En aplicación a sus horizontes institucionales enfocados en la lucha contra el crimen organizado, la Policía Nacional afectó una estructura delincuencial del nororiente de Medellín dedicada al hurto a personas.

Las denuncias de varios ciudadanos, nacionales y extranjeros, les permitió a funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal identificar la forma en que delinquía una estructura para cometer hurtos en bares, gastrobares y personas que llegaban al aeropuerto José María Córdova.

Con 12 meses de investigación se materializaron 7 capturas mediante orden judicial y 2 imputaciones en centros carcelarios por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Estas capturas fueron desarrolladas en medio de diligencias de registro y allanamiento en las comunas de Aranjuez, Manrique y Villa Hermosa, durante el procedimiento se incautaron los siguientes elementos:

• 19 tarjetas de crédito, diferentes bancos.
• 2 proveedores
• 4 proyectiles calibre 38
• 1 control universal
• 2 tarjetas de propiedad de vehículo
• 1 camioneta de alta gama (utilizada para identificar las víctimas)

Con el análisis de las cámaras de vigilancia se identificó la forma como delinquían, en el aeropuerto, estas personas buscaban a sus víctimas provenientes, especialmente, de Panamá, México y Miami. Luego de pasar el Túnel de Oriente, fingían un choque con el vehículo que transportaba a las víctimas, las amenazaban con armas de fuego, hurtándoles joyas de alto valor y dinero.

Dentro de las capturas se destaca la de “pamplona” quien, al parecer, era el responsable de coordinar los hurtos, seleccionando los perfiles de las víctimas y transportando a los demás integrantes de la estructura para materializar los hechos.

Por medio del control técnico de equipos móviles se estableció la responsabilidad de dicha estructura en hurtos cometidos en Bogotá, Cartagena, Norte de Santander, Santander, Quindío, Risaralda y Caldas.

La Policía Nacional invita a la comunidad a continuar denunciando las amenazas a la seguridad y la convivencia que pretendan afectar la vida, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos que residen en Colombia.