Operación de la Policía Nacional golpea finanzas del Clan del Golfo en el Chocó

La Policía Nacional, en una operación conjunta con el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, golpeó significativamente las finanzas del Clan del Golfo en el Chocó, destruyendo infraestructura minera ilegal y afectando una renta criminal de 7.500 millones de pesos anuales, en cumplimiento de la Sentencia T-622 que protege al río Atrato.
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La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea colombiana, llevó a cabo una operación significativa para afectar las finanzas del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, específicamente la subestructura Héroes de Jesús Carretera, que opera en el departamento del Chocó.

La operación, ejecutada por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, se desarrolló en el municipio de Río Quito, sector San Isidro, y resultó en la destrucción de una infraestructura minera ilegal utilizada por el grupo criminal.

Como resultados de la Operación se logró la intervención de 7 unidades de producción minera, la destrucción de 7 dragones, 1 excavadora, 14 motores industriales, 7 motobombas y 7 motores generadores de energía.

“Esta operación ha tenido un impacto significativo en las finanzas criminales del Clan del Golfo, subestructura Héroes de Jesús Carretera, que se dedicaba a la dinamización y exacción a mineros ilegales mediante el cobro del 20% del valor comercial del mineral extraído. Los elementos destruidos tenían una capacidad productiva de aproximadamente 12,480 gramos de oro al mes, generando una renta criminal de 7.500 millones de pesos anuales” brigadier general William Castaño Ramos, director de Carabineros y Protección Ambiental.

Además de la pérdida de ingresos directos, el Clan del Golfo ha dejado de percibir ganancias relacionadas con el transporte, la comercialización del mineral y los agentes químicos utilizados en la producción minera.

El impacto ambiental de esta operación también está encaminada a dar cumplimiento a la Sentencia T-622 del 2016, emitida por la Corte Constitucional de Colombia, que reconoce al río Atrato, su cuenca y afluentes, como una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración. Con esta operación, se protege no solo el medio ambiente, sino también las comunidades locales, mitigando el impacto adverso de la minería ilegal en los recursos hídricos y la biodiversidad de la región.

La Policía Nacional, junto con las Fuerzas Armadas de Colombia, continúa comprometida con la lucha contra las actividades ilícitas que afectan la paz, la seguridad y el bienestar del país, reafirmando su compromiso con la protección de los recursos naturales y la biodiversidad.