad ciudadana en el posconflicto. Es probable que se supere entonces esa interpretación enfocada a cuestionar el carácter “militar del cuerpo policial”9, en la que se omite el necesario análisis tanto de la amenaza y la incidencia del crimen organizado y trasnacional, como de la responsabilidad de la Policía Nacional en ese ámbito. Y por ende, la necesidad e impor tancia de su estructura organizacional actual que, lejos de modificarse debilitando la institución, debe for talecerse para encarar los inevitables y grandes retos del futuro.

En la actualidad, el problema mas grave de delincuencia organizada en Centroamérica es el fenómeno de las “MARAS” (pandillas), que surgieron en la década de los 80 y que hoy se han constituido en el principal factor de perturbación y violencia no sólo en el Salvador, país epicentro de estas organizaciones, sino en toda Centroamérica, México y algunos estados de los Estados Unidos.

Una de las obras más recientes que trata el tema es “Seguridad Urbana y Policía en Colombia” 10 que en cuatro ensayos, se ocupa de las reformas institucionales a par tir de 1993, los gobiernos locales y la seguridad ciudadana, y analiza el caso específico de Bogotá. En su texto, Pablo Casas Dupuy, afirma:

La política de seguridad democrática del actual gobierno lo que está haciendo es equiparar a la Policía con una fuerza militar más, generando así un verdadero caos en la forma de entender el rol y la función policial… el diagnóstico de la política desconoce que paralelo al conflicto armado existe una problemática de inseguridad generalizada y delincuencia común…, que nos ha hecho ocupar los primeros puestos a nivel mundial en materia de homicidio, secuestro, extorsión, piratería terrestre, asaltos y atracos violentos, hurtos, entre otros.

9 Casas Dupuy, Pablo y otros, Seguridad urbana y Policía en Colombia, Fundación Seguridad y Democracia, pág. 61 – 78, 2005.

10 Ibíd.

En su análisis, el autor también reflexiona sobre el carácter militar de la formación de los policías y el rol militar al actuar en cumplimiento de las políticas del gobierno.

El concepto o la interpretación de la “militarización” de la Policía se ha conver tido en lugar común y tema recurrente en diferentes escenarios de la vida nacional. Al respecto y en relación con lo que afirma el autor citado, se debe plantear el siguiente interrogante: ¿En qué se sustenta esa interpretación? Para responderlo hay que par tir de lo básico, a efecto de señalar que por dicha “militarización policial” se entendería básicamente la estructura organizacional (semejante a la militar), los grados y jerarquías y la existencia de grupos o cuerpos de elite, a cuyo cargo está la realización de operaciones policiales contra el terrorismo y la delincuencia organizada.

Esa percepción es innegable desde el punto de vista formal, pero al profundizar en su alcance, hay que ir más allá, para abarcar los aspectos de orden jurídico, de la formación académica, y del ámbito social en que actúa y se desenvuelve el cuerpo policial. En ese sentido, es obligatorio hacer mención a la Carta Política de 199111 que le dio rango constitucional a la existencia y misión de la Policía Nacional, definiéndola como “…cuerpo armado permanente de naturaleza civil, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y liber tades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.”

Este mandato constitucional, desarrollado por las leyes y demás normas que le dan vida jurídica a la institución policial, enmarcan su ámbito de acción, que se relaciona con el control del orden público interno. Esta mención no tiene la pretensión de un análisis de orden jurídico, sino que busca solamente fijar ese referente como base del siguiente interrogante: ¿cuál o cuáles de las actividades que actualmente desarrolla la Policía Nacional son ajenas a su misión constitucional y por tanto son propias del estamento militar?

Es claro que la creación y desarrollo de las instituciones públicas obedece íntegramente a una necesidad social y es natural que ésta determine el alcance de la estructura, la cobertura y las competencias de cada institución. En ese mismo sentido, es normal que entre uno y otro Estado existan diferencias importantes entre entidades que por principio universal, como es el caso de la Policía, cumplen una misión semejante. Negar esta realidad sería pretender, por ejemplo, que la organización y el funcionamiento de la Policía colombiana, fuese exactamente igual a la de Suiza, Dinamarca o cualquier otro país que no enfrenta la problemática interna que tiene Colombia.

Otro factor de debate gira en torno a lo esencial para significar que, por las responsabilidades del conflicto, posiblemente se desatienden funciones básicas de control, vigilancia y ser vicio comunitario. Nuevamente en este aspecto es per tinente enfatizar las exigencias de la dinámica social, en cada momento o período de la vida nacional, que determinan invariablemente un orden de prioridades, no sólo del ente policial sino del Estado y la sociedad en su conjunto. A manera de ejemplo, cabría preguntar si la amenaza narcoterrorista12 no exigía la acción conjunta y decidida de la Nación para neutralizarla, y si el actual fenómeno terrorista no demanda también una atención especial por el peligro que entraña. Además de la respuesta afirmativa a ese interrogante, se debe señalar que la actuación policial en función de problemas graves y prioritarios no ha significado abandonar o desechar lo esencial, sino que ha exigido un desarrollo ambicioso y eficiente por especialidades del ser vicio, que definen hoy la estructura de la institución.13

11 Constitución Política de Colombia 1991, Ar tículo 218.

Contrario a lo que señala Pablo Casas, el compor tamiento de la criminalidad a par tir del año 2002 muestra una tendencia descendente, lo cual indica que además del énfasis en la lucha contra el ter rorismo, la política de seguridad democrática tiene un desarrollo integral, en cuya ejecución la Policía Nacional, en asocio con las demás autoridades, ha logrado resultados muy importantes, no sólo en reducción de la criminalidad, sino en la atención al ciudadano, la sensación de seguridad y la ar ticulación de planes de prevención y control.

En lo que tiene que ver con la criminalidad, sin duda ha habido en los últimos tres años una verdadera ruptura de la tendencia prevaleciente en más de una década, como se observa en las anteriores cifras sobre homicidio, hur to de vehículos y secuestro, y tal como se analiza ampliamente en esta publicación para todos los delitos de impacto, lo que refuta la afirmación de una “inseguridad generalizada”.

Además, el hecho de retornar la institución policial a los municipios que carecían de este servicio esencial, no puede entenderse como la genuina expresión de la prioridad gubernamental hacia la “terminación del conflicto por la vía armada, con efectos negativos para la seguridad ciudadana”, sino como todo lo contrario: un deber estatal e institucional de hacer presencia en todo el territorio nacional, garantizar la gobernabilidad y con ello generar las condiciones de seguridad para los habitantes de cada localidad.

12 Así se denominó el periodo del terrorismo del final de la década de los 80 y comienzos de los 90, dirigido especialmente por los grandes car teles de narcotraficantes que, opuestos a la extradición y a las demás políticas de gobierno, lanzaron una ofensiva terrorista contra el Estado y la Nación.

13 La actual estructura de la Policía está definida por el Decreto 1512 de 2000, que complementa la Ley 62 de 1993 y otras normas posteriores.

CONCLUSIONES

Los aspectos hasta aquí esbozados permiten hacer algunas precisiones alrededor del tema de la organización del cuerpo policial y los cambios que se deberían dar en su estructura y funcionamiento.

Es natural que las instituciones públicas se adecuen a los cambios sociales y al desarrollo de la Nación en todos los órdenes, pero como resultado de un análisis y valoración más profunda, consultando siempre los altos intereses de la Nación y del Estado.

En ese contexto, es necesario abordar el tema que proponen sectores académicos, con la rigurosidad de la realidad colombiana actual y las amenazas de hoy y del futuro inmediato para la seguridad y la convivencia, a par tir de las tendencias que estamos observando. Al respecto, es innegable que en los próximos años se seguirán enfrentando situaciones tan graves como:

• La acción terrorista, hasta tanto se logre la reinserción de las FARC y el ELN, que no solamente afecta la seguridad del Estado, sino que incide de manera preponderante en la seguridad ciudadana.

• El narcotráfico, que es factor generador de violencia y criminalidad en distintos niveles.

• La delincuencia organizada en sus diversas modalidades que, como ya se indicó, tiene su desarrollo propio y se enmarca en un esquema nacional y trasnacional, convirtiéndose en una nueva amenaza para la seguridad de todos los Estados.

• La nueva tendencia de los problemas de carácter social, que como ocurrió en Francia14, dejan de ser problemas locales de menor incidencia, para convertirse en conflictos de carácter nacional, que exigen la aplicación de medidas de excepción y que en lo policial demandan la existencia e intervención de unidades especializadas, con la formación y los medios necesarios para poder manejar correctamente tales situaciones y evitar mayores riesgos.

Estos y otros factores son problemas que debe atender la Policía Nacional, en desarrollo de los planes y programas que defina el Gobierno y en forma simultánea y complementaria a los servicios esenciales de vigilancia, prevención, tareas comunitarias, solución de controversias y lucha contra la delincuencia común, fortaleciendo el modelo de Policía Comunitaria, que no es una especialidad sino una filosofía del servicio policial.

14 En octubre de 2005 se presentaron en París y otras ciudades francesas, una serie de protestas nocturnas de habitantes de las áreas periféricas de las ciudades, ocupadas principalmente por inmigrantes, en las que se transitó de la manifestación normal y legal a la utilización de prácticas violentas y terroristas, mediante el incendio de vehículos, la destrucción de bienes inmuebles, el saqueo de comercios y el vandalismo.