Las coordinaciones entre la banca y la Policía Nacional permitieron poner fin al actuar criminal de 17 personas señaladas de conformar la mayor red dedicada al robo de entidades financieras, mediante el acceso ilegal a los sistemas electrónicos. El hurto de 160 mil millones de pesos a una reconocida entidad financiera, marcó el inicio de una investigación de 11 meses, en la que el grupo de delitos informáticos de la Dijin de la Policía identificó la modalidad utilizada para transferir ilícitamente el dinero y de paso ubicó a todos los integrantes de la banda, capturados en Bogotá, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga y Calarcá (Quindío).Según las indagaciones, el cabecilla de la estructura era un pirata cibernético o hacker, que mediante la usurpación de claves secretas ingresó a los sistemas internos de la corporación, suplantó los usuarios de gerentes o subgerentes para manipular 356 cuentas con bajo flujo de dinero o inactivas, a las que les aumentó los saldos y autorizó el manejo de millonarias sumas.En otras ciudades, parte de la banda reclutó algo más de 250 personas, entre familiares y conocidos, para que en el papel aparecieran como titulares de las cuentas a las que se les incrementó el dinero ahorrado, cuando en realidad los delincuentes las manejaban y realizaban transacciones o retiros.Los investigadores concluyeron que el hurto, considerado como el de más alto en valor a través de la usurpación de mecanismos electrónicos, se coordinó desde Cúcuta y algunas ciudades de Venezuela, y quedó en evidencia porque en muy corto tiempo, los integrantes de la red realizaron compras de joyas, relojes y elementos lujosos. Los acelerados movimientos en diferentes partes del país alertaron al banco, que bloqueó las cuentas y evitó que se perdiera la totalidad del dinero. En menos de 24 horas, se materializó el robo de 8 mil millones de pesos.Durante el proceso investigativo, los técnicos de la Dijin, con colaboración permanente de la entidad afectada, adelantaron 57 entrevistas, 13 allanamientos, 45 informes de campo, 22 búsquedas en bases de datos, 4 interceptaciones telefónicas, 2 análisis de discos duros y 6 vigilancias. Las labores de policía judicial fueron avaladas por el juez de control de garantías y respaldan las imputaciones por acceso abusivo a un sistema informático, hurto por medios informáticos, hurto calificado y concierto para delinquir.