Tras una investigación que se extendió por aproximadamente tres años, autoridades materializaron las órdenes de captura contra Eduar Ordoñez, conocido como “Chepe” o “Eduard”, señalado como cabecilla de la Compañía Antonio Ruiz, y Yamile Santiago, conocida como “Yamile”, quienes serían integrantes de la columna Jacobo Arenas del Frente 33 de las disidencias de las FARC. A estas personas se les investiga por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y secuestro, reclutamiento ilícito y financiación del terrorismo.

De acuerdo con la investigación, “Chepe” habría liderado diversas acciones criminales en los municipios de Tibú, El Tarra y El Zulia, operando principalmente desde las veredas Campo Alicia, Pan de Azúcar y Gratamira, en este último municipio. Presuntamente contaba con un grupo aproximado de 30 hombres armados y entrenados bajo su mando.

Las autoridades también señalan que mantuvo confrontaciones armadas con la Fuerza Pública, incluyendo el uso de explosivos, en zona rural de El Zulia durante agosto de 2024.

Asimismo, se habría reunido de manera clandestina con alias “La Profe”, capturada en agosto de 2024, con el presunto propósito de convocar a la comunidad e incitar al reclutamiento de menores de 14 años para esa estructura armada.

Según las investigaciones, “Chepe” ejercería un liderazgo fuerte y reservado, con capacidad de mando e intimidación, lo que habría generado afectaciones y amenazas a líderes sociales y firmantes de paz en su zona de influencia.

Por su parte, “Yamile” sería considerada una pieza clave dentro de la estructura, pues su rol mostraba un vínculo constante con miembros de mayor jerarquía, particularmente con alias “Lalo”, cabecilla urbano en Tibú, y con “Chepe”, quien sería su compañero sentimental. Entre sus funciones estaría la coordinación de movimientos de personas retenidas, la elaboración de reportes de hechos delictivos y el enlace entre familiares de retenidos y la organización.

Ambas personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, donde un juez ordenó medida de aseguramiento intramural en un centro penitenciario.