La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y unidades especializadas de investigación criminal de la Seccional de Tránsito y Transporte, desarticulan el Grupo Delincuencial Común Organizado conocido como “Los Distribuidores”, dedicado a la fabricación, distribución y comercialización ilegal de productos agroquímicos en el nororiente del país.

Esta estructura criminal inició en el año 2022, cuando fue desmantelada la empresa fachada Grupo Empresarial Romero Serrano S.A.S. (GERS), tras la incautación de más de 61 toneladas de fertilizantes falsificados y el cierre de sus operaciones por parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Sin embargo, las investigaciones permitieron establecer que los mismos actores reincidieron en la actividad delictiva bajo una nueva razón social: NATUFERCO S.A.S., con sede en Barranquilla y operaciones en el Catatumbo.

Gracias a un trabajo articulado de inteligencia e investigación judicial de la Seccional de Tránsito y Transporte de Norte de Santander, mediante seguimiento técnico, que incluyó el uso de drones de vigilancia aérea, monitoreo de rutas de transporte, intervención de software contable y seguimiento encubierto, se logró ubicar la nueva sede de operaciones de la organización. Las imágenes captadas por los drones permitieron observar el ingreso y salida constante de vehículos de carga, así como la manipulación de productos químicos en condiciones no autorizadas.

Durante las inspecciones judiciales, se evidenció que productos vencidos eran reetiquetados con fechas falsas de vigencia, simulando ser fertilizantes y fungicidas aptos para el uso agrícola. Estos productos eran posteriormente distribuidos a campesinos de la región, quienes, engañados por la apariencia legal de la empresa, los utilizaban en sus cultivos, poniendo en riesgo la salud del suelo, la calidad de los alimentos y la economía rural.

Los productos fabricados y comercializados por esta red no solo carecían de registro sanitario, sino que contenían sustancias vencidas y alteradas, lo que representa un grave riesgo para la salud humana, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del agro colombiano. Su uso indiscriminado podría haber generado pérdidas económicas irreparables para el sector agrícola del Catatumbo y otras regiones del país.

La institución reitera su compromiso con la legalidad, la protección del agro colombiano y la lucha frontal contra las estructuras criminales que atentan contra la seguridad alimentaria y la economía nacional. De igual forma invitan a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea 123 o a la línea contra el crimen 3143587212. Absoluta reserva.