En desarrollo del plan presidencial, ‘El que la hace la paga’, mediante actividades encaminadas a afectar las finanzas ilícitas, producto de las organizaciones criminales, dedicadas al expendio de estupefacientes, la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, adelantaron el procedimiento de extinción de dominio en 11 inmuebles, en las localidades de Mártires y Santa Fe, que habían sido utilizados por la estructura delincuencial conocida como ‘La Casona’, que fue desmantelada en octubre del 2017.
Uno de los inmuebles que fue sometido a este procedimiento judicial, es conocido como ‘La Fortaleza’, considerado como ´la olla’ más grande, hallada en Bogotá desde donde se distribuían todo tipo de estupefacientes a los sitios nocturnos de explotación sexual comercial y zonas aledañas, en el centro de la ciudad.
Además de contar con entradas y salidas blindadas, donde solo se permitía el acceso de consumidores de la zona y de los líderes de las estructuras dedicadas al microtráfico, como los de ‘La Casona’.
Desde el 2012, la Policía había adelantado al menos cinco allanamientos en este inmueble, donde los líderes de las estructuras criminales, insistían en mantenerlo como un lugar emblemático de la delincuencia en el corazón de la capital colombiana.
Así mismo a la estructura delincuencial ‘La Casona’, que persistía en retomar el control de estos inmuebles, se le han realizado más de 70 allanamientos y 47 capturas, incluso en la última operación denominada ‘Penumbra’ se capturaron 12 personas, quienes habían aprovechado que la infraestructura (La Fortaleza) estaba abandonada, para volverla a ocuparla y utilizarla en actividades del crimen y del terror, tratando de resurgir como un nuevo brazo criminal.
Prueba de ello es que, durante el procedimiento de extinción de dominio, en una estas viviendas, ubicada en el sector de La Favorita, los investigadores ubicaron más de 21 kilos de marihuana, avaluados en 40 millones de pesos y con los que pretendían abastecer de nuevo el sector.
Por esta razón, la acción de las autoridades, garantiza que estos inmuebles no van a volver a ser utilizados para la comisión de delitos, sino por el contrario pasarán a manos del Estado, con el propósito de que puedan funcionar al servicio de la ciudadanía.
