En el marco del fortalecimiento de las acciones operativas y preventivas orientadas a contrarrestar el contrabando y el comercio ilícito, y como parte de la estrategia contra la ilegalidad, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación, propinó un duro golpe a las redes de comercio ilícito que operan en la capital del Atlántico, logrando la captura de dos personas y la incautación de un cargamento de medicamentos que no cumplían con los requisitos legales para su comercialización.

Tras diligencias de registro y allanamiento en la zona céntrica de la ciudad, en tres locales que funcionaban como bodegas y puntos de venta, los uniformados incautaron 30.270 unidades de medicamentos de uso institucional y vencidos, los cuales se encontraban exhibidos en estanterías, camuflados entre medicamentos legales para evadir los controles de las autoridades. Asimismo, se halló una caja fuerte que contenía en su interior medicamentos de control especial. Es de anotar que los fármacos incautados están avaluados comercialmente en $200.000.000. Además, se efectuó la captura en flagrancia de dos ciudadanos de sexo masculino, de 29 y 44 años, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder presuntamente por los delitos de enajenación ilegal de medicamentos (artículo 374-A del Código Penal) y corrupción de alimentos (artículo 372).

Nuestro compromiso es inquebrantable: seguiremos persiguiendo a quienes juegan con la vida de los barranquilleros y de todos los ciudadanos. La legalidad no es solo un deber comercial, sino una responsabilidad con la vida.

Más allá de las cifras y las capturas, este resultado operativo envía un mensaje contundente a la sociedad: “La salud de los colombianos no es una mercancía”. La Policía Fiscal y Aduanera reafirma que la legalidad es un compromiso compartido; comprar en sitios autorizados y denunciar las irregularidades es la única vía para garantizar el bienestar colectivo y proteger el derecho fundamental a la vida.

Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta ilegal de medicamentos a través de la Línea Anticontrabando 159, el WhatsApp 321 394 2169 o el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva de la información.

Esta actividad ilícita habría ocasionado el deterioro de aproximadamente 20 hectáreas de bosque nativo en jurisdicción del municipio de Río Quito.

En el marco de la Estrategia Institucional de Protección al Capital Natural (EICAN), la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, adelantó operativos de control enfocados en contrarrestar el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y la minería ilegal en el departamento del Chocó, con el propósito de fortalecer la seguridad rural y proteger los ecosistemas.

En el corregimiento de San Isidro, municipio de Río Quito, se desarrolló la operación “CHOCÓ I”, en coordinación con el Ejército Nacional y la Armada Nacional, donde se intervinieron 10 casos de minería ilegal, logrando la destrucción de siete dragones brasileros y una retroexcavadora. De igual manera, se efectuó la captura de una persona, quien fue puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Estas acciones permitieron debilitar de manera significativa las rentas criminales de la Subestructura ‘Jhon Fredy Orejuela’ del Clan del Golfo en aproximadamente 17.000 millones de pesos, quienes se lucran del 20 % de las actividades mineras mediante el cobro de exacciones.

Por otra parte, en el municipio de Quibdó, en coordinación con el Batallón de Infantería, la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros (BRCMI), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, se realizaron patrullajes de observación y control, llevando a cabo la intervención de 17 minas, en las cuales se atendieron 15 casos relacionados con minería ilegal, permitiendo la destrucción de 20 dragas, 10 motobombas y 23 motores, utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros. Estos resultados impactaron negativamente las rentas criminales en cerca de 365 millones de pesos.

“Estos despliegues operacionales reflejan el compromiso institucional de la Policía Nacional con la protección del capital natural y la afectación directa a las capacidades logísticas y financieras de los grupos delincuenciales organizados como el Clan del Golfo, quienes se lucran de estas actividades mineras, poniendo en riesgo la biodiversidad del país”, señaló el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.

Es importante resaltar que la minería ilegal genera graves consecuencias para los ecosistemas, entre ellas la remoción de la capa vegetal, la contaminación de las fuentes hídricas por el uso indiscriminado de sustancias tóxicas como el mercurio, la deforestación y la afectación directa a la biodiversidad. Estas prácticas ilícitas también amenazan la supervivencia de las especies y el bienestar de las comunidades locales que dependen de estos recursos.

La Policía Nacional continúa intensificando las acciones operacionales para garantizar la seguridad en el territorio nacional, mediante estrategias orientadas a la protección, conservación y recuperación de los ecosistemas, así como a la prevención de actividades ilícitas en las zonas rurales del departamento del Chocó.

De igual manera, se invita a la comunidad a sumarse a la protección de la fauna y flora, denunciando oportunamente cualquier actividad ilegal que atente contra los recursos naturales.

En desarrollo de las estrategias integrales de seguridad orientadas a la protección de la vida y el patrimonio económico de los ciudadanos, la Policía Nacional ha intensificado las acciones operativas contra la circulación ilegal de armas de fuego en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Como resultado de estos controles sostenidos durante el mes de enero, se logró la incautación de 25 armas de fuego, de las cuales 23 fueron retiradas de las calles de Medellín, así como la captura de ocho personas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Entre los procedimientos más relevantes se destaca un operativo desarrollado en el barrio Villatina, donde uniformados capturaron en flagrancia a un hombre de 37 años, quien momentos antes habría intimidado a un ciudadano con un arma de fuego para despojarlo de dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. La reacción inmediata de las patrullas permitió la captura del presunto responsable y la recuperación de los elementos hurtados, los cuales fueron restituidos a su propietario.

De igual manera, en el barrio Villa Sofía, patrullas de vigilancia que adelantaban labores de registro, control y patrullaje capturaron a un hombre de 20 años, luego de ser sorprendido realizando disparos al aire. Durante el procedimiento se incautó un arma de fuego de menor letalidad, cuya munición había sido modificada para causar daño.

Al verificar su situación judicial, se estableció que el capturado se encontraba incumpliendo la medida de detención domiciliaria concedida por un juzgado, por lo que fue dejado a disposición de la autoridad competente por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos.

Finalmente, en la comuna La Candelaria, se hizo efectiva la captura de una persona requerida por orden judicial por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La detención se produjo durante actividades de registro y verificación de antecedentes, al evidenciarse, a través del sistema PDA, una orden de captura vigente en su contra.

Todos los capturados en el marco de estos procedimientos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes y definir su situación jurídica. Cabe recordar que el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, de acuerdo con el artículo 365 del Código Penal colombiano, contempla penas de prisión que pueden oscilar entre 9 y 12 años, según las circunstancias del hecho y las condiciones del procesado.

En desarrollo de actividades de registro, control y verificación de antecedentes a personas y vehículos, uniformados de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la calle 37C con carrera 23, en el barrio Santa Inés.

Durante el procedimiento, fue abordado un ciudadano a quien se le practicó un registro a persona y se le consultaron los antecedentes a través del dispositivo PDA, arrojando como resultado un requerimiento judicial vigente.

Posteriormente, se solicitó el vehículo institucional para el traslado del ciudadano hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), con el fin de adelantar la respectiva ampliación de datos y dejarlo a disposición de la autoridad judicial competente.

La orden judicial fue emitida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En el marco de las acciones orientadas a la prevención del delito y al fortalecimiento de la confianza ciudadana, la Policía Nacional de Colombia desarrolló una actividad comunitaria en San Andrés de Tumaco, con la participación de diversas dependencias institucionales y un amplio acercamiento con la comunidad.

La jornada fue liderada por la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, en articulación con el Gaula de la Policía, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), los uniformados de la Patrulla Púrpura y el Departamento de Policía Nariño, quienes presentaron a la ciudadanía la oferta institucional de la Policía Nacional.

Durante el encuentro se propició un diálogo directo con la comunidad, en el que se resaltó la importancia de la memoria histórica institucional como una herramienta clave para la construcción de paz y la reconciliación en los territorios históricamente afectados por la violencia.

Además, se socializaron las rutas de atención dispuestas por la institución para la prevención de la violencia basada en género, brindando información clara y oportuna sobre los mecanismos de apoyo y protección existentes. De igual forma, se difundieron los canales de denuncia y números de contacto para reportar cualquier hecho delictivo.

Por su parte, la Policía de Infancia y Adolescencia realizó un llamado a los padres de familia y cuidadores para fortalecer el entorno protector de los niños, niñas y adolescentes, con el fin de prevenir el reclutamiento forzado y cualquier forma de violencia que vulnere sus derechos.

Esta iniciativa permitió acercar la institucionalidad a los sectores más afectados por la violencia, fortaleciendo la confianza ciudadana y promoviendo escenarios de resiliencia y convivencia pacífica, en concordancia con el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad, la dignidad y la democracia.