Fue desarticulada red cibercriminal que presuntamente desfalcó por más de $6.500 millones a empresas de telecomunicaciones mediante fraude informático

En Bogotá y Soacha comercializaban servicios ilegales de internet y TV suplantando a administradores tecnológicos
  • Tres personas capturadas son custodiadas por la Policía Nacional.

Tras un año de exhaustivas investigaciones la Policía Nacional de Colombia a través del Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Agencia de investigaciones de Seguridad Nacional Estadounidense (HSI) e INCOCRÉDITO, logró la desarticulación de una peligrosa organización cibercriminal presuntamente dedicada al fraude informático, la suplantación de identidades y la comercialización ilegal de servicios de telecomunicaciones.

La operación interinstitucional se materializó a través de cuatro diligencias de allanamiento y registro en las localidades de Usaquén y Fontibón (Bogotá) y en el municipio de Soacha (Cundinamarca), dejando como resultado la captura de cuatro personas que vulneraban las infraestructuras tecnológicas de reconocidas empresas del sector.

De acuerdo con la investigación, los presuntos ciberdelincuentes se desempeñaban como asesores comerciales (impulsadores) de las marcas afectadas; al no contar con privilegios de administrador en los sistemas de información, obtenían de manera ilícita los datos personales de analistas de perfilamiento comercial para suplantarlos. A través de la alteración de correos electrónicos y números telefónicos, los implicados lograron modificar 23 usuarios y vulnerar los sistemas de seguridad empresariales, esto les permitió generar productos, eliminar registros de carteras castigadas y alterar tarifas para ofrecer servicios fraudulentos de internet, streaming, televisión y telefonía con descuentos de hasta el 50% de su valor real. Esta actividad ilícita presentó un incremento significativo durante el marco del Mundial de Fútbol 2026.

El desfalco a las compañías de telecomunicaciones supera los $6.500 millones de pesos; la red criminal logró crear aproximadamente 1.500 servicios asociados a 931 clientes, a quienes les fueron entregados 3.664 equipos (codificadores de televisión y módems). Estos servicios ilegales eran comercializados a través de redes sociales, páginas web, actividades promocionales en universidades y dos locales fachada ubicados en el sector de San Mateo, en el municipio de Soacha (Cundinamarca).

Durante los operativos, la DIJIN incautó 36 elementos materiales probatorios, entre los que se destacan: 3 computadores portátiles, 2 tabletas digitales, 8 discos de almacenamiento, 10 teléfonos celulares, 8 memorias USB, un lector biométrico, cajas con accesorios tecnológicos, tarjetas SIM y abundante material documental y comercial. El análisis pericial en tiempo real de estos dispositivos reveló conversaciones con funcionarios técnicos y comerciales para el intercambio de información privilegiada.

En el ámbito financiero, se logró la incautación con fines de comiso de un vehículo de alta gama avaluado en $180 millones de pesos, adquirido presuntamente con dineros ilícitos. Asimismo, se solicitó el bloqueo de 20 cuentas bancarias que registraron movimientos financieros superiores a los $3.000 millones de pesos producto de esta actividad delictiva. El Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía solicitará las respectivas medidas cautelares.

Los capturados fueron presentados en audiencia pública ante un Juez de Control de Garantías; una fiscal la Dirección Especializada Contra los Delitos Informáticos les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir; acceso abusivo a un sistema informático; daño informático; utilización ilícita de redes de comunicaciones y usurpación de derechos patrimoniales de propiedad industrial.

Durante las audiencias preliminares, dos de los capturados aceptaron los cargos imputados. Por disposición del Juez de Control de Garantías, tres de los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.

Con este resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra la ciberdelincuencia y la protección del patrimonio económico y la infraestructura tecnológica del país.