En el marco del "Plan Choque Seguridad 360", la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura por orden judicial en la ciudad de Medellín - Antioquia, de cuatro cabecillas de zona del Grupo Delictivo Organizado Robledo, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes y extorsión, además de la de uno de sus integrantes en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.
Se trata de alias “El lechero”, el “Tío” o “Brandon”, persona que tiene una trayectoria criminal 11 años y es presunto cabecilla de zona en la Comuna 7 de la ciudad de Medellín, y quien al parecer está involucrado con un doble homicidio en el que las víctimas fueron metidas en costales y abandonados dentro de un taxi que había sido reportado como robado, hallado cerca del barrio Antioquia el 30 de noviembre del año 2022.
Los otros cabecillas de zona capturados son alias “Gordo”, con cinco años al servicio de la organización criminal, cabecilla de zona del sector de La Pola; la mujer conocida como “Paula”, quien lleva seis años delinquiendo y es presunta cabecilla de zona del sector de Santa Clara y alias “Chuga”, que con tres años al margen de la ley es el presunto cabecilla de zona del sector del Terrero de la ciudad de Medellín; en flagrancia fue capturado alias “Cucho”, encargado de la distribución de estupefacientes, la recolección del dinero producto de la venta y de brindar seguridad a los expendios de drogas.
Cada uno de estos cabecillas de zona tenían bajo su mando criminal entre 10 y 15 integrantes, con los que ejercían control territorial y el manejo de rentas criminales del microtráfico de estupefacientes y la extorsión.
En la operación se realizaron cinco diligencias de allanamiento y registro, en las que se incautaron dos armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, dos proveedores para pistola, 28 cartuchos calibre 9 milímetros, 200 gramos de clorhidrato de cocaína, seis teléfonos celulares y 6'282.000 en efectivo, además de documentación varía con información de interés para el proceso investigativo.
Un Juez de Control de Garantías de la ciudad de Medellín, dispuso que las capturas, tanto como las diligencias de registro y allanamiento e incautaciones, fueron legales y que además estuvieron enmarcadas dentro de los parámetros establecidos en el código de procedimiento penal colombiano.