En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y el GAULA Militar Ariari, fueron capturados en flagrancia tres presuntos integrantes de una estructura criminal durante un allanamiento realizado en la finca La Esperanza, ubicada en la vereda El Progreso, zona rural del municipio de Maripiripán (Meta).

La diligencia, denominada "Operación Tokio Fase VII", permitió la captura de alias "Junior", señalado por las autoridades como presunto cabecilla financiero de la estructura criminal; alias "Bayron", identificado como presunto cabecilla armado, y alias "El Costeño", quien, según la investigación, sería integrante y escolta de la organización.

De acuerdo con las autoridades, alias "Junior" sería el principal responsable de coordinar presuntas extorsiones y acciones violentas contra comerciantes, ganaderos, finqueros y palmicultores del sur del Meta.

La investigación también vincula a esta estructura criminal con hechos de terrorismo y extorsión, entre ellos la incineración de un vehículo de carga y ataques armados contra instalaciones de empresas palmeras, con el propósito de presionar el pago de exigencias económicas.

Durante el allanamiento fueron incautadas una subametralladora Mini Uzi calibre 9 milímetros, una pistola calibre 9 milímetros, dos proveedores, 155 cartuchos calibre 9 milímetros, un dron con su control, una antena de internet satelital, cuatro teléfonos celulares y tres motocicletas.

Asimismo, las autoridades incautaron un uniforme pixelado de uso privativo de las Fuerzas Militares, un sello utilizado por la estructura de finanzas, 10 panfletos de citación atribuidos a la estructura criminal, 70 panfletos en blanco, 63 panfletos de "paz y salvo" y cuatro agendas con información relacionada con presuntas nóminas, pagos y contactos de la organización.

Los tres capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas, el allanamiento y los elementos incautados. La Fiscalía General de la Nación les imputó los presuntos delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; fabricación, tráfico o porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas; y concierto para delinquir agravado con fines extorsivos. Según la información oficial, alias "Junior" aceptó los cargos.

El juez impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los tres procesados mientras avanza la investigación.

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, ubicó e inhabilitó un complejo cocalero en zona rural del corregimiento de Santa Cruz de Guachavés, municipio de Samaniego, Nariño.

La operación, desarrollada el 27 de junio de 2026, permitió intervenir una infraestructura utilizada presuntamente para el procesamiento de estupefacientes, con una capacidad estimada de producción de hasta seis toneladas por ciclo.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el complejo estaba conformado por cuatro construcciones artesanales destinadas al procesamiento de sustancias, zonas de templado y oxidación, además de áreas para el almacenamiento de insumos.

El lugar, ubicado en un área estratégica entre los ríos Telembí y veredas cercanas a Santacruz de Guachavés, sería utilizado por la estructura criminal denominada "Comuneros del Sur", señalada por las autoridades de emplear actividades relacionadas con el narcotráfico para financiar acciones violentas en la región.

Según la investigación, alias "La Toya", alias "El Curillo", alias "El Caucho" y alias "Mano de Seda" estarían vinculados con la administración de la producción del estupefaciente en este complejo, donde presuntamente operaba un grupo de aproximadamente 45 personas y se utilizaban equipos como plantas eléctricas, empacadoras al vacío y hornos microondas.

Durante el procedimiento fueron incautados 1.800 kilogramos de clorhidrato de cocaína listos para su comercialización, avaluados en aproximadamente 1.600 millones de pesos. Además, fueron destruidas las cuatro construcciones artesanales utilizadas para el procesamiento, almacenamiento de insumos y demás actividades relacionadas con la producción de estupefacientes.

Las autoridades señalaron que esta intervención afecta una de las fuentes de financiación de la estructura criminal investigada y busca reducir los impactos del narcotráfico en la región, donde tienen presencia comunidades indígenas Pastos e Inkal Awá.

La Policía Nacional indicó que continuará desarrollando acciones de investigación y control en el departamento de Nariño para combatir las economías ilícitas y fortalecer las condiciones de seguridad para la población civil.