El procedimiento fue posible gracias a la articulación entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Fiscalía General de la Nación.

En el marco de la ofensiva contra las finanzas criminales de las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes, la Policía Nacional, mediante labores investigativas, logró la materialización de una medida cautelar de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro con fines de extinción del derecho de dominio sobre un bien inmueble ubicado en el barrio Samaria, de la ciudad de Manizales.

La diligencia fue realizada el 26 de marzo de 2026, en desarrollo de la operación “Manila Fase II”, en coordinación con la Fiscalía 29 Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la ciudad de Pereira, logrando afectar las finanzas criminales de alias “el Gordo”, presunto líder de una estructura delincuencial.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, el inmueble venía siendo utilizado por sus propietarios o integrantes de su núcleo familiar para el almacenamiento y la comercialización de sustancias estupefacientes, constituyéndose como un medio para la ejecución de actividades ilícitas.

El bien inmueble, avaluado en 250 millones de pesos, fue objeto de la medida cautelar conforme a lo establecido en la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio), específicamente en el artículo 16, numeral 5, que contempla la procedencia de la extinción de dominio sobre bienes que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas.

Con esta acción se evidencia que los propietarios del inmueble incumplieron con la función social y ecológica de la propiedad, consagrada en la Constitución Política de Colombia.

El inmueble quedó bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de la gestión de los bienes afectados con medidas de extinción de dominio.

El señor coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, manifestó: “Continuamos adelantando acciones contundentes contra las estructuras criminales que pretenden utilizar bienes para el desarrollo de actividades ilícitas. Con estas medidas se afectan directamente las finanzas del crimen organizado y se fortalece la seguridad en nuestra jurisdicción”.

Con estas acciones se busca debilitar las economías criminales y reafirmar el compromiso institucional en la lucha contra el tráfico de estupefacientes.

Seguridad, dignidad y democracia.