​En cumplimiento de la política gubernamental de garantizar el retorno de las víctimas de la violencia a sus lugares de origen, la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General, identificó una estructura delincuencial señalada de engañar al Estado, mediante la solicitud fraudulenta de predios y bienes.La investigación detectó que un grupo de personas rindió falso testimonio y anexo documentos adulterados, para acreditarse como afectados de la violencia y reclamar tierras de las que nunca fueron dueños o no tenían derecho por gozar de condiciones económicas favorables.Esta organización pretendía recibir mediante engaños cerca de 1.800 hectáreas, en la vereda el Congo o La Leona, en el corregimiento Lomas, en zona rural de Turbo (Antioquia), terrenos cuyo valor ascendería a los 6.700 millones de pesos. Igualmente fueron identificados procesos similares en otros municipios de Antioquia como Chigorodó y Apartadó; en Montería, Tierralta y Valencia (Córdoba); Valledupar y Codazzi (Cesar).La Policía Nacional capturó a 44 personas que conformaban la red delincuencial, entre ellas al sindicado cabecilla, Jesús Aníbal Hinestroza Murillo, un ex integrante del EPL, quien era el encargado de organizar, preparar y orientar a todos los falsos reclamantes, para que se beneficiaran del proceso de restitución de tierras.Dentro de los detenidos también aparecen seis desmovilizados del Bloque Héroes de Tolová de las extintas AUC, quienes en sus declaraciones ante los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial De Gestión De Restitución De Tierras Despojadas, omitieron declarar que fueron victimarios e integrantes activos de un grupo al margen de la ley. Otros vinculados al ilícito son comerciantes y ganaderos de la región, con alta capacidad económica y que anexaban documentos falsos que no relacionaban los bienes que poseían y así se mostraban ante el Estado como víctimas. Incluso uno de los que integraban esta estructura delincuencial tenía orden de captura vigente en su contra por homicidio y tráfico, fabricación y porte de armas.Con esta operación la Policía Nacional brinda garantías a las víctimas, para que accedan a la reparación y reintegración de las tierras que perdieron por presiones de los violentos, y blinda un programa liderado por la Presidencia de la República, de tal forma que no pueda ser afectado mediante maniobras de engaño.Los 44 capturados son presentados en este momento ante un juez de control de garantías que les imputará los delitos de falso testimonio, fraude procesal y falsedad en documento público.