A partir del 17 de abril de este año, diferentes autoridades político administrativas y empresarios a nivel nacional, empezaron a recibir llamadas vía celular, donde se identificaban a nombre de señores oficiales activos de la Policía Nacional. En ambos casos la solicitud era la misma, apoyo de tipo económico para suplir las supuestas calamidades en la región originadas por la pandemia del COVID-19, el cual debía ser enviado a través de un giro. Este tipo de solicitudes de beneficencia que oscilaban entre 300 mil y 1 millón de pesos, dependiendo de la víctima, empezaron a incrementarse desde diferentes Departamentos del país, entre los que se encuentran: San Andrés, Cundinamarca (la calera y Zipaquirá), Casanare, Norte de Santander (Villa del Rosario), Magdalena (zona bananera y Chivolo), Tolima, Caldas (San Juan de Riosucio, Rionegro, Vistahermosa) y Antioquia (Urumita y Granada).
Al tener conocimiento de estos hechos, el Gaula de la Policía comienza las labores investigativas con el fin establecer el origen de las llamadas y su autor, dando como resultado, la plena identificación del culpable de las estafas; un sujeto de 42 años de edad, el cual presenta vinculación en 15 noticias criminales como indiciado, nueve por estafa, dos por extorsión, y otras más por abuso de confianza y violencia intrafamiliar. Se pudo determinar que “Julio”, no era la primera vez que empleaba este actuar criminal a través de llamadas vía celular, teniendo en cuenta que en junio del año 2009 ya había sido capturado por hacerse pasar como integrante de estructuras de crimen organizado, para el pago de extorsiones. En aquella ocasión se le incautaron, cuatro celulares y siete hojas de cuaderno con contactos y números telefónicos de posibles víctimas.
Después de estar recluido por el delito de extorsión agravada en los centros penitenciarios de Fusagasugá y Duitama, es dejado en libertad en el año 2014, al parecer para continuar delinquiendo con el mismo modus operandi que utilizaba desde la cárcel. Una vez se descubre la plena identidad el sospechoso, se manejan los recursos técnicos necesarios para su ubicación, pero siempre aparecía como si el origen de las llamadas fuera desde la cárcel de Combita, ubicada en el departamento de Boyacá. Ante esto, la experiencia del equipo de investigadores del Gaula de la Policía, permite descubrir que el indiciado como artimaña, empleaba la cercanía de su domicilio a la cárcel, como elemento distractor y así simular el origen de las llamadas desde el establecimiento carcelario, para engañar la acción de las autoridades. “Julio”, es capturado a plena luz del día, en la Vereda San Isidro alto, perteneciente a la Jurisdicción del municipio de Combita (Boyacá), siendo dejado ante la autoridad competente por el delito de extorsión.
Este caso en el que se da suplantación de autoridad no ha sido el único en el país, y es importante informarle a la opinión pública y comunidad en general, para no caiga en estas artimañas de la delincuencia, que en la última semana se empezaron a registrar llamadas a seis autoridades administrativas del Departamento de Boyacá, en donde los contactaba un supuesto procurador delegado de Bogotá, manifestándoles la necesidad de reunirse con ellos para tratar temas específicos de la pandemia y la crisis sanitaria.
Según manifestaba el supuesto empleado público, para llevar a cabo esta actividad requería realizar el desplazamiento desde Bogotá hacia diferentes municipios del Departamento, y por tal motivo, solicitaba a través de una empresa de giros se le enviaran entre 500 mil y 2 millones de pesos.
Este último caso ya está en investigación y se espera dar muy pronto con la captura del autor de estos hechos.
La Policía nacional se permite reiterar según lo ha manifestado el señor Director de la Institución que:
1. Aprovechando la situación que se desprende de la pandemia del COVID-19, algunas personas inescrupulosas, suplantando a autoridades político – administrativas e integrantes de la Policía Nacional, han venido realizando llamadas telefónicas a distintas autoridades locales y a personas particulares con el fin de pedirles ayudas económicas para la supuesta compra de mercados, que serían entregados a familias vulnerables en distintas regiones del país.
2. La Institución resalta enfáticamente que los miembros de la Policía Nacional no realizan este tipo de requerimientos económicos y, al mismo tiempo, hace un llamado de alerta a los ciudadanos en general para que eviten ser víctimas de estas estafas y para que realicen las respectivas denuncias, en caso de que reciban las llamadas referidas.
3. Por estos hechos se continuarán adelantando las investigaciones pertinentes, tendientes a identificar y ubicar a los responsables de este tipo de hechos para dejarlos a disposición de las autoridades competentes.
