En desarrollo de la cooperación internacional contra el crimen transnacional, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol (OCN Interpol), y en articulación con el U.S. Marshals Service, logró en las últimas horas la retención de un ciudadano colombiano requerido por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (España) desde el año 2025, mediante Notificación Roja, por el delito de abuso sexual contra menor.

Según la información suministrada por las autoridades españolas, esta persona es acusada de haber agredido sexualmente, durante el año 2022, a una niña de siete años de edad, así como de haber intentado abusar sexualmente de la pareja de su hijo.

El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de la Notificación Roja emitida por Interpol, mecanismo de cooperación policial internacional que permite ubicar y retener a personas requeridas por autoridades judiciales en cualquier parte del mundo.

El ciudadano fue puesto a disposición de la autoridad competente, con el fin de dar inicio a los trámites administrativos y judiciales correspondientes dentro del proceso de extradición solicitado por el país requirente.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de la niñez, la cooperación internacional y la lucha frontal contra la impunidad. La articulación efectiva entre países demuestra que ninguna frontera es un obstáculo cuando se trata de garantizar la justicia y salvaguardar la integridad de los más vulnerables.

La Policía Nacional trabaja de manera permanente para garantizar que las elecciones se desarrollen en un entorno de tranquilidad, legalidad y transparencia. Con un amplio despliegue operacional y estrategias de inteligencia, prevención y judicialización, reafirma su compromiso con la democracia, asegurando que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y segura en todo el territorio nacional.

País – En el marco del Plan Nacional de Garantías Electorales del Gobierno Nacional, la Policía Nacional desarrolla, desde el mes de junio de 2025, la estrategia “Plan Democracia Voto Seguro”, orientada a proteger el ejercicio democrático y fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral.

Esta estrategia está estructurada en cinco líneas de acción fundamentales: protección a candidatos, lucha contra los delitos electorales, inteligencia y prevención, capacitación del personal y desarrollo tecnológico para la seguridad electoral.

Una de las prioridades estratégicas es la lucha frontal contra los delitos electorales, materializada a través del despliegue del ECODE – “Equipo Especial Contra Delitos Electorales”, que implementa una ruta de atención estructurada en tres componentes complementarios.

En primer lugar, se trabaja con la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) en la identificación temprana de riesgos y actores criminales; además, se reciben denuncias las 24 horas a través de la línea anticorrupción 157 y se coordinan acciones en la plataforma URIEL de la Fiscalía General de la Nación; finalmente, se activan las capacidades investigativas de la Policía Judicial para esclarecer oportunamente los delitos electorales.

Para la jornada electoral del 8 de marzo, la Policía Nacional dispondrá de un dispositivo aproximado de 120.000 hombres y mujeres, capacitados y certificados en el seminario-taller Plan Democracia, garantizando una atención integral del proceso electoral, reafirmando el compromiso de proteger el derecho al voto de millones de ciudadanos.

En materia de protección, la Policía Nacional garantiza la seguridad de 577 candidatos, mediante la asignación de 49.900 hombres y mujeres. Asimismo, se asignaron 155 esquemas de protección con 708 policías, en el marco de los 43 Comités de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE) realizados.

El cuerpo de generales lidera la atención desde las regiones, con capacidad de reacción inmediata ante cualquier situación que pueda presentarse en los 7.690 puestos y 111.611 mesas de votación asignadas a la seguridad policial.

Como complemento a esta estrategia, el Ministerio de Defensa Nacional dispuso el pago de recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita el esclarecimiento de delitos electorales.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de la línea 157 y a participar activamente en la construcción de una democracia sólida, transparente y segura.

Un importante avance en el esclarecimiento de una serie de hechos criminales en el departamento de Nariño fue logrado por la Policía Nacional, tras la captura del segundo presunto responsable del doble homicidio ocurrido en un cabildo indígena del municipio de Ricaurte, crimen que generó profunda consternación en la comunidad.

En desarrollo del Plan Ofensiva Territorial contra el delito de homicidio, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), con el apoyo de la Inteligencia Policial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró en la ciudad de Pasto la captura mediante orden judicial de un hombre señalado por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones.

El capturado fue identificado como el segundo actor criminal implicado en el doble homicidio ocurrido el 8 de febrero de 2026 en un cabildo indígena del municipio de Ricaurte, donde fueron asesinadas dos personas, entre ellas una mujer en estado de gestación, hecho que causó profunda conmoción en la región.

Durante diligencias de allanamiento y registro realizadas el 9 de febrero de 2026, en el inmueble donde el hoy capturado se ocultaba tras huir del lugar de los hechos, las autoridades incautaron tres armas de fuego: una subametralladora con proveedor y 16 cartuchos, una pistola con proveedor y nueve cartuchos, y un revólver con 11 cartuchos.

El trabajo técnico y científico adelantado por peritos en balística forense fue determinante para el avance de la investigación. Mediante el cotejo microscópico de vainillas y proyectiles, se estableció uniprocedencia entre la pistola incautada y la evidencia recolectada en el doble homicidio del cabildo indígena, así como en el homicidio colectivo ocurrido el 22 de enero de 2026 en el corregimiento de Chucunes.

De igual manera, la subametralladora fue vinculada, a través de análisis balístico, con el homicidio de una persona que era transportada en una ambulancia, ocurrido el 15 de agosto de 2025 en el municipio de Mallama.

Con esta captura y los resultados técnico-científicos obtenidos, la Policía Nacional logra el esclarecimiento de tres hechos de homicidio que dejaron seis víctimas durante las vigencias 2025 y 2026, enviando un mensaje contundente contra las estructuras criminales y reafirmando su compromiso firme con la justicia, la verdad y la seguridad de los nariñenses.

En una contundente operación contra las estructuras criminales que delinquen en el Pacífico nariñense, la Policía Nacional, en articulación con la Armada Nacional, logró la ubicación y destrucción controlada de una gran cantidad de explosivos de fabricación artesanal, los cuales representaban una grave amenaza para la seguridad de la región.

La operación fue desarrollada por la Unidad Antiexplosivos y Antiterrorismo de la Policía Nacional, en coordinación con el GAULA Militar de la Armada Nacional, logrando la ubicación y destrucción controlada de aproximadamente una tonelada de material explosivo en zona rural del municipio de Tumaco, en inmediaciones del corregimiento La Espriella.

Durante el procedimiento, las autoridades hallaron el material explosivo distribuido en 16 bultos, el cual, de acuerdo con información de inteligencia, pertenecería a la estructura criminal denominada “Iván Ríos”, de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. Según las investigaciones, estos elementos estarían destinados a la elaboración de artefactos explosivos improvisados, con los cuales pretendían afectar la seguridad y el control territorial en la región.

Es importante resaltar que esta operación contó con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), en articulación con las autoridades colombianas, fortaleciendo los mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra las estructuras criminales.

Gracias a la planeación técnica del procedimiento y a la aplicación rigurosa de los protocolos de seguridad por parte de los expertos antiexplosivos, la destrucción controlada del material se realizó sin que se registraran daños materiales ni personas lesionadas.

Con esta acción, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares logran neutralizar una amenaza real, evitando posibles atentados contra la Fuerza Pública y la población civil en el departamento de Nariño.

Las autoridades reiteran su compromiso de continuar adelantando operaciones conjuntas que permitan debilitar las capacidades logísticas de las estructuras criminales y garantizar la seguridad y tranquilidad de las comunidades.