La Policía Nacional en Antioquia, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios y el Ejército Nacional, ejecutó cuatro diligencias de registro y allanamiento en el municipio de Caracolí, logrando la captura de tres personas por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Durante el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego tipo pistola, 246 gramos de bazuco, 135 gramos de marihuana, tres teléfonos celulares, $2.450.000 en efectivo, un cuaderno con registros contables, 5.000 bolsas plásticas herméticas para dosificación, dos grameras, 60 plantillas de stickers y un radio de comunicación.
Entre los capturados se encuentra un ciudadano conocido con el alias de "Fresa", quien, de acuerdo con el proceso investigativo, sería el presunto coordinador urbano de expendios de estupefacientes de la estructura criminal Ejército Gaitanista de Colombia en el casco urbano del municipio de Caracolí. Según las investigaciones, esta persona presuntamente utilizaba un establecimiento dedicado a la reparación de motocicletas, ubicado en el sector Santander, como fachada para el almacenamiento y comercialización de sustancias estupefacientes.
Asimismo, fue capturado un ciudadano conocido con el alias de "Paturro", quien, de acuerdo con la información obtenida durante la investigación, presuntamente cumplía funciones logísticas al interior de esta misma estructura criminal.
Este resultado representa una afectación significativa a las capacidades logísticas y financieras de esta estructura criminal que delinque en el Magdalena Medio antioqueño, debilitando las economías ilícitas derivadas del tráfico local de estupefacientes y contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana.
La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección de la ciudadanía e invita a la comunidad a continuar suministrando información oportuna que permita prevenir y contrarrestar los fenómenos delictivos, garantizando en todas sus actuaciones el respeto por los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia.