Gracias a la oportuna denuncia por habitantes del municipio de Funza en Cundinamarca el pasado 28 de julio, con nuestros uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y de la Policía de Infancia y Adolescencia logramos el rescate de un menor de 4 años el cual se encontraba amarrado de manos a la cama.
En su momento llevamos al menor de edad ante la Comisaría de Familia para que se iniciara el restablecimiento de sus derechos y posteriormente se puso en conocimiento de la Fiscalía General de Nación por medio de la denuncia de uno de los vecinos con las que se iniciaron las investigaciones para dar con la captura de los responsables de este delito, ya que, según el dictamen de Medicina Legal, el niño presentaba signos de tortura.
Con el material probatorio recolectado y la orden de captura emitida por el juzgado de Madrid-Cundinamarca, el día de ayer se hace efectiva el requerimiento judicial de una pareja sentimental que se relacionan familiarmente como los padres del niño.
Surtida la audiencia de legalización de captura, a esta pareja se le imputó el delito de tortura que da una sanción penal de prisión de 8 a 15 años, multa de 800 a 2000 salarios mínimos legales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad. Además, por ser la victima menor de edad, esta pena puede ser aumentada hasta en una tercera parte.
El niño quedó bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un hogar de paso y actualmente ya se encuentra bajo la custodia de sus familiares.
En materia de prevención a la violencia intrafamiliar hemos realizado 15.172 acciones de las cuales se han sido beneficiados 244.606 niños, niñas y adolescentes y padres de familia a través de la estrategia “Patrulla en casa”. También se han dejado bajo la protección de autoridad competente para restablecimiento de derechos a 1.077 niños, niñas y adolescentes.
Hacemos un llamado a la ciudadanía a denunciar las acciones que nos permitan advertir la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para ello pone a disposición las líneas gratuitas nacionales 123 de la Policía Nacional y 141del ICBF.
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