En concordancia con los lineamientos de los ministerios de Defensa y Medio Ambiente, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF), se llevó a cabo una acción operativa que permitió contrarrestar la extracción ilícita de yacimientos mineros en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

Durante más de un mes de intervención se logró, en una primera fase, la desarticulación de una estructura de delincuencia común organizada denominada Golden Cliff", con la captura por orden judicial de 11 personas, que coordinaban la explotación ilícita de oro en el área protegida, comercializándolo en las ciudades de Cali y Pereira. Adicionalmente, se logró la aprehensión preventiva de 23 semovientes, los cuales eran utilizados para el transporte logístico de los mineros ilegales.  

Las fases posteriores se enfocaron en la intervención de tres frentes mineros ilegales al interior del parque, logrando implosionar, controladamente, 11 socavones, específicamente en los lugares conocidos como ‘La Martínez’, ‘El Feo’ y ‘Patequeso’. Así mismo, se hizo efectiva la captura en flagrancia de cinco personas, por los delitos de violencia contra servidor público, explotación ilícita de yacimiento minero e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

El resultado de esta actividad operacional tiene un importante impacto en la conservación de esta área protegida y en la afectación a las economías criminales derivadas de las actividades de minería ilegal en el Valle del Cauca. La maquinaria y los equipos destruidos estarían valorados en más de 5.000 millones de pesos.

El despliegue institucional permitió la salida del Parque Nacional Farallones de cerca de 800 personas, que ejercían la actividad de extracción ilícita, generando impactos ambientales negativos en los ecosistemas de esta área. Adicionalmente, estarían deteriorando los afluentes hídricos, impactando en la fauna y flora del sector y el departamento. Aunado a lo anterior, se presenta el maltrato de semovientes que son utilizados para el acceso al parque.

Se estima que estos frentes mineros ilegales lograban extraer mensualmente cerca de 83.000 gramos de oro, valorados en 15.000 millones de pesos, finanzas criminales que también estarían financiando grupos armados ilegales, que cobran por permitir esta actividad ilegal.

“Este tipo de operaciones son de gran importancia para la protección del medio ambiente, toda vez que la minería ilegal contamina fuentes de agua con químicos nocivos, poniendo en riesgo la salud humana y el equilibrio ecológico”, afirmó el general William Salamanca Ramírez, director general de la Policía Nacional, haciendo énfasis en que, de esta manera, se protege el hábitat y se contribuye al bienestar de las comunidades circundantes, demostrando el compromiso del Gobierno Nacional con la protección ambiental y la seguridad pública.

Desempeño Institucional contra la extracción ilícita de minerales en el país 2023

En el marco de la Estrategia Institucional contra la Extracción ilícita de Yacimientos Mineros (EIMIL), en lo corrido del año 2023 se han llevado a cabo en el territorio nacional 827 operaciones, lo que representa 2,2 operaciones por día, logrando intervenir 3.482 minas.

Estas actividades operacionales han permitido llevar ante las autoridades judiciales a 1.114 personas por este fenómeno delictivo, así como la destrucción de 146 retroexcavadoras, 310 dragas y 760 motores. Adicionalmente, se ha logrado la incautación de 172 excavadoras, 193 dragas, 1.289 motores, 37 kilogramos de oro, 100 kilogramos de mercurio y 873 kilogramos de explosivos.

Estos resultados representan una afectación a las finanzas criminales cercanas a los 302.826 millones de pesos (75,8 millones de dólares).

Una de las organizaciones criminales que más afecta la riqueza natural del país es el ‘Clan del Golfo’. Por eso, coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se han realizado 69 operaciones contra estructuras multicrimen dedicadas a la extracción ilícita de yacimientos mineros en el territorio nacional; lo que permitió la ejecución de 80 capturas de determinadores, quienes estarían constriñendo a población vulnerable para estas actividades.

Derivado de las operaciones realizadas, se adelantaron siete procesos de extinción del derecho de dominio, afectando el emporio económico mediante la aplicación de medidas cautelares a 86 bienes muebles e inmuebles, que alcanzan un valor aproximado de 65.000 millones de pesos.

Paralelamente, se realizaron tres operaciones de carácter trasnacional, coordinadas con países como Estados Unidos, Turquía, Italia y Emiratos Árabes, afectando organizaciones criminales dedicadas a la exportación de oro, que permiten una afectación a la cadena delictiva desde la explotación hasta la comercialización.