Bajo los lineamientos del señor Director General de la Policía Nacional de Colombia y en el horizonte de Investigación Criminal y de Cooperación Internacional, la DIJIN e INTERPOL en articulación con la Guardia Civil de Valencia-España y EUROPOL, realizaron la operación “Canmoney”, logrando la materialización de 28 capturas y 12 allanamientos, lo que permitió la desarticulación de una organización criminal internacional que delinquía en Colombia y España.
El operativo se realizó de forma simultánea entre los dos países, en Colombia se logró la captura de 3 connacionales que cumplían el rol de cuenta receptora de los dineros producto de las estafas (dos por notificación roja de INTERPOL y una por tráfico y porte de armas), así como 3 diligencias de allanamiento y registro, la incautación de 93 elementos materiales probatorios; en España se realizó la captura de 25 personas (17 españoles, 5 colombianos, 1 hondureño, 1 ecuatoguineano, 1 marroquí) y 9 diligencias de allanamiento.
Los capturados fueron judicializados por los delitos de: lavado de activos, suplantación de sitios web para capturar datos personales, estafa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones
Esta estructura criminal se dedicada a realizar fraudes informáticos mediante el ofrecimiento de falsas inversiones y la venta fraudulenta de productos por Internet, donde se identificaron 250 víctimas en el Reino de España; una vez los cibercriminales obtenían el dinero de las estafas, los retiraban y adquirían criptomonedas las cuales eran distribuidas en diferentes billeteras virtuales con destino final en Camerún y Colombia.
Esta investigación conjunta nació en mayo de 2023, mediante información obtenida por parte de España al momento de capturar a una ciudadana de nacionalidad colombiana por los fraudes que se habían realizado. Estas estafas se centraban en la supuesta venta de perros de compañía (Yorkshire, Braco de Weimar, Caniche Toy, etc.) ofertadas por unos 400 a 500 euros a través de diversos portales de compraventa. Tras recibir el primer pago, los presuntos vendedores exigían un segundo pago por el mismo importe en concepto de transporte.
De la misma forma, en todos los casos, para ganar la confianza de las víctimas, los estafadores enviaban documentos de identidad usurpados, previamente obtenidos de otras personas estafadas, lo que les daba supuesta credibilidad a las víctimas e incitaban para caer en el engaño.
Los investigadores lograron determinar que la red criminal delinquía hace 3 años, con un volumen de más de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas de los cuales mediante herramientas de rastreo, el Centro Cibernético Policial de la DIJIN, evidenció 6 millones de euros que fueron remitidos a Colombia, identificando un patrón criminal con fines de evasión de controles financieros, estableciendo que las cuentas receptoras se encontraban operando en la ciudad de Cúcuta de acuerdo a los registros de conexión.
