En el marco de la ofensiva sostenida contra el crimen transnacional y la impunidad en la región, la Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), ejecutó la operación “Alba II”, logrando la ubicación, retención y captura mediante notificación roja de Interpol de ocho personas requeridas por autoridades judiciales de Costa Rica, España, Honduras, México, Perú y Polonia.
Los procedimientos policiales se desarrollaron de manera simultánea en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar y la ciudad de Bogotá D.C.; los requerimientos judiciales corresponden a delitos de alto impacto como narcotráfico internacional, lavado de activos, tráfico de armas de fuego, organización criminal y estafa, evitando así el asentamiento y articulación de estructuras criminales foráneas en territorio colombiano.
Entre los fugitivos retenidos se encuentran:
(Cali, Valle del Cauca): un ciudadano requerido por España por el delito de tráfico de estupefacientes. Señalado de integrar una red transnacional donde coordinaba la logística y el envío de alijos de cocaína hacia territorio europeo. (Medellín, Antioquia): ciudadano requerido por las autoridades de Honduras por el delito de lavado de activos. Las investigaciones lo vinculan con la apropiación y desviación de recursos públicos que estaban destinados a obras de infraestructura vial no ejecutadas.
(Bogotá D.C): mujer requerida por México por el delito de tráfico de estupefacientes. Cumplía funciones operativas de transporte aéreo de sustancias ilícitas mediante vuelos comerciales internacionales.
(Cartagena, Bolívar): hombre requerido por autoridades judiciales de Perú por los delitos de tráfico de armas y usura. Identificado en diligencias judiciales tras reportes de disparos con armas de fuego en zonas residenciales.
(Cali, Valle del Cauca): sujeto requerido por Costa Rica por el delito de estafa, vinculado a maniobras ilícitas contra el patrimonio económico de víctimas en ese país.
(Medellín, Antioquia): hombre requerido por Polonia por el delito de organización criminal. Es investigado por pertenecer a una red de fraude financiero que empleaba empresas fachada para simular transacciones comerciales, evadir impuestos y blanquear capitales.
(Yotoco, Valle del Cauca): ciudadano requerido por el Reino de España por tráfico de estupefacientes. Era encargado del transporte, ocultamiento y distribución interna de alcaloides en ciudades españolas.
(Cali, Valle del Cauca): sujeto requerido por España por tráfico de estupefacientes. Delinquía como correo humano (pasante de droga), acondicionando cocaína en equipajes para vulnerar filtros aeroportuarios.
En lo transcurrido del año 2026, las labores de articulación con agencias de seguridad global arrojan los siguientes resultados consolidados:
134 retenciones por notificación roja que representa un incremento operativo del 31% frente al mismo periodo de 2025 (102 casos). Las órdenes judiciales proceden de 25 países, destacándose España (31), Chile (11), Estados Unidos (9), Venezuela (9) y Perú (9). Entre los retenidos figuran ciudadanos de 25 nacionalidades, con prevalencia de personas de origen colombiano (66), venezolano (13), dominicano (7), mexicano (6) y peruano (5).
Con la implementación de la Estrategia Integral para la Ubicación de Prófugos (EIPRO), las capturas con fines de extradición aumentaron un 91%, pasando de 163 en el bienio 2022 – 2024 a 311 en el periodo 2024 – 2026 y se han materializado 207 extradiciones en 2026 (un 6% más que las 195 registradas en 2025) de estas, 137 corresponden a delitos de narcotráfico, siendo Estados Unidos el principal país receptor con 106 traslados judiciales y entre 2024 – 2026 se han concretado 88 capturas de prófugos colombianos en el exterior, un aumento del 131% en comparación con las 37 logradas en el periodo anterior.
Los ocho ciudadanos retenidos en la operación "Alba II" quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, a la espera de que las representaciones diplomáticas de los países requirentes formalicen las solicitudes de extradición conforme a los tratados vigentes.
