La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional han asestado un golpe contundente contra la violencia de género. Tras el trágico hecho que segó la vida de la auxiliar de policía Laura Angélica González Canelo, la respuesta del Estado no solo fue inmediata, sino blindada por una estrategia judicial impecable. 

La solida argumentación jurídica expuesta por la Fiscalía General de la Nación ante el Juez de Control de Garantías y gracias a una recolección técnica de material probatorio y evidencia física durante los actos urgentes por parte de la Policía nacional, el ente acusador logró construir una inferencia razonable de autoría que permitió que el operario judicial dictara medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario en contra de la pareja sentimental de la auxiliar de policía. Al sujeto, se le imputaron formalmente los delitos de: Feminicidio y Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La Policía Nacional en articulación con la Fiscalía General de la Nación demuestran que el sistema judicial colombiano cuenta con las herramientas técnicas y el rigor dogmático para vincular penalmente, y sin dilaciones, a quienes pretendan vulnerar la vida de nuestras mujeres. 

Este resultado operativo y judicial no es un hecho aislado; responde al cumplimiento estricto de los más altos estándares del derecho internacional. Las acciones desplegadas por las autoridades se alinean de forma estricta con el principio de debida diligencia, mandato vinculante derivado de instrumentos internacionales ratificados por Colombia como la Convención de Belém do Pará o Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Con este despliegue, las instituciones reafirman que cualquier hecho de violencia contra la mujer, será perseguido con toda la capacidad científica e investigativa del Estado.