En una operación coordinada entre la Policía Nacional de los colombianos, a través del Gaula, y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fueron capturadas dos personas presuntamente responsables de participar y promover el secuestro de 28 integrantes de la UNDMO y un oficial del Ejército Nacional de Colombia, ocurrido el 6 de marzo de 2025 en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia.

Los hechos se registraron cuando los uniformados adelantaban labores legítimas de contención territorial contra estructuras criminales que delinquen en el Cañón del Micay. En ese momento, una turba los rodeó, los despojó de su material de dotación y los trasladó contra su voluntad hasta el coliseo del corregimiento, donde permanecieron privados de la libertad durante aproximadamente 36 horas.

Durante el cautiverio, los funcionarios fueron sometidos a presiones y afectaciones físicas y psicológicas, mientras sus captores exigían el cese de la intervención institucional y la salida inmediata de la Fuerza Pública de la zona. Además, amenazaron con entregarlos al Frente Carlos Patiño, estructura de las disidencias de las FARC, si no se accedía a sus exigencias.

Tras la liberación de los uniformados, se dio inicio a una investigación rigurosa que se extendió por siete meses, permitiendo identificar a los presuntos responsables de instigar y coordinar estos hechos. Como resultado de las labores investigativas, el 21 de febrero, funcionarios del Gaula de la Policía Nacional se desplazaron hasta la ciudad de Pereira, donde fue capturado uno de los presuntos implicados en promover el secuestro.

Asimismo, el 22 de febrero, en el barrio Fátima, localidad de Tunjuelito, fue capturado el presidente de una asociación campesina, quien presuntamente habría movilizado a la comunidad en contra de los uniformados que terminaron secuestrados.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y deberán responder por los delitos que se les atribuyen.

El coronel Edgar Andrés Correa Tobón fue enfático al señalar:
“Aquí el mensaje de la institucionalidad es claro: todo aquel que insista en secuestrar a integrantes de la Fuerza Pública para impedir el desarrollo de sus actividades será perseguido con la contundencia del Estado. No descansaremos hasta llevarlos ante la justicia para que respondan por sus actos.”

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la defensa de la vida, la libertad y el orden constitucional, y continuará adelantando investigaciones especializadas para enfrentar con determinación cualquier manifestación de secuestro o extorsión en el territorio nacional.