En desarrollo de operaciones tendientes a combatir la corrupción, se logró la capturó de 11 funcionarios públicos de la Alcaldía de Florencia en el departamento de Caquetá, entre ellos la primera mandataria del municipio; de acuerdo con la investigación los hechos ilícitos permearon el Concejo municipal con el propósito de que se aprobara un acuerdo que permitiera el endeudamiento al Municipio de Florencia, por un monto superior al que financiera y legalmente tenía capacidad.Con la Alcaldesa fueron capturados su esposo, ocho concejales y la Secretaria de Hacienda del mismo municipio.Nuestros investigadores adscritos al Área Anticorrupción de la DIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dejaron al descubierto el modo de operar de los funcionarios públicos que consistió en pactar de manera irregular con los concejales, una suma total de $ 800 millones de pesos, los cuales serían cancelados de la siguiente manera:200 millones de pesos antes de la radicación del proyecto de acuerdo, los cuales fueron pagados y entregados efectivamente por el Asesor Jurídico de la Alcaldía de Florencia a los jefes de las bancadas; pago ordenado por la Alcaldesa y su esposo. Hechos que fueron aceptados por el propio Asesor Jurídico, por uno de los concejales involucrados y por el Presidente del Concejo, para esa época.Otro 200 millones de pesos más con la aprobación del acuerdo de parte del Concejo, los cuales fueron pagados y entregados efectivamente por el Asesor Jurídico a los jefes de bancadas. 400 millones restantes, se entregarían cuando se realizara el desembolso del empréstito.Como resultado del pacto criminal aludido, se indujo y determinó a la Secretaria de Hacienda Municipal de Florencia, para que de manera ilícita e irregular, falsamente certificara que el municipio de Florencia, tenía una capacidad de endeudamiento que superaba casi al doble la capacidad real que tenía el municipio, contrario a lo que ella misma había certificado con escasos días de anterioridad. Efectivamente, y en cumplimiento al pacto deshonestamente acordado, los concejales aprobaron el proyecto de acuerdo que finalmente quedó numerado 2014-023, de fecha 28 de noviembre de 2014.Como este acuerdo fue demandado por la vía administrativa, también se acordó de manera ilegal e ilícita por los servidores públicos del municipio que conformaban la estructura criminal y un particular, como lo era el esposo de la alcaldesa, el pago de dádivas a unos funcionarios de la contraloría departamental que tenían a su cargo el estudio y decisión de la legalidad del acuerdo y conceptuar en el trámite del empréstito, por un valor de 20 mil millones de pesos.