En el marco de la operación “Atlas II”, la Policía Nacional adelantó nueve diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Barrios Unidos, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, en límites con el municipio de Soacha; esta acción simultánea fue adelantada por el Comando Elite y la Seccional de Investigación Criminal, estas acciones fueron desarrolladas con el propósito de contener el hurto y el homicidio en la ciudad.
La información aportada por la ciudadanía y recolectada por los investigadores permitieron identificar varios inmuebles, los cuales venían siendo utilizados para el acopio de material bélico, la dosificación y la comercialización de los estupefacientes. De acuerdo a lo que se pudo establecer, al parecer estas viviendas intervenidas son reconocidas en el sector por la continua presencia de delincuentes, quienes generan diferentes hechos delictivos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana.
Durante el desarrollo de las acciones operativas, se incautaron seis armas de fuego, una sub ametralladora, una pistola, tres revólveres, un arma hechiza y tres supresores de sonido. Además, 24 cartuchos para revólver calibre 38, 11 cartuchos de 9 mm, 3.500 gramos de marihuana, 1.000 gramos de droga sintética "tusi", 1.000 gramos de clorhidrato de cocaína y 716 botellas de licor adulterado.
Para evadir el control policial, los delincuentes ocultaban los estupefacientes en inmuebles que eran utilizados como casas de lenocinio. Entre los capturados se encuentran alias ‘Nidia’ y ‘Chiqui’, quienes registran una trayectoria criminal de 5 y 10 años en la comisión de delitos relacionados con el tráfico y fabricación de estupefacientes y porte armas de fuego.
El eje criminal de esta organización delincuencial, es la comercialización de estupefacientes en puntos como discotecas, casas de lenocinio y hospedajes, ubicados en las zonas de tolerancia de estas localidades. Además, los investigadores lograron determinar que estos delincuentes eran los encargados de la comercialización de licor adulterado, lo que les generaría una renta criminal de $790 millones de pesos mensuales.
