La Policía Nacional en el departamento de Casanare logró la desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) “Los Panfleteros”, presunto outsourcing del grupo Renacer ERPAC. En el marco de esta operación se materializaron seis capturas mediante orden judicial contra los individuos conocidos con los alias de “Chogo”, “Flaco”, “Loco”, “Yorlin”, “Gonzo” e “Iván”.

Las capturas se llevaron a cabo en la ciudad de Medellín (Antioquia) y en el departamento de Casanare, específicamente en los municipios de Villanueva, Maní y Paz de Ariporo.

De acuerdo con la investigación, esta estructura delincuencial generaba rentas ilícitas y sería la encargada de realizar extorsiones mediante panfletos intimidatorios en nombre del GDO Renacer-ERPAC, en los municipios de Villanueva, Monterrey, Maní, Yopal y Aguazul (Casanare). Las exigencias económicas oscilaban entre $500.000 y $10.000.000 de pesos, afectando especialmente al gremio ganadero, comerciantes y taxistas.

Para ejercer presión sobre sus víctimas, los integrantes de esta estructura realizaban intimidaciones mediante disparos, entrega de panfletos de manera directa en establecimientos de comercio y difusión de videos utilizando prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Durante el procedimiento se logró la incautación de seis teléfonos celulares. Con esta desarticulación se esclarecen 13 hechos de extorsión en el departamento de Casanare, se neutraliza el eje financiero de la estructura y se debilita su capacidad de intimidación y expansión territorial.

La Policía Nacional continuará adelantando acciones contra cualquier grupo delincuencial que atente contra el patrimonio y la integridad de los ciudadanos. Asimismo, invita a la comunidad a denunciar a través de la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional, recordando que la información oportuna es fundamental para seguir golpeando estas organizaciones.

En el marco de la estrategia institucional Plan Cazador y mediante el desarrollo de actividades investigativas y judiciales, la Policía Nacional, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal, logró la captura por orden judicial de un hombre de 28 años de edad, de nacionalidad venezolana, requerido por el delito de homicidio agravado.

El procedimiento se llevó a cabo el 3 de marzo de 2026 en el municipio de Monterrey, donde los investigadores hicieron efectiva la orden de captura emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva, a solicitud de la Fiscalía especializada en delitos contra la vida.

De acuerdo con el proceso investigativo, el capturado estaría vinculado a un hecho ocurrido el 19 de enero de 2021, en el que presuntamente, en compañía de otra persona de nacionalidad venezolana, habría causado la muerte del señor Jorge Eduardo Perilla Palacios, ocasionándole múltiples heridas con arma cortopunzante.

Las investigaciones permitieron establecer que, tras la comisión del hecho, el hoy capturado huyó hacia los países vecinos de Perú y Ecuador, con el propósito de evadir la acción de la justicia. Sin embargo, gracias al trabajo articulado de las autoridades y a las labores de seguimiento realizadas por los investigadores, se logró su ubicación y captura.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberá responder por el delito de homicidio agravado.

La Policía Nacional en Neiva, a través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, en compañía del Grupo de Infancia y Adolescencia y en articulación con la Secretaría de la Mujer, realizó actividades de control y verificación en establecimientos de lenocinio de la ciudad, con el objetivo de prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Durante la jornada, las autoridades también socializaron las líneas de atención y denuncia, como la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la línea 123 de la Policía Nacional, orientando a administradores y personal de estos establecimientos sobre la importancia de reportar cualquier situación que vulnere los derechos de la niñez y la adolescencia.

El coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, invitó a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

En una operación coordinada entre la Policía Nacional de los colombianos, a través del Gaula, y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fueron capturadas dos personas presuntamente responsables de participar y promover el secuestro de 28 integrantes de la UNDMO y un oficial del Ejército Nacional de Colombia, ocurrido el 6 de marzo de 2025 en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia.

Los hechos se registraron cuando los uniformados adelantaban labores legítimas de contención territorial contra estructuras criminales que delinquen en el Cañón del Micay. En ese momento, una turba los rodeó, los despojó de su material de dotación y los trasladó contra su voluntad hasta el coliseo del corregimiento, donde permanecieron privados de la libertad durante aproximadamente 36 horas.

Durante el cautiverio, los funcionarios fueron sometidos a presiones y afectaciones físicas y psicológicas, mientras sus captores exigían el cese de la intervención institucional y la salida inmediata de la Fuerza Pública de la zona. Además, amenazaron con entregarlos al Frente Carlos Patiño, estructura de las disidencias de las FARC, si no se accedía a sus exigencias.

Tras la liberación de los uniformados, se dio inicio a una investigación rigurosa que se extendió por siete meses, permitiendo identificar a los presuntos responsables de instigar y coordinar estos hechos. Como resultado de las labores investigativas, el 21 de febrero, funcionarios del Gaula de la Policía Nacional se desplazaron hasta la ciudad de Pereira, donde fue capturado uno de los presuntos implicados en promover el secuestro.

Asimismo, el 22 de febrero, en el barrio Fátima, localidad de Tunjuelito, fue capturado el presidente de una asociación campesina, quien presuntamente habría movilizado a la comunidad en contra de los uniformados que terminaron secuestrados.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y deberán responder por los delitos que se les atribuyen.

El coronel Edgar Andrés Correa Tobón fue enfático al señalar:
“Aquí el mensaje de la institucionalidad es claro: todo aquel que insista en secuestrar a integrantes de la Fuerza Pública para impedir el desarrollo de sus actividades será perseguido con la contundencia del Estado. No descansaremos hasta llevarlos ante la justicia para que respondan por sus actos.”

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la defensa de la vida, la libertad y el orden constitucional, y continuará adelantando investigaciones especializadas para enfrentar con determinación cualquier manifestación de secuestro o extorsión en el territorio nacional.